EL PEOR DE LOS CRÍMENES: Abuso de menores

Hay pocas cosas tan agraviantes como la vejación sexual a la que el depredador en serie Harvey Weinstein sometió a sus colegas mujeres. Sin embargo, en nada se compara a la aberración de los crímenes sexuales cometidos contra niños y menores. 

El abuso sexual de menores, la pederastia y la prostitución y la pornografía infantiles muestran el lado más enfermizo de nuestras sociedades. Ya no se trata de conductas individuales como la Weinstein, sino de la concertación de mafias y carteles de tráfico de niños y de distribución de pornografía infantil, aupada por una vasta red de pedófilos y consumidores que desconoce fronteras y clases sociales.  

Hasta el papa Francisco el mes pasado debió llamar al Vaticano a monseñor Carlos Alberto Capella, diplomático de la Santa Sede en Washington desde que la justicia estadounidense lo acusó de poseer pornografía infantil. La ley criminal del Vaticano penaliza con dos años de cárcel la posesión, aunque la distribución y la producción tienen severos agravantes. Aunque el castigo no es en este caso lo que importa, sino que la Iglesia no haya podido salir con facilidad de los curas abusadores y que Francisco no pueda aplicar todo el rigor de su política de tolerancia cero a la pederastia.

Todos los días aparecen nuevos casos de abusos y de pornografía infantil. Más de cien personas fueron detenidas tras la Operación Luz de la Infancia en 26 estados de Brasil involucradas en producir y vender imágenes de sexo explícito entre niños y entre niños con adultos. Entre los arrestados había un director de una escuela de fútbol, funcionarios públicos, enfermeros y un tipo que se hacía pasar por pediatra para tomar fotos de los chicos. 

La repulsión de las autoridades fue mayor cuando encontraron imágenes de una madre manteniendo sexo con su hijo de once años. También hallaron un manual del pedófilo con indicaciones de cómo conseguir víctimas y un video de dibujos animados que enseña a los niños a que es natural tener sexo con adultos.

La pornografía infantil es un negocio multibillonario expandido en todos los países. El internet y el dark web en la que los consumidores tienen alto grado de seguridad, ha potenciado todos los delitos, en especial aquellos que por su repulsión social, como el abuso infantil, requiere de un alto nivel de sigilo. En la dark web los consumidores pueden participar en chats, foros e intercambiar información sobre sus intereses, promocionar y colaborar en la construcción de nuevos contenidos, además de vender, comprar e intercambiar imágenes.

En el internet, además de la expansión del delito, también los delincuentes han alcanzado un alto grado de sofisticación. En una redada policial en setiembre en EE.UU., Operación Avalancha, las autoridades confiscaron manuales de seguridad para consumidores, en los que se enseñan protocolos de seguridad y encriptación de mensajes para que los usuarios no puedan ser rastreados con facilidad.

La Operación Avalancha, tras dos años de arduas investigaciones, destapó la red más amplia de pornografía infantil hasta el momento. Más de cien personas trabajando desde EE.UU. con webmasters y servidores manejados en Rusia e Indonesia. Desde una casita en Texas, la pareja responsable, Thomas y Janice Reeds, logró tejer una red de más de 250 mil suscriptores. Cada uno pagaba $29.95 dólares por sesiones de descarga, con imágenes con niños de hasta cuatro años de edad. En un solo mes, la pareja embolsó más de un millón cuatrocientos mil dólares en ganancias.

Pese a que los delitos contra menores están descritos en los códigos penales de todos los países, no contemplan la gravedad del problema. A los daños psicológicos causados por el abuso mismo, se suman los causados por el internet, ya que el mundo virtual amplifica y mantiene el delito a perpetuidad. Una vez que las imágenes del abuso se trafican virtualmente es imposible borrarlas, lo que genera adicionales trastornos psíquicos a las víctimas.

Si bien las grandes compañías de internet siguen protocolos estrictos para detectar pornografía infantil, como se puede apreciar en la advertencia que hace Google apenas se inicia una búsqueda sobre el tema, se pone poco énfasis en la educación de los consumidores quienes son, en definitiva, los que alimentan el circuito criminal. trottiart@gmail.com

Un “regalo” provocador para el Día del Padre

En una de las autovías de Miami irrumpe una valla pública con un mensaje atípico para la celebración del Día del Padre que se avecina: “Papá: ¿Qué le estás enseñando a tu hijo sobre las chicas?”.

