viernes, 7 de diciembre de 2012

El lamentable 7-D argentino


Siempre sostuve que la diferencia entre Argentina y Venezuela radica que en el país gaucho todavía existe independencia de la justicia, pese a que el gobierno de Cristina de Kirchner siempre ha querido emular al de Hugo Chávez también en esa disciplina.

El 7-D desnudó, de todos modos, un proceso lamentable en el país. Un gobierno totalmente arrogante, con pocas ganas de ajustarse a derecho, quería aplicar la ley más allá de lo que establecieran las cortes. Cristina de Kirchner bien sabe que tarde o temprano le ganará la pulseada al Grupo Clarín ya que la desinversión que deben hacer los grupos está establecida por la ley de medios, solo que ahora debe esperar ante una medida cautelar admitida por un tribunal y hasta que la Corte Suprema se expida sobre el fondo de la cuestión: la Constitucionalidad de dos artículos relativos a la venta de medios que esos grupos deben hacer.

La ley no es mala, si en cambio, su espíritu e intención. Apunta a que haya más pluralidad y diversidad de medios. Pero con el vicio del gobierno de tener medios propios, de amigos y de acólitos, y de someter a los independientes, no es difícil adivinar que seguirá buscando la hegemonía comunicacional para controlar la verdad. 

Si el gobierno fuera claro, transparente y realmente le importaría la libertad de prensa y de expresión – y lo demostrara en los hechos - difícilmente algún ciudadano o juez pudiera rechazar esta ley y su proceso.

El gobierno es tan arrogante que termina hiriéndose a sí mismo. No solo esperaba aplicar la ley este viernes, al que le puso nombre de guerra, sino que usó todo un armamento propagandístico para “vender” al público y a la justicia, que un fallo contra Clarín – una empresa privada – serviría para reverdecer la democracia y acabar con muchos problemas heredados de la historia. En realidad, como bien lo han usado otros presidentes, tal el caso de Rafael Correa y Hugo Chávez, Cristina de Kirchner endilga a la prensa los grandes males del país, una forma de exculparse de responsabilidad.
Los mismos parámetros de lucha lo usaron Chávez con RCTV - a la que cerró - y Correa con El Universo de Guayaquil, al que todavía no pudo doblegar.

Cristina seguramente terminará ganando la batalla a largo plazo, ya que los legisladores, aún sin que la justicia permita aplicar la actual, irán recreando otras leyes tratando de limitar el poder de Clarín. Pero bien hubiera podido esperar los fallos de la justicia, darse su tiempo, seguir con los procesos y no crear actos y propaganda para cantar victoria; de lo contrario, cuando le llegan los fracasos, lo único que aumenta es la intención y vocación por tomar revancha.

Seguramente mucho de eso se verá en los próximos días – lo que se observó antes de la resolución judicial a favor de Clarín – cuando los funcionarios atacarán a jueces o seguirán pidiendo su remoción.

El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de pelear sus batallas y por sus convicciones, pero está obligado a respetar los plazos judiciales y aquellos que también le pueden ser adversos. Pero sobre todo, como eje de un país, debe estar dispuesto a hacerlo con mesura, prudencia y en forma civilizada y con sentido común.

Lamentablemente, es tanta la arrogancia del gobierno, que le resulta cada vez más difícil tener sentido común. 

jueves, 6 de diciembre de 2012

Libertad digital en Dubai


Sigue esta semana la reunión de la UIT que este año trata de remendar los protocolos de la comunicación internacional que datan de 1988. El pelirgo es que los gobiernos del mundo busquen imponer trabas al carácter gratuito y libre del internet. Comparto mi columna del pasado fin de semana que tiene vigencia, que titulé "Quieren quitarnos la libertad digital".

Damos por sentado que navegar en internet e interactuar en las redes sociales es un ejercicio normal de todos los días, libre y gratuito. Sin embargo, a partir de este lunes todo puede cambiar, cuando los gobiernos del mundo entero se reúnan en Dubai para discutir el futuro del ciberespacio.

Con la excusa de que se debe dotar de orden al caos del internet, varios de los 175 estados que se reunirán del 3 al 14 de diciembre en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), proponen que sean los gobiernos los que regulen el internet, lo que derivaría en controles y excesos en contra del libre intercambio de información que hoy se experimenta.

