De paso por Chile, las noticias de estos días giraron alrededor de la posibilidad de una reforma constitucional que permita, entre tantas otras cosas, la reelección del presidente Sebastián Piñera.
Varios ministros y acólitos al gobierno de turno se manifestaron a favor, pero por suerte el propio Presidente dijo que descartaba de plano cualquier posibilidad a su propio beneficio para que pueda alguien ser reelegido para período consecutivos.
Lo de Piñera debía ser así, lo que no se entiende es como en nuestros países el tema es tan recurrente incluso apenas asumen los presidentes. Se trata de un síndrome anti democrático.
viernes, 12 de noviembre de 2010
jueves, 11 de noviembre de 2010
Esperanza y cambio
“Esperanza” y “Cambio” fueron los lemas de campaña más populares de la historia electoral de los EEUU, enarbolados por el ex candidato Barack Obama. Aquel vigoroso mensaje de fe y transformación cambió el mapa político de entonces y catapultó al actual Presidente al estrellato. Fue consentido por las minorías desdeñadas del país y la simpatía de poblaciones enteras en otras naciones, independientemente de si fueran aliadas o enemigas.
Obama representó la expectativa de modificar las políticas domésticas, y en especial las externas amasadas por George Bush. Al comienzo de su presidencia gozó de la euforia de grupos poco tenidos en cuenta, los jóvenes, los hispanos, los negros, los pobres y las mujeres, además de poblaciones y gobernantes de puntos tan lejanos en lo ideológico y geográfico como Cuba, Irán y Japón o desconocidos como Turkmenistán.
Dos años después, tras las elecciones del martes, el mensaje del electorado fue contundente. El tiempo y las promesas incumplidas desvanecieron la esperanza y ahora se pretenden cambios reales - no solo retóricos - en la dirección del gobierno. Y aunque no se trató de elecciones presidenciales, fueron un referendo sobre el mandato de Obama. De ahí que a pocas horas de la derrota del martes, aceptó la desgracia de su partido Demócrata como suya, en un mensaje de constricción por Twitter: “Lo que los estadounidenses esperan – y lo que le debemos – es enfocarnos en los asuntos que los afectan: sus trabajos, su seguridad y su futuro”.
Las deudas acumuladas de Obama fueron muchas a lo largo de sus dos primeros años. Ninguna tan importante como la falta de creación de empleos y la inseguridad económica que dieron vuelta el electorado a favor de los Republicanos, quedándose con el liderazgo de la Cámara de Diputados y varias gobernaciones, consejos y alcaldías, bastiones históricos de los Demócratas, así como con la simpatía de minorías que antes ellos también ignoraban.
Cuando en política lo económico está acompañado de calificativos como recesión o depresión, y el desempleo se mantiene estable alrededor en un 10%, a pesar de los multimillonarios paquetes de estímulo, pasan desapercibidos otros logros que pudieran tener impacto a futuro, como la reforma del sistema de salud, las cambios legales que maniataron la codicia y la corrupción en Wall Street, el retiro paulatino de las tropas de Irak o el mantener alejados a los terroristas del territorio nacional.
Lo de Obama era esperado y lo presentía. De ahí que su propaganda electoral no apelaba tanto a los logros de su administración como al llamado de las minorías para que le den su voto tradicionalmente demócrata de auxilio. Pero el problema es que son las minorías los que tienen los porcentajes más altos de desempleo, los que han perdido sus viviendas dentro de una burbuja inmobiliaria que todavía no terminó de estallar, los que vieron aumentar sus impuestos por causas que nadie sabe explicar y quienes ven esfumarse sus sueños de una jubilación segura, con un sistema público de pensiones a la deriva y otro privado que sigue deglutiendo intereses y capital.
En esta elección los temas del bolsillo y la billetera fueron, como casi siempre, los que importaron al general de la población y voltearon el mapa político. Los otros, aunque también importantes, entran dentro de la esfera zizagueante de la política y la agenda pública en boga, así sea la legalización de la marihuana, la inmigración ilegal, la pérdida de mercados en el extranjero o si las tropas y los cadáveres regresan de Irak o se mudan para Afganistán.
Es verdad que estas elecciones fueron un referendo para Obama, pero sería un error que los Republicanos pierdan la perspectiva y se sientan tan exultantes como para olvidar que sus políticas de ocho años hegemónicos en la Casa Blanca, fueron las causas de muchas de las consecuencias actuales.
