Golpes de arrogancia

La destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema hondureña por parte del Congreso y la intención en Argentina de “democratizar” a los jueces, demuestra que todavía existen gobiernos que prefieren una justicia obediente, pese a que atenten contra el requisito democrático de división e independencia de poderes. 

En ambos casos se trató de revancha política, por considerar que los jueces pecaron por obra u omisión. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo se disgustó porque los magistrados declararon inconstitucional aspectos técnicos de un decreto sobre una necesaria depuración policial. Luego, los legisladores abusaron de poder despidiendo a los jueces, causando inestabilidad, de la que se terminó acusando a los medios por informar.

En Argentina, la presidente Cristina de Kirchner, encontró la excusa perfecta para disciplinar y someter a los jueces. Aprovechó la indignación social por la absolución de los acusados de secuestrar y obligar a la joven Marita Verón a la prostitución, aunque en el fondo se trató de una represalia contra la Corte Suprema y otros tribunales, que todavía no permiten la implementación completa de la Ley de Medios, cuyo motivo real no es tener una prensa plural y robusta, sino someter a la crítica e independiente.

Con esa justificación, Cristina de Kirchner dijo que impulsará una reforma en el Congreso para democratizar al Poder Judicial ya que lo ve divorciado de las demandas de la gente. Se trata del mismo patrón arrogante que siguieron Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes acusaron a la prensa y luego al Poder Judicial por todos los males que no pudieron resolver, desde corrupción a inseguridad.

Hoy, en Ecuador y Venezuela, luego de pomposas reformas judiciales y tras haberse instalado jueces amigos, y sometido a los independientes, los problemas siguen igual o peor, pero nadie se atreve a procesar o auditar a los gobiernos, pese a denuncias por corrupción, fraude electoral y violación a los derechos humanos.

Las reformas terminaron siendo el pretexto de los gobiernos para blindarse, evitar los cuestionamientos y fallos incómodos, y arrogarse el poder absoluto.

Varios gobiernos latinoamericanos están demostrando poseer esa arrogancia arbitraria en el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene que decidir la Organización de Estados Americanos en los primeros meses de 2013. 

Muchos países, en venganza por varias decisiones contrarias dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - y opiniones desfavorables de su Relatoría Especial por la Libertad de Expresión -  en vez de corregir, admitir vicios o reparar a las víctimas, prefieren coartarle a este organismo su autonomía y libertad para actuar.

La excusa perfecta la dio Brasil, cuando decidió retirar a su embajador de la OEA en 2011, en represalia por una decisión de la CIDH que ordenaba detener la construcción de una represa en el Amazonas porque violaba derechos de los indígenas. De aquella decisión se aprovecharon otros gobiernos.

Ecuador pidió una reforma profunda del sistema interamericano al catalogar que la defensa de periodistas y de un diario de ese país por parte de la CIDH, era una intromisión a su soberanía. Venezuela calificó de “mafia” a los comisionados y pese a que nunca cumplió con varias decisiones de la Comisión y Corte interamericanas, decidió retirarse de su jurisdicción; una total contradicción con su flamante puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conseguido en noviembre.

Otros estados, como Colombia y México también ven con buenos ojos una reforma, y aunque dicen pretender mayor eficiencia, quieren quitarle dientes a un sistema que tiene ante sí muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas armadas.

Es evidente y necesario que los poderes judiciales, así como el sistema jurídico interamericano, necesitan ser más eficientes. Pero esa mejoría para que sea tal debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos como pretenden las ansiadas reformas.

Que hay jueces malos y corruptos es cierto, como también gobernantes y legisladores. Pero existen formas técnicas para corregir y castigar conductas, evitando someter a todo un poder con destituciones masivas, amenazas y golpes de arrogancia.

Que no sea solo demagogia

Terminamos anoche en Tegucigalpa la conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión con marcado éxito en materia de compromisos gubernamentales para hacer reformas de políticas públicas a favor de la protección de periodistas.

El Plan de Acción alcanzado incluye las cuatro propuestas del presidente Porfirio Lobo, las de la secretaria de Justicia y Derechos Humanos y los proyectos de ley presentados por los diputados Jariet Waldina Paz y Augusto Cruz Asensio, y varios otros puntos que fueron demandas de los asistentes así como de reclamos históricos que la Sociedad Interamericana de Prensa viene realizando en Honduras y países de la región.

¿Fue exitosa la reunión? Yo diría que sí por el solo hecho de que hubo compromisos concretos del gobierno. ¿Ayudará esta reunión a que haya menos problemas de violencia contra los periodistas y los medios de comunicación? Yo diría que depende.

