Ni resignarse ni tirar la toalla ante la adversidad

Cuando la inseguridad pública, la inflación y la corrupción son desbordantes, y las crisis se repiten hasta el cansancio carcomiendo las esperanzas, la mayoría de la gente no atina a rebelarse, sino a resignarse y aceptar la realidad tal cual es.

A esa resignación moldeada por la frustración e impotencia por no poder cambiar las cosas, la psicología la denomina teoría de la indefensión aprendida. Es cuando la persona, al reconocerse incapaz para alterar el resultado, asume una conducta indiferente, pasiva y peligrosamente conformista.

Sucede en todas las sociedades. En las desarrolladas, como EE.UU., donde 11 millones de indocumentados vieron esta semana escabullir sus sueños por una reforma migratoria incumplida. En naciones estables, como Chile, donde los candidatos tratan de despabilar a votantes indiferentes que prometen gran abstención en las elecciones de este domingo. O en débiles democracias, como la nicaragüense, donde después de grandes berrinches, ya se aceptó que Daniel Ortega reforme la Constitución para eternizarse en el poder.

Muchas veces esa indefensión aprendida no es producto de la casualidad, sino inducida con intención. El caso típico es Venezuela. Es el país donde mejor se observa cómo los repetidos abusos de poder van desgastando las fuerzas de la gente que, abatida, hace suya la frase acostumbrada: “Nos merecemos el gobierno que tenemos”.

Ante esa desesperanza, el gobierno aprovecha para alimentar ese círculo vicioso de abusos y resignación. Como esta semana que, a imagen y semejanza de una Cuba económicamente discapacitada, Nicolás Maduro consiguió la ley que lo habilita a gobernar sin Congreso y decretar su “guerra económica”. Ya mandó detener la inflación por decreto e incentivó a las hordas para que desvalijen comercios de electrodomésticos, castigando así a comerciantes “imperialistas y especuladores”.

En el ánimo por controlar la economía y las voluntades, Maduro prohibió a los medios que hablen de “saqueos” so pena de cerrarlos o incautarlos, así como antes había prohibido informar sobre motines carcelarios y hechos de violencia. Un control que para los críticos se ejerce mediante amenazas e intimidación, mientras que a sus simpatizantes embarduna con clientelismo, a sabiendas de que los subsidios generan sumisión, mientras que el trabajo crea peligrosa libertad.

Pero el control puede ser solo un espejismo de bienestar, más aún cuando Cuba es el espejo. Es que la indefensión aprendida no siempre actúa como anestesia. En sus primeras etapas, esta genera resignación, indiferencia y conformismo, pero luego puede degenerar en estadios más peligrosos, como se vio con la “Primavera Árabe”, cuando las muchedumbres se desbordaron cansadas por la continua opresión.

Generalmente cuando se superan varias etapas y el sentimiento de derrota se transforma en fatalidad, trauma y enfermedad, las masas explotan apoyando cambios radicales y rupturas abruptas de sistema. De ahí que los golpes de Estado todavía no se hayan borrado del panorama mundial, como en Egipto, Paraguay y Honduras.

También ocurre que en procesos menos traumáticos, se termina por apoyar a líderes mesiánicos, “outsiders” e inexpertos de la política, desconocidos que se hacen populares con eslóganes anticorrupción y de “poner la casa en orden”, pero que al poco tiempo se desenmascaran más corruptos y abusadores que sus antecesores. La historia está llena de ellos y no distingue en ideologías de izquierda o derecha, pasando desde los hermanos Castro hasta Augusto Pinochet o desde Alberto Fujimori hasta Hugo Chávez.

Esa misma historia muestra que el sentimiento de indefensión, suele llevar a sociedades enteras a un estado de depresión y fracaso, en las que la gente no entiende por qué habiendo tantos recursos, las crisis son intermitentes y replicables de generación en generación.

Evitar esa indefensión aprendida no es una cuestión social, sino, ante todo, una responsabilidad individual. En democracia cada uno debe asumir una actitud proactiva, pese a los contratiempos. Participar de las elecciones, centros comunitarios y de cacerolazos; denunciar los malos servicios y las injusticas; alzar la voz en los medios y redes sociales, son formas de participar y hacer sociedad. No tirar la toalla, no rendirse, es el mejor antídoto contra la indefensión. 

