Conclusiones de la SIP en San Diego

El lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador.
Las acciones violentas del crimen organizado se cobraron las vidas de cinco periodistas (tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras). Otro reportero mexicano permanece desaparecido. En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso. Tanto en ese país como en Honduras, grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar un tratamiento especial a las noticias sobre el narcotráfico. Pero la mancha del crimen organizado (tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares) se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga.
En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio promovidas por los presidentes contra medios y periodistas.
Las agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.
Por otra parte, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, tienen al menos la potencialidad de afectar de distinto modo a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
El acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública.
La construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta.
La liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos.
O caso de Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios “amigos” con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa.
Ecuador también merece especial destaque. El gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico. El presidente presentó dos demandas millonarias contra periodistas y un diario, a quienes reclama indemnizaciones de 80 millones de dólares, con el evidente propósito de acallar a las voces críticas. La Policía ecuatoriana irrumpió a su vez en la sede de una revista, incautando computadores y otras informaciones periodísticas sensibles. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa.
Como ha dicho el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (...) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (...), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.

Encuestas electorales y libertad de prensa

Comparto una editorial publicada hoy por el diario peruano El Comercio, que ya en la recta final de las elecciones presidenciales, critica la prohibición sobre la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos al acto electoral.

“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su director de prensa Ricardo Trotti, ha alzado también su voz en contra de la regresiva ley peruana que permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de los comicios. Para Trotti, como muchos otros hombres de prensa, investigadores y constitucionalistas, esto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
La SIP, ha dicho también Trotti, está contra toda medida que prohíba la divulgación de encuestas, pues tal silencio atenta contra las propias constituciones de los países que establecen que no debe haber ninguna medida de censura previa sobre cualquier tipo de publicación, sea esta tradicional o cibernética vinculada con las redes sociales de Internet.
La atingencia es importante y necesaria, pues en los últimos días funcionarios de los organismos electorales peruanos, pese a lo absurdo e inaplicable de la norma, han amenazado con sancionar inclusive a quienes difundan encuestas en Twitter y otras redes sociales, que a final de cuentas son comunicaciones personales.
En este complejo escenario, la SIP, con toda razón, considera que las leyes que restringen encuestas son abusivas, ya que cercenan un derecho ciudadano básico, el de informarse por todos los medios posibles, y traza una barrera discriminatoria entre los periodistas que sí tienen acceso a datos de última hora y quienes acceden a medios tecnológicos modernos, televisión por cable o satelital; y de otro lado, quienes, por sus limitadas condiciones económicas no pueden enterarse de lo que está en curso a través del mundo virtual, en el que también circulan encuestas.
Ya se ha probado en anteriores elecciones que el apagón de encuestas o silencio electoral es aprovechado ladinamente por algunos grupos para sembrar rumores y crear incertidumbre, de acuerdo con sus agendas politiqueras. Todo esto gracias a una ley tan nefasta como la comentada, que de paso atropella derechos constitucionales.
Por estas y otras consideraciones, el obligado silencio informativo que se impone a partir de hoy sobre las encuestas es contrario al espíritu y los principios del Estado moderno de derecho y de la democracia, que se basan precisamente en el uso irrestricto y responsable de la libertad en una sociedad abierta, plural, tolerante y participativa, donde todos tienen los mismos deberes pero también los mismos derechos, independientemente de su religión, raza, clase o condición social.
Nuestra Constitución de 1993 dice en el Art. 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, lo que viene siendo atropellado por una ley írrita y oscurantista.
En lugar de defender a rajatabla una norma tan absurda y cada vez más insostenible, los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, tienen que promover su derogación.
La tendencia en el mundo civilizado y democrático es reforzar la libertad y la responsabilidad personal, para lo cual la información y la opinión tienen que fluir de modo irrestricto y dinámico.
Lo que aquí se impone resulta propio de regímenes autoritarios y dictatoriales que convierten la censura en instrumento principal para someter a los ciudadanos, abusar de las libertades democráticas y acallar el pluralismo y las voces discrepantes. La ley del silencio electoral, definitivamente, no es democratic”.