Depende de que los actores, periodistas, medios, asociaciones de prensa y de los derechos humanos, presionen a las autoridades para que cumplan con su compromiso, para que estas promesas no queden en pura demagogia. Cuando expliqué en uno de los paneles lo que significó la lucha de la SIP para obtener cambios en otros países, indiqué que se logran sobre la base de la perseverancia y persistencia en reclamar, pedir e influir a los poderes públicos para que mantengan el nivel de voluntad política necesaria para hacer los cambios.

Ya no es tanto el gobierno (quien asumió los compromisos) sino los periodistas los que deben presionar para que esas reformas de política públicas se concreten.

Resumen de los compromisos y propuestas del Plan de Acción de Tegucigalpa:

Propuestas y compromisos

•Creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.

•La implementación y funcionamiento del mecanismo institucional para protección de los periodistas y otros grupos especialmente afectados por la violencia generalizada, creado dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.

•Creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar, entre otros casos, aquellos en los que los periodistas sean víctimas.

•La elaboración de la propuesta de reforma para la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y difamación para que solo se atiendan y diriman por la vía civil.

•Se exhorta a los poderes públicos a llevar a cabo un análisis técnico-jurídico y consensuar una propuesta única de ley que dé soporte y facilite la implementación efectiva del mecanismo de protección para periodistas y grupos vulnerables.

•Estas iniciativas serán impulsadas y apoyadas por el Partido Liberal, aseguró el presidente de esa bancada en la conferencia. Se hizo un llamado por los legisladores para que prevalezca la voluntad política para la aprobación de estas iniciativas.

Seguimiento de propuestas en mesas de trabajo

• Exigir que el Estado asuma su responsabilidad y obligación de respeto de la libertad de expresión y pensamiento, cumpliendo las sentencias emitidas por tribunales nacionales e internacionales, así como la implementación oportuna y eficaz de medidas cautelares para la protección de periodistas y comunicadores sociales.

• Demandar que el Ministerio Público cuente con la infraestructura técnica y presupuestal suficiente, particularmente la unidad especial que el Ejecutivo creará para los casos de periodistas y grupos vulnerables, y que sus funcionarios reciban capacitación para que puedan atender los delitos de forma integral y eficaz.

• Exigir que en los órganos persecutores de delitos establezcan estándares de calidad en su desempeño, que fomenten la transparencia en las investigaciones de ataques contra periodistas y comunicadores sociales.

• Verificar que el Poder Legislativo discuta y apruebe la propuesta de despenalización de los delitos de injuria y calumnia, particularmente en torno a los funcionarios públicos, para que no sea una forma de censura del ejercicio periodístico.

• Exigir el fortalecimiento de los mecanismos para un acceso genuino a la información de gobierno, a través Instituto de Acceso para la Información Pública, considerando la transparencia.

    

Lobo: proteger libertad de expresión

Después de una maratónica sesión ayer en Tegucigalpa, durante la primera jornada de la conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación de Medios de Comunicación hondureña, el presidente Porfirio Lobo asumió importantes compromisos:

Lobo dijo que el gobierno analiza la creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.

Agregó que dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se creará un mecanismo institucional para proteger a los periodistas y otros grupos afectados por la violencia generalizada.

También dijo que promoverá la creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar casos en que los periodistas sean víctimas.

Propuso que se despenalizarán los delitos de injurias, calumnias y difamación, para que esos delitos se diriman por la vía civil.

Al término de su discurso, Lobo dijo que tendrá en cuenta las recomendaciones de esta conferencia, las experiencias exitosas que se darán a conocer hoy y los conceptos enmarcados en la Declaración de Chapultepec.

Previamente durante la conferencia, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien hizo un análisis del avance que ha tenido el crimen organizado en Honduras, según reporta hoy el diario La Prensa de San Pedro Sula, Tegucigalpa:

La rectora expuso que mientras no se realicen investigaciones de nada servirá aplicar medidas públicas en protección de la prensa hondureña. A su criterio, por temor, en la Fiscalía no prosperan las investigaciones y ese temor surgió cuando se empezó matando jueces y fiscales y el Estado no reaccionó.

Manifestó que en Honduras el crimen organizado en su definición es un abstracto, porque no se conocen nombres de las personas que lo  integran, al contrario de México; entretanto se vuelve real con sus ejecuciones. Se preguntó de quién se protege a los periodistas si no se sabe quién los ataca, porque no funciona la investigación y ninguna política pública será acertada si no hay investigación.