Ni a Fujimori ni a Guzmán

Existen dos movimientos muy consistentes pero bien incoherentes en Perú, que tienen que ver con el indulto del ex presidente Alberto Fujimori y la del creador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Ambos están pagando condena en la cárcel por delitos de lesa humanidad, los que según el derecho internacional no se acogen a medidas de perdones. Los hijos de Fujimori consideran que su padre está muy enfermo y que su excarcelación debería ser por compasión. Los miembros de  del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), un grupo pro Sendero, consideran que su liberación servirá para ayudar a la reconciliación nacional.

Ambos fueron protagonistas en el conflicto interno que vivió el país entre 1980 a 2000, del cual se perdieron muchas vidas y se cometieron los más graves atropellos a los derechos humanos y a la democracia. Tampoco se puede comparar a los dos personajes. Guzmán hizo todo con la intención de destruir las instituciones del país con su lucha armada desde la clandestinidad.

No creo que la reconciliación nacional se pueda buscar en Perú a través de la liberación de estos dos personajes que han sido juzgados y condenados por lo que hicieron contra su propia gente. Justamente la mejor reconciliación que puede tener un país es cuando la justicia funciona y todos se sienten iguales.

El escritor peruano, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, rechazó ayer el indulto para ambos. Sobre Fujimori dijo que “está sano y bien cuidado” como para otorgarle un perdón humanitario, mientras que sobre Movadef, dijo que se trata de una fachada de Sendero, “íntimamente ligada a una organización terrorista que ha llenado de sangre y duelo a nuestro país”.

Fujimori: Fax y pintura

Las sorpresas han sido parte de la vida pública del ex presidente peruano Alberto Fujimori.

Renunció a la Presidencia de Perú mediante fax que envió desde Japón y ahora preso con una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción, hizo público un cuadro con su autorretrato con una frase pidiendo perdón, que quedará para la posteridad de la historia latinoamericana: “Perdón por lo que no llegué a hacer, y por lo que no pude evitar”.

Si Keiko Fujimori le hubiera ganado la pulseada presidencial a Ollanta Humala, muy posiblemente su padre estaría en libertad contradiciendo a un país entero que alguna vez luchó para condenar las atrocidades cometidas por el dúo dinámico de Fujimori- Montesinos. Se trató de un gobierno arbitrario, del que muchos rescatan las bases de un país económicamente más sólido en la actualidad.

Fujimori estuvo en el poder en la década 1990-2000, y su relevancia internacional la ganó con otra sorpresa fujimorista, el autogolpe de 1992. Luego se supo de otro hecho inédito, amasó una fortuna que se estima en 600 millones de dólares, algo así como un sueldo extra de 60 millones de dólares por año.

Pero sin dudas, la máxima sorpresa de todas fue la de renunciar por fax. Y uno se pregunta si no lo hubiera hecho por Twitter o por Facebook de haber existido esas redes sociales en su época. Finalmente, y para su sorpresa, a Fujimori no le aceptaron la renuncia, lo destituyeron por incapacidad. Y después de quedar en un limbo gracias a su doble nacionalidad japonesa, fue a Chile y de ahí extraditado a Perú donde fue condenado en 2009.

A sus jóvenes 74 años y superado un cáncer de lengua, Fujimori se apresta a seguir dando sorpresas. No hay dudas que seguirá usando su ingenio y creatividad. 

Las tres patas del andamiaje Correa

El hermano de Rafael Correa, Fabricio, aquel que inspiró el libro “El Gran Hermano” de los periodistas Calderón y Zurita, está en Miami e hizo declaraciones contundentes contra el Presidente del Ecuador, a quien le quiere disputar el puesto en las próximas elecciones.

En una exclusiva de hoy en el diario El Nuevo Herald, Fabricio Correa habla del camino equivocado de su hermano, su interpretación de un desastroso socialismo al estilo chavista y defenestra a los malos asesores de los que se ha rodeado. A estos acusa de tergiversar los sueños que Rafael y él tenían de hacer una patria grande y democrática cuando fundaron el movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS) en septiembre del 2005.

Sobre los desvíos de Correa y de lo trazado en el plan original de PAIS, Fabricio habla de esos tres personajes que influencian negativamente al Presidente, permitiéndole en forma impúdica controlar a los poderes del Estado, con un estilo popular y similar al del peruano Alberto Fujimori.