El mensaje busca crear conciencia sobre un problema irresuelto y creciente en el mundo entero: El machismo, una enfermedad corporizada en la discriminación de género, el abuso sexual, la trata de jóvenes y niñas, la violencia doméstica y los feminicidios. 

Implícitamente, el cartel desnuda que se necesita más educación en el hogar, ante leyes y castigos más severos que no están dando los resultados esperados en la lucha contra el maltrato femenino.  

Es cierto que el papel de la mujer ha progresado en las últimas décadas. En América Latina ya es costumbre lo que esta semana logró Hillary Clinton, de convertirse en la primera mujer en EEUU que aspira a la Presidencia. Y seguramente una mujer ocupará en la secretaría general de Naciones Unidas, ya sea Irina Bukova, directora de Unesco o la canciller argentina, Susana Malcorra.

Pero también es verdad que los abusos contra la mujer están en expansión. En las Fuerzas Armadas de EEUU se registran más de 20 mil casos de abusos por año. El panorama es aún más aterrador en las universidades. Una encuesta, entre 150 mil estudiantes, reveló que el 23% de las alumnas fue abusada y el 10% violada. Dos factores agravan el problema. Solo se denuncia el 28% de los casos y la aplicación de castigos minúsculos desmorona cualquier estrategia. En estos días, un gran revuelo causó un juez californiano que sentenció a un estudiante por violar a otra alumna en la Universidad de Stanford. Aunque el delito contempla una pena de 14 años, el juez, bajo el argumento de que la cárcel “tendría un impacto severo” sobre el violador, lo condenó a solo seis meses.

En América Latina, además del extendido, pero poco denunciado fenómeno del abuso sexual – se comete una violación cada 11 minutos en Brasil - el mayor problema son los homicidios de mujeres. Hasta hace poco, cuando no había estadísticas fiables o grupos de derechos humanos enfocados en el tema, los feminicidios parecían limitados a Ciudad Juárez y países centroamericanos.

Al contrario de lo esperado, los feminicidios están aumentando. Guatemala, con 846 casos en 2015, encabeza la lista mundial, seguido por El Salvador y Jamaica. En Argentina se registraron 286 casos en un año, entre ellos, el de tres de niñas de 12 años en mayo, lo que provocó una ola de rabia que empoderó las protestas en todo el país bajo la etiqueta #NiUnaMenos. La misma indignación se sintió en Brasil, provocada por la violación de una joven de 16 años, cuyos 33 violadores se ensañaron subiendo fotos de la víctima a las redes sociales.

La denuncia del #NiUnaMenos dio voz a las víctimas, situó el debate público e incentivó nuevas soluciones. En el subte de Buenos Aires se quieren instalar vagones solo para mujeres, como existen en Río de Janeiro, Ciudad de México y Tokio. En muchos países se han creado botones y silbatos de alerta, así como policías y juzgados especializados que apliquen los castigos más severos que se consiguió introducir en los códigos. En México se aumentó a 60 años el castigo por feminicidio, en Colombia a 50, en Brasil a 30 y en Chile puede llegar a cadena perpetua.

Pero el tema no pasa por la tipificación más severa de los castigos, sino que se apliquen. En Ciudad de México donde el gobierno incentiva a las mujeres a que “tu denuncia es tu mejor defensa; hazte escuchar”, el grupo femenino Estereotipas cuestiona la efectividad y que todo haya quedado en eslóganes bonitos. Con la etiqueta  #YoDenuncioY, reclama que las denuncias caen en saco roto, y la incompetencia de la policía y autoridades a la hora de lidiar con el problema.

El tema es complejo y de proporciones. Los remedios no dan resultados, aunque igualmente se hace necesario ir creando todo el andamiaje legal, judicial y educativo que en algún momento permitirá combatir con más eficiencia el maltrato, después de que se alineen los recursos profesionales y económicos con la voluntad política.

