La mentira en la política

El nadador Ryan Lochte, la candidata Hillary Clinton, la ex mandataria Cristina Kirchner y el presidente Nicolás Maduro demuestran que es inválido aquel adagio sobre que “la mentira tiene patas cortas”. Los políticos en el poder usan propaganda para que los engaños se confundan con verdades y maniatan a la justicia para que los delitos se barajen como simples problemas éticos.

En el deporte, donde la propaganda no existe, el bien y el mal son más fáciles de diferenciar. Por eso Lochte sufrió de inmediato los efectos de su mentira en Río. Perdió a sus patrocinadores, sus connacionales lo destronaron del pedestal dorado y la justicia brasileña lo procesó por inventar un robo. Lo mismo le sucedió al ciclista Lance Armstrong. Perdió siete trofeos del Tour de Francia tras confesar que los corrió dopado. Por la mentira perdió honores y millones.

En la política las patas son largas. La verdad es más difícil de distinguir. Nada es blanco o negro, sino con infinitas tonalidades de grises. Propaganda, negociaciones, pago de favores, encubrimiento y falta de transparencia, sirven para disfrazar los hechos, confundir a la opinión pública y evitar que la justicia actúe con claridad y rapidez.

En las campañas electorales las mentiras no suelen tener consecuencias. Las de Hillary Clinton están morigeradas por su propaganda electoral, al adjudicarle su corrupción a la verborragia de su contrincante. Clinton niega que los gobiernos árabes y africanos que donaron dinero a su fundación obtuvieron su trato preferencial mientras era secretaria de Estado. Ante toda evidencia, niega que usó cuentas de correo personal para distribuir mensajes clasificados y niega, pese a correos filtrados que la desmienten, que las autoridades del Partido Demócrata la beneficiaron por sobre su oponente Bernie Sanders. Todo lo disfraza como a aquellos affaires de su marido.

Clinton tiene la suerte que Donald Trump también miente. A diario, los sitios que detectan mentiras, FactCheck.org y PolitiFact.com, se hacen picnics con las inexactitudes del candidato. Y semanas atrás debió defender a su esposa por plagiar a Mitchel Obama y un título de arquitecta que nunca obtuvo.

Los políticos suelen pagar las consecuencias de sus mentiras recién cuando dejan el poder. América Latina está lleno de presidentes y vices que terminaron en la cárcel después de que no pudieron eternizarse con la reelección o auto exiliarse en países amigos y sin tratado de extradición, artimañas preferidas de aquellos que se escudan en la impunidad.

Todo indica que alejada del poder, Cristina Kirchner correrá la misma suerte. Los procesos judiciales se le están acumulando y solo basta un disparador para que termine presa. Los Cristileaks, cientos de movimientos financieros por 500 millones de dólares en siete bancos internacionales, pueden ser la gota que rebalse el vaso o la mentira más palpable con la que se cercioren todas las demás.

Existe una regla muy fácil de medir en la política. La inversión en propaganda es directamente proporcional a la cantidad de mentiras. De ahí que en el gobierno de Kirchner la información oficial era tergiversada u omitida para que sea consecuente con el relato. Se mintió sobre índices de inflación, desempleo y pobreza, y cualquier desmentido era neutralizado con campañas de desprestigio contra sus interlocutores.

En Venezuela, Nicolás Maduro tiene el mismo patrón para gobernar. Disfraza su prepotencia con propaganda y clientelismo. Miente mucho y, como todo mitómano patológico, termina siendo cada vez más autoritario para poder defender sus realidades inventadas. Fantasea éxitos de una revolución inexistente para aferrarse al poder; incluso, pese a un mandato constitucional que lo obliga a someterse a un referendo revocatorio.

Los mitómanos como Maduro y Kirchner no suelen medir las consecuencias mientras tienen el poder, y cuando lo pierden y se sienten acorralados, terminan con la paranoia típica de los que se creyeron sus propias mentiras. Acusan a todos de perseguirlos, así sean opositores, arrepentidos, periodistas o jueces.

Por fortuna para la política, a las mentiras de patas largas se le antepone aquella frase del célebre Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. trottiart@gmail.com

Miami, construcciones y la corrupción injusta

La corrupción es una transacción injusta. El fruto de lo robado en países pobres se fuga hacia los más ricos. Es que los corruptos también necesitan mercados más confiables donde invertir y esconder sus botines. Miami es prueba irrefutable.

Esta área del sur de la Florida creció a ritmo vertiginoso. En los últimos cinco años la población aumentó en 500 mil habitantes. Solo en 2015 se vendieron propiedades por 6,5 mil millones de dólares, 53% en efectivo y en gran parte vendidas a extranjeros, muchos escondidos detrás de empresas pantalla.