Criticó que, en los casos que logran investigar, a los parientes de las víctimas les dicen que ya tienen el 80, 90, 95% del caso resuelto, pero nunca llegan al 100%, es decir, no se sabe quiénes son los autores intelectuales de las muertes y puso como ejemplo el caso del periodista Alfredo Villatoro.

El relator de la Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, dijo que no es que los periodistas busquen derechos distintos al del resto de la humanidad, sino que se buscan mecanismos de protección por la función social que tienen.

“Los periodistas garantizan el derecho de la sociedad de estar informada, tener un periodismo libre, con pluralidad, nos garantizará un modelo democrático; por eso se protege a la prensa, por la función”.

Propuso tres mecanismos de protección: uno integral, como en Colombia, donde todos los organismos crearon un plan que ya es ley para la protección de periodistas; el segundo sería como en México, donde el delito es federal, se incrementaron las penas contra los agresores de periodistas y hasta se creó una fiscalía especial porque el ataque contra la prensa debe ser visto como un ataque contra la democracia.

La tercera propuesta es general: reducir la impunidad y el Sistema de Naciones Unidas podría generar apoyo para avanzar en las investigaciones.

Acabar violencia en Honduras contra la prensa

Comenzamos mañana una conferencia sobre protección de la libertad de expresión en Honduras y para acabar con la violencia contra periodistas, con la esperanza de que los funcionarios públicos de ese país se comprometan, planteen objetivos factibles y cumplan.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ministros y funcionarios de su gabinete, así como el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández y otros legisladores nacionales, participarán en la conferencia “Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión”, que organizamos con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), el 9 y 10 de agosto en Tegucigalpa.

Propusimos discutir y buscar consensos sobre reformas de políticas públicas tendientes a combatir las agresiones contra la prensa y la impunidad de los crímenes contra periodistas en Honduras, donde la violencia ha cobrado la vida de 18 periodistas desde 2009.

La actividad dará inicio el jueves 9 de agosto a las 2:30 de la tarde con una conferencia magistral de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuyo caso personal, la pérdida de un hijo universitario a causa de la violencia el año pasado, representó un punto de inflexión respecto a la seguridad pública en su país.

Hemos convocado a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de México, Laura Borbolla, al director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, Andrés Villamizar y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Duberlí Apolinar Rodríguez, a quienes solicitó referirse a las medidas adoptadas en sus países, las que podrían ser fuente de consulta e inspiración para impulsar reformas en la políticas públicas de Honduras.

También fueron invitados a la conferencia el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue y la oficial senior de Información Pública de la ONU, Suzanne Bilello, para que expongan las alternativas que existen a nivel internacional sobre protección para los periodistas, investigación y procesamiento de delitos contra la libertad de expresión.

La conferencia es de carácter gratuito y se realizará en el hotel Real Intercontinental Tegucigalpa.

Lobo debe imitar a Calderón

Por muchos años el presidente Felipe Calderón tuvo oportunidades para luchar a favor de la protección de la libertad de prensa y dejó pasar esas oportunidades. Ahora, tal vez gracias al período electoral y las urgencias por cumplir compromisos y realizar obras a tiempo, el presidente mexicano tomó el toro por las astas.

En menos de un par de meses resolvió dos cosas importantes que desde la SIP veníamos solicitando a diferentes gobiernos mexicanos desde hace más de una década, que los crímenes contra periodistas sean de jurisdicción federal, lo que daría más chances para que haya mayor transparencia, capacidad de administrar justicia que los estados no pueden resolver debido a la infiltración del crimen organizado, y que haya un sistema de protección, al estilo del colombiano, que permita al Estado garantizar lo que establece su Constitución.

La reforma constitucional sobre federalización ya fue aprobada por la mayoría de los estados mexicanos lo que le da fuerza de ley y solo ahora faltan las leyes secundarias para su reglamentación. Y ayer, en un giro trascendente para la prensa mexicana, el presidente Calderón firmó la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que consta de 67 artículos. Establece, entre otras medidas de protección, la evacuación, reubicación temporal, asignación de escoltas y autos blindados para las víctimas de violencia; así como la entrega de equipo tecnológico y chalecos antibalas. También permite la aplicación de sanciones contra funcionarios públicos que de forma deliberada pongan en riesgo o causen daño a activistas de los derechos humanos y periodistas.

Lo más importante de estas dos medidas, que obviamente nadie considera que serán los instrumentos automáticos por los que se disuadirá a los violentos, es que demuestran que en materia de la protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión, se necesita voluntad política férrea.