Donen sus voces; quedan pocos días

Dona tu voz por los que no tienen voz

Visiten la página "Dona tu voz por los que no tienen voz" y podrán apreciar las canciones que mucha gente envió para protestar en contra de la impunidad que rodea a los crímenes contra los periodistas y por la violencia en contra de la prtensa, que representa un atentado en contra del derecho del público a estar informado.

En la SIP estamos orgullosos de la gran participación de la gente y por la capacidad creativa en torno a este tema. Muchas de las canciones merecerían terminar como himnos de nuestra causa en contra de la impunidad.

Este 15 de marzo cierra el plazo para presentar videos y canciones y letras de canciones. El jurado de expertos tendrá un veredicto para principios de abril.

2010: año eléctico. 2011: deseo más libertad

Termina un año ecléctico en todos los sentidos en nuestro continente americano. Lleno de desbarajustes económicos que molestaron nuestros bolsillos; de cambalaches políticos, corrupción y eternas campañas electoralistas que enturbiaron el camino de quienes deben dedicarse a hacer el bien común; de desastres naturales, como los terremotos en Chile y Haití, que sacudieron nuestros cimientos; de enfermedades que todavía no tienen cura o que reaparecieron encolerizadas como el cólera en Haití; de cambios intempestivos de clima que inundaron zonas de sequía, quemaron zonas frías y enfriaron países tropicales; de pocos avances  científicos y tecnológicos que nos permitan evolucionar mejor; y, lo peor, de persecución e intolerancia contra quien piensa u opina diferente.

En realidad no fue un año distinto a otros de la primera década de este siglo; aunque sí fue más preocupante porque no hemos evolucionado hacia sociedades mejores con el paso del tiempo. Seguimos cometiendo los mismos errores. La clase dirigente ha seguido con la misma rutina de peleas ideológicas antagónicas en cada país y es difícil ver bolsones de honestidad dentro de los que se ha pensado en objetivos a largo plazo. Casi siempre, nuestros políticos se enfrascaron en luchas intestinales con el único objetivo de complacer logros a corto plazo, electoralistas. Rescato, sin embargo, a los gobiernos de Lula da Silva que termina esta noche, el de Alan García que desembocará en las elecciones de abril próximo y el de Sebastián Piñera que arrancó con un terremoto y tsunami pero que supo campear bien el temporal. Los tres dieron pruebas de que América Latina está para grandes cosas, para pensar en grande, en un desarrollo sostenido a largo plazo.

Mi preocupación especial y pesimismo es observar lo malo que fue este año en materia de libertad de prensa y de expresión. 23 periodistas han sido asesinados, uno más esta semana, abatido en Honduras. 8 permanecen en las cárceles cubanas porque eligieron no ser desterrados a Madrid como los 16 que fueron liberados este año por un régimen que hace gala de la censura y la opresión de todas las libertades humanas. El régimen venezolano acaba de pasar dos reformas de leyes que hacen posible la censura, el bloqueo y la filtración de información del internet y las redes sociales, de la misma forma que puede censurar y cerrar medios de comunicación cuando se le antoje. En muchos países, como Argentina y Bolivia, siguieron sancionándose leyes en contra de la libertad de prensa y en otros como Panamá, Uruguay y Brasil se siguió penalizando a periodistas y medios por informar lo que algunos no quieren que se haga público. En Estados Unidos no se puede dejar de lamentar que a raíz del destape de Wikileaks muchos legisladores quieren controlar el internet. Y en muchos otros países es horroroso que los gobiernos sigan creando y comprando medios destinados al sistema de propaganda oficial y que usen ciber militantes y activistas para denostar a rivales, opositores y gente que piense diferente, a través de concentraciones, en los medios oficiales o a través del internet y las redes sociales.

