Los
tiempos cambian. Hace cuatro años, el presidente Barack Obama arengó orgulloso
a los cadetes de la prestigiosa Academia Naval de Annapolis, sobre el honor y coraje
necesarios para combatir al terrorismo internacional y en los frentes de
batalla de Irak y Afganistán.
A
fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama
avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa
que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas, el abuso sexual, una lucha
para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.
Pese
a una política de “tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los
altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte
porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe
una cultura de la denuncia por temor de las víctimas a arruinar sus carreras; y
porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben
mantener la disciplina y la obediencia.
Políticas
de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7
de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26 mil miembros del servicio
militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19 mil en 2010. Solo 3.192 casos fueron denunciados el año pasado y de
ellos un 10 por ciento fue procesado, mientras que uno de cada tres
delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio. A todas luces, un
alto grado de impunidad convertido en un ineficaz mecanismo de disuasión para
los agresores.
Hasta
ahora, las máximas autoridades militares del país se han mostrado defensivas a
la hora de enfrentar el problema. Esta semana, en una audiencia ante el Comité de
Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra
los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas
las que deben administrar justicia ante casos de abuso sexual en sus
jurisdicciones, como es regla actual.
La defensa
corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley – tardíos por cierto –
con los que se busca reescribir el Código de Justicia Militar, estipulándose
que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la
víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas
sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos
graves.
Previa a la de los altos mandos, otra audiencia en el Congreso de ex
militares víctimas que relataron como fueron violadas y luego ignoradas cuando
denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que
contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el
actual sistema de justicia militar para este tipo de faltas y crímenes.
En
momentos que las mujeres fueron admitidas para poder estar en el frente de
batalla - donde se comenten muchas de las agresiones sexuales - y desde que las
personas homosexuales pueden ser admitidas sin restricciones, es importante que
las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención
determinados.
Hasta
ahora la política “tolerancia cero”, que incluso incorporó Obama a su discurso,
fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y
encubrir estos delitos, casi la misma actitud de muchos obispos católicos y de
otras denominaciones religiosas que también la utilizaron de la boca para
afuera, pero con poca acción para detener la pederastia.
Lo importante del informe del Pentágono y de las
audiencias en el Congreso, más allá de lo que pronto se determine en materia de
justicia y conducta militar, es que se está creando una necesaria cultura de la
denuncia. Sobre todo, se está incentivando una mayor transparencia, instaurando
posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y creando
nuevas armas para disuadir y expeler de las filas castrenses a agresores y
criminales.
La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos
mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o a la falta de
justicia. Todo este proceso de transparencia en EE.UU., tal vez sea útil para
que en otros países se investigue al interior de las instituciones militares, donde
posiblemente también se cometan delitos en completo sigilo.