Mientras tanto, tal como lo provoca el “regalo” en la valla en Miami, no todo es tarea del gobierno. El remedio contra la estigmatización de la mujer y el machismo debe empezar por casa, con el ejemplo. trottiart@gmail.com

Abuso sexual; problema local

Lejos del fuego y el azufre que consumieron a Sodoma y Gomorra, la sociedad actual aparenta parálisis frente a la epidemia incontrolable del abuso sexual.

Violaciones en la India, El Salvador y EE.UU.; incesto en comunidades de México;  turismo sexual infantil en Cuba; bullying sexista en escuelas de Argentina; estupro permitido en entidades religiosas; redes de pornografía en el ciberespacio y esclavitud de mujeres y niñas, forman parte de los turbadores titulares cotidianos.

En el mundo entero, en general, el abuso sexual está alimentado por la impunidad de los agresores; la falta de visión política para reconocer las consecuencias sociales; la escasez de recursos destinados a prevención, sanidad pública y sistemas judiciales; y, en especial, a una cultura machista primitiva que deriva en casos aún peores: feminicidios en Centroamérica,  mutilación genital en África o tráfico de niñas en Asia.

En EE.UU. la cantidad de crímenes sexuales causa escalofrío. Sin embargo, a diferencia de otros países, la transparencia y reconocimiento sobre el fenómeno, ayuda a que se busquen remedios; aunque, no siempre eficientes o suficientes.

Las Fuerzas Armadas sirven de ejemplo. Se sabe sobre la cantidad pasmosa de denuncias por abusos sexuales, más de 20 mil en el último año según el Pentágono, pero que poco se hace para controlar el problema. La debilidad se debe a castigos insignificantes o mal aplicados, represalias contra quienes denuncian y a una justicia impartida por los propios militares. Así, la política de “tolerancia cero”, tan declamada, solo es fachada.

Pero la mayor vergüenza para el país la denunció Barack Obama esta semana, justo cuando desde el Congreso se advertía sobre el tráfico de mujeres y niñas en torno a grandes eventos deportivos, como el Super Bowl del fútbol americano que se jugará este domingo. Según datos oficiales, en la final del 2010, celebrada en Miami, 10 mil mujeres y niñas fueron explotadas en la ciudad por las redes de prostitución nacionales y extranjeras.

Para la denuncia contra el abuso sexual y lo poco que todavía se hace, Obama se valió de un estudio preparado por el Consejo de Mujeres y Niñas de la Casa Blanca, que reveló que 22 millones de personas han sido violadas en el país, una de cada cinco mujeres y uno de cada 71 hombres.

El informe titulado “Violación y Asalto Sexual”, establece que la mitad de las mujeres fueron violadas antes de los 18 años y un cuarto de los varones antes de los 10. Agrega que la mayoría de las víctimas conoce a sus abusadores y que un tercio de las niñas violadas, también fueron vejadas cuando adultas.

El dato más sombrío se dio en respuesta a denuncias de asociaciones estudiantiles universitarias. Se comprobó que la población más vulnerable y cuantiosa está en las universidades, donde el alcohol y las drogas incentivan crímenes en serie, mientras las autoridades poco hacen para procesar a los abusadores.

La Casa Blanca aborda el problema con preocupación. Confirma con estudios que muchas víctimas de abuso sufren depresión y desórdenes físicos de por vida y que tienen mayor predisposición al suicidio. Calcula entre 87 mil y 240 mil dólares el costo por cada víctima en concepto de servicios legales, médicos y psicológicos, y disminución de la productividad laboral.

Profundiza mucho más en la necesidad de mejorar el sistema judicial - tipificación de los delitos, investigaciones y colección de evidencia - y pone énfasis en erradicar prejuicios contra las mujeres y sus denuncias entre auxiliares de la justicia.

La Casa Blanca dice haber liderado avances en esta lucha pero hace un mea culpa y reconoce que debe hacer mucho más. Especialmente para cambiar la cultura y mejorar la educación sobre los prejuicios contra la mujer, como sentencio Obama: “Quiero que todos los jóvenes estadounidenses sepan que un verdadero hombre jamás hiere a una mujer”.

Seria erróneo creer que la perversión sexual solo existe en EE.UU. o que lo deben resolver los gobiernos nacionales. Estudios de este tipo en otros paises seguramente arrojarian resultados similares.

