Venezuela: nadie puede ser neutral

A desmarcarse. Esta es la apelación a la que deben responder los gobiernos, así como lo debemos hacer a nivel individual, cuando se trata de los derechos humanos, que más que derechos deben entenderse como "deberes humanos".

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948 después de un pacto internacional para dejar atrás las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, exige una posición moral y clara en relación frente a la violación a los derechos humanos. Los defendemos, los aprobamos, los apoyamos o los desconocemos. Neutrales no se puede ser; no podemos ser.

Los presidentes de Uruguay y México, Tabaré Vázquez y Manuel López Obrador, hacen mal en no reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela bajo excusas de no interferencia en asuntos de otros países. No reconocer al líder de la legítima, pero desposeída Asamblea Nacional es apoyar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La neutralidad, ni sí ni no, esbozada en este momento por ambos países es acomodaticia y de orden ideológico, alejada del principio universal de los derechos humanos.

Por muchos años la comunidad internacional miró para otro lado, hasta que los fraudes electorales, la proscripción de los partidos políticos, el encarcelamiento de líderes políticos, el cierre de instituciones legítimas, la violencia contra los opositores, críticos, medios y periodistas, la corrupción galopante, la decadencia de un país rico en miseria, y la permanente violación de los derechos humanos de los venezolanos fueron tan obvias, que resulta inmoral mirar hacia otro lado.

En cuestión de países es lo mismo que ocurre con nuestros vecinos en el barrio. Si escuchamos, tenemos indicios o vemos que nuestro vecino encierra a sus hijos todo el día y no los envía a la escuela, que encadena a sus mascotas, que los fines de semana tira tiros al aire para celebrar su júbilo o que acostumbra a tirar la basura en el lugar público que compartimos todos los vecinos, no podemos quedarnos neutrales, tenemos la obligación moral de denunciar al vecino por violaciones a los derechos humanos y por las peores locuras que podrían suceder.

La neutralidad y respeto entre países debe existir cuando los conflictos se dirimen dentro de estándares democráticos, pero no cuando se violan sistemáticamente los derechos humanos. Esto no es para que Tabaré Vázquez o López Obrador se rasguen sus vestiduras, simplemente es un mandato que nace de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Interamericana Democrática.

Guaidó sigue haciendo las cosas bien. En su mensaje de ayer a México y Uruguay apeló a la conciencia por los valores democráticos y los derechos humanos y que dejen la neutralidad. También les dijo a los principales aliados de Maduro, China, Rusia y Turquía, que las inversiones siempre serán mejores en naciones que se respete la seguridad jurídica. trottiart@gmail.com

Nicaragua y Venezuela: la democracia como escudo

La democracia es el mejor sistema de gobierno. Es tan bueno, que hasta los corruptos y tiranos se escudan en ella para continuar siendo tramposos y totalitarios.

Nicaragua y Venezuela resaltan este concepto. 

Los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro se mantienen en el poder sin consecuencias, pese a sus abusos y excesos. Con total impunidad persiguen y encarcelan a opositores, reprimen manifestaciones públicas, censuran la libertad de prensa, deshacen procesos de diálogo a su antojo, disuaden con violencia extrema, dosifican alimentos e incentivan el éxodo.

Ortega asumió su segunda presidencia en 2007 y Maduro en 2013 como continuador de la dictadura de Hugo Chávez que arrancó en 1999. Se vienen aferrando al poder mediante elecciones fraudulentas a las que no permiten supervisión. Más que asumirse gobierno para administrar los bienes de todos, siempre se arrogaron ser Estado, de ahí que les resbala el sistema republicano que obliga a respetar el equilibrio de poderes y a las minorías.

Si esta crisis política, social y económica hubiera ocurrido en los 70, Ortega y Maduro ya serían pasado. En aquellas épocas, también oscuras, los golpes de Estado primaban por sobre los procesos electorales. Ahora, los resortes democráticos para desembarazarse de regímenes corruptos y autoritarios son más respetuosos y complejos. La democracia reclama métodos prolijos y transparentes, aunque no coinciden con la preferencia de quienes sufren en carne propia a los dictadores.

Sin probabilidades de golpes de Estado, invasiones o revoluciones internas, Ortega y Maduro acusan que cualquier propuesta de elecciones anticipadas o de diálogo con la oposición son injerencias a su soberanía, actos de sabotaje o terrorismo internacional. 

Mientras tanto, ganan tiempo prometiendo negociaciones y diálogos que nunca cumplen. Estos dictadores siguen desviando la atención pese a saber que la comunidad internacional puede vigilar situaciones internas cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, tal lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.

Por suerte, la comunidad internacional está ahora más proactiva que en las primeras épocas del chavismo, cuando Chávez compraba silencios con una abultada “petrobilletera” y apalancaba regímenes autoritarios como el de Ortega.

A las sanciones económicas e inmigratorias que impusieron EE.UU., Canadá y la Unión Europea a funcionarios de alto rango de ambos países, en la OEA hubo acuerdos esta semana para exigir a Nicaragua elecciones anticipadas y el cese de la violencia que contabiliza más de 350 asesinatos a manos de paramilitares y francotiradores progubernamentales. Veintiún países respaldan a la oposición y a la Iglesia Católica de Nicaragua que pidieron que Ortega se someta a elecciones el 31 de marzo de 2019, dos años antes de lo previsto.

Ante la propuesta que Ortega difícilmente aceptará, su canciller Denis Moncada salió a la palestra acusando que los gobiernos firmantes buscan provocar un “golpe de Estado” y la “ruptura del orden constitucional”. La vieja fórmula de vestirse de demócrata para denunciar que el autoritarismo es de los demás.

Sin dudas un posible acuerdo de elecciones anticipadas descomprimiría la presión actual, aunque no ofrece garantías de que Ortega salga de la película. Mientras mantenga las usuales prácticas de fraude electoral y la estrategia propagandística de pan y circo que le permitieron reelegirse con fraude masivo en 2011 y 2016, Ortega tiene todo para seguir apoltronado en el poder.

