sábado, 16 de noviembre de 2013

Otro golpe de Estado en América Latina

Y otra vez sucedió en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional, aprobó este jueves pasado otorgarle al presidente Nicolás Maduro, el título de legislador máximo o único, delegándole el derecho de que podrá legislar por decreto por 12 meses.

Por más que la Ley Habilitante esté contemplada en la Constitución – algo de lo que todos se llenan la boca para darle visos de legalidad – no es buena, por cuanto al cerrar el Congreso, se están evitando los contrapesos y balances naturales y necesarios en una democracia. Así como cuatro veces ocurrió con Hugo Chávez, siempre se trató de una coartada para evitar los debates en el Congreso y gobernar a gusto y placer. Es decir, se trata del cierre del Congreso, lo que no puede denominarse de otra forma que autogolpe de Estado.

Además, la forma que se consiguió esa habilitación tuvo vicios de ilegalidad por más que Maduro justifique que debe tener las herramientas necesarias para “proteger al pueblo”. Diosdado Cabello consiguió los 99 votos oficialistas después que le retiró los fueros a una diputada de oposición acusándola de corrupta.

Habrá que ver ahora como actúa Maduro quien no hubiera necesitado combatir la corrupción y mejorar la economía mediante decretos. Seguramente, asesorado por el gobierno cubano, de la misma forma que lo hizo Chávez las veces anteriores (1999, 2000, 2007 y 2010) dictará decretos para reformar leyes y crear nuevas que le permitirá seguir profundizando el esquema socialista, algo que la mitad de los venezolanos rechazaron en las urnas meses atrás.


Esta Ley Habilitante no es otra cosa que un golpe de Estado y un abuso de poder contrario a la voluntad ya expresada por los venezolanos.

martes, 12 de noviembre de 2013

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.
Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.
La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.
Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.
El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.
La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.
En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.
En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.
El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.
Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.