Esta es la condición que todavía le falta al presidente hondureño, Porfirio Lobo, a quien le venimos pidiendo diferentes medidas para acabar con la impunidad que envuelve a más de una docena de casos de asesinatos de periodistas en el país, y para detener la violencia en contra de la prensa en general y el derecho del público a la información.

Con la SIP estamos organizando una conferencia en este sentido para el 9 y 10 de agosto próximo, involucrando a todos los sectores, incluido el gobierno, para buscar una solución e incentivar la necesaria voluntad política para que la ciudadanía sepa que sin una prensa libre y saludable, no se puede construir verdadera democracia.

Honduras y México: ahora la ONU

La preocupación por los crímenes contra periodistas en Honduras y México fueron parte del discurso que ayer pronunció la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, debido al incremento de la violencia en estos dos países, sin embargo se olvidó de hablar de Brasil donde en 2012 ya fueron asesinados cuatro comunicadores.

Es bueno que la ONU salte ahora con mayor preocupación a lo que ya es una constante entre las organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, el problema es que más allá de los discursos no existe una metodología de presión para que los gobiernos hagan algo para paliar esta crisis de la violencia y la impunidad que rodea a los asesinatos contra periodistas.

Muchos temen en Honduras que la suerte del caso Villatoro o de Sá en Brasil, medianamente esclarecidos, debido a la presión internacional y a las marchas que en ambos países hicieron en protesta por la falta de garantías gubernamentales, no sea la misma que acompañe a otra decena de casos de periodistas asesinados en el interior de los países, donde la prensa es más vulnerable y está más a merced del crimen organizado y de su confabulación con criminales de poca monta, pandilleros y funcionarios corruptos.

En Veracruz, en México, unos 20 periodistas han abandonado la profesión y emigrado a otros estados debido a la decena de periodistas asesinados en ese lugar. De los seis crímenes de este 2012, cinco se han producido en ese estado.

Los gobiernos necesitan reaccionar de inmediato y establecer mecanismos eficientes de protección. Todavía Porfirio Lobo y Dilma Rousseff no parecen tener la suficiente voluntad política para atacar este tema, algo que en México, aunque todavía en forma parcial, sí lo está haciendo la administración de Felipe Calderón con varias iniciativas legales y administrativas.

En Honduras, medios y periodistas necesitan continuar fortaleciendo la solidaridad y unidad que demostraron en las protestas por el caso Villatoro. Es la única forma que el gobierno puede escuchar y, por ende, reaccionar.

Mucha violencia, poca voluntad

Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.

El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.

Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.

Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.

El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.

Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.

Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.

Lobo debe ser responsable

El presidente Porfirio Lobo de asumir las responsabilidades en materia de libertad de prensa para la protección de los periodistas de su país, especialmente después que esta semana fue secuestrado el reconocido locutor Alfredo Villatoro y asesinado el periodista, Erick Martínez Ávila.

En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.

Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa,  se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.

Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.

Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.

Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.

Joe Biden y legalizar las drogas

La visita del vicepresidente de EE.UU. Joe Biden a la región centroamericana deja pocas dudas de lo que quieren los países interesados en derrotar el narcotráfico, en los dos lados de la ecuación.

Primero, que Estados Unidos haga más para reducir el consumo interno de estupefacientes y limite el paso ilegal de armas, como incluso esta semana pidió el presidente mexicano, Felipe Calderón.

Segundo, que su ayuda monetaria incluya mayores fondos y cooperación inter regional, habida cuenta que el narcotráfico no puede ser combatido por los países en forma independiente.

Tercero, que Estados Unidos no cree que la despenalización de las drogas es la solución para degradar la fuerza de los carteles, ya diversificados con otros ilícitos dentro del crimen organizado, pero que da la bienvenida  a que se debata sobre el tema.

Creo que el éxito de esta reunión entre Biden y el presidente hondureño Porfirio Lobo se da por la necesidad de abrir ese diálogo sobre la despenalización de las drogas, un tema recurrente en el contexto latinoamericano y que trajo a colación el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina apenas asumió hace semanas.

Más allá de los esfuerzos por incluir el tema de la despenalización de las drogas en la agenda internacional para combatir el narcotráfico que hicieron varios ex presidentes, como el mexicano Ernesto Zedillo y el brasileño Henrique Cardoso, entre otros, nunca fue un tema que asumieron los presidentes en ejercicio.

Es bueno que haya un debate público, que los gobiernos expongan, que se escuche a los expertos, ya que el narcotráfico es el principal foco de violencia en las Américas. Pero, sobre todo, para que del debate surjan temas, opiniones y decisiones de las que podamos aprender todos los ciudadanos.