Rescato, en materia de libertad de expresión, a las nuevas tecnologías que han traído un espacio formidable de expresión ciudadana a través de la interactividad de las redes sociales, así sea Twitter, Facebook o MySpace, entre tantas otras; a todos los periodistas que han sido asesinados por defender el derecho de la población a que se sepan cosas que muchos deshonestos quisieran que permanezcan ocultas y silenciadas; a todos aquellos comunicadores y blogueros que desafían la cárcel, como en Cuba, para informar e iluminar situaciones oscuras; a todos aquellos medios de comunicación que han sido víctima de atentados provenientes del crimen organizado u orquestado por funcionarios públicos o entidades privadas que ven amenazados sus intereses; a la Primera Enmienda de los Estados Unidos que sigue siendo un arma poderosa interpretada por los jueces para limitar a los intolerantes; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha contribuido a denunciar cada atropello a la libertad de prensa y de expresión más allá de muchos silencios que guardó su casa rectora, la Organización de Estados Americanos; y, como no podría ser de otra manera, resalto también el trabajo irrenunciable, convencido e incansable de la Sociedad Interamericana de Prensa, para poner en la agenda pública internacional todas las violaciones a la libertad de prensa e insistir en que se tomen las medidas correctivas.

Me quedo con este último párrafo, esperanzado y optimista, de que la lucha por la libertad de expresión, el mayor atributo de una sociedad democrática, tolerante, plural y diversa, servirá para seguir mejorando la vida en nuestras comunidades.

Agradezco a todos aquellos que entran a este blog, que leen, discrepan, dejan sus comentarios e ideas, como si estuviéramos reunidos alrededor de una mesa de café. Fue justamente lo de compartir alrededor de una mesa, lo que me llevo a abrir este espacio. Les deseo a todos un excelente 2011 y anhelando que tengamos un año con mayor tolerancia y libertad de expresión.

El 2010 y la libertad de prensa

El 2010 no fue un año bueno, estuvo marcado por muchos retrocesos en materia de libertad de prensa en el continente. El peor es, sin dudas, la violencia en contra de los periodistas. Fueron asesinados 23, once en México, nueve en Honduras, dos en Brasil y uno en Colombia. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido, el grado de impunidad de este año es tan alto como el de los anteriores.

Sin embargo, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, en su informe anual divulgado hoy, resalta que hay ciertas señales de esperanza. La más concreta se refiere a que cinco criminales fueron condenados y 16 más están siendo procesados por crímenes contra periodistas que fueron cometidos en años pasados. También señaló como buenas señales la “creación de jurisdicción especial en Perú para procesar a los asesinos de periodistas; la instauración de una fiscalía en México para atender este tipo de delitos o la promesa de alcanzar una ley de federalización y el aumento a 30 años del plazo de prescripción para estos crímenes en Colombia”.

Resaltó la campaña “Dona tu voz”, un concurso de canto al que se accede a la página de www.impunidad.com para crear conciencia sobre el fenómenos de la violencia en contra de los periodistas, que sirve de herramientas para reclamar justicia y un alto a la impunidad.

Fue severo en señalar que existen grandes preocupaciones, entre ellas, “las reformas legales que se hicieron en Venezuela para restringir a los medios y limitar la internet, así como por las intenciones de algunos legisladores estadounidenses de limitar la libertad de expresión en la red, en represalia por las filtraciones de Wikileaks sobre información diplomática confidencial”.

Entre los problemas más graves señaló: “Cuba siguió destacándose por su invariable censura, y por el destierro de 18 periodistas independientes liberados y ocho todavía encarcelados. En México el crimen organizado fue responsable por el asesinato de 11 periodistas y una docena de atentados contra sedes de medios; mientras la administración de Venezuela cerró cinco canales de cable y 34 emisoras y las de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, siguieron comprando y creando medios con dineros públicos, integrándolos a su sistema de propaganda”.

En Argentina, Ecuador y Nicaragua, los gobiernos idearon campañas públicas de desprestigio en contra de la prensa, discriminando la publicidad oficial, aplicando  sanciones económicas o interfiriendo sus operaciones con conflictos gremiales y laborales.

Varios periodistas fueron sancionados judicialmente y muchas publicaciones tuvieron que soportar censura y censura previa, tanto por denunciar corrupción pública en Brasil, mostrar fotos de jóvenes delincuentes en El Salvador o de morgues mal administradas en Venezuela, por escuchas telefónicas en Colombia y Perú, como por casos de supuesta difamación a funcionarios en casos en Panamá, Paraguay y Uruguay.