Aunque no todo el efectivo es parte de la corrupción, es la forma preferida de quienes buscan pasar por debajo del radar. Así lo demostró una investigación del The Miami Herald, basada en los Panama Papers, aquella filtración de millones de correos del estudio panameño Mossack Fonseca, creador de empresas off-shore.

Muchos de los compradores son los nuevos ricos o ex funcionarios que se han forjado en la corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez y Nicolás Maduro y Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sin embargo, sería injusto atribuir la explosión de nuevos rascacielos a los ladrones kirchneristas, chavistas y brasileños o a los rusos y del este europeo. Miami, como Nueva York y Los Ángeles, también atrae capitales legítimos nacionales y los que se fugan de cada crisis política o económica en el mundo.

Las investigaciones más recientes apuntan a que ex funcionarios corruptos argentinos han tomado por asalto varios edificios en los barrios de Brickell y Sunny Isle, los chavistas se han afincado en Key Biscayne y Doral, y los brasileños entre Fort Lauderdale y Palm Beach. Casos notables sobran. El ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido hace tres meses, compró propiedades por 63 millones de dólares, cuando hace unos años declaró que solo tenía un Gol VW en su patrimonio. A Paulo Octavio Alves, vice gobernador por el estado de Brasilia, así como a una veintena de ex funcionarios brasileños, también se le atribuyen condominios de lujo en Miami.

El caso que más sonó esta semana es el de Angélica Rivera, la primera dama de México. The Guardian le atribuye usar un apartamento en Key Biscayne del Grupo Pierdant, que busca beneficiarse con obras públicas en puertos mexicanos. La ex actriz ya debió devolver la “casa blanca” en México, que se la había regalado la empresa Higa, beneficiada con licitaciones por parte de su esposo, Enrique Peña Nieto.

Lo extraño de toda esta corrupción es su característica impúdica. No se trata de ladrones que como los del “robo del siglo” casi que despiertan admiración, sino de casos patéticos. Los más extraños están ligados al kirchnerismo. José López tiraba bolsos con millones de dólares en conventos, Lázaro Báez los enterraba en sus estancias, Milagro Sala los enviaba por correo certificado a Olivos y Muñoz los reconvertía en Miami. Y todo esto durante un período de 12 años en los que la pareja presidencial de Cristina-Néstor aumentó 800%; al menos de patrimonio declarado.

El chavismo también destacó. A sus nuevos ricos escrachados en Miami por connacionales exiliados y perseguidos por el régimen, se les sumaron dos sobrinos de Maduro, criados como hijos, quienes esperan sentencia por intentar meter ocho toneladas de cocaína en EEUU. Y entre narcos, también se destaca el caso del español Alvaro López Tardón, líder de la banda Los Miami, a quien se le incautaron 13 condominios de lujo y una flota aparatosa de autos.

Claro que la culpa no es solo de los ladrones. EEUU, como gran beneficiario de estos capitales en fuga, ha hecho poco para detener la sangría de países a los que castiga oficialmente por corruptos. Es notable que el gobierno recién haya tomado cartas en el asunto después de los Panama Papers. Desde entonces, los federales en Miami están escudriñando todas las compras mayores a un millón de dólares en efectivo; pero, vale recalcar, que muchas se realizan con transferencias y menores a ese monto.

Lo irónico de todo esto, es que mientras la alta cotización del dólar aminora las inversiones de extranjeros y a que las investigaciones y el público en Latinoamérica arrojan a los corruptos al infierno, Miami sigue con la inercia de la construcción de otras épocas y alzándose cada vez más hacia el cielo. trottiart@gmail.com

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

Argentina deja Telesur y a la propaganda

Nicolás Maduro se enojó con su colega Mauricio Macri porque Argentina decidió retirarse de la cadena televisiva multiestatal Telesur, de la que era socia desde que Hugo Chávez la creó en 2005 para contrarrestar la “propaganda imperialista de CNN”.

El berrinche de Maduro fue para matar dos pájaros de un tiro. Se la tenía jurada al presidente argentino desde que anunció que pediría al Mercosur aplicar la cláusula democrática contra Venezuela por su violación sistemática de los derechos humanos. Macri luego cedió porque la oposición ganó las elecciones legislativas, aunque seguramente insista ahora al saber que Maduro se niega a promulgar una ley de amnistía que el Congreso venezolano aprobó esta semana para liberar a 78 presos políticos.

Maduro, fiel a su estilo mandón y boquiabierto, comparó a Macri con los represores, haciendo un juego de palabras entre “desaparecer” a Telesur y los “30 mil desaparecidos”, desafiando con que nadie va a “desaparecer la verdad… si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por internet”.