Aunque el abuso sexual es un fenómeno global, seria mas positivo admitir que es un problema local. De esa forma, todos - intendentes, gobernadores, lideres comunitarios, directores de escuelas y ciudadanos - deberían asumir la responsabilidad de buscar remedios para poder combatir en forma eficiente esta epidemia social, en vez de mirarlo como problema ajeno.  

Obediencia y disciplina

Los tiempos cambian. Hace cuatro años, el presidente Barack Obama arengó orgulloso a los cadetes de la prestigiosa Academia Naval de Annapolis, sobre el honor y coraje necesarios para combatir al terrorismo internacional y en los frentes de batalla de Irak y Afganistán.

A fines de mayo, en una similar ceremonia de graduación en Annapolis, un Obama avergonzado prefirió dirigirse a los cadetes sobre una guerra más doméstica y deshonrosa que carcome la confianza en las Fuerzas Armadas, el abuso sexual, una lucha para la que todavía no se han encontrado las armas adecuadas.

Pese a una política de “tolerancia cero” pregonada en los últimos 20 años por los altos mandos militares, el abuso sexual es un fenómeno creciente, en parte porque no ha sido tratado como tema criminal, sino ético e interno; no existe una cultura de la denuncia por temor de las víctimas a arruinar sus carreras; y porque son los militares los que imparten justicia, bajo la excusa de que deben mantener la disciplina y la obediencia.

Políticas de castigo inapropiadas y educación ineficiente han disparado el fenómeno. El 7 de mayo, un informe del Pentágono ilustró que 26 mil miembros del servicio militar fueron agredidos sexualmente en 2012, frente a 19 mil en 2010. Solo 3.192 casos fueron denunciados el año pasado y de ellos un 10 por ciento fue procesado, mientras que uno de cada tres delincuentes sexuales condenado permaneció en el servicio. A todas luces, un alto grado de impunidad convertido en un ineficaz mecanismo de disuasión para los agresores.

Hasta ahora, las máximas autoridades militares del país se han mostrado defensivas a la hora de enfrentar el problema. Esta semana, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Congreso, no informaron sobre políticas concretas contra los delitos sexuales, sino que defendieron su potestad para ser ellas mismas las que deben administrar justicia ante casos de abuso sexual en sus jurisdicciones, como es regla actual.

La defensa corporativa trata de neutralizar nuevos proyectos de ley – tardíos por cierto – con los que se busca reescribir el Código de Justicia Militar, estipulándose que la decisión sobre las acusaciones no quede en manos de los superiores de la víctima, sino de fiscales militares independientes; además de establecer otras reglas sobre cómo manejar denuncias de violaciones, acoso y delitos sexuales menos graves.

Previa a la de los altos mandos, otra audiencia en el Congreso de ex militares víctimas que relataron como fueron violadas y luego ignoradas cuando denunciaron los hechos ante sus superiores, motivó los proyectos de ley que contemplan castigos, degradación, la baja del servicio, así como sustituir el actual sistema de justicia militar para este tipo de faltas y crímenes.

En momentos que las mujeres fueron admitidas para poder estar en el frente de batalla - donde se comenten muchas de las agresiones sexuales - y desde que las personas homosexuales pueden ser admitidas sin restricciones, es importante que las políticas no sean simple retórica, sino elementos de acción y prevención determinados.

Hasta ahora la política “tolerancia cero”, que incluso incorporó Obama a su discurso, fue parte de una campaña de relaciones públicas para detener las críticas y encubrir estos delitos, casi la misma actitud de muchos obispos católicos y de otras denominaciones religiosas que también la utilizaron de la boca para afuera, pero con poca acción para detener la pederastia.

Lo importante del informe del Pentágono y de las audiencias en el Congreso, más allá de lo que pronto se determine en materia de justicia y conducta militar, es que se está creando una necesaria cultura de la denuncia. Sobre todo, se está incentivando una mayor transparencia, instaurando posibilidades para que haya reparaciones justas para las víctimas y creando nuevas armas para disuadir y expeler de las filas castrenses a agresores y criminales.

La disciplina y obediencia militar, valores que defienden los altos mandos militares, nunca deberían justificar el encubrimiento o a la falta de justicia. Todo este proceso de transparencia en EE.UU., tal vez sea útil para que en otros países se investigue al interior de las instituciones militares, donde posiblemente también se cometan delitos en completo sigilo.