También hubo revuelo legal contra de la libertad de prensa. Así como en Venezuela años atrás se usó el principio de protección de la infancia para crear leyes anti prensa, hubo excusas similares en proyectos de ley que se discutieron en Colombia y Perú, así como en la aprobación en Bolivia de una norma para combatir el racismo y las malas costumbres.

Dura condena de SIP a Venezuela y Chávez

Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial. “Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”. Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación. “De nuevo ahora – agregó Marroquín - con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”. La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes" que, por ejemplo, "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio".  De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación. La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”. “Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.  La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de "servicio o interés público", lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente. También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social - sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios - que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado. La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

Buscando justicia para los periodistas

Comparto con ustedes un comunicado de la Fundación Knight, con sede en Miami, que ha hecho una evaluación exhaustiva e independiente, de los alcances y logros que el Proyecto Contra la Impunidad de la SIP, ha tenido en los últimos años.

La evaluación que se nos hizo fue muy rigurosa, y por suerte ha dejado entrever el éxito que este proyecto ha tenido para buscar justicia para aquellos casos de periodistas que han sido asesinados por su labor profesional. Desde 1987, han sido asesinados 382 periodistas en el continente americano, 22 de esos casos se produjeron en este 2010.

A continuación del comunicado de la Fundación Knight que ha sido divulgado esta semana y que la SIP reprodujo hoy.

“Una evaluación del Proyecto Contra la Impunidad indica que se ha avanzado en la búsqueda de justicia para los periodistas asesinados en América Latina, pero que en México el problema sigue empeorando

MIAMI, Florida (16 de diciembre de 2010).-  Hace quince años, los asesinatos de periodistas en América Latina casi siempre quedaban impunes, pero eso era antes de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) empezara a hacer campaña a favor de la justicia. 

En la actualidad, astHH126 asesinos y cómplices están en la cárcel. El Proyecto Contra la Impunidad de la SIP puede considerar esa cifra un índice de su éxito, según un informe comisionado por la John S. and James L. Knight Foundation. 

Pero la evaluación independiente comisionada por la fundación también halló que quedan muchos desafíos por delante. Aunque la “tasa de impunidad” en América Latina está descendiendo, la mayoría de los autores de los 258 asesinatos de periodistas que se han documentado desde 1995 no han sido castigados. Y los encarcelados son responsables de solo 59 casos. 

Aunque los asesinatos de periodistas han disminuido en muchos países de América Latina, los periodistas corren más peligro que nunca en medio de las sangrientas guerras entre narcotraficantes que se libran en el norte de México. En esa zona, la justicia es más “un ideal que una realidad” y ahí, comprobó el informe, la SIP ha encontrado obstáculos importantes. 

Señala el informe: “La SIP puede reducir la impunidad solo donde sus principales instrumentos  –investigar asesinatos, difundir resoluciones y reunirse con dirigentes políticos- llevan a un gobierno a actuar. Cuando impera el desorden, como en Colombia durante los años 1980 y 1990, y en México hoy en día, la SIP afronta obstáculos casi insalvables al intentar obtener justicia para los periodistas asesinados”. 

El informe, titulado “Stories Go Untold as Latin American Journalists Die” (Historias quedan sin contar cuando periodistas latinoamericanos mueren), es parte de la serie Reporter Analysis de la Knight Foundation, en la que periodistas de investigación ayudan a evaluar el impacto de la fundación. La fundación ha invertido $7,6 millones en el Proyecto Contra la Impunidad de la SIP desde la creación de este en 1995. 

Entre las otras conclusiones del informe: 

- Los gobiernos ahora enfrentan la presión constante de la SIP para que hagan justicia. Varios países han endurecido sus leyes.

- Los asesinatos de periodistas han disminuido en dos de los países más afectados. En Colombia, los asesinatos han experimentado un marcado descenso, junto con los asesinatos de colombianos en general, gracias a las políticas de mano dura del presidente Álvaro Uribe, quien acaba de dejar el cargo. En Brasil, los asesinatos de periodistas han caído en picada y hoy en día los sicarios casi siempre acaban en la cárcel.