La exageración no pudo tapar la realidad de Telesur. Más que un canal de noticias es un capricho propagandístico subvencionado por el chavismo, ideado para propagar “el socialismo del siglo 21”, ahora en retirada y desahuciado. No tiene impacto ni audiencia y mucho menos credibilidad. Provee información en forma unidireccional, característica especial a la que apuntó el ministro argentino de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Lombardi no necesitó decir mucho más para justificar que Argentina se retira de la televisora. La salida no es tan solo política, sino pragmática y coherente con los criterios de Macri para desactivar los órganos que sustentaron el relato K o la narrativa estrambótica ideada por el chavismo que, a través de Telesur, prefiere dar espacio a los líderes narcotraficantes de las Farc para hablar de sus logros por la paz, que a admitir la existencia de presos políticos en su país de origen.

El ahorro económico para el gobierno argentino no es mucho por el 16% de participación en Telesur, algo así como un cuarto de millón de dólares, aunque un solo dólar de los contribuyentes destinados a propaganda es un malgasto total. Sin embargo, la decisión le sirve a Macri para fundamentar su política informativa. Había prometido en campaña que acabaría con la propaganda, que los medios que maneja el gobierno serían públicos y no partidarios y que nunca más existiría la "guerra del Estado contra el Periodismo", antagonismo que siempre fomentaron el chavismo y el kirchnerismo.

La frustración de Maduro es que está viendo cómo empieza a desmoronarse todo el aparato de comunicación hegemónica que en un primer momento bajó de Cuba y que luego se potenció con el chavismo. Estos gobiernos utilizaron recursos públicos para apuntalar grandiosos aparatos de propaganda, además de no escatimar esfuerzos para perseguir a la oposición, a los medios y periodistas que no se sumaban a sus designios. 

En el último año de su mandato, Cristina Kirchner desembolsó 1.400 millones de dólares para sustentar un aparato gigantesco de medios públicos que usó como armas partidarias, distribuir pauta publicitaria a medios amigos y apuntalar a Fútbol para Todos y otros programas que propalaban su relato.

Siempre he sostenido la teoría de que los gobiernos autoritarios necesitan más propaganda cuando decrecen sus logros y progreso. Esa lógica queda demostrada con el gasto exorbitado del kirchnerismo en 2015, así como del chavismo, el correísmo ecuatoriano y el orteguismo nicaragüense. Comenzaron a invertir más en propaganda a medida que decaían sus logros políticos y económicos y su popularidad. De ahí que en este momento Telesur, así como otros medios del chavismo, son fundamentales para mantener el sistema político.

La salida de Telesur es un buen paso del gobierno argentino. Telesur, si quiere continuar como medio y alternativa, tendrá que ser eficiente, debería transformarse en medio público sin subvenciones exageradas o pasar a manos privadas y quedar al arbitrio de su audiencia. De lo contrario, sino cambia, durará tanto como el régimen que lo sustenta.

Los gastos en propaganda, lamentablemente, son el último bastión que abandonan los regímenes autoritarios, a sabiendas que deben guardar las apariencias hasta último momento. 

Venezuela y Argentina deben crear institucionalidad y confianza

Argentinos y venezolanos empiezan nuevas etapas políticas. Optaron por países más serios, sin estridencias ni revanchismos. Erradicar la corrupción, combatir la inseguridad y crear bienestar y desarrollo son objetivos en común.

Cristina Kirchner y Nicolás Maduro aceptaron la derrota en las urnas, aunque por sus acciones, no reconocieron la victoria de la oposición. La ex mandataria se fue a los carterazos, criticando al presidente Mauricio Macri y a una justicia que nunca pudo dominar y a la que le teme, dejando una estela de nombramientos interminables y arcas vacías para empantanar el nuevo modelo.

Venezuela tiene un panorama todavía difícil, pese al rotundo éxito de la oposición en las legislativas del domingo. Maduro fue sentenciado en las urnas, pero sigue. Ya anunció que vetará cualquiera ley que emerja del nuevo Congreso opositor. Pero de aquí a enero, cuando asumirá la oposición, nombrará 12 jueces chavistas a la Corte Suprema, para neutralizar al nuevo Congreso.

Maduro de poca autocrítica, ya acusó de su derrota a la “guerra económica” y al avance de “las nuevas oligarquías latinoamericanas” (por aquello de Macri), y teme que los diputados quieran darle la estocada final, ahora que está insolvente y sin apoyo militar ni popular. Los 112 diputados opositores podrían legislar a su gusto, crear una ley habilitante, llamar a plebiscito para reformar la Constitución, destituir funcionarios y plantear juicios políticos.

