Nicaragua y Venezuela: la democracia como escudo

La democracia es el mejor sistema de gobierno. Es tan bueno, que hasta los corruptos y tiranos se escudan en ella para continuar siendo tramposos y totalitarios.

Nicaragua y Venezuela resaltan este concepto. 

Los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro se mantienen en el poder sin consecuencias, pese a sus abusos y excesos. Con total impunidad persiguen y encarcelan a opositores, reprimen manifestaciones públicas, censuran la libertad de prensa, deshacen procesos de diálogo a su antojo, disuaden con violencia extrema, dosifican alimentos e incentivan el éxodo.

Ortega asumió su segunda presidencia en 2007 y Maduro en 2013 como continuador de la dictadura de Hugo Chávez que arrancó en 1999. Se vienen aferrando al poder mediante elecciones fraudulentas a las que no permiten supervisión. Más que asumirse gobierno para administrar los bienes de todos, siempre se arrogaron ser Estado, de ahí que les resbala el sistema republicano que obliga a respetar el equilibrio de poderes y a las minorías.

Si esta crisis política, social y económica hubiera ocurrido en los 70, Ortega y Maduro ya serían pasado. En aquellas épocas, también oscuras, los golpes de Estado primaban por sobre los procesos electorales. Ahora, los resortes democráticos para desembarazarse de regímenes corruptos y autoritarios son más respetuosos y complejos. La democracia reclama métodos prolijos y transparentes, aunque no coinciden con la preferencia de quienes sufren en carne propia a los dictadores.

Sin probabilidades de golpes de Estado, invasiones o revoluciones internas, Ortega y Maduro acusan que cualquier propuesta de elecciones anticipadas o de diálogo con la oposición son injerencias a su soberanía, actos de sabotaje o terrorismo internacional. 

Mientras tanto, ganan tiempo prometiendo negociaciones y diálogos que nunca cumplen. Estos dictadores siguen desviando la atención pese a saber que la comunidad internacional puede vigilar situaciones internas cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, tal lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.

Por suerte, la comunidad internacional está ahora más proactiva que en las primeras épocas del chavismo, cuando Chávez compraba silencios con una abultada “petrobilletera” y apalancaba regímenes autoritarios como el de Ortega.

A las sanciones económicas e inmigratorias que impusieron EE.UU., Canadá y la Unión Europea a funcionarios de alto rango de ambos países, en la OEA hubo acuerdos esta semana para exigir a Nicaragua elecciones anticipadas y el cese de la violencia que contabiliza más de 350 asesinatos a manos de paramilitares y francotiradores progubernamentales. Veintiún países respaldan a la oposición y a la Iglesia Católica de Nicaragua que pidieron que Ortega se someta a elecciones el 31 de marzo de 2019, dos años antes de lo previsto.

Ante la propuesta que Ortega difícilmente aceptará, su canciller Denis Moncada salió a la palestra acusando que los gobiernos firmantes buscan provocar un “golpe de Estado” y la “ruptura del orden constitucional”. La vieja fórmula de vestirse de demócrata para denunciar que el autoritarismo es de los demás.

Sin dudas un posible acuerdo de elecciones anticipadas descomprimiría la presión actual, aunque no ofrece garantías de que Ortega salga de la película. Mientras mantenga las usuales prácticas de fraude electoral y la estrategia propagandística de pan y circo que le permitieron reelegirse con fraude masivo en 2011 y 2016, Ortega tiene todo para seguir apoltronado en el poder.

Tanto Ortega como Maduro, fieles discípulos del calculador Fidel Castro, saben que en plena crisis aguantar los tiempos juega a su favor. Las carestías hacen mella en la población y el éxodo masivo termina siendo la válvula que descomprime la presión interna. Esta purga forzada – menos gente, menos disidentes y menos bocas - trae alivio, al tiempo que recarga de problemas a los demás países.

Los resortes democráticos son insuficientes ante situaciones extremas como la que viven los nicaragüenses. El aislamiento total puede ser una solución, pero debe ser de rápida y eficiente ejecución, de lo contrario puede terminar siendo un desgaste de largo aliento que profundice la crisis que se quiere resolver. El embargo a Cuba sirve de espejo. trottiart@gmail.com

Maduro enfrenta a la verdadera revolución

Reprimir y disentir son las dos caras de una misma moneda que en Venezuela se ha acuñado gracias a la polarización que por años generó el chavismo y que hoy promueve con determinación el presidente Nicolás Maduro, a instancias de instalar un régimen cada vez más parecido al anacrónico cubano.