Tanto Ortega como Maduro, fieles discípulos del calculador Fidel Castro, saben que en plena crisis aguantar los tiempos juega a su favor. Las carestías hacen mella en la población y el éxodo masivo termina siendo la válvula que descomprime la presión interna. Esta purga forzada – menos gente, menos disidentes y menos bocas - trae alivio, al tiempo que recarga de problemas a los demás países.

Los resortes democráticos son insuficientes ante situaciones extremas como la que viven los nicaragüenses. El aislamiento total puede ser una solución, pero debe ser de rápida y eficiente ejecución, de lo contrario puede terminar siendo un desgaste de largo aliento que profundice la crisis que se quiere resolver. El embargo a Cuba sirve de espejo. trottiart@gmail.com

Contradicción mayor sobre los derechos humanos

Nunca como ahora en América Latina se habían denunciado las violaciones a los derechos humanos con tanta firmeza ni se habían reparado con tanta entereza.

Pero tampoco el sistema interamericano de derechos humanos había atravesado una crisis tan profunda como la presente, quedando casi al borde del colapso.

Nada sorprende en este continente tan predispuesto a las fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables de que podrán acceder a la justicia cuando sientan que esta les da la espalda en sus países.

Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes necesarios para que el sistema subsista y sea eficiente.

Esta semana la CIDH hizo un duro cuestionamiento hacia futuro. Si no recibe los aportes necesarios de parte de los estados que están comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados. 

Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente ya decidió suspender las visitas de investigación a países, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas que ahí presentan sus casos. También afectará casos en curso como a víctimas de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.

Ninguna de las crisis que atravesó la CIDH fue tan seria como esta. No es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas de la región, en especial el de Hugo Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Las represalias de Correa y Chávez contra el sistema surgían cada vez se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o por no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos siempre usaron la excusa de que el sistema era un ariete del “imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no pudiera recibir donaciones privadas o de gobiernos europeos.

Correa pretendía una CIDH más dócil o, en su defecto, crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes de la región, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Su salida, se supo luego, no fue política, sino económica> De esa forma, el gobierno abandonó la  responsabilidad de tener que indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas; hasta la ex presidenta Dilma Rousseff que cerró el grifo, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

América Latina es como el perro que gira sinfín para morderse la cola; es un círculo vicioso. Reconoce la necesidad de defender los derechos humanos porque así el continente se hace más justo y equitativo; pero, al mismo tiempo, se niega a ofrecerle los fondos y recursos necesarios para su labor.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados de Latinoamérica para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole a la organización problemas que hasta entonces eran perpetuos.

Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Trottiart@gmail.com

OEA dividida x Venezuela y DDHH olvidados

Era evidente que la reunión de la OEA terminara en la nada, con la determinación de los votos del gobierno venezolano, acompañado por los del Alba y del Caricom, cuya intención certera era neutralizar cualquier declaración de censura contra Venezuela o envío de misión para investigar lo sucedido.

Los votos, por ahora, valieron más para Nicolás Maduro que dos días atrás, y después de romper relaciones diplomáticas con Panamá, había advertido que la OEA debería quedarse donde está y que deje de lado sus sueños intervencionistas aupados por EE.UU.

Esto aumenta los sentimientos de muchos que siguen creyendo que la OEA no sirve para nada, justamente el mismo pensamiento que empezó a vender el fallecido Hugo Chávez y con el que justificó otras asociaciones como Unasur, y Celac, que a diferencia de la OEA, que reúne a todos los países americanos, son ideológicamente excluyentes.

Esa exclusión y las diferencias ideológicas fueron las que justamente terminaron de inclinar la votación de ayer a favor de Venezuela. Aunque es lamentable que en el seno de la OEA se haya desconocido lo que manda la Carta Democrática Interamericana en materia de derechos humanos y libertades individuales, conculcados intencionalmente por el gobierno venezolano, hay que entender que se trata de una época política y no de la OEA. Esta, como tal, sobrevivirá más allá de los gobiernos que antes y ahora la manipulen.

En eso, al menos en eso, el secretario general José Miguel Insulza tiene razón. La OEA, como organización política, es destinataria y está manipulada por la misma polarización que está enquistada en la mayoría de los países.

Más allá de los vericuetos políticos existentes, lo más lamentable es que no se le haya siquiera tapado la boca a Maduro con su siempre diatriba a favor de la soberanía y la no injerencia; una excusa con la que siempre trata de manipular la universalidad de los derechos humanos que los gobiernos del mundo reconocieron después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esa universalidad, es la que permite que el mundo entero tenga derecho a entrometerse en una nación cuando se sospecha de la violación a los derechos humanos.  

Privacidad en la web: No hay que por bien no venga

En las últimas décadas, EE.UU. fue el gobierno que más batalló para que uno de sus inventos, el internet, sea libre, gratuito y neutral; además de haber luchado a brazo partido contra gobiernos que siempre trataron de controlar la web, como los casos de China, Saudi Arabia, Cuba, Vietnam, entre tantos otros.

Actualmente, debido al programa masivo de vigilancia electrónica y de telecomunicaciones adelantado por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad, que ha puesto en vilo la seguridad y privacidad de los usuarios particulares en la net, dos países, cuyos líderes, empresas y ciudadanos han sido víctimas de esa prácticas, están proponiendo cambios al modelo actual de internet y promoviendo resguardos para la privacidad.

Casi en despecho por el espionaje sufrido, las líderes de Brasil y Alemania, Dilma Rousseff y Angela Merkel, están tratando que las Naciones Unidas sea el páramo para contener el espionaje indiscriminado por parte del gobierno de Barack Obama, a través de una resolución que deberá debatirse en el comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU. El texto que ya está ganando adeptos entre países amigos y enemigos de Washington por igual, incluye la propuesta de Rousseff de que el internet sea regulado por un cuerpo de Naciones Unidas y que el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la organización confeccione dos informes anuales sobre la vigilancia indiscriminada y la violación de los derechos humanos, así como que incluya recomendaciones de buenas prácticas para los gobiernos.