Sin embargo, mejor sería que adopten la tónica del gobernador opositor Henrique Capriles, que pidió una legislatura que esquive “la venganza” y se dedique a procurar justicia. La oposición tiene que pensar que su fuerza, ahora monolítica y exultante por la victoria, puede ser pasajera. Después de la práctica del poder, cuando lleguen las primeras fisuras entre partidos de izquierda y derecha, el chavismo estará acechando como siempre. Tratará de comprar votos o amenazará con desafueros y cárcel, fiel a su estilo.

Por los primeros discursos de Macri, se entiende que no será un gobierno revanchista y que tiene en mente a todos los argentinos. Se valora aún más su decisión de ser implacable contra la corrupción, sin privilegios para nadie, tal vez el punto de quiebre con Cristina y lo que provocó la telenovela de la transición del mando.

A diferencia de Venezuela, Macri tiene frente a sí equilibrio de poderes. Un Congreso en el que tendrá que hacer alianzas y una justicia independiente a la que prometió no contaminar. La gobernabilidad le será difícil, pero de eso se trata la democracia. Tendrá que buscar consensos, respetar a las minorías y ojalá termine con la política habitual del Ejecutivo de castigar y premiar con fondos públicos como si fueran propios.

Lo más importante para los nuevos dirigentes en ambos países, es que deberán crear institucionalidad e incentivar la independencia y equilibrio de poderes. El estado de Derecho es la garantía indispensable para empezar a crear confianza y desarrollo. Las inversiones extranjeras y el crédito volverán cuando se deje de expropiar por ideología o conveniencia, se incentive la producción privada, se construya infraestructura pública y haya reglas de juego claras y transparentes.

El sinceramiento de las estadísticas públicas es de las primeras medidas que deberán adoptar. En Argentina el gobierno las manipuló y en Venezuela las escondió, como si evadiendo los datos de la inflación o la pobreza, hubieran podido evadir la realidad.

Venezuela tiene retos mayúsculos comparados a Argentina. Maduro es un cero a la izquierda en eficiencia administrativa y ha matado a la gallina de los huevos de oro, la estatal petrolífera PDVSA. No ha diversificado la economía más allá del petróleo, al cual todavía usa como como mercancía para exportar una ideología retrógrada que solo acarrea divisiones a quien la abraza.

Macri sabe de desarrollo y tiene delante de sí un mundo de posibilidades. Debe poner la casa en orden y ofrecer gobernabilidad, un atributo esquivo y todavía inmaduro desde que se ganó la democracia en 1983.

Más allá de izquierdas o derechas, argentinos y venezolanos sentenciaron en las urnas que están cansados del infantilismo político de las últimas décadas. Quieren países en serio y estables, donde todos puedan soñar su futuro. Esa es la esperanza.  trottiart@gmail.com

 

Macri: Señales de cambio y buenos aires

Mauricio Macri delineó su gabinete y la estrategia político-económica. Las expectativas son buenas. Así lo aceptaron los mercados, las instituciones internas y aquellas donde Argentina volverá al ruedo, con otra cara y otra actitud.

Pese a que Cristina Kirchner chicaneó con que “un país no es una empresa”, Macri sabe que el futuro se medirá por la eficiencia de su gestión y los resultados. Macri promete un país diferente, serio, sin sarcasmos ni cadenas interminables, sin la arrogancia discursiva que polarizó a la población y que minó los mercados internos y desbandó las inversiones.

La tarea es mayúscula. No será fácil trabajar para todos. El peronismo es mayoría en el Congreso y la justicia. Al principio tendrá que adoptar medidas económicas impopulares para evitar que siga la hemorragia. Lo tendrá que hacer sin transición como resolvió Cristina, sin estadísticas confiables, con leyes vergonzosas aprobadas a último momento y con más nombramientos de empleados públicos, funcionarios y embajadores con los que el kirchnerismo pretende empantanar y se quiere perpetuar.

Por otra parte, no le será difícil marcar diferencias. La década kirchnerista fue tan desastrosa en libertades económicas y políticas, que cualquier decisión lo desmarcará de su antecesora. Sin la estridencia política que caracterizó cada anuncio por los últimos 12 años, los de Macri son estridentes en sí mismos. El nuevo gabinete muestra capacidad de gestión. No hay lugar para el estilo irónico que prevaleció con Aníbal Fernández y otros funcionarios que siempre fueron más papistas que el papa para congraciarse con su jefa.

Pese a los dichos de la Presidenta, los anuncios más destacados de Macri fueron de orden político, aunque la mayor expectativa se centre en el bolsillo de la gente, el futuro del cepo al dólar, la devaluación en ciernes, la apertura a los mercados, la corrección de las estadísticas o las negociaciones con los acreedores.