- En México, sin embargo, la incapacidad del gobierno para detener y juzgar a los asesinos es parte del problema de la impunidad que gozan todos los crímenes relacionados con las guerras del narcotráfico, crisis que ha vencido los esfuerzos de la SIP para lograr la justicia en ese país.

- Los directores de periódicos ven al Proyecto Contra la Impunidad como algo necesario. Debido a la contundente presencia e influencia de la SIP como la principal sociedad de prensa de América Latina, el fin del Proyecto Contra la Impunidad dejaría un vacío difícil de llenar.

- Al mismo tiempo, periodistas en la línea de fuego dicen que el proyecto no contribuye mucho a que se sientan más seguros. Una campaña publicitaria de la SIP orientada a suscitar la indignación del público está perdiendo eficacia. Y el público en general todavía no considera el asesinato de un periodista un peligro para la democracia. 

En respuesta a la evaluación independiente, la SIP afirma que el informe debería haberse centrado más en los detalles de su propugnación de la justicia y sus esfuerzos por reformar el sistema jurídico, su envío de 73 delegaciones internacionales a encontrarse con los presidentes y altos cargos de la región, por ejemplo, y su éxito al lograr que la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos también presionen a los gobiernos para que investiguen y procesen los casos”. 

El informe, que incluye una serie incorporable de diapositivas acompañadas de narración, se encuentra en www.kflinks.com/sipy en inglés en www.kflinks.com/iapa. El informe se puede publicar y reimprimir sin costo alguno mediante la licencia Creative Commons. 

Sobre la John S. and James L. Knight Foundation

La John S. and James L. Knight Foundation promueve el periodismo en la era digital e invierte en la vitalidad de las comunidades donde los hermanos Knight publicaban un periódico. La Knight Foundation se centra en proyectos que fomentan comunidades informadas e involucradas y conducen al cambio transformacional. Para saber más, visite www.knightfoundation.org.

Contacto: Marc Fest, Vicepresidente de Comunicaciones, Knight Foundation,

305-908-2677; fest@knightfoundation.org

 

Medios USA y México: responsabilidades

Hay dos temas que me llamaron poderosamente la atención del foro que hicimos y acabamos de terminar ayer en la frontera mexicana-estadounidense en El Paso, Texas, sobre estrategias a seguir respecto a la violencia que envuelve a los medios de comunicación y periodistas de México víctimas del narcotráfico. (Al final de este post pueden leer el comunicado que emitimos hoy al respecto).

Primero: Los medios estadounidenses en general y los que estuvieron representados en El Paso creen que cubrir noticias sobre el narcotráfico o compartir espacios con sus pares mexicanos brindándoles espacio para hacer publicaciones en conjunto, es suficiente para proteger al periodismo. Están errados, eso ayuda para combatir la autocensura, pero no genera presión al gobierno para combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad.

Para lograr este último objetivo, los medios estadounidenses no solo deben enviar a sus corresponsales a cubrir noticias a México – lo que de por sí es una buena contribución – sino a cubrir y escribir sobre periodismo y libertad de prensa. Esta es la única forma que el gobierno mexicano se avergüence al ver el tema en la agenda pública internacional y haga algo al respecto, o cumpla con las promesas incumplidas. Así lo expresé en la conferencia.

Segundo, hasta que los medios mexicanos, sin distinción, no se unan y solidaricen entre sí y conformen una voz uniforme no serán escuchados por los políticos, el presidente Felipe Calderón o el Congreso. Las competencias e incompetencias y las diferencias de los medios en este sentido son irreconciliables lamentablemente.

Le pregunté a Alejandro Junco de la Vega al respecto, tras su presentación sobre la cultura del delito en México, y respondió con evasivas. Las mismas evasivas que obtuve de otros directores de medios importantes de México.

Posición lamentable y frustrante.