Maduro sigue el libreto perfecto de los hermanos Castro que han ideado reformas para conseguir simpatías y justificar un comunismo decadente que solo ha servido para acaparar miseria, destrucción y enajenar libertades de reunión y expresión, mediante represión y cárcel.

En ese ambiente polarizado, donde no existe autocrítica y las culpas las tienen todos los demás -  opositores, empresarios, gobiernos extranjeros y periodistas - Maduro ha cerrado los puños. Denuncia conspiraciones y acusa golpes de Estado, justificándose para seguir disparando fusiles y defender la revolución, en un juego maquiavélico que le sirve para desviar la atención de una crisis de ilegitimidad política e ineficiencia económica.

A sabiendas que no puede legitimarse acusando a los estudiantes universitarios de desestabilización, Maduro arremetió contra la oposición tras la marcha del miércoles que dejó tres muertos, cientos de heridos y detenidos. Mandó a encarcelar a Leopoldo López, amenazó a María Machado y se desmarcó de Henrique Capriles, incentivando la división de un grupo opositor que ya no es sólido y que diluyó sus denuncias, así sean por fraude electoral, corrupción, el lugar de nacimiento del Presidente o por la escasez de repuestos, medicamentos y alimentos.

Argumentan desde el gobierno que la defensa del régimen proviene del pueblo, pero se esconde que ese “poder popular” no es otra cosa que populismo y clientelismo acérrimos. Todo venezolano sabe que resistir al régimen es en vano, no votar a su favor implica acumular represalias, desde ser despedido o no conseguir trabajo, hasta no acceder a cupo en la escuela para sus hijos o una cama de hospital.

En esa manía por asemejarse a su idolatrada Cuba, el gobierno apunta contra los derechos de reunión y de expresión. Contra el primero, como se vio este miércoles, azuza a sus milicias populares armadas hasta los dientes y sin control, para que se filtren en las marchas a disparar y matar, y así sembrar caos y miedo.

Contra la expresión no es menos burdo. Crea leyes restrictivas e impone multas desproporcionadas para que los medios controlen su lenguaje. Para ese control  informativo, perseguido desde la época de Hugo Chávez, el gobierno se armó de periódicos, televisoras y agencias de noticias, ya sea creando nuevas o comprando privadas a las que asfixió con multas y procesos judiciales. Maduro siempre encuentra excusas para controlar. Por fotos con sangre y estadísticas de criminalidad, prohíbe a los diarios importar papel, y esta semana por mostrar la violencia en las protestas callejeras ordenó sacar del aire a las televisoras, con el mismo empeño que la semana pasada mandó a controlar su contenido por los desvalores que promocionaban sus telenovelas.

A diferencia de la primera década del gobierno de Chávez, cuando los petrodólares aceitaban la maquinaria de clientelismo de gobiernos extranjeros y su base interna, hoy Maduro no puede darse esos lujos. La gente siente el cansancio por una revolución que no terminó de cuajar. La mayor inflación del mundo, el desabastecimiento de productos básicos, la corrupción galopante y los altos índices de criminalidad, han hecho que el público vea con nostalgia épocas anteriores cuando la vida era opípara, más tranquila y menos polarizada.

Desde que Maduro asumió en abril, quemó etapas mucho más rápido que Chávez en más de una década. Primero, por su ilegitimidad, perdió credibilidad y confianza; luego, por su ineficiencia, la gente perdió miedo y respeto. Habrá que ver qué opciones quedan ahora. Algunos, como los opositores, desean “la salida”, otros creen que el régimen agudizará el control.

Es difícil predecir si el mandato popular – que ya no es más que milicias armadas y una mayoría adulada con clientelismo - le dará sostén a Maduro. Con una oposición fácil de neutralizar, quedan los estudiantes y sus marchas como los únicos para torcer el destino. Ellos saben que cuando las verdaderas revoluciones se disparan, no hay armas que las paren. 

Golpes de arrogancia

La destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema hondureña por parte del Congreso y la intención en Argentina de “democratizar” a los jueces, demuestra que todavía existen gobiernos que prefieren una justicia obediente, pese a que atenten contra el requisito democrático de división e independencia de poderes. 

En ambos casos se trató de revancha política, por considerar que los jueces pecaron por obra u omisión. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo se disgustó porque los magistrados declararon inconstitucional aspectos técnicos de un decreto sobre una necesaria depuración policial. Luego, los legisladores abusaron de poder despidiendo a los jueces, causando inestabilidad, de la que se terminó acusando a los medios por informar.

En Argentina, la presidente Cristina de Kirchner, encontró la excusa perfecta para disciplinar y someter a los jueces. Aprovechó la indignación social por la absolución de los acusados de secuestrar y obligar a la joven Marita Verón a la prostitución, aunque en el fondo se trató de una represalia contra la Corte Suprema y otros tribunales, que todavía no permiten la implementación completa de la Ley de Medios, cuyo motivo real no es tener una prensa plural y robusta, sino someter a la crítica e independiente.

Con esa justificación, Cristina de Kirchner dijo que impulsará una reforma en el Congreso para democratizar al Poder Judicial ya que lo ve divorciado de las demandas de la gente. Se trata del mismo patrón arrogante que siguieron Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes acusaron a la prensa y luego al Poder Judicial por todos los males que no pudieron resolver, desde corrupción a inseguridad.

Hoy, en Ecuador y Venezuela, luego de pomposas reformas judiciales y tras haberse instalado jueces amigos, y sometido a los independientes, los problemas siguen igual o peor, pero nadie se atreve a procesar o auditar a los gobiernos, pese a denuncias por corrupción, fraude electoral y violación a los derechos humanos.

Las reformas terminaron siendo el pretexto de los gobiernos para blindarse, evitar los cuestionamientos y fallos incómodos, y arrogarse el poder absoluto.

Varios gobiernos latinoamericanos están demostrando poseer esa arrogancia arbitraria en el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene que decidir la Organización de Estados Americanos en los primeros meses de 2013. 

Muchos países, en venganza por varias decisiones contrarias dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - y opiniones desfavorables de su Relatoría Especial por la Libertad de Expresión -  en vez de corregir, admitir vicios o reparar a las víctimas, prefieren coartarle a este organismo su autonomía y libertad para actuar.

La excusa perfecta la dio Brasil, cuando decidió retirar a su embajador de la OEA en 2011, en represalia por una decisión de la CIDH que ordenaba detener la construcción de una represa en el Amazonas porque violaba derechos de los indígenas. De aquella decisión se aprovecharon otros gobiernos.

Ecuador pidió una reforma profunda del sistema interamericano al catalogar que la defensa de periodistas y de un diario de ese país por parte de la CIDH, era una intromisión a su soberanía. Venezuela calificó de “mafia” a los comisionados y pese a que nunca cumplió con varias decisiones de la Comisión y Corte interamericanas, decidió retirarse de su jurisdicción; una total contradicción con su flamante puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conseguido en noviembre.

Otros estados, como Colombia y México también ven con buenos ojos una reforma, y aunque dicen pretender mayor eficiencia, quieren quitarle dientes a un sistema que tiene ante sí muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas armadas.

Es evidente y necesario que los poderes judiciales, así como el sistema jurídico interamericano, necesitan ser más eficientes. Pero esa mejoría para que sea tal debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los gobiernos como pretenden las ansiadas reformas.

Que hay jueces malos y corruptos es cierto, como también gobernantes y legisladores. Pero existen formas técnicas para corregir y castigar conductas, evitando someter a todo un poder con destituciones masivas, amenazas y golpes de arrogancia.

Golpes y terroristas; todos malos

A pesar que las ideologías tiñen las apreciaciones de los observadores es bueno llamar a las cosas por su nombre. A la revuelta que tiró a Hugo Chávez del poder por unos cuantos días en abril de 2002, se le debe llamar golpe de Estado de la misma forma al que protagonizó él cuando fracasó diez años antes en el intento. Esa manía de festejar aquel y denostar el más reciente es inhumana. Los dos fueron golpes de Estado, tanto como aquel sobre el que Barack Obama no pidió perdón cuando hace poco visitó Chile y le recordó públicamente un periodista de la AP, sobre el involucramiento de la CIA en el golpe contra Salvador Allende.

Lo de Posada Carrilles, a pesar de que fue recibido como un héroe por algunos exiliados cubanos, tras ser absuelto en un tribunal de Texas - justo ahora que se está por celebrar este domingo los 50 años de Bahía de los Cochinos - no puede ser exonerado moralmente como si no hubiera practicado el terrorismo, a pesar de que él y muchos crean que el fin justifica los medios, es decir echar por la fuerza a Fidel Castro o poner una bomba en un hotel que terminó con la vida de un turista italiano. Es su fin, es un acto tan repudiable como el de Muamar al Kadafi de derribar un avión de Pan Am o de Osama Bin Laden de mandar a atacar objetivos estadounidenses.

Ni lo uno ni lo otro. A pesar de cada caso tenga por su envergadura, motivos y objetivos, atenuantes y agravantes, todo golpe de Estado es aborrecible, todo terrorista es execrable.

Todos merecemos mejor.