Se refirió a las siguientes personas: Al abogado Alexis Mera Giler, a quien calificó del “Vladimiro Montesinos de mi hermano”, al canciller Ricardo Patiño, a quien calificó de antiguo y desfasado guerrillero sandinista y a Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, a quien responsabilizó por la propaganda “gobbeliana” de Correa.

Indulto a Fujimori es injusto

Si Alan García o el próximo presidente peruano, Ollanta Humala, resolverían indultar al ex presidente Alberto Fujimori por cuestiones de salud (humanitarias, dirían) se cometería un grave perjuicio en contra de todas las víctimas por las que se le ha acusado y condenado por delitos de lesa humanidad.

Probablemente Fujimori, más que enfermo físico por un cáncer que no es terminal, está realmente enfermo de depresión. Pero ¿quién no tiene esa enfermedad mental sabiendo que todos los días de su vida tendrá que pasársela dentro de una cárcel?

Indultar a Fujimori es darle un privilegio que no tienen otros reos, por lo que la justicia que se ha conseguido hacer en otras épocas se convertirá en una injusticia. Quedará la sensación y los hechos, de que no todos los peruanos son iguales ante la ley. Indultarlo sería un grave error.

Vargas Llosa está equivocado

Desde Argentina Mario Vargas Llosa dijo que a pesar de sus temores votará por Ollanata Humala en desprecio por la dictadura que enarboló el padre de Keiko Fujimori, el ahora preso Alberto Fujimori por corrupción, peculado y varias violaciones a los derechos humanos.

Si bien se trata de elegir el mal menor, entre Humala y Fujimori, a los que días antes de la campaña comparó con elegir entre el sida y un cáncer terminal, el premio Nobel de Literatura se equivoca, ya que tranquilamente podría optar por otra opción que permite la elección.
¿No sería mejor que escogiera votar en blanco o impugnar su voto? No dar el voto en circunstancias como ésta es también una forma de protesta y válida de cómo hacerse escuchar.

Vargas Llosa le está pidiendo a todos los peruanos que voten como él, por Humala. Lo que seguramente le vendrá muy bien a la campaña de Keiko, ya que en todas las oportunidades anteriores, incluso en las elecciones presidenciales cuando corrió por presidente perdió contra Alberto Fujimori y en estas últimas los peruanos no lo escucharon al votar mayoritariamente por los candidatos que justamente el denostó.

Vargas Llosa parece esta vez vulnerable e ingenuo al pensar que Humala está abrazando la ideología de Lula de Silva para dejar de lado a su ídolo de siempre, Hugo Chávez.

Terrorismo de Estado

Muchos fujimoristas están decepcionados con la ratificación de la Corte Suprema de Justicia peruana que ratificó la sentencia de 25 años contra el ex presidente Alberto Fujimori, objetando que se trató de un proceso no apegado a justicia sino a la política, ya que es un contrasentido condenar a alguien como terrorista justamente por haber controlado al terrorismo.

Es verdad que Fujimori luchó desde su presidencia contra el terrorismo de Sendero Luminoso, pero más cierto aún, es que utilizó prácticas ilegítimas y que con ellas cometió innumerables violaciones a los derechos humanos. Negar esa realidad es como dejar pasar por alto el terrorismo de Estado que practicaron dictadores como Pinochet, Videla, Stroessner, Castro y tantos otros que pulularon y viven en nuestra América Latina.

El terrorismo es condenable desde todos los puntos de vista, pero cuando sus métodos son utilizados por el propio Estado es doblemente condenable, puesto que el Estado es quien obligatoriamente debe estar apegado a la ley y a las garantías que dicta la propia Constitución, a la que está llamado a proteger y hacer cumplir.
Perú está cicatrizando sus heridas y ojala que las mantengan cerradas así sea combatiendo al terrorismo que aún queda y que puede fortalecerse a costas del negocio del narcotráfico, o que se dicte un indulto para perdonar las ofensas de Fujimori en caso de que Keiko, su hija, llegue a la presidencia a través de las elecciones de 2011.

Sillones presidenciales

Las condenas por corrupción dictadas esta semana contra los ex presidentes Rafael Angel Calderón de Costa Rica y Alberto Fujimori de Perú, así como el nuevo proceso al argentino Carlos Menem, profundizan el desprestigio al que se ha sometido al sillón presidencial.
El enjuiciamiento de los ex mandatarios forma parte de la tragicomedia de las instituciones latinoamericanas. Hay que armarse de sentido del humor para no dejarse impresionar por la gama de delitos tan colorida como el arcoíris, así como por la suerte de sus responsables: pocos tras las rejas, algunos aprisionados en sus domicilios, muchos exiliados, todos degradados.
En este melodrama se encuentran dictadores despiadados castigados por robar bebés como el argentino Rafael Videla, procesados por cuentas bancarias secretas y pasaportes falsos como el chileno Augusto Pinochet, en cuyo país se atrapó al tres veces presidente peruano Alberto Fujimori, quien renunció por fax desde Japón, después de que su Congreso lo declarara “incapacitado moral” para gobernar. Así emuló al mexicano Carlos Salinas de Gortari que escapó a Irlanda tras cargos de corrupción, los mismos por las que el brasileño Collor de Melo renunció antes de que lo impugnara su Congreso y por las que el ecuatoriano Abdalá Bucaram fue destituido por el suyo, aduciéndose “incapacidad mental para gobernar”.
La justicia, inhibida de accionar contra los presidentes en ejercicio porque gozan de inmunidad constitucional, debe esperar el término de mandato para procesar los abusos. Así, la exención ante el delito se convierte en impunidad por lo que muchos pueden seguir gobernando, sin mayores problemas, a pesar de valijas llenas de dólares enviadas por otros gobiernos o transferencias bancarias de grupos guerrilleros y narcotraficantes para fondos de campañas electorales.
Esta semana los italianos resolvieron este intríngulis entre la inmunidad y la impunidad. El Tribunal Constitucional determinó que todos son iguales ante la ley como reza la Constitución, incluso para los cuatro cargos más altos del gobierno, entre ellos el del primer ministro Silvio Berlusconi, quien en lo sucesivo podrá ser enjuiciado como cualquier hijo de vecino por casos de corrupción.
La decisión italiana plantea la pregunta de si será conveniente que exista la inmunidad para que los dirigentes puedan gobernar sin distracciones o si es mejor que la justicia pueda actuar en cualquier momento, disuadiendo a quienes cometen abusos con desparpajo.

De haber existido la fórmula italiana, tal vez se hubieran limitado aquellos que robaron sin vergüenza como el nicaragüense Arnoldo Alemán, el haitiano Jean Claude Duvalier y el panameño Manuel Noriega; o quizás el venezolano Carlos Andrés Pérez y los paraguayos Luis Angel Macchi y Carlos Wasmosy no hubieran malversado fondos; o el argentino Fernando de la Rúa hubiese evitado sobornos, igual que el costarricense Miguel Angel Rodríguez, quien debió renunciar a su flamante cargo de secretario de la OEA.
La lista de delitos y ex presidentes delincuentes es prominente y hay dos hechos que la alargan y fomentan. Por un lado, un sistema de exilio político permisivo como el que potenció el ex presidente panameño Martín Torrijos al dejar la presidencia en junio, otorgándoles "asilo diplomático permanente" al haitiano Raúl Cedras, al guatemalteco Jorge Serrano Elías y a Bucaram. Y por otro lado, unas reformas constitucionales que mediante la reelección presidencial dotan a sus portadores de inmunidad e impunidad a perpetuidad, como los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Algo que intentará el paraguayo Fernando Lugo, quien para lograrlo, deberá levantar la prohibición de reelección que data de la reforma de 1992, que tuvo la intención de evitar, justamente, cualquier asomo autoritario, en respuesta a la dictadura de Alfredo Stroesner.
La corrupción parece traspasar las ideologías y los sistemas. Fue popular en las dictaduras, en los procesos neoliberales y socialdemócratas y sigue siéndolo en los presentes neopopulismos. No es difícil imaginar la suerte que tendrán muchos de los presidentes actuales, sospechados de abusos e irregularidades.
El ex mandatario colombiano Alfonso López Michelsen solía decir que los ex presidentes se parecían a los “muebles viejos”, porque nadie sabía qué hacer con ellos. Sin embargo, por la conducta corrupta, penal y auto degradante de sus titulares, pareciera que los sillones presidenciales están solo destinados a servir de leña para la hoguera de la historia.