Los Republicanos, y sus neo conservadores del Partido del Té, ojala adviertan que la elección del martes no fue un voto castigo solo contra el Presidente, sino en contra de políticas erradas de cualquier tendencia. El martes la población exigió cambios y responsabilidad a todos, no solo a los Demócratas, como única forma para recuperar la esperanza.
Obama representó la expectativa de modificar las políticas domésticas, y en especial las externas amasadas por George Bush. Al comienzo de su presidencia gozó de la euforia de grupos poco tenidos en cuenta, los jóvenes, los hispanos, los negros, los pobres y las mujeres, además de poblaciones y gobernantes de puntos tan lejanos en lo ideológico y geográfico como Cuba, Irán y Japón o desconocidos como Turkmenistán.
Dos años después, tras las elecciones del martes, el mensaje del electorado fue contundente. El tiempo y las promesas incumplidas desvanecieron la esperanza y ahora se pretenden cambios reales - no solo retóricos - en la dirección del gobierno. Y aunque no se trató de elecciones presidenciales, fueron un referendo sobre el mandato de Obama. De ahí que a pocas horas de la derrota del martes, aceptó la desgracia de su partido Demócrata como suya, en un mensaje de constricción por Twitter: “Lo que los estadounidenses esperan – y lo que le debemos – es enfocarnos en los asuntos que los afectan: sus trabajos, su seguridad y su futuro”.
Las deudas acumuladas de Obama fueron muchas a lo largo de sus dos primeros años. Ninguna tan importante como la falta de creación de empleos y la inseguridad económica que dieron vuelta el electorado a favor de los Republicanos, quedándose con el liderazgo de la Cámara de Diputados y varias gobernaciones, consejos y alcaldías, bastiones históricos de los Demócratas, así como con la simpatía de minorías que antes ellos también ignoraban.
Cuando en política lo económico está acompañado de calificativos como recesión o depresión, y el desempleo se mantiene estable alrededor en un 10%, a pesar de los multimillonarios paquetes de estímulo, pasan desapercibidos otros logros que pudieran tener impacto a futuro, como la reforma del sistema de salud, las cambios legales que maniataron la codicia y la corrupción en Wall Street, el retiro paulatino de las tropas de Irak o el mantener alejados a los terroristas del territorio nacional.
Lo de Obama era esperado y lo presentía. De ahí que su propaganda electoral no apelaba tanto a los logros de su administración como al llamado de las minorías para que le den su voto tradicionalmente demócrata de auxilio. Pero el problema es que son las minorías los que tienen los porcentajes más altos de desempleo, los que han perdido sus viviendas dentro de una burbuja inmobiliaria que todavía no terminó de estallar, los que vieron aumentar sus impuestos por causas que nadie sabe explicar y quienes ven esfumarse sus sueños de una jubilación segura, con un sistema público de pensiones a la deriva y otro privado que sigue deglutiendo intereses y capital.
En esta elección los temas del bolsillo y la billetera fueron, como casi siempre, los que importaron al general de la población y voltearon el mapa político. Los otros, aunque también importantes, entran dentro de la esfera zizagueante de la política y la agenda pública en boga, así sea la legalización de la marihuana, la inmigración ilegal, la pérdida de mercados en el extranjero o si las tropas y los cadáveres regresan de Irak o se mudan para Afganistán.
Es verdad que estas elecciones fueron un referendo para Obama, pero sería un error que los Republicanos pierdan la perspectiva y se sientan tan exultantes como para olvidar que sus políticas de ocho años hegemónicos en la Casa Blanca, fueron las causas de muchas de las consecuencias actuales.
Los Republicanos, y sus neo conservadores del Partido del Té, ojala adviertan que la elección del martes no fue un voto castigo solo contra el Presidente, sino en contra de políticas erradas de cualquier tendencia. El martes la población exigió cambios y responsabilidad a todos, no solo a los Demócratas, como única forma para recuperar la esperanza.
miércoles, 10 de noviembre de 2010
Chávez e inteligencia militar
Inteligencia militar parecen ser dos sustantivos contradictorios (a pesar de que conozco muchos militares inteligentes, honestos y de vocación democrática) especialmente cuando se trata de uniformados en torno a Hugo Chávez, el presidente venezolano.