Algunos gobiernos pretenden imponer tarifas de comunicación, al estilo servicio telefónico, por lo que los usuarios no solo pagarán por conexión, sino también por tiempo y descarga de contenidos. Aunque el pretexto es colectar dinero para ampliar redes de banda ancha, un servicio más costoso evitará que los más necesitados puedan acceder a él, ampliando la brecha digital y cultural entre ciudadanos y países, ricos y pobres, que el internet está ayudando a disipar.

No es casualidad que estas propuestas sean de gobiernos que ya tienen por costumbre bloquear y censurar el internet, así como encarcelar a blogueros e internautas, como el caso de Cuba, Irán, China y Rusia, los peores países en la reciente clasificación mundial sobre libertad en internet del Freedom House.

Pese a que estos países justifiquen que las regulaciones servirán para castigar ciberataques, pornografía infantil o piratería – aspectos ya contemplados en las leyes regulares – los nuevos controles buscarán limitar que el internet sea un espacio democrático, diverso y plural, de probada eficacia. Hubiera sido difícil para los disidentes cubanos burlar la censura oficial sin blogs; a los musulmanes crear la Primavera Árabe sin Twitter, a los argentinos auto convocarse en cacerolazos sin Facebook o a los chinos exponer actos de corrupción sin sus filmaciones con teléfonos móviles inteligentes.

Estos países y, lamentablemente, los democráticos Brasil e India, en un grupo que destacan árabes y africanos, insistirán que el internet debe ser regulado por las Naciones Unidas (ONU), desconociendo que el internet ha crecido y se ha expandido – y con ello globalizó la economía y la cultura mundial - porque es ajeno a los gobiernos y está en manos de organizaciones no gubernamentales y privadas.

Pero no será fácil para esos gobiernos imponer condiciones. Muchos países latinoamericanos y europeos, entre ellos la pequeña Estonia – donde los ciudadanos pueden votar en línea, acceder al historial médico y a las tareas escolares de sus hijos - quieren que el internet mantenga su status quo, sin límites ni prohibiciones. Además, la delegación de EE.UU. tiene de su Congreso un mandato preciso para Dubai: El ciberespacio debe ser de acceso libre y gratuito, tal como fue creado, y debe permanecer “estable, seguro y libre del control gubernamental”.

Se trata de una posición destacada, siendo el país inventor del internet y al que muchas veces éste le ha jugado malas pasadas por lo que tendría excusas suficientes para censurarlo. EE.UU. es el país que más recibe ciberataques contra sus instalaciones militares, de inteligencia y empresas privadas; su servicio diplomático fue avergonzado por millones de documentos confidenciales que fueron expuestos por Wikileaks y miles de fotos y videos también revelaron que sus soldados torturaron en cárceles clandestinas.

Si en la reunión de Dubai se adoptan regulaciones, se tratará de una de las mayores contradicciones de la historia. Es que la ONU, ente madre de la UIT, promueve achicar la brecha digital entre pobres y ricos mediante un internet libre y gratuito, pregonando que el derecho de conexión y de banda ancha es tan importante como el derecho a los alimentos, al agua y a la justicia.

Bajo esos preceptos, más que regular, los gobiernos deberían promover que el internet llegue a las dos terceras partes del mundo que todavía no lo tienen y garantizar la libertad de expresión por cualquier medio y sin limitaciones de fronteras, como les demanda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

martes, 4 de diciembre de 2012

El impresentable Correa


El presidente Rafael Correa mostró el ángulo que más le favorece en su paso por Argentina, el del sarcasmo y el cinismo.
En su siempre actitud transgresora e irreverente, con la cual trata de ser popular, de barrio y electorero, termina muchas veces por enlodarse en sus propios dichos. Esta vez, de visita en Argentina, prefirió el cinismo para referirse al atentado contra la AMIA, sobre el que dijo entender que se trata de un hecho doloroso para los argentinos,  pero lo que realmente hay que ver es “cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia". (¿¿??)
Ello vino a colación cuando defendió al presidente iraní, Mahmud Ajmadinejad, y al país persa, diciendo que no representan una amenaza como se les hace ver. Cuando se le hizo notar que el gobierno persa no permite que se procese a los iraníes acusados del atentado contra la AMIA, dijo que la OTAN mató a más gente en el bombardeo a Libia.