El debate ayudará a que se asuma o descarte el tema pero con el debido conocimiento. De lo contrario, como hasta ahora, seguirá siendo un debate trunco. Ojalá, Biden y los presidentes latinoamericanos hayan decidido que esta sea unos de los temas principales de agenda en Cartagena en la próxima Cumbre de las Américas, un tema relevante para toda la ciudadanía, y no la estupidez de darle realce a un tema meramente político como el de la participación o no de la dictadura de Cuba.    

Lobo y el tiro por la culata

Al presidente Porfirio Lobo le salió el tiro por la culata. Desde que hizo su presentación en la inauguración de la tercera legislatura, había dicho que desde un seminario que organizaría sobre libertad de expresión, emergerían los lineamientos para preparar un proyecto de ley de prensa que enviaría en marzo al Congreso.

Esperaba, según se pudo percibir de sus declaraciones posteriores, que surjan lineamientos concretos para disciplinar a los medios de comunicación o, al menos, que los obligue a que sean más responsables. Su idea, en especial por diferencias que mantiene con los medios, propietarios y periodistas, tiene que ver mucho por su alergia a las críticas y al disenso.

Lo de Lobo es peligroso, como ya comenté en post anteriores en este blog, considerando la experiencia de otros presidentes de la región cuya prédica intencionada contra los medios fue escalando hasta convertirse en leyes restrictivas. De ahí que Lobo haya empezado a tratar de dividir al periodismo, criticando a dueños y editores y alabando a periodistas, como en su momento hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina de Kirchner para justificar luego sus acciones en contra de toda la prensa.

Bueno, finalmente la reunión se hizo el miércoles pasado y, desde el punto de vista de la libertad de prensa, se esperaba lo peor. Pero no fue así. El evento se llamó "Libertad de Expresión: El Derecho a saber, Honduras, 2012", y fue auspiciado por el Programa Libertad de Expresión del Centro de Estudios para la Democracia Popular (Cedepu), de Chile, en coordinación con la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), así como por la oficialista Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Sedinafroh), Naciones Unidas y el Gobierno hondureño en general.

En definitiva digo que a Lobo le salió el tiro por la culata, porque creo que las recomendaciones del grupo están muy distantes de lo que el pretendía, especialmente porque están más destinadas a marcar la responsabilidad que le cabe al Estado y al gobierno para proteger y respetar la libertad de prensa, que para facilitar la censura que el gobierno quisiera hacer de los contenidos de los medios.

Entre esas recomendaciones, se destacan las siguientes: continuar las investigaciones inconclusas de casi una veintena de casos de periodistas asesinados; que se estipulen normas legales para regular los gastos del gobierno en materia de publicidad oficial; reformar la ley de telecomunicaciones; prohibir las cadenas radiales y de televisión que solo tengan como fin la propaganda gubernamental; incentivar la adopción y el uso de códigos de ética en los medios; así como propender una mayor profesionalidad periodística mediante entrenamiento continuo y multidisciplinario.

Lobo dijo luego de este foro que la próxima semana otro grupo de organizaciones no gubernamentales podrían estar redactando un proyecto de ley, y que cualquiera que se adopte tendría que ser primero discutida y consensuada.

Creo que Lobo está confundiendo las cosas y ante el desconocimiento piensa que la mejor opción es regular. Está equivocado.

Lobo debe distinguir que los medios (lo que le disgusta) y la libertad de prensa no son la misma cosa. Que los medios entre sí, tampoco tienen la misma naturaleza, una cosa es administrar el éter, que es finito, para lo cual debe otorgar licencias a la televisión y de radio (no olvidar que sobre sus espaldas tiene el conflicto de Canal 8 que el gobierno se guardó para sí, cuando la Corte Nacional ya le había entregado la concesión a Elías Asfura) y otra cosa es imponer una ley con los mismos criterios para los medios escritos y el internet, ambos de naturaleza infinita.

En Honduras, como en muchos países, los gobiernos siempre están tentados a echarle la culpa a los medios o a su sensacionalismo. Pero en verdad, si bien también existen abusos mediáticos, la corrupción y la inseguridad pública no empeoran porque los medios la reflejen, sino cuando el gobierno no toma las medidas correctivas.

Está probado que la imposición de leyes para disciplinar a los medios son la primera fase para limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo mejor que podría hacer Lobo es dejar este proyecto de lado, especialmente ahora que está caliente; del enojo surge siempre la represalia y la venganza, aspectos que no merecen ser tomados en cuenta en esta discusión.