¿En Perú seguirán el camino de Murdoch?

Congresistas peruanos nucleados en una comisión investigadora sobre actos de corrupción, terminaron espiando los correos y mensajes telefónicos de periodistas quienes estaban denunciando corrupción en la administración pública.

Por lo que si uno confiara en que la mejor medida de castigo que debiera imponerse es la que se auto infligió el magnate de los medios Rupert Murdoch que decidió cerrar su periódicos sensacionalista inglés News of the World, después de que sus periodistas sobornaron a policías e interceptaron e-mails y llamadas telefónicas de más de cuatro mil personas, habría que preguntarse si los legisladores peruanos no debieran pensar en cerrar su propio Congreso.

Valga la comparación solo para demostrar la gravedad de una situación que seguramente no tendrá represalias  jurídicas ni consecuencias políticas. La comisión encargada de investigar la corrupción sobre el caso de los “Petroaudios” que sucedió en 2008 y arrastró a parte del gabinete de Alan García, finalmente terminó por investigar y pedir a las compañías telefónicas que espíen a los periodistas, entre ellos Pablo O’Brien, Fernando Ampuero y Fernando Rospigliosi, entre otros.

Indulto a Fujimori es injusto

Si Alan García o el próximo presidente peruano, Ollanta Humala, resolverían indultar al ex presidente Alberto Fujimori por cuestiones de salud (humanitarias, dirían) se cometería un grave perjuicio en contra de todas las víctimas por las que se le ha acusado y condenado por delitos de lesa humanidad.

Probablemente Fujimori, más que enfermo físico por un cáncer que no es terminal, está realmente enfermo de depresión. Pero ¿quién no tiene esa enfermedad mental sabiendo que todos los días de su vida tendrá que pasársela dentro de una cárcel?

Indultar a Fujimori es darle un privilegio que no tienen otros reos, por lo que la justicia que se ha conseguido hacer en otras épocas se convertirá en una injusticia. Quedará la sensación y los hechos, de que no todos los peruanos son iguales ante la ley. Indultarlo sería un grave error.

Humala y un incierto gobierno

Con Ollanta Humala como ganador para asumir la Presidencia en Perú, concluyeron varias semanas de incertidumbre sobre el rumbo que tomaría el país, con un electorado que ya estaba hastiado de tantas acusaciones y sospechas entre los candidatos.

Humala deberá gobernar ahora el país con las promesas moderadas que hizo en las últimas semanas de campaña, con las que ganó el corazón de muchos indecisos para que le dieran la Presidencia.

Entre esas promesas, dejó dicho lo que no haría. Entre ellas: No deberá aliarse a Hugo Chávez como pensaba hace cinco años atrás cuando perdió la Presidencia contra Alan García. Deberá enfocar su programa económico de gobierno como hizo el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, mirando hacia el Brasil de Lula da Silva o Dilma Rouseff. Deberá respetar la libertad de prensa. No podrá modificar la Constitución con la intención de eternizarse en el poder. Y, sobretodo, deberá respetar las instituciones del país, entre ellas a la empresa privada, sobre lo que prometió no estatizar, pese a que sostendrá una política donde el Estado jugará un rol más importante sin convertirse en un nacionalismo a ultranza.

Sobre la marcha se verá cuales de estas promesas se sostendrán. Será importante que la oposición y las instituciones intermedias obliguen al gobierno nuevo a ser transparente, rendir cuentas y a que no se avasalle a las instituciones. Habrá que ver en las próximas semanas los gestos políticos del nuevo gobierno – el indulto probable de Alberto Fujimori para poder indultar a su hermano que permanece condenado por una sublevación durante la presidencia de Alejandro Toledo, sería un retroceso democrático – y, en un futuro lejano, se verá cómo Humala se relacionará con los dos sectores de poder en el continente, si querrá acercarse al bloque del ALBA, tratará de influir en el UNASUR, seguirá mirando políticas de acercamiento económico con Asia y si se mantendrá políticamente independiente y nacionalista, con su promesa de combatir la pobreza y la desigualdad sin dejar de lado los objetivos económicos que Toledo y García ya trazaron para el país.

Lo cierto de Humala es que su gobierno es incierto, como quedó demostrado con sus innumerables cambios de plataforma política, no solo en los últimos años, sino en estas pasadas semanas donde siguió moderando su discurso para poder convencer y agradar al electorado.

Se verá a partir de ahora si esa moderación fue un gesto genuino de acercarse al centro o una simple estrategia electoral.  

Encuestas electorales y libertad de prensa

Comparto una editorial publicada hoy por el diario peruano El Comercio, que ya en la recta final de las elecciones presidenciales, critica la prohibición sobre la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos al acto electoral.

“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su director de prensa Ricardo Trotti, ha alzado también su voz en contra de la regresiva ley peruana que permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de los comicios. Para Trotti, como muchos otros hombres de prensa, investigadores y constitucionalistas, esto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a la información.
La SIP, ha dicho también Trotti, está contra toda medida que prohíba la divulgación de encuestas, pues tal silencio atenta contra las propias constituciones de los países que establecen que no debe haber ninguna medida de censura previa sobre cualquier tipo de publicación, sea esta tradicional o cibernética vinculada con las redes sociales de Internet.
La atingencia es importante y necesaria, pues en los últimos días funcionarios de los organismos electorales peruanos, pese a lo absurdo e inaplicable de la norma, han amenazado con sancionar inclusive a quienes difundan encuestas en Twitter y otras redes sociales, que a final de cuentas son comunicaciones personales.
En este complejo escenario, la SIP, con toda razón, considera que las leyes que restringen encuestas son abusivas, ya que cercenan un derecho ciudadano básico, el de informarse por todos los medios posibles, y traza una barrera discriminatoria entre los periodistas que sí tienen acceso a datos de última hora y quienes acceden a medios tecnológicos modernos, televisión por cable o satelital; y de otro lado, quienes, por sus limitadas condiciones económicas no pueden enterarse de lo que está en curso a través del mundo virtual, en el que también circulan encuestas.
Ya se ha probado en anteriores elecciones que el apagón de encuestas o silencio electoral es aprovechado ladinamente por algunos grupos para sembrar rumores y crear incertidumbre, de acuerdo con sus agendas politiqueras. Todo esto gracias a una ley tan nefasta como la comentada, que de paso atropella derechos constitucionales.
Por estas y otras consideraciones, el obligado silencio informativo que se impone a partir de hoy sobre las encuestas es contrario al espíritu y los principios del Estado moderno de derecho y de la democracia, que se basan precisamente en el uso irrestricto y responsable de la libertad en una sociedad abierta, plural, tolerante y participativa, donde todos tienen los mismos deberes pero también los mismos derechos, independientemente de su religión, raza, clase o condición social.
Nuestra Constitución de 1993 dice en el Art. 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento […] sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, lo que viene siendo atropellado por una ley írrita y oscurantista.
En lugar de defender a rajatabla una norma tan absurda y cada vez más insostenible, los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, tienen que promover su derogación.
La tendencia en el mundo civilizado y democrático es reforzar la libertad y la responsabilidad personal, para lo cual la información y la opinión tienen que fluir de modo irrestricto y dinámico.
Lo que aquí se impone resulta propio de regímenes autoritarios y dictatoriales que convierten la censura en instrumento principal para someter a los ciudadanos, abusar de las libertades democráticas y acallar el pluralismo y las voces discrepantes. La ley del silencio electoral, definitivamente, no es democratic”.