Macri prometió que será implacable contra la corrupción. Quiere, primero, que se denuncie a sus funcionarios y, segundo, que los jueces sean independientes para juzgar a los corruptos. Su mayor desafío será despolitizar a la Justicia que en parte fue secuestra en estos años, pero que también ha pecado de ser sumisa y partidaria.

Será buena señal que Macri desbarate el aparato propagandístico del Estado. Deberá impedir que los medios de comunicación públicos se usen como pasquines gubernamentales y eliminar cualquier vestigio de espacios como “6, 7 y 8” que han contribuido a polarizar y enemistar a los argentinos. Deberá desbaratar el clientelismo, no los subsidios sociales, pero sí los partidarios. Si logra que todos esos miles de millones de dólares desperdiciados se inviertan en obras de infraestructura e incentivos a la pequeña y mediana empresa, el país se verá pronto con más empleo y movimiento.

En el plano internacional las señales son mejores. Macri ha generado confianza renovada y tendrá crédito, político y económico. En política internacional su sentido común ya promete cambios drásticos con su antecesora. Con la elección de la tecnócrata Susana Mallorca en Cancillería se distancia de Héctor Timerman, quien a semejanza de Cristina, manejaba el país a favor de ideologías en decadencia. Que Venezuela sea la gran aliada de Argentina, demuestra que en política exterior prevalecían criterios ideológicos, en lugar de económicos y comerciales, como los tienen otras economías emergentes.

Probablemente Macri no logre que se aplique la cláusula democrática contra Nicolás Maduro y Venezuela. Pero el solo hecho que la invoque en la próxima reunión del Mercosur, deja entrever que no mantendrá silencio cómplice cuando se coarten las libertades políticas y de expresión, así se violen dentro o fuera del país. En ese sentido, se pliega a lo que remarcó la Corte Suprema de Chile que falló a favor de que Michel Bachelet condene a Maduro, como antes la justicia internacional lo hizo contra Pinochet. El mensaje es que las violaciones a las libertades no tienen frontera y toda dictadura o autoritarismo, de derecha o izquierda, es imperdonable.

Ojalá el peronismo acompañe con oposición constructiva como prometió Daniel Scioli. Argentina no tiene mucho margen para seguir desperdiciando oportunidades. 

No rotundo a la arrogancia del kirchnerismo

El mensaje tras las elecciones en Argentina es claro y contundente. Más allá de quien gane el balotaje del 22 de noviembre, el domingo pasado perdió el kirchnerismo y su forma arrogante de hacer política y conducir un país.

La evidencia no hay que buscarla en la elección que ganó/perdió Daniel Scioli frente a Mauricio Macri, ambos lejos de la Presidenta, sino en la derrota que sufrió el ultra kirchnerista Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires.

Fernández no perdió contra la liberal María Eugenia Vidal. Perdió por el hartazgo de la gente sobre aquellos que confunden el debate de las ideas con la confrontación ideológica y los que anteponen beneficios propios o partidarios por sobre los de todos, sin distinciones.

Perdió porque a imagen y semejanza de la presidenta Cristina Kirchner – quien cree que el balotaje será un referéndum sobre su “modelo” - representa esa especie de políticos arrogantes que con sarcasmo e ironía a flor de piel, esconden vicios y corrupción, estigmatizando y persiguiendo a opositores, jueces y fiscalizadores.

Perdió por ser parte de una clase política retrógrada que ensucia el campo de juego con burlas, mentiras y conspiraciones. Como las bufonadas del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; las manipulaciones estadísticas para fabricar una Argentina ficticia con menos pobres que Alemania; o la artificiosidad con la que el canciller Héctor Timerman denunció un complot encabezado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por llamar a una sesión sobre la falta de independencia judicial en el país.

Perdió porque la gente se cansó de los políticos que se creen dueños del Estado; ineficientes en el manejo de la cosa pública excepto cuando se trata de sus bolsillos; que no generan empleos, pero sí subvenciones para adular a sus mayorías y militancia; y que abusan de cadenas nacionales para hacer propaganda durante la veda electoral.

Perdió porque el contexto cambió. La gente está harta de modelos prepotentes, así sean los de Argentina, Guatemala o Brasil, donde las marchas anticorrupción y los cacerolazos son revoluciones por la dignidad y el respeto. Es que pese a las penurias económicas, la gente no reclama por más pan, sino por menos circo.

La derrota de Aníbal y Cristina es una advertencia para los políticos arrogantes de todas las latitudes. Es probable que el 22 de noviembre se defina si en la región el péndulo comenzará a oscilar hacia la derecha, tras dos décadas de izquierda y populismo que generaron los abusos del neoliberalismo. Más allá de las ideologías, lo que ahora se impone es que la oscilación sea desde la corrupción hacia la honestidad.