La apología del terrorismo y el apoyo explícito a un hombre que niega el holocausto judío, por sobre las víctimas del atentado contra la AMIA, no fue la única grosería de Correa en Argentina.

Aceptó recibir el premio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata a la libertad de expresión, prácticamente en una actitud de burla contra muchos periodistas ecuatorianos que han sido víctimas de su gobierno.

El premio Rodolfo Walsh en la categoría de “Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular”, le fue entregado por su lucha en contra del poder hegemónico de los medios, como si ello sería mérito para recibir un galardón. Y lo peor fue que, fiel a su sarcasmo, ironizó por Twitter: “Universidad de La Plata me entrega el premio Rodolfo Walsh a la libertad de expresión. Conozco algunitos que deben comer cemento”.

Correa puede haberse mostrado contento con el premio, pero sabe que no tiene ningún valor, desde que también lo recibieron otros dos mandatarios que en el mundo entero se reconocen por ser violadores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa: Hugo Chávez y Evo Morales.

lunes, 3 de diciembre de 2012

La semana clave del 7D


El gobierno argentino acaba de expresar este fin de semana que no esperará ningún fallo de la Justicia sobre la aplicación e implementación de la ley de medios, para instrumentarla este próximo viernes, denominado 7-D por el oficialismo, y así comenzar con el desguace de los medios, con el objetivo principal de descabezar al Grupo Clarín.

La norma, aunque como muchas sobre comunicación que se crearon en otros países latinoamericanos, dice buscar técnicamente una mayor pluralidad de voces, en realidad está políticamente destinada – y justificada – para coartar el poder de crítica de los medios más independientes. Clarín es el botín más preciado luego de un quiebre entre gobierno y el grupo, que data de la época de la ex presidencia de Néstor Kirchner y que se profundizó con Cristina de Kirchner

La Presidenta estará este próximo viernes en Brasilia cuando venza el plazo que dio a un juez la Corte Suprema de Justicia para expresarse respecto a la medida cautelar impuesta por Clarín sobre el artículo que establece la desinversión de la ley de medios. Habrá que esperar si habrá fallo, de lo contrario Martin Sabbatella, titular  de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) ya anunció que a partir de las 5 de la tarde ya podrá “actuar de oficio”, contra todos aquellos grupos de medios que no haya expresado como se desvinculará de sus licencias.

La pelea no es fácil. Nadie puede oponerse a un gobierno que justifica una medida loable para que haya en el país mayor pluralidad y diversidad de voces, de ahí que Clarín tenga que remar contra la corriente popular para defender sus derechos, incluso comerciales, especialmente en un clima tan polarizado donde desde el Estado se lo ha atacado de todas formas propagandísticas posible para hacerlo ver como el opresor de todas las épocas del pueblo.    

Difícil es defender la libertad de prensa, no a Clarín, sino los principios más elementales de la libertad de prensa cuando el gobierno los disfraza de la libertad de los grupos mediáticos para tejer sus intereses comerciales, como si éstos fueran pecado en sociedades de libre mercado y democracias, pecados que bien pudieran o hubieran podido dirimirse ante la justicia.

La ley de medios no es mala en sí misma para el periodismo y la sociedad argentina, pero sí resulta incongruente cuando es utilizada como arma y sentido revanchista, y a favor de un gobierno que ya ha dado pruebas fehacientes de que no respeta la pluralidad de opinión ni de información, sino que busca desarticular las críticas e imponer una única voz y verdad oficial.

Entre esas evidencias no solo se destaca la propaganda que el gobierno hace a través de los medios oficiales, los medios que domina mediante extorsión a través de publicidad oficial y clientelismo, sino también las que utiliza más allá, en forma directa como propaganda en contra de toda la población. Se destacan las cadenas oficiales de la Presidente para hablar de hechos sin importancia o urgencia, las mentiras oficiales sobre estadísticas respecto a inflación,  pobreza y empleo, la falta de transparencia sobre las funciones públicas, el encubrimiento de actos de corrupción, la ideologización de la educación y el sentido de perversidad manifiesta para imponer un discurso agresivo y polarizante que logra dividir a los argentinos.