En el día que se recordará porque Brasil votó a favor en el Consejo de De Derechos Humanos para que se envíe un investigador de derechos humanos a Irán, terminando el idilio de tantos años del ex presidente Lula Da Silva con el régimen iraní, les comparto la columna que bajo el título “derechos humanos politizados”, publicaron varios medios esta semana.
Cuando de violaciones a los derechos humanos se trata, los gobiernos tienden a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De ahí que el presidente venezolano Hugo Chávez propusiera que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tenga su propio tribunal internacional, al considerar que los de la ONU y la OEA son títeres de EE.UU. y chantajean en su nombre.
La coartada de Chávez le permite desviar la atención de las violaciones que su gobierno comete, prohibir la supervisión de organismos internacionales en su territorio, expulsar a directivos de Human Rights Watch o desconocer los fallos de la Corte Interamericana, sin temor a reprimendas. Su hipocresía le vale de excusa para intercambiar con Moamar al Kadafi la espada de Simón Bolívar por el Premio Internacional de los Derechos Humanos; o “comprarlo” para que lo exhiban de trofeo sus solidarios colegas Daniel Ortega y Evo Morales.
Los políticos tienen esa extraña forma de solidaridad para omitir las denuncias de los violadores cuando se trata de camaradas de ideología. Así lo resaltó el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para acusar a su sucesor, Lula da Silva, por haber llamado “líder y hermano” a Kadafi, o prodigarle honores a los hermanos Castro.
Salvo excepciones, los intelectuales también se comportan igual. Lo confirma el escaso apoyo que despertó la valiente arremetida del disidente cubano, Oscar Elías Biscet, apenas salido de la cárcel. Rechazando el destierro, pidió a Raúl y Fidel Castro que renunciaran por mantener una dictadura totalitaria de corte hitleriano-stalinista.
Raúl Castro no replicó. Seguro que sus amigos lo harán por él, como en 2009, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reconoció a su gobierno por sus “significativos resultados en la promoción y protección de los derechos humanos para todos''. Entonces, el comité estaba dominado por China y Libia, y la resolución fue promovida por Venezuela, tres gobiernos de sobra conocidos por acusar a otros de los delitos que ellos cometen.
Esa incongruencia entre lo que se dice y hace, también alcanza a EE.UU. El gobierno de Barack Obama promueve erradicar la violencia en la frontera con México, pero su Departamento de Justicia autorizó la operación secreta “Rápido y Furioso”, con la que se infiltraron armas de asalto entre narcotraficantes con la justificación de poder rastrear sus conductas y aniquilarlas.
Algunos insisten en que un fin loable justifica medios espurios, pero el problema es que esas armas pudieron generar más muertes de inocentes. Justificar esa acción, sería como creer que para comprobar la eficiencia de la penicilina, EE.UU. actuó bien a mediados del siglo pasado, cuando sus médicos inyectaron con sífilis y gonorrea a centeneras de presos y pacientes psiquiátricos de Guatemala. Tan abominable fue aquel laboratorio de Estado, como la filtración de armas entre los narcos más violentos del mundo.
El Estado es por naturaleza quien debe proteger los derechos humanos y prevenir sus violaciones, de ahí la gravedad cuando los infringe. Así, no se pueden justificar los genocidios de los militares latinoamericanos o el uso reciente de los servicios secretos en Argentina, Colombia y Perú, para espiar o perseguir a opositores, jueces y periodistas. Por prácticas similares, es que los egipcios destituyeron esta semana sus servicios de inteligencia para garantizar que los vientos democráticos permitan un verdadero cambio.
En derechos humanos, las medidas deben ser preventivas, no solo correctivas. Por eso empezaron a lloverle críticas a los gobiernos japoneses. Nadie duda del estoicismo y la honradez de un pueblo que sobrelleva con orden un terremoto y un tsunami catastróficos; pero no se entiende como uno de los países más previsores del mundo, falló por décadas en inspeccionar y reacondicionar los reactores nucleares de Fukushima, a expensas del derecho a la vida de sus ciudadanos.
El olvido también es una forma peligrosa de politizar los derechos humanos. La desmemoria permite que dictadores sangrientos, como el haitiano Jean-Claude Duvalier, puedan regresar campantes a probar suerte en países que en su momento vilipendiaron.
Si no hay memoria, es decir justicia, algún día también podría volver el “carnicero de Trípoli”, si es que lo destronan o neutralizan, como lo acaba de autorizar el Consejo de Seguridad de la ONU.
