Crisis de credibilidad

La libertad de expresión es un derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos de sus palabras.

Un presidente tiene mayores responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para un político el desgaste de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas, sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad institucional del cargo que se encomendó.

Quienes hacen de la credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran desilusión y su destrucción.

Sobran ejemplos sobre la vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos. Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el asunto.

Sin embargo, sería exagerado sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia. La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.

Esa es la motivación especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18 de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad y justicia.

Los argentinos no están solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.

En Colombia, pese a todas las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.

Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro? 

Paz y humildad en Colombia

Es bueno que haya paz en Colombia y es tanto el deseo de todo colombiano como de cualquier latinoamericano. Pero se requiere en el proceso un alto grado de humildad. Las FARC, en cambio, siguen arrogantes y un poco confundidas sobre el papel que han tenido en los últimos 50 años como para plantear exigencias inverosímiles, como la propuesta de posponer las elecciones que se realizarán en mayo de 2014, como establece el calendario oficial electoral.

Las FARC - un grupo ilícito armado que ha devastado a Colombia primero como grupo guerrillero subvencionado por el castrismo cubano y otros regímenes despóticos para después seguir con la industria de la matanza, el secuestro, la extorsión y los atentados contra los intereses nacionales y con las subvenciones del narcotráfico – no tienen ningún tipo de autoridad para plantear cuestiones políticas fuera de la agenda de discusión acordada, que tienen que ver con la desmovilización y la inmersión en la política, las reparaciones a las víctimas y los desplazados, los problemas agrarios y otros aspectos de índole social.

Un proceso de paz demanda a las partes un grado muy alto de humildad, arrepentimiento y asumir sus responsabilidades, en especial cuando se trata de un grupo desestabilizador del orden democrático como son y siempre fueron las FARC. Hasta ahora, las FARC no parece que hayan asumido ninguno de esos tres valores.

Pronto, en aras de la paz, mucho de los líderes actuales de las narco guerrillas entrarán en la política y se sentarán al lado de personas que nunca han reclamado nada por las armas, lo que de por sí ya será un gran acto de humildad de parte de todos los colombianos. Se trata de una actitud humilde que las FARC deben reconocer de antemano e imitar.

¿Cumplirán las FARC?

Ahora, después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre los miembros del comité de negociación por parte del gobierno, le queda a las FARC anunciar a sus negociadores para sellar el compromiso del proceso de paz que formalmente deberá iniciarse el 5 de octubre en Oslo, Noruega.

 ¿Cumplirán con el compromiso y la confianza? es la pregunta que de cara a otros procesos de paz fracasados, es la pregunta que muchos nos hacemos. En el banco de confianza poco son sus depósitos, y por su perfil de narcotraficantes se sabe que mucho tienen que perder. Sin embargo, por principios, y pese al pesimismo, no se puede dejar de tener la esperanza de que un nuevo proceso de paz puede ser posible.

El equipo de gobierno estará liderado por el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Humberto de la Calle e integrado por el asesor de seguridad, Sergio Jaramillo; Frank Pearl, ex consejero de paz del gobierno de Alvaro Uribe y ex ministro del Ambiente de esta Presidencia de Santos; Oscar Naranjo, ex director de la policía y actualmente asesor de Seguridad en México; Jorge Mora Rangel, ex comandante de las fuerzas militares y Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Comparto la columna “Paz más allá de Colombia” que publiqué el fin de semana sobre este tema:

“No solo Colombia, pero América Latina se merece el proceso de paz anunciado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos que pretende dirimir un sangriento conflicto de 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pese a las críticas y oposición internas que originó el anuncio, el respaldo inmediato a las negociaciones que comenzarán el 5 de octubre en Oslo, Noruega, por parte de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y EE.UU. demuestra que los beneficios de la paz trascienden a Colombia. Primero, porque no solo neutraliza la violencia interna que ya ha generado 250 mil muertos y cuatro millones de desplazados; sino también, porque desarticula a una banda de narcotraficantes que ha internacionalizado el mercado de las drogas y negocios derivados, minando la paz en países como México y los centroamericanos. Segundo, porque se aniquila un foco de polarización regional, debido al apoyo logístico que las FARC siempre recibieron de los hermanos Castro y de Hugo Chávez, como al estratégico respaldo que el gobierno recibe de EE.UU. a través del Plan Colombia. Pero más aún, porque se desbarata la capacidad de las FARC de contribuir económicamente a procesos electorales en toda América Latina, como en los más recientes de Ecuador y Venezuela, generándose mayor estabilidad democrática en la región. Tercero, y más importante, porque los recursos millonarios que el gobierno destina para la guerra, podrán ahora invertirse en programas de desarrollo para las zonas más afectadas y sus víctimas, crecimiento económico y liderazgo regional. Invertir en programas para la paz, en vez de pertrechos militares, siempre será más redituable. El anuncio del presidente Santos puso en perspectiva su estrategia para la paz. Ahora se entiende porque se hizo amigo de Chávez, se acercó a Cuba y se reconcilió con Rafael Correa después que como ministro de Defensa durante la presidencia de Alvaro Uribe ordenó la invasión de la selva ecuatoriana para bombardear campamentos guerrilleros. Pero su audacia va más allá de sus nuevos amigos. Desde que asumió hace dos años, tejió un andamiaje jurídico para la paz, mediante una reforma constitucional y creación de leyes de reparación a víctimas, desplazados y restricciones para que existan zonas de despeje que en el pasado solo beneficiaron a los guerrilleros. Pese a los recientes atentados de las FARC contra la infraestructura energética y petrolera del país y a las amenazas contra su vida, Santos sabe que el hartazgo de cada colombiano contra la violencia, lo benefician para buscar la paz y evitar los fracasos de procesos anteriores como los de Belisario Betancur en 1984, César Gaviria en 1992 y de Andrés Pastrana en 2001. Por eso ahora adelantó que los militares no perderán presencia ni el Estado renunciará a su soberanía territorial mientras duren las negociaciones y la posible desmovilización guerrillera. Su mayor opositor, su anterior jefe, Uribe, tiene muchas razones para desconfiar de las guerrillas, tanto como muchos colombianos. La visión de que varios líderes guerrilleros procesados por crímenes de lesa humanidad puedan terminar con privilegios en las bancas del Congreso, es simplemente aterradora. Los últimos atentados de las FARC demuestran que pese a que están diezmadas y que muchos de sus líderes fueron aniquilados, todavía tienen capacidad de resistir a los embates militares y prolongar el conflicto eternamente. De ahí que Santos, fiel a sus obligaciones y promesas de campaña, piense que la negociación es la única y verdadera forma de alcanzar la paz. El desafío mayor que enfrentan ahora los colombianos es entender que en toda negociación, de la que también formarán parte Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, nadie puede quedar totalmente satisfecho. Los procesos de paz tienden a ser imperfectos, como ha quedado demostrado en Centro y Sur América, al resultar casi imposible conciliar lo que unos ganan y otros pierden, encontrar la verdad y porque existe una línea muy delgada entre justicia e impunidad, castigo e indulto, rencor y perdón. Muchos creen que es más fácil alcanzar la paz mediante la guerra, por lo que este proceso tendrá tropiezos. Pero el hecho de que comience, permite a América Latina tener la esperanza de que pueda cerrar la última de sus venas abiertas”.