Obviamente, un internet gobernado por un cuerpo de Naciones Unidas no es buena idea, desde que el Comité de Derechos Humanos estuvo liderado por países como Cuba, China o Libia que en los últimos 50 años no se caracterizaron por la defensa de esos derechos. Podría suceder que países que siempre han querido controlar a los usuarios del internet, pudieran ahora estar justificados para poder hacerlo.

Sin embargo, el tema de informes y condenas al tema de la violación a la privacidad, sería un aporte considerable para denunciar los atropellos que se comenten en la web y a través de esta. Después de todo, por ir en contra de sus propias convicciones y por mal usar el internet, EE.UU. podría estar logrando lo que siempre estuvo buscando, que se denuncien las violaciones a la libertad, seguridad y a la privacidad en el internet. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho que fácilmente se aplica a esta situación.

Politización de los derechos humanos

Venezuela se retiró esta semana del sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro excusó el retiro acusando a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser mafias injerencistas e instrumentos del “imperio”, para perseguir a “los gobiernos progresistas de la región”.

La excusa no es más que una vieja argucia del régimen, que disimula una creciente y sofisticada tendencia de varios gobiernos latinoamericanos por politizar los derechos humanos y así evadir sus responsabilidades de Estado. La decisión deja desamparados a los ciudadanos sin posibilidad de acudir a instancias internacionales con la esperanza de encontrar la justicia que se le niega en sus países. Un duro golpe para los venezolanos, si se considera que solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos llegan a juicio en su país.

Esa politización incluye violencia y demandas judiciales contra activistas de los derechos humanos, restricciones a sus fuentes de financiación y un permanente ataque al sistema interamericano, desconociéndose sus fallos y decisiones. En el fondo, es una conveniencia de los gobiernos que así se blindan ante las críticas y denuncias y no permiten la supervisión de los derechos humanos en sus territorios.

De esa forma, el gobierno venezolano evita cumplir con 16 fallos condenatorias pendientes de la Corte interamericana y pagar unos 10 mil millones de dólares en indemnizaciones a casi 300 víctimas. Pero la decisión, aunque parezca económica, es política.

Deviene de aquella retórica propagandística del ex presidente Hugo Chávez que calificaba de mafia, golpista y fascista a quienquiera que se opusiera a su voluntad. Sin embargo, pese a la dialéctica, Venezuela, por ser parte de la OEA, no puede excusarse de todas sus responsabilidades. De ejemplo valen EE.UU. y Canadá, que aunque no están bajo jurisdicción de la Corte al no haber ratificado la Convención Americana, igualmente fueron responsables ante informes de fondo que denunciaban violaciones en casos de migración, violencia doméstica, pena de muerte y por la cárcel de Guatánamo.

Maduro, así como otros presidentes progresistas como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, suelen engañar con una retórica que busca desnaturalizar el sistema interamericano, definido como el “último intento de defensa para los habitantes que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte de un Estado”. A menudo amenazan con renunciar a la Convención, a la OEA, ignoran los fallos y proponen reformas que buscan quitar independencia a la Comisión y hasta crear tribunales supranacionales en otros organismos más amigables, como UNASUR y el ALBA.

En ese ejercicio propagandístico, politizan todas las causas de violaciones en sus países para poder oponerse a ellas. Y cuando hablan de derechos humanos solo respaldan aquellas causas en el exterior contra dictaduras militares o de derecha como las de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero se hacen los distraídos por reclamos en sus propios países o los que ocurren en tiranías de izquierda como la cubana.

Al politizar las denuncias en su contra y establecerse como víctimas, desvían la atención sobre denuncias y fallos de la CIDH que son parejas para todos los países, sin distinción de ideologías. En años recientes, Brasil, Colombia y México fueron los países que más condenas recibieron debido a la violencia consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales; pero también fue donde mayor cantidad de denuncias se registraron debido a una mejor cultura sobre la protección de los derechos humanos.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está lejos de ser perfecto; es lento, burocrático y necesita mayor eficiencia y más apoyo material por parte de los estados. Además, la Convención Americana debería ser ratificada por los 35 miembros de la OEA, y no solo estarlo por 25.

Pese a sus limitaciones y detractores, se debe reconocer que el sistema ha contribuido a crear una mejor cultura a favor de los derechos de indígenas, mujeres, niños, presos políticos, migrantes y en contra de la discriminación y el racismo, luchas todas que han enriquecido a América Latina y que no deberían ser mezquinamente politizadas.

Maduro contra los derechos humanos

Los ciudadanos venezolanos ya no tendrán donde acudir cuando se agoten los recursos judiciales internos de administración de justicia y sus derechos humanos sean violados.

Nicolás Maduro, fiel a la retórica del ex presidente Hugo Chávez que el 9 de setiembre de 2012 solicitó a su canciller renunciar a la Convención Americana de los Derechos Humanos y por ende a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó con el proceso y a partir de hoy Venezuela ya asumió no tener responsabilidad internacional en estas materias.

La estrategia solo confirma que el gobierno venezolano, bajo la excusa siempre del intervencionismo extranjero, deja de asumir su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos y a conveniencia deja los estándares de algunas organizaciones (CIDH/OEA) para estar bajo la tutela de otras que domina y donde no puede ser cuestionado (UNASUR).

Ayer, Maduro volvió a repetir y a reiterar los numerosos dichos de Chávez: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, y con ello dejó por sentado que Venezuela se une a Trinidad y Tobago y al Perú de Alberto Fujimori como los países que se retiraron de la Convención después de estar suscriptas y haber ratificado el Pacto de San José.

Aunque Chávez y Maduro se hayan esforzado en criticar y desconocer cada opinión y fallo de la Comisión y la Corte, al considerar que ambas instituciones están secuestradas por el poder político del imperio estadounidense, en realidad lo que están haciendo es dejar desprotegidos a todos los ciudadanos venezolanos que antes acudían a la jurisdicción internacional en busca de justicia, reparaciones y desahogo cuando se les negaban sus derechos en el país.