No por nada en muchos países la Constitución establece que los militares no pueden votar y, de la misma forma que los jueces, no pueden hacer declaraciones políticas, porque su deber es con la patria, con el Estado, con la nación, independientemente de quien esté frente al gobierno.
Pero en la Venezuela autoritaria de Chávez pasa cualquier cosa, como las declaraciones del jefe del Comando Estratégico, el general Henry Rangel Silva, quien dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no aceptaría un gobierno que no sea el de Hugo Chávez, así sufriera una derrota en las elecciones presidenciales del 2012.
El general dijo que los militares están casados con el estilo de gobierno y la revolución socialista de Chávez. Declaraciones así, en un país verdaderamente democrático, no solo le costaría el rango al militar, su detención, sino un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas, institucionales y de la sociedad civil. A nivel internacional, esta forma de declararse abiertamente a favor de un golpe de Estado en contra de cualquier otro gobierno nacional, merecería el repudio generalizado.
En Venezuela en cambio, todo lo que sea a favor de Chávez es tomado como una acción de lealtad, más allá de que se esté negando a la democracia.
No por nada en muchos países la Constitución establece que los militares no pueden votar y, de la misma forma que los jueces, no pueden hacer declaraciones políticas, porque su deber es con la patria, con el Estado, con la nación, independientemente de quien esté frente al gobierno.
Pero en la Venezuela autoritaria de Chávez pasa cualquier cosa, como las declaraciones del jefe del Comando Estratégico, el general Henry Rangel Silva, quien dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no aceptaría un gobierno que no sea el de Hugo Chávez, así sufriera una derrota en las elecciones presidenciales del 2012.
El general dijo que los militares están casados con el estilo de gobierno y la revolución socialista de Chávez. Declaraciones así, en un país verdaderamente democrático, no solo le costaría el rango al militar, su detención, sino un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas, institucionales y de la sociedad civil. A nivel internacional, esta forma de declararse abiertamente a favor de un golpe de Estado en contra de cualquier otro gobierno nacional, merecería el repudio generalizado.
En Venezuela en cambio, todo lo que sea a favor de Chávez es tomado como una acción de lealtad, más allá de que se esté negando a la democracia.
martes, 9 de noviembre de 2010
Sombrío panorama de libertad de prensa
Las amenazas, la intimidación y los ataques letales de parte del crimen organizado, que han cobrado la vida de 14 periodistas este semestre, son los temas que prevalecieron en la agenda de la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida, Yucatán, México. Más de 575 miembros de la SIP de todo el hemisferio también protagonizaron discusiones intensas en relación a Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, donde los gobiernos están recurriendo a medidas anti-democráticas para reprimir a los medios de comunicación independientes y colocar el flujo de informaciones y noticias en las manos de entidades controladas por el estado.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, durante un discurso pronunciado ante los delegados de la SIP el lunes, destacó el incansable compromiso de su gobierno por la derrota de los carteles de la droga. Siete de los periodistas asesinados este semestre perecieron en actos de violencia relacionados a los carteles del narcotráfico en México, mientras que otros cinco fueron asesinados en Honduras, a donde los carteles han ido en busca de santuarios para el transporte de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.
Dos periodistas más fueron asesinados en Brasil.
Las palabras de Calderón resaltaron las medidas que su gobierno ha tomado en respuesta a los esfuerzos largamente sostenidos por la SIP para crear consenso por la federalización de los crímenes y ataques contra periodistas. Estas incluyen el nombramiento de un fiscal especial para esos crímenes, pero el informe final de la SIP sobre México hace notar que un clima de impunidad sigue existiendo en esa nación y, hasta la fecha, el gobierno ha puesto en evidencia su falta de voluntad política para investigar y enjuiciar a aquellos que atacan a los periodistas. La SIP ha solicitado a Calderón que reabra las investigaciones de 27 casos de crímenes contra periodistas que permanecen sin resolver.
Mientras tanto, en Perú, el Tribunal Supremo ha creado una jurisdicción especial para procesar los crímenes contra periodistas, tal como lo hace con los narcotraficantes y los terroristas.
Algunos avances, sin embargo, no logran ocultar abusos continuados. A lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a “regular” el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información.
En Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes. Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet.
En Bolivia una ley con las mejores intenciones para impedir el racismo y la discriminación, limita, de hecho la libertad de prensa. Otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Uruguay están también considerando leyes para regular los medios de comunicación a través del llamado control social, que en realidad ofrece a los gobiernos instrumentos para estrangular a los medios de comunicación.