Texto del comunicado que emitimos hoy de parte de la SIP:

“El Paso, Texas (7 de diciembre de 2010).- Las conclusiones del Foro de Editores de Diarios de la Frontera que terminó ayer en esta ciudad dejó bien en claro que los peores enemigos a los que se enfrentan los medios y periodistas en la frontera norte de México es la impunidad y la violencia generada por el crimen organizado, fenómenos que no pueden dejarse librados solo a la acción gubernamental.

Unos cien editores, periodistas y académicos convocados por la Asociación Americana de Editores de Noticias (ASNE, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el foro realizado por dos días en los predios de la Universidad de Texas de El Paso, no se limitaron a hacer un diagnóstico de la situación que enfrenta la prensa mexicana, que este año perdió a 11 periodistas a manos del crimen organizado y el narcotráfico, sino que buscaron alternativas para que su trabajo profesional sea cada vez más seguro y el gobierno lo garantice y proteja.

En la práctica hubo tres líneas de trabajo: lo que debe hacer el gobierno de México, lo que necesitan hacer los medios mexicanos y estadounidenses, y el papel que deben jugar las asociaciones dedicadas a la libertad de prensa y promoción del periodismo.

Los anfitriones, los presidentes de la SIP, Gonzalo Marroquín, y de la ASNE, Milton Coleman, coincidieron en que la principal misión de periodistas y asociaciones de prensa es perseverar para que la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes sea prioridad en la agenda pública y mantener presión para que las promesas del gobierno mexicano se conviertan en hechos. La referencia de Marroquín y Coleman se basa en el compromiso reciente que el presidente Felipe Calderón hizo a la SIP en materia de federalizar los crímenes contra periodistas, crear un sistema de protección y analizar formas de agravar los delitos contra la libertad de expresión y que éstos no prescriban.

 

En el diagnóstico de la peligrosa realidad que viven los periodistas mexicanos en los estados fronterizos más afectados por el narcotráfico, hubo coincidencias en la responsabilidad de los medios para crear mejores condiciones laborales y en programas de entrenamiento para neutralizar los efectos y tentaciones del crimen organizado. Asimismo, se buscan fortalecer alianzas con medios estadounidenses para proveer nuevos canales de información, sitios web y blogs, para  contrarrestar la autocensura; así como nuevas formas periodísticas y técnicas de colaboración.

En varios paneles de periodistas mexicanos se destacó un espacio de autocrítica y reflexión, en el sentido de que los medios necesitan mayor unidad y solidaridad para crear un frente común que tenga voz fuerte y uniforme ante el Gobierno.  Rondas de discusión de editores extranjeros aportaron ideas sobre cómo se combatió la impunidad y la violencia en países como Colombia, y los representantes de asociaciones de prensa valoraron estrategias internacionales comunes para seguir reclamando a México y otros gobiernos, donde la violencia contra la prensa también es común.

Entre varias ponencias individuales, se destacó la del ex presidente de la SIP, Alejandro Junco de la Vega, titular del Grupo Reforma, quien trazó un panorama oscuro de la cultura del delito que sacude a México; y la de la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, quien recordó una serie de reformas legales que hiciera al gobierno de Felipe Calderón para combatir la impunidad. También habló el fiscal Especial sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez.

Además Marroquín y Junco de la Vega, la SIP estuvo representada por Robert Rivard, del San Antonio Express-News; Coleman de The Washington Post y Anders Gyllenhaal de McClatchy Newspapers, en su calidad de autoridades de ASNE y SIP; José Santiago Healy, de El Diario, San Diego; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa; y María Idalia Gómez y Darío Fritz, investigadores de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

Esta actividad conjunta entre ASNE – SIP contó con el respaldo de la Fundación Ford, la agencia Associated Press y el diario El Paso Times. Ambas organizaciones continuarán su alianza estratégica en 2011 con la realización en conjunto de su reunión semestral en San Diego del 6 al 9 de abril próximo, mientras días previos, celebrarán la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, en la sede del Instituto de las Américas.

El foro se enmarca en la agenda de la SIP contra la impunidad y servirá para dar seguimiento a los compromisos del presidente Felipe Calderón, quien también participó hace unas semanas, junto a legisladores de su país, en la Asamblea General de la organización, realizada en Mérida, Yucatán”.