Nunca Chávez y menos Maduro aceptaron esa jurisdicción y con ello el Estado (no el gobierno) jamás reconoció los derechos violados de sus ciudadanos, desconociendo pagar indemnizaciones por reparación moral o excarcelar a presos políticos o reabrir causas judiciales.

El retiro de Venezuela (el mismo día que Henrique Capriles introduce ante la CIDH una denuncia para desconocer los resultados de las elecciones que perdió por estrecho margen ante Maduro) es congruente con la política de aislamiento en materia de derechos humanos que hace dos años busca también el presidente ecuatoriano Rafael Correa que ha llamado a desmantelar el sistema y, al menos, que la CIDH no tenga sede en EE.UU. un país que junto a Canadá no ha ratificado la Convención.

Este retiro deja por el aire varios temas incumplidos por Venezuela, entre ellas 16 sentencias condenatorias e indemnizaciones por 9.700 millones de dólares en reparación para unas 300 víctimas, según datos que se desprenden de fallos de la Corte Interamericana.

Duro y parejo informe de HRW

Human Rights Watch (HRW) pegó parejo para todo el mundo. En su informe 2013 sobre el estado de los derechos humanos en 14 países de las Américas que reveló este jueves, demostró que en todos lados se cuecen habas, tanto en Venezuela como en EE.UU.

HRW acusa a Cuba de ser el régimen más represivo de América Latina, al estado de México lo acusa de mantener un grado altísimo de impunidad, al gobierno de Hugo Chávez de acosar a la oposición y a Rafael Correa de ir en contra de la libertad de prensa. Sobre EE.UU. el informe es más tajante aún. Acusa al gobierno de Barack Obama de ser el que más encarcela en el mundo, de detener a inmigrantes no peligrosos, miembros de minorías raciales y étnicas, mantener la pena de muerte y continuar con “prácticas abusivas” en la cárcel de Guantánamo.

Revela que en EE.UU. en 2010 había 1.6 millones de personas, y que tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 500 reclusos por cada 100 mil habitantes.

En coincidencia con el informe de HRW, el Observatorio Venezolano de Prisiones, sacó a relucir el jueves otro informe que da cifras dantescas. Un total de 591 presos fallecieron en las 34 cárceles venezolanas el año pasado, una cifra récord, según el informe anual de la organización que sitúa el hacinamiento en las prisiones por arriba del 200 por ciento. En 2011, la cifra de muertos fue de 560.

HRW insiste que en Venezuela uno de los mayores problemas es “la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos que han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie”. Chávez “y sus partidarios – agrega - han abusado de su poder en una gran variedad de casos que han afectado al poder judicial, los medios de comunicación y defensores de derechos humanos”.

No todo es negro en el horizonte para HRW. Destaca avances en tres países. A Cristina de Kirchner y Dilma Rousseff por los avances a favor de los derechos humanos que fueron violados en el pasado y a Juan Manuel Santos por sus esfuerzos en lograr la paz con las negociaciones entre su gobierno y las guerrillas de las FARC.

Seguramente los gobiernos más afectados por el informe, como lo han hecho siempre, desconocerán todos estos hechos.

Falta transparencia en Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está en peligro de ser debilitado a través de recomendaciones que buscan reformarlo, hechas principalmente por los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, en represalia por las decisiones de la Comisión y de la Corte interamericanas en contra de los Estados de Ecuador y Venezuela y a favor de los ciudadanos de ambos países.

La idea de Correa y Chávez es neutralizar al SIDH para que pierda autonomía e independencia a favor de los gobiernos, lo que en definitiva sería una forma de neutralizarlo. Debido a ello, y bajo responsabilidad ciudadana de defender y promover los derechos humanos, un grupo de intelectuales y personalidades desatacadas, reunidas en Bogotá la semana pasada, adoptaron la iniciativa redactar la Declaración de Bogotá.

Los ex presidentes colombianos, César Gaviria y Andrés Pastrana; y los ex mandatarios de Ecuador y Perú, respectivamente, Rodrigo Borja y Alejandro Toledo, firmaron la Declaración; que también lleva la rúbrica de unas 86 personalidades, entre ellas el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

La máxima expresión de la Declaración es su pedido de transparencia, quizás en respuesta a un proceso de reforma que por el momento es mantenido dentro del ejido de los gobiernos integrantes de la OEA sin participación de ongs ni de la sociedad civil. Los firmantes demandan que “el debate esté dirigido a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales, que contribuya a la protección y dignidad de quienes habitan este continente”. También solicitan que “se consideren especialmente las voces y experiencias de las víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento”.

En todo este proceso se puede entender que tanto Correa como Chávez busquen quitarle transparencia a este debate para poder acomodar mejor sus estrategias; pero lo que no se comprende es cómo países cuyos presidentes siempre se han manifestado en apoyo a los derechos humanos o han tomado acciones recientes a favor de éstos, permanezcan callados y permitiendo que el proceso de reforma continúe oscuro. Entre ellos, los casos más notables son los de Cristina de Kirchner, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala y Dilma Rousseff, presidenta esta última que propuso la reforma en represalia por las medidas cautelares que el año pasado determinó la Comisión (CIDH) en contra de la construcción de una represa en el Amazonas por no haberse escuchado la voz de los aborígenes. 