Sin necesidad de saber a dónde anidarán los votos de Sergio Massa, gane quien gane, Scioli o Macri, lo cierto es que el kirchnerismo ya es el gran derrotado. Aunque no se puede pecar de ingenuos. En política un mes es una eternidad y el kirchnerismo se aferrará de donde pueda, ni querrá perder poder ni quedar potencialmente a merced de la justicia y las represalias políticas después de años de sembrar polarización y enemistades.

El kirchnerismo no desaparecerá de la noche a la mañana. Tiene grandes cuotas de poder en el Congreso y ha sabido enquistarse a través de entidades paraestatales como La Cámpora, que en estos días, de espalda a la estridencia de las urnas, compró futuro y puestos para seguir ideologizando, con una ley que le permitirá administrar el deporte en toda la nación.

Esa actitud desafiante y de nepotismo kirchnerista que tiene al Estado como botín, no es más que un resabio de una práctica extendida por 12 años. Por eso, antes de que Cristina se vaya el 10 de diciembre, habrá que esperar más leyes acomodaticias y más jueces partidarios para escudar su futuro; más estigmatizaciones, más persecuciones y muchos más “yos”. Todo eso forma parte del ADN kirchnerista. Nada ni nadie lo puede cambiar.

Aunque el kirchnerismo no escuche e insista en la defensa de su modelo, el resultado adverso del domingo reclama, al menos al peronismo, la desideologización de la política y la economía. Reclama la necesidad de un país en serio, reclama líderes con valentía suficiente para desmontar la corrupción estructural, la degeneración más perversa de la arrogancia política. trottiart@gmail.com

Gobiernos que se creen Estado

Los ciudadanos tienen derechos; los gobiernos, deberes. Así lo ordenan las constituciones en un Estado de derecho. Sin embargo, en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ese orden está invertido.

Estos gobiernos en vez de administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan de privilegios y hasta disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo antes lo hacían las dictaduras militares o, todavía ahora, el régimen de los Castro.

Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Mientras tanto, protegidos por un blindaje auto creado, gobiernan autoritarios. El culto al personalismo es su rasgo característico, de ahí que haya textos escolares con dibujitos en los que Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro, juez, busque encarcelar para siempre a Leopoldo López.

Quienes se creen predestinados buscan poder continuo. Morales, en el primer año de su tercer mandato, busca reelección eterna. Correa también lo hará en diciembre mediante reforma constitucional. En su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que la justicia, los partidos y los medios les cuestionen.

Cuando más cuestionamientos, más se empecinan en crear controles. Correa busca darle rango constitucional a una propuesta que parece inofensiva. Quiere que la información sea un bien público, que al igual que el agua, la electricidad o la salud, pueda ser administrada por el Estado. De prosperar su iniciativa, podrá limitar, restringir o censurar la información, como en estos días, cuando dispuso que para evitar “alarmismos innecesarios”, nada se puede publicar sobre la erupción del volcán Cotopaxi.

Correa detesta que la información fluya libremente. Temeroso de las críticas, la cercena desde el primer día de su mandato, pero nunca lo hizo en forma tan eficiente después que sancionó la Ley de Comunicación hace dos años. A través de ella controla contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas que no se apegan a la verdad oficial.

Prueba de su autoritarismo es el hecho de no solo ha creado la ley, sino que también se auto adjudicó la función de juez. Mediante órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, la administra según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una de las 161 sanciones fue aplicada contra medios estatales, las demás contra medios independientes; varios de ellos, ante las reiteradas sanciones y multas millonarias, se vieron obligados a cerrar.

La ley nació bajo la excusa de “democratizar” la comunicación, pero terminó siendo instrumento de autoritarismo. La mayoría de las veces es invocada por funcionarios que argumentando defender su honor, la usan para detener las críticas o investigaciones sobre corrupción.

Así como en Bolivia, donde Morales ordenó el cierre de decenas de organizaciones acusándolas de desestabilizar al gobierno, Correa arremetió ahora contra Fundamedios, una ong que defiende la libertad de prensa y a los periodistas. Su disolución, decretada para estos días, fue por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.

La Ley de Comunicación le da a Correa la coartada perfecta para crear silencio. Sus ataques, sin embargo, tienen un costo cada vez mayor en la comunidad internacional. 

Esta semana, una veintena de organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, comprometiéndose a divulgar sus atropellos entre inversores extranjeros y los organismos multilaterales, con el objetivo de que condicionen su asistencia al cabal respeto de los derechos humanos.

Las primeras réplicas se sintieron horas después. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron el clima restrictivo creado por Correa, reclamándole tolerancia ante las críticas y no disolver Fundamedios.

