La libertad de expresión es un
derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos
no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos
de sus palabras.
Un presidente tiene mayores
responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo
comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre
la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por
las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió
al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito
internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la
muerte del fiscal Alberto Nisman.
Para un político el desgaste
de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera
el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas,
sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y
Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la
larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto
descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad
institucional del cargo que se encomendó.
Quienes hacen de la
credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo
contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de
la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad
después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó
admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante
la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió
para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por
seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La
confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran
desilusión y su destrucción.
Sobran ejemplos sobre la
vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad
popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie
Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo
que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo
otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos.
Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el
asunto.
Sin embargo, sería exagerado
sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de
palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia.
La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la
ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.
Esa es la motivación
especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18
de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán
protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad
y justicia.
Los argentinos no están
solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique
Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores
políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de
estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles
de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.
En Colombia, pese a todas
las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece
ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años
de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no
le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que
sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra
continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y
permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.
Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro?