“Todos esos cuentos”, de Castro y Chávez

Con el sarcasmo que caracteriza a su hermano Fidel, el gobernante Raúl Castro dijo que estaba disponible para abrir un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre “derechos humanos, libertad de prensa” y “todos esos cuentos” que se inventaron en Occidente. Lo mismo que Hugo Chávez - que esta semana dijo por enésima vez que se retiraría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al disgustarse por un fallo en contra de su gobierno – Castro achaca a otros países o al “imperio” la imposición de los derechos humanos y de la libertad de expresión, desconociendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y muchísimos tratados internacionales de amplio acatamiento en el mundo. A pocos días de la muerte del disidente Osvaldo Payá en un accidente de tránsito del cual todavía se analizan sus causas en caso de que se haya tratado de un complot, y de que periodistas independientes y otros opositores fueran detenidos por gritar “libertad” en el funeral, Castro no puede desviar la atención de asuntos internos con solo gritar contra Estados Unidos, una máscara que supo y pudo usar muy bien en otras épocas. Lo de Chávez es tan inverosímil como siempre. Cree que es dueño del Estado cuando solo administra un gobierno. Cree que basta una decisión de voz fuerte y propagandística para salirse del sistema de protección de los derechos humanos. Claro está, en un uso bien orquestado electoralmente, él y su canciller Nicolás Maduro aprovecharon un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conjeturar amenazas de autoeliminación del sistema. Me recuerda a las mismas pataletas que pegaban Augusto Pinochet, Rafael Videla y Alberto Fujimori cada vez que el sistema se pronunciaba en su contra. Ni Chávez es Venezuela ni Castro es Cuba, por más que quieran. Los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, son de carácter universal y pertenecen a todos los cubanos y venezolanos.

Internet; por fin, nuevo derecho humano

Mientras el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pedía por primera vez a los gobiernos que protejan y garanticen la libertad de expresión en internet, un complicado debate sobre el papel de las empresas proveedoras de tecnología y servicios digitales en los países más autoritarios, ha cobrado intensidad.

La solicitud del CDHNU tras reconocer la semana pasada que la libertad de expresión digital y el acceso al internet es un derecho humano, coincidió con un inusual pedido de un grupo de ONGs estadounidenses, dedicado a denunciar violaciones a los derechos humanos en Cuba, Irán, Siria, Sudán y en otras dictaduras. En una carta dirigida a Google, Adobe, McAfee, Yahoo y Facebook, el grupo les exhortó a burlar los embargos económicos que imponen EE.UU. y la Comunidad Europea a los regímenes opresores, para seguir vendiéndoles software y tecnologías de la información.

Si bien los gobiernos represores usan esas tecnologías para censurar contenidos, vigilar y espiar internautas, el grupo considera que se trata de un mal menor, si se compara con el hecho de que el internet, las redes sociales y la telefonía móvil son las herramientas que los disidentes y opositores usan para denunciar abusos, convocar marchas y forzar cambios políticos.

El pedido es muy loable, pero a la vez complejo. Muchas de estas corporaciones, como Google, Apple, Microsoft, Siemens, Ericsson ya fueron sancionadas por vender software y tecnología o colaborar con gobiernos autoritarios, motivando en abril pasado una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que prohíbe “vender, ceder o proveer de cualquier manera bienes, servicios o tecnología… que pudieran poner en riesgo los derechos humanos”.

La solicitud de las ONGs desnuda otra disyuntiva permanente a la que se enfrentan estas compañías, entre aceptar las reglas de juego que imponen los gobiernos autócratas o no cumplir con sus objetivos de expansión comercial, como por ejemplo Google, que prefirió renunciar al mega mercado chino, a tener que prestar su motor de búsqueda para la censura oficial.

El dilema pudiera agravarse aún más en el futuro. Se prevé que para el 2020, de no establecerse una fuerte cultura ética y reglas estrictas, muchas empresas tecnológicas cederán a la presión de gobiernos totalitarios, debido a la competencia y los beneficios económicos. Así lo cree una mayoría de más de mil ejecutivos de Nokia, Netflix, Microsoft y Google, consultados por el Centro de Investigación Pew. Esta investigación también planteó dudas razonables sobre el nivel de libertad que habrá en el internet del futuro.

Todo podría empeorar, además, si se considera que en un futuro cercano los países democráticos no serían los únicos en poseer la llave de la ciencia y la innovación informática. Globalización y transferencia de tecnología mediante, los países autoritarios pronto podrían prescindir del extranjero.  

Por ahora, a esos gobiernos les resulta suficiente con controlar mediante adquisición de tecnologías e imposición de leyes restrictivas. Rusia lo demostró esta semana. Diputados oficialistas aprobaron una ley sobre pornografía infantil que la oposición cree será usada para censurar Facebook y Twitter, redes que han sido fundamentales para organizar las marchas de protesta contra el fraude electoral que llevó a Vladimir Putin al poder. Es una treta parecida a la que usó Hugo Chávez, cuando pasó la cláusula de horario de protección al menor, que terminó siendo la clave para ordenar el cierre de medios como Radio Caracas Televisión.

 Aparte de los intereses de gobiernos y empresas, preocupan otros controles más sutiles y que pasan desapercibidos, que también ponen en riesgo la libertad de expresión. Como los algoritmos personalizados, que utilizando nuestros “likes” y búsquedas, van creando nuestro perfil sobre la base de gustos y criterios. Con el tiempo, no solo se pierde privacidad, sino también se consume información complaciente, bloqueándose otros puntos de vista. Se trata de una filtración auto infligida; quizás, de auto censura involuntaria.

Mientras tanto, habrá que ver si la afirmación de Naciones Unidas de que el internet es un derecho humano, ayudará a que éste no solo se piense en función de avances tecnológicos y comerciales, sino de su influencia en la libertad y la conducta humanas.

Deterioro de los derechos humanos

Los positivos resultados conseguidos por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares, pudieran estar encubriendo la desatención que los estados prestan a la defensa de los derechos humanos.
En la actualidad no solo se registra un alto índice de violaciones a los derechos humanos, sino también un incremento estrepitoso de casos de persecución, maltrato y crímenes contra activistas que defienden y promueven los derechos de las mujeres, niños, homosexuales, indígenas y otros grupos vulnerables en América Latina.

Un informe de 300 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía a principios de marzo de graves ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos contra activistas, sindicalistas y líderes comunitarios de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.