Lejos de que el propósito se logre, lo importante es que este tipo de acciones recuerdan que la verdadera democracia no está sustentada solo por elecciones, sino también por la separación de poderes, la rendición de cuentas, el respeto por los derechos de las minorías y, principalmente, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.

Justicia domesticada

Varias cosas definen la calidad de una democracia, pero nada como la justicia independiente. De ahí el recelo con aquellos gobiernos que en el “nombre del pueblo” buscan “democratizar la justicia”, cuando lo que quieren es domesticarla.

Casi todos los presidentes del continente tienen asuntos pendientes con la justicia. Algunos porque no la procuran con voluntad política como el mexicano Enrique Peña Nieto. Otros porque se adueñaron de ella con jueces y fiscales gubernamentales como Nicolás Maduro y Rafael Correa. Muchos porque la evaden constantemente como Cristina Kirchner y otros porque enfrentan a dos tipos de justicia, la ordinaria y la política, como Dilma Rousseff.

En Brasil la dura justicia ordinaria, que ya envió ministros, legisladores y empresarios a la cárcel, está ahora apuntalada por manifestaciones de gente que piden la cabeza de la presidenta, cansadas y frustradas por tanta corrupción. El peligro es que las marchas también incentivan la justicia paralela, esa que administran en el Congreso los legisladores, muchas veces guiados por revanchismos y oportunidades políticas, más que por el bien común.

La justicia brasileña ya demostró resolución e independencia, por lo que sería prudente esperar su juicio a tener que soportar un revoltijo entre poderes públicos que solo logrará debilitar la democracia. Sería mejor darle tiempo a la Corte Suprema para que resuelva los 54 expedientes que, entre otros, vinculan dineros mal habidos de Petrobras a la fundación y negociados del expresidente Lula da Silva y a las campañas electorales de la presidenta Rousseff.

La justicia brasileña junto a la de Uruguay, Costa Rica y Chile, es la que ha demostrado mayor independencia, de ahí su eficiencia. En varios países, con justicia contaminada, se observa como un sistema corroído por el poder político genera un círculo vicioso del que se retroalimenta la corrupción y la impunidad infinitas.

Argentina es el caso típico. Los casos irresueltos se amontonan, algunos de alto voltaje internacional, como el atentado contra la AMIA y la muerte todavía dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si a estos casos se les suma la inmunidad de autoridades y funcionarios comprada a través de jueces y fiscales adictos, nadie debería sorprenderse cuando el sistema político parece desmoronarse, hasta lo más simple termina traumático y forzado, el desarrollo del país se estanca, las inversiones extranjeras anidan en otros lugares, mientras que la inseguridad pública y la violencia se tornan intolerables.

No puede haber confianza interna e internacional cuando la élite del país vive de privilegios, blindándose con leyes especiales y tribunales adictos. En este tipo de sistemas corruptos, en el que se incentivan todo tipo de vicios, no es fácil ser juez o fiscal independiente.

Los casos de Perú, Colombia, México (y ahora Argentina), demostraron como los sistemas judiciales suelen debilitarse después de ser domesticados por la política, volviéndose cada vez más permeables a las mafias y el narcotráfico. No por nada los obispos argentinos, que ya habían adoptado la máxima del papa Francisco de que la falta de independencia judicial equivale a “terrorismo de Estado”, están ahora implorando a los políticos a que hagan algo contra el narcotráfico, ante la indiferencia palpable en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

La experiencia de países que estuvieron a la puerta de ser “Estados fallidos” debido al avance y connivencia del narcotráfico con las instituciones, demuestra que los narcotraficantes siempre aumentarán la apuesta para que la justicia sea corrupta y débil, para que de esa forma puedan actuar con mayor impunidad.

En contextos así, difícilmente los jueces pueden ser equitativos y probos. Además de sus propias tendencias y convicciones, tienen que lidiar con leyes que no muchas veces comparten. Mandar a la cárcel a alguien por tener un par de gramos de marihuana para consumo y no poder hacerlo con otros que roban millones, pero se blindan con leyes y sobornos, es parte de la frustración.

Está visto que la justicia es un ideal y es perfectible, porque rara vez satisface a todas las partes. Pero cuando está domesticada, jamás puede ser buena. La justicia politizada es el mayor vicio del subdesarrollo. 

Patas largas y propaganda

Al contrario de lo que dice el dicho, en la política la mentira tiene patas largas y, peor aún, no tiene consecuencias. Pero cuando pudiera tenerlas, los gobiernos se apuran a neutralizarlas con más propaganda.