En Estados Unidos, el gobierno de Obama ha procesado más casos de filtración de información que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Al mismo tiempo, la ley escudo federal ha sido aprobada por la Cámara, pero sigue paralizada en el Senado y parece destinada a morir.
En Cuba, pese a la muy publicitada excarcelación de 18 prisioneros políticos que fueron forzados al destierro por parte del gobierno, permanece como una nación totalmente bajo las garras de una dictadura que se ha sostenido en el poder por más de medio siglo. Al menos ocho periodistas independientes siguen encarcelados junto a otros prisioneros políticos cuyo único crimen es oponerse al régimen de los hermanos Castro.
Otros abusos frecuentes incluyen el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, una práctica común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre otros. En muchos países continúa la tendencia de que el gobierno compre los medios de comunicación o funde otros para sus propios intereses políticos.
Junto con la intolerancia de los gobiernos, el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad en general, es el crimen organizado, que ha sido identificado como el autor de graves abusos contra la prensa. Los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidieron en este aspecto en sus palabras ante la Asamblea General.
Tomando en cuenta esta problemática, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su afán por redoblar sus esfuerzos para mantener los principios democráticos y el derecho del pueblo a saber, ha declarado el 2011 Año de la Libertad de Expresión.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, durante un discurso pronunciado ante los delegados de la SIP el lunes, destacó el incansable compromiso de su gobierno por la derrota de los carteles de la droga. Siete de los periodistas asesinados este semestre perecieron en actos de violencia relacionados a los carteles del narcotráfico en México, mientras que otros cinco fueron asesinados en Honduras, a donde los carteles han ido en busca de santuarios para el transporte de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.
Dos periodistas más fueron asesinados en Brasil.
Las palabras de Calderón resaltaron las medidas que su gobierno ha tomado en respuesta a los esfuerzos largamente sostenidos por la SIP para crear consenso por la federalización de los crímenes y ataques contra periodistas. Estas incluyen el nombramiento de un fiscal especial para esos crímenes, pero el informe final de la SIP sobre México hace notar que un clima de impunidad sigue existiendo en esa nación y, hasta la fecha, el gobierno ha puesto en evidencia su falta de voluntad política para investigar y enjuiciar a aquellos que atacan a los periodistas. La SIP ha solicitado a Calderón que reabra las investigaciones de 27 casos de crímenes contra periodistas que permanecen sin resolver.
Mientras tanto, en Perú, el Tribunal Supremo ha creado una jurisdicción especial para procesar los crímenes contra periodistas, tal como lo hace con los narcotraficantes y los terroristas.
Algunos avances, sin embargo, no logran ocultar abusos continuados. A lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a “regular” el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información.
En Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes. Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet.
En Bolivia una ley con las mejores intenciones para impedir el racismo y la discriminación, limita, de hecho la libertad de prensa. Otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Uruguay están también considerando leyes para regular los medios de comunicación a través del llamado control social, que en realidad ofrece a los gobiernos instrumentos para estrangular a los medios de comunicación.
En Estados Unidos, el gobierno de Obama ha procesado más casos de filtración de información que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Al mismo tiempo, la ley escudo federal ha sido aprobada por la Cámara, pero sigue paralizada en el Senado y parece destinada a morir.
En Cuba, pese a la muy publicitada excarcelación de 18 prisioneros políticos que fueron forzados al destierro por parte del gobierno, permanece como una nación totalmente bajo las garras de una dictadura que se ha sostenido en el poder por más de medio siglo. Al menos ocho periodistas independientes siguen encarcelados junto a otros prisioneros políticos cuyo único crimen es oponerse al régimen de los hermanos Castro.
Otros abusos frecuentes incluyen el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, una práctica común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre otros. En muchos países continúa la tendencia de que el gobierno compre los medios de comunicación o funde otros para sus propios intereses políticos.
Junto con la intolerancia de los gobiernos, el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad en general, es el crimen organizado, que ha sido identificado como el autor de graves abusos contra la prensa. Los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidieron en este aspecto en sus palabras ante la Asamblea General.
Tomando en cuenta esta problemática, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su afán por redoblar sus esfuerzos para mantener los principios democráticos y el derecho del pueblo a saber, ha declarado el 2011 Año de la Libertad de Expresión.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)