Lo que más me impresiona en estos días no es que Facebook haya concitado la atención mundial con el exitoso comienzo en la Bolsa con más de 38 dólares por acción, sino que sigue siendo una herramienta inigualable e inagotable de acciones ciudadanas dispuestas a la expresión, creatividad e innovación.
Ya no podemos imaginar un mundo sin esta herramienta que ha posibilitado la expansión de una explosión maravillosa de participación espontánea de la gente para expresarse, crear y tomar acción.
Los ejemplos y causas abrazadas por los ciudadanos son millones. Pero en estos días la que me más me impresionó fue la de un grupo anónimo brasileño que inició en Facebook la campaña “Aquí late un corazón” con el objetivo de contagiar el amor de una forma muy creativa. Incita a los usuarios a pegar corazones de polietileno y pintados de rojo brillante en las estatuas y monumentos de paseos públicos de todo Brasil.
Bajo la consigna “del amor”, la campaña ya ha tenido gran cantidad de seguidores, muchos de los cuales han pegado corazones en muchas estatuas en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Tal vez el corazón más elocuente y con mayor mensaje por lo contradictorio de su carácter, ha sido el que le pegaron a la estatua del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Belo Horizonte, mientras que el más obvio está pegado al pecho de la estatua de Gandhi en Río.
No hace falta recordar grandes campañas, como las que proliferaron con la Primavera Árabe, para entender la fortaleza de Facebook, Twitter y otras redes sociales, estos simples corazones rojos de polietileno nacen de ideas sencillas y grandes a la vez.
sábado, 19 de mayo de 2012
viernes, 18 de mayo de 2012
Cristina y el tan ansiado G-20
Para muchos gobiernos estar codeándose con los de mayor poder en el mundo, forma parte de su estrategia geopolítica, pero también de su arrogancia interna.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
jueves, 17 de mayo de 2012
Barack Obama, restricciones y secretos
Si la evaluadora Standard & Poor’s midiera los índices de reserva informativa que impone un gobierno, seguramente castigaría al de Barack Obama como lo hizo el año pasado rebajándole su calificación crediticia de AAA a AA+.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
martes, 15 de mayo de 2012
Mucha violencia, poca voluntad
Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
lunes, 14 de mayo de 2012
“Queremos preguntar”
El reclamo parece obvio si se tiene en cuenta que lo hizo un grupo de periodistas. “Queremos preguntar” gritó un grupo de más de 100 periodistas argentinos que este domingo participó del programa de Jorge Lanata, con el ánimo de criticar al gobierno de Cristina de Kirchner, que desde que asumió su primera presidencia en 2007, solo otorgó dos conferencias de prensa.
El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.
Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia. En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos, existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.
La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.
Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.
Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.
Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.
Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere. Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda.
Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.
La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.
El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.
Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia. En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos, existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.
La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.
Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.
Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.
Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.
Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere. Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda.
Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.
La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.
domingo, 13 de mayo de 2012
Matrimonios gay y la campaña Obama
La campaña del presidente Barack Obama ha dado un paso inteligente. En el momento que los críticos avanzaban sobre el tema de la economía, el estancamiento del empleo, de las ventas al por menor y el aumento del déficit comercial, Obama hizo que la conversación nacional girara sobre temas sociales, ofreciendo repentinamente su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que tomó por sorpresa a la campaña de Mitt Romney, su seguro contendiente para noviembre.
No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.
Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.
Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.
Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.
No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.
Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.
Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.
Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.
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