La más descarada fue la de Cristina Kirchner. Anunció que en Argentina la pobreza es del 5%; cifra irrisoria si se la compara con el 40% al que la sitúa un informe reciente de la Universidad Católica Argentina.

Sin vergüenza a la ridiculez, la Presidenta, que emula a Hugo Chávez con tal de ser foco de atención permanente, contrarrestó con anuncios rimbombantes las comparaciones sobre el nivel de vida entre argentinos y alemanes. Aumentó un 30% las asignaciones familiares y el presupuesto de Fútbol para Todos que tiene ahora más dinero que la Secretaría de Cultura. Pan y circo.

La mentira pulula entre los gobiernos y es tema central de “Alabado Sea”, la primera encíclica del papa Francisco sobre la contaminación de la “casa común”. Francisco responsabiliza a los políticos y compañías por “enmascarar” los problemas ambientales, mentir y “manipular la información”, favoreciendo sus intereses por sobre el bien común.

Los ricos, señaló, son más responsables. El sayo le cabe, entre otros, a  Barack Obama. Pese a declamar buenos deseos ambientales, duplicó la explotación de energías fósiles, un atajo oscuro para sanear la economía.

La falta de transparencia atraviesa todo color y nivel de gobierno. Desde el espionaje a ciudadanos que denunció Edward Snowden, a las mentiras de Michel Bachelet para encubrir a su hijo o la propaganda del nicaragüense Daniel Ortega, que cada vez que sus familiares se quedan con un nuevo negocio, ya sea una televisora, una finca o una generadora de electricidad, desvía la atención aumentando los beneficios de los programas Hambre y Usura Cero. Combinación perfecta de nepotismo y clientelismo, adobado con propaganda de alto calibre.

Enmascarar la información, como señala el Papa, es habitual en el gobierno del ecuatoriano Rafael Correa. Su última ficha la consumó esta semana. Logró que un juez adicto a su gobierno, Patricio Pazmiño, sea elegido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución a la que le declaró la guerra y a la que quiere desaparecer, según sus propias palabras.

Después de una dura batalla mediática en contra del Sistema Interamericano, al que no pudo doblegar, el presidente Correa se apersonó ante la sede de la Corte en Costa Rica y le donó un millón de dólares. A todas luces, se leyó como un soborno político con la intención de comprar un asiento en el tribunal para alcanzar su objetivo de desmantelar el Sistema y para neutralizar cualquier sentencia en su contra, especialmente aquellas sobre causas medioambientales.

Como caballo de Troya, Pazmiño tiene su símil en el juez Eugenio Zaffaroni que el gobierno argentino también logró meter en la Corte. Ambos magistrados, politizados y distantes a la imparcialidad que el cargo requiere, posiblemente seguirán respondiendo a sus gobiernos más que a la Justicia.

La auto alabanza de Cristina y Nicolás Maduro tras recibir un premio de la FAO por la lucha contra el hambre con el que habían galardonado a medio mundo, demuestra que la propaganda es una gran aliada del poder político, por lo que no pueden soslayarse sus efectos y beneficios. Las mentiras repetidas mil veces suelen convertirse en verdades, sostenía Gobbels, el arquitecto del nazismo.

Un estudio divulgado esta semana por la Universidad de California sobre el régimen de Hitler, reveló que la propaganda y la intervención política fueron muy útiles para tapar la realidad y modificar las creencias de la población, especialmente por lo que se inculcó a través de los sistemas educativos y de las organizaciones juveniles.

El problema para los gobiernos es cuando no tienen dinero para gastar en propaganda como los casos de Guatemala y Honduras. Ahí se observa cómo las mentiras tienen patas cortas, como bien reza el dicho, algo que quedó en evidencia con las recientes protestas convocadas en las redes sociales que derivaron en la renuncia de Rosana Baldetti, vicepresidenta guatemalteca.

Por todo esto, la fórmula para detectar cuán corrupto y mentiroso es un gobierno no es nada difícil: Es suficiente con constatar cuán elevado es su gasto en propaganda y autobombo. 

Fútbol, revancha, consuelo y distracciones

Es verdad que el fútbol da revancha. Ese es el sentimiento de varias selecciones latinoamericanas que participan en la Copa América de Chile después de fracasar en el último Mundial de Brasil. Para las favoritas, sin embargo, levantar el trofeo será premio consuelo.

Argentina quiere olvidar que dejó escapar su tercera estrella mundial en el Maracaná; Brasil necesita despejar los fantasmas del 7 a 1 en el Mineirao; Colombia pretende demostrar que su fútbol no es casualidad y Chile codicia, ahora o nunca, su primera Copa relevante sacando pecho de local.

A diferencia de los Mundiales, esos agujeros negros que consumen y paralizan toda la realidad del globo y que hacen que “la mano de Dