jueves, 13 de junio de 2013

Obediencia y disciplina

Los tiempos cambian. Hace cuatro años, el presidente Barack Obama arengó orgulloso a los cadetes de la prestigiosa Academia Naval de Annapolis, sobre el honor y coraje necesarios para combatir al terrorismo internacional y en los frentes de batalla de Irak y Afganistán.
A fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas, el abuso sexual, una lucha para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.
Pese a una política de “tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe una cultura de la denuncia por temor de las víctimas a arruinar sus carreras; y porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben mantener la disciplina y la obediencia.
Políticas de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7 de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26 mil miembros del servicio militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19 mil en 2010. Solo 3.192 casos fueron denunciados el año pasado y de ellos un 10 por ciento fue procesado, mientras que uno de cada tres delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio. A todas luces, un alto grado de impunidad convertido en un ineficaz mecanismo de disuasión para los agresores.
Hasta ahora, las máximas autoridades militares del país se han mostrado defensivas a la hora de enfrentar el problema. Esta semana, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas las que deben administrar justicia ante casos de abuso sexual en sus jurisdicciones, como es regla actual.
La defensa corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley – tardíos por cierto – con los que se busca reescribir el Código de Justicia Militar, estipulándose que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos graves.
Previa a la de los altos mandos, otra audiencia en el Congreso de ex militares víctimas que relataron como fueron violadas y luego ignoradas cuando denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el actual sistema de justicia militar para este tipo de faltas y crímenes.
En momentos que las mujeres fueron admitidas para poder estar en el frente de batalla - donde se comenten muchas de las agresiones sexuales - y desde que las personas homosexuales pueden ser admitidas sin restricciones, es importante que las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención determinados.
Hasta ahora la política “tolerancia cero”, que incluso incorporó Obama a su discurso, fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y encubrir estos delitos, casi la misma actitud de muchos obispos católicos y de otras denominaciones religiosas que también la utilizaron de la boca para afuera, pero con poca acción para detener la pederastia.
Lo importante del informe del Pentágono y de las audiencias en el Congreso, más allá de lo que pronto se determine en materia de justicia y conducta militar, es que se está creando una necesaria cultura de la denuncia. Sobre todo, se está incentivando una mayor transparencia, instaurando posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y creando nuevas armas para disuadir y expeler de las filas castrenses a agresores y criminales.
La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o a la falta de justicia. Todo este proceso de transparencia en EE.UU., tal vez sea útil para que en otros países se investigue al interior de las instituciones militares, donde posiblemente también se cometan delitos en completo sigilo.

miércoles, 12 de junio de 2013

Paz y humildad en Colombia

Es bueno que haya paz en Colombia y es tanto el deseo de todo colombiano como de cualquier latinoamericano. Pero se requiere en el proceso un alto grado de humildad. Las FARC, en cambio, siguen arrogantes y un poco confundidas sobre el papel que han tenido en los últimos 50 años como para plantear exigencias inverosímiles, como la propuesta de posponer las elecciones que se realizarán en mayo de 2014, como establece el calendario oficial electoral.

Las FARC - un grupo ilícito armado que ha devastado a Colombia primero como grupo guerrillero subvencionado por el castrismo cubano y otros regímenes despóticos para después seguir con la industria de la matanza, el secuestro, la extorsión y los atentados contra los intereses nacionales y con las subvenciones del narcotráfico – no tienen ningún tipo de autoridad para plantear cuestiones políticas fuera de la agenda de discusión acordada, que tienen que ver con la desmovilización y la inmersión en la política, las reparaciones a las víctimas y los desplazados, los problemas agrarios y otros aspectos de índole social.

Un proceso de paz demanda a las partes un grado muy alto de humildad, arrepentimiento y asumir sus responsabilidades, en especial cuando se trata de un grupo desestabilizador del orden democrático como son y siempre fueron las FARC. Hasta ahora, las FARC no parece que hayan asumido ninguno de esos tres valores.


Pronto, en aras de la paz, mucho de los líderes actuales de las narco guerrillas entrarán en la política y se sentarán al lado de personas que nunca han reclamado nada por las armas, lo que de por sí ya será un gran acto de humildad de parte de todos los colombianos. Se trata de una actitud humilde que las FARC deben reconocer de antemano e imitar.