En su segundo reporte en seis años, titulado Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH estableció que Colombia es el país donde se registran mayores agresiones, mientras que en Honduras, México y Guatemala se cometieron 75, 61 y 59 asesinatos de activistas, respectivamente, en los últimos años.

No es tan problemático el hecho de la violencia generalizada en el continente, como que en muchos casos es consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales, como ocurre en México, Venezuela, Brasil y Honduras.

A esa falta de garantías y desprotección de parte del Estado, lo más alarmante es que muchos gobiernos no solo toleran esa violencia e impunidad, sino que además desacreditan a los defensores y sus organismos, con el objetivo de blindarse ante las críticas y evitar que supervisen las violaciones a los derechos humanos en sus territorios.

En un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón expuso que además de la violencia, existe una “creciente sofisticación” de los mecanismos estatales para impedir, obstaculizar o desmotivar la protección de los derechos humanos, entre ellos, demandas judiciales contra los defensores y restricciones a sus fuentes de financiación.

La denuncia de Cantón tenía destinatario concreto: Rafael Correa. El Presidente ecuatoriano, junto con Hugo Chávez, viene solicitando en foros públicos la eliminación del actual sistema interamericano de derechos humanos, en represalia por las exigencias que le planteó a su gobierno por violaciones a la libertad de expresión de sus ciudadanos y persecución judicial contra periodistas.

A fines de enero, Correa logró incorporar tres recomendaciones en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que lejos de fortalecer el sistema como argumentó, tienden a limitar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo. Correa consiguió que los miembros de la OEA, a excepción de Costa Rica, Uruguay y Panamá, avalen su propuesta para que la Relatoría no pueda recibir financiamiento de países europeos, no pueda hacer denuncias sobre violaciones ni publicar su informe anual país por país.

Correa logró así un doble propósito, neutralizó el trabajo de monitoreo y de alertas de la Relatoría, y evitó que se consideren otras recomendaciones sobre mayores recursos económicos y humanos con los que debería contar el sistema interamericano para administrar más justicia y operar con más eficiencia y menos burocracia.

Como ocurre en Venezuela y Ecuador, y se deja entrever en el gobierno de Cristina de Kirchner, con fronteras comerciales y financieras cada vez más cerradas, estos países tienden a acusar a los activistas locales y extranjeros de entrometerse en asuntos internos. Así, mediante eslóganes populistas, justifican la defensa de la soberanía promulgando leyes que bloquean la posibilidad de que reciban asistencia financiera para sus operaciones.

Más allá de los crímenes contra los activistas y de las infracciones en general, queda claro que el deterioro de los derechos humanos es de índole política. Es por eso que a los gobiernos actuales les resulta más fácil hurgar y condenar el pasado, que asumir su responsabilidad por las violaciones del presente.

De “Deberes humanos”, debería ser este día

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos después de que hace 63 años las Naciones Unidas adoptara el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Debería hacerse otra declaración que obligue a las naciones a respetar esos derechos, por lo que debería llamarse Declaración Universal de los Deberes Humanos, para que todos los estados de mundo, que casi llegan a 200, cumplan con preceptos básicos so pena de aislamiento internacional. No me refiero a países en los que sí se violan los derechos humanos en forma esporádica, sino a aquellos que hacen de las violaciones su vida cotidiana.

En nuestra América Latina, Cuba se destaca por no cumplir con ninguno de los preceptos, entre ellos los de libertad religiosa, de asociación, de reunión, de traslado y de libertad de expresión y de prensa. Otros países como Venezuela y Ecuador son una vergüenza para el continente, ya que habitualmente desobedecen las opiniones y fallos de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.

La Declaración debería ser vinculante, obligatoria, porque de lo contrario sirve para hacer declamaciones, cháchara y demagogia, como está demostrado en el propio Consejo de los Derechos Humanos de la ONU - un hazmerreír de la institución - ya que de entre sus continuos miembros se observa a China, Libia, Irán y Cuba, entre otros.

Rousseff debe asumir su responsabilidad

Brasil insiste en pasar de potencia económica a líder hemisférico. Su voz está presente en todos los foros, ya sea pidiendo un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU o apoyando a Europa en sus maniobras para sortear la crisis económica, como ofreció esta semana la presidenta Dilma Rousseff.

Brasil es el único país americano, a excepción de EE.UU., con las características requeridas para ser líder: Tamaño, población, PBI y respeto internacional. Pero para liderar no solo debe pretenderlo, sino asumirlo. Tiene que meterse en asuntos no tan simpáticos, perder el miedo a tomar acciones que polarizan y sobre todo debe, bajo el principio de la universalidad, denunciar los atropellos sistemáticos de los derechos humanos, así ocurran en Cuba como en China.

Bien o mal, el ex presidente Lula da Silva asumió acciones de este tipo. Convencido de que algo malo había sucedido en Honduras, dio refugio al ex mandatario Manuel Zelaya en su embajada de Tegucigalpa y cabildeó para que Honduras fuera expulsada de la OEA.

Ahora es la presidenta Dilma Rousseff quien tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para asumir el liderazgo. Si Brasil denuncia y reclama al régimen de Cuba por las violaciones actuales a los derechos humanos, no solo reivindicará la sed de libertad del pueblo cubano, sino que romperá la parsimonia timorata de sus pares latinoamericanos, que sucumben a la propaganda castrista – y del presidente venezolano Hugo Chávez – sobre que los principios de soberanía y no intervención, les impiden inmiscuirse en asuntos internos para denunciar los abusos.

Esa inmunidad, permite a los hermanos Raúl y Fidel Castro seguir aplastando las libertades. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció que en setiembre las autoridades detuvieron a 563 personas por motivos políticos, más del doble de las detenciones que se registraron en cada uno de los meses anteriores del año y la cifra más alta de las últimas tres décadas. Corroboran esta tendencia los informes de los últimos dos años, tanto de Amnistía Internacional como de Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa, que demuestran que la situación de los derechos humanos y el clima de libertad de expresión, lejos de mejorar, continúan deteriorándose.

Lo más extraño es la doble moral de la mayoría de gobiernos de la región, que esquiva denunciar a la dictadura cubana, aunque hayan ensalzado a los recientes movimientos populares democráticos en los países árabes. Cuba y Venezuela vienen comprando ese silencio a base de petróleo más barato, insultos diplomáticos y estrategias propagandísticas. La más urdida fue la de hace dos años, cuando Chávez cabildeó para que Cuba sea readmitida en la OEA y logró la aprobación de la asamblea. Enseguida, Fidel Castro desairó a todos y despotricó contra el organismo “prestado a los intereses del imperio”. En realidad, nadie comió el anzuelo. La reinserción, equivalía a que su gobierno debía asumir responsabilidades en materia de democracia y derechos humanos, aspectos que desprecia.

Los estados latinoamericanos no deberían estar tranquilos ni sentirse exonerados de exigir responsabilidades al régimen. Aunque Cuba no se someta a la Carta Democrática Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Viena de 1969 establece el vigor de tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por encima de disposiciones de su derecho interno y de su Constitución, lo cual la hace igualmente responsable ante el universo, por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como muchos que parecen cometerse en ese país.

Si se examinan las agresiones que las turbas gubernamentales provocaron contra las Damas de Blanco en las últimas semanas, los arrestos continuos de disidentes, las trabas a la circulación de personas en el territorio nacional y a la libertad de expresión, se podrá advertir la mano de las autoridades detrás de todas esas transgresiones.

Ni Cuba ni cualquier otro Estado pueden escudarse detrás de los principios de soberanía y no intervención. Ya nadie tiene excusas. Pero algunos países, por su potencial, como Brasil, tienen mayores responsabilidades y deberían asumirlas.

Chávez recibe mensaje de Rousseff

Hacía falta que Brasil despierte y empiece a asumir su liderazgo en el mundo como realmente pretende. Y para ello es necesario que ponga los puntos sobre las íes, como lo hizo esta semana con Venezuela, alertando sobre las violaciones a los derechos humanos y, entre ellos, las transgresiones a la libertad de prensa y de expresión.
La embajadora brasileña ante las Naciones Unidas, Maria Nazareth Farani Azevedo, dijo que “la garantía de los derechos humanos exige la independencia del poder judicial y la plena libertad de expresión y de prensa”, durante el examen de los derechos humanos en Venezuela. Nadie pudo hacerse el distraído ante esta declaraciones, un claro mensaje de Dilma Rousseff a su colega Hugo Chávez.
Antes de las declaraciones, la embajadora se deshizo en expresar los profundos lazos de amistad que unen a los dos países y lo que ha hecho Chávez para derrotar a la pobreza. Sin embargo, al hablar de los desafíos a futuro (léase desde que asumió Chávez en 1999) se refirió al debido respeto que tiene que haber sobre libertad de prensa y de expresión e independencia del Poder Judicial, y agregó que era necesario que Venezuela deje entrar al país a supervisores de los derechos humanos y crear un plan nacional de derechos humanos como lo solicita la ONU.
Este martes habrá un informe final después del análisis que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 2006, creó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) para examinar a los 192 países nucleados en la ONU.
Los funcionarios venezolanos, entre ellos el canciller Maduro, descargaron culpas sobre que hay plena libertad de prensa en el país, plena independencia de poderes y que cualquier recomendación del EPU no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución. Es decir, para seguir obviando sus responsabilidades, Chávez quiere seguir ignorando los tratados internacionales de derechos humanos invocando los principios de soberanía y no intervención, lo que no es otra cosa que dejar a Venezuela postrada en el pasado. (Leer blog anterior sobre Brasil y su responsabilidad por Cuba, en el que analizo el principio de internacionalización de los derechos humanos)

Sábato: el legado de los derechos humanos

Nos acaba de abandonar Ernesto Sábato. Fue de los grandes escritores argentinos y universales. Su literatura es de las mejores pero yo me quedó con aquel enérgico hombre, de frágil apariencia, que entregó su vida intelectual para la causa de los derechos humanos, y que será recordado por su libro Nunca Más con el que la democracia que empezaba de Raúl Alfonsín quiso retratar el pasado reciente tras las violaciones a la dignidad por parte de las dictaduras militares.

Cuando estaba escribiendo el libro Nunca Más a los Crímenes Contra Periodistas para la SIP, tuve la suerte de comunicarme con él por un prólogo que nos escribió para ese texto y habla sobre por qué era necesario abrazar una causa como esta.

A su memoria, y en agradecimiento a su compromiso, reproduzco aquí el prólogo que nos escribió:

“He recordado alguna vez que son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo.

Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria, pero primero y principalmente, el derecho a la vida.

Sin embargo, el hombre sigue siendo trágicamente el lobo del hombre. Y ningún adelanto técnico o científico ha enervado dicha conducta, porque la ética y la estética del hombre no se construyen con los valores del cientificismo ni de la tecnología, que ni siquiera impiden que se siga destruyendo el propio planeta.

                                   

Pero atento a lo que me solicita en esta ocasión la Sociedad lnteramericana de Prensa, me referiré al derecho a la vida y a los crímenes cometidos contra periodistas, cuya impunidad y cantidad — más de 200 en la última década — tan justificadamente alarma y desvela a la SIP.

Téngase en cuenta además, que esta forma de “censura”, la más arcaica y brutal de conculcar la libertad de prensa y la libertad de expresión, no sólo constituye la desaparición física del mensajero, sino también la del mensaje, la de la información, o sea la eliminación total del objetivo esencial del

periodismo.

He luchado durante toda mi vida en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, porque no tengo ninguna duda de que sin libertad de prensa no puede haber democracia. Y si considero ominoso e inaceptable que un periodista sea asesinado por la simple razón de estar cumpliendo con su deber de informar, también considero moral y jurídicamente inaceptable que tal asesinato quede impune.

Es por ello que apoyo fervorosamente la iniciativa de la SIP “Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas” que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han hecho propias proyectándola a escala mundial.

Y me comprometo, en la modesta medida de mis fuerzas, a contribuir con dicha proyección, para poder decir a los crímenes contra periodistas, NUNCA MAS”.                                   

Derechos humanos y su manipulación política

En el día que se recordará porque Brasil votó a favor en el Consejo de De Derechos Humanos para que se envíe un investigador de derechos humanos a Irán, terminando el idilio de tantos años del ex presidente Lula Da Silva con el régimen iraní, les comparto la columna que bajo el título “derechos humanos politizados”, publicaron varios medios esta semana.

Cuando de violaciones a los derechos humanos se trata, los gobiernos tienden a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De ahí que el presidente venezolano Hugo Chávez propusiera que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tenga su propio tribunal internacional, al considerar que los de la ONU y la OEA son títeres de EE.UU. y chantajean en su nombre.

La coartada de Chávez le permite desviar la atención de las violaciones que su gobierno comete, prohibir la supervisión de organismos internacionales en su territorio, expulsar a directivos de Human Rights Watch o desconocer los fallos de la Corte Interamericana, sin temor a reprimendas. Su hipocresía le vale de excusa para intercambiar con Moamar al Kadafi la espada de Simón Bolívar por el Premio Internacional de los Derechos Humanos; o “comprarlo” para que lo exhiban de trofeo sus solidarios colegas Daniel Ortega y Evo Morales.

Los políticos tienen esa extraña forma de solidaridad para omitir las denuncias de los violadores cuando se trata de camaradas de ideología. Así lo resaltó el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para acusar a su sucesor, Lula da Silva, por haber llamado “líder y hermano” a Kadafi, o prodigarle honores a los hermanos Castro.

Salvo excepciones, los intelectuales también se comportan igual. Lo confirma el escaso apoyo que despertó la valiente arremetida del disidente cubano, Oscar Elías Biscet, apenas salido de la cárcel. Rechazando el destierro, pidió a Raúl y Fidel Castro que renunciaran por mantener una dictadura totalitaria de corte hitleriano-stalinista.

Raúl Castro no replicó. Seguro que sus amigos lo harán por él, como en 2009, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reconoció a su gobierno por sus “significativos resultados en la promoción y protección de los derechos humanos para todos''. Entonces, el comité estaba dominado por China y Libia, y la resolución fue promovida por Venezuela, tres gobiernos de sobra conocidos por acusar a otros de los delitos que ellos cometen.

Esa incongruencia entre lo que se dice y hace, también alcanza a EE.UU. El gobierno de Barack Obama promueve erradicar la violencia en la frontera con México, pero su Departamento de Justicia autorizó la operación secreta “Rápido y Furioso”, con la que se infiltraron armas de asalto entre narcotraficantes con la justificación de poder rastrear sus conductas y aniquilarlas.

Algunos insisten en que un fin loable justifica medios espurios, pero el problema es que esas armas pudieron generar más muertes de inocentes. Justificar esa acción, sería como creer que para comprobar la eficiencia de la penicilina, EE.UU. actuó bien a mediados del siglo pasado, cuando sus médicos inyectaron con sífilis y gonorrea a centeneras de presos y pacientes psiquiátricos de Guatemala. Tan abominable fue aquel laboratorio de Estado, como la filtración de armas entre los narcos más violentos del mundo.

El Estado es por naturaleza quien debe proteger los derechos humanos y prevenir sus violaciones, de ahí la gravedad cuando los infringe. Así, no se pueden justificar los genocidios de los militares latinoamericanos o el uso reciente de los servicios secretos en Argentina, Colombia y Perú, para espiar o perseguir a opositores, jueces y periodistas. Por prácticas similares, es que los egipcios destituyeron esta semana sus servicios de inteligencia para garantizar que los vientos democráticos permitan un verdadero cambio.

En derechos humanos, las medidas deben ser preventivas, no solo correctivas. Por eso empezaron a lloverle críticas a los gobiernos japoneses. Nadie duda del estoicismo y la honradez de un pueblo que sobrelleva con orden un terremoto y un tsunami catastróficos; pero no se entiende como uno de los países más previsores del mundo, falló por décadas en inspeccionar y reacondicionar los reactores nucleares de Fukushima, a expensas del derecho a la vida de sus ciudadanos.

El olvido también es una forma peligrosa de politizar los derechos humanos. La desmemoria permite que dictadores sangrientos, como el haitiano Jean-Claude Duvalier, puedan regresar campantes a probar suerte en países que en su momento vilipendiaron.

Si no hay memoria, es decir justicia, algún día también podría volver el “carnicero de Trípoli”, si es que lo destronan o neutralizan, como lo acaba de autorizar el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los amiguitos de Kadafi

En Latinoamérica el loco y violento de Moammar Kadafi tiene amigos que desean y quieren protegerlo. En Managua quedé sorprendido por los titulares de los diarios locales, que estiman, que los Kadafi llegarán por Nicaragua a exiliarse en caso de que la Otan y los EEUU finalmente decidan cortar con la violencia que el líder libio le prodiga a sus propios ciudadanos.

A juzgar por las declaraciones a favor de Kadafi en las últimas semanas, uno ya se puede imaginar quiénes son sus amigos latinoamericanos: Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales. No es mucho lo que se puede agregar. Apoyar sin miramientos a un asesino y dictador como Kadafi, releva las pruebas sobre las condiciones de estos tres líderes latinoamericanos. Especialmente de Chávez que confirió a Kadafi la condecoración mayor del país, por su obra similar a la de Simón Bolívar.

Lo increíble del trípode de amigos de Kadafi en la región es que todos fueron depositarios del Premio Internacional a los Derechos Humanos Moammar Kadafi instaurado por el presidente libio y que consta de 250 mil dólares. Se los entregó en distinta fecha en la sede de su gobierno en Trípoli. A Chávez en el 2004, a Morales en el 2000 y a Ortega en el 2009.

Decoraciones y premios van y vienen y nadie puede creer que con tal desfachatez se la entreguen en nombre de los derechos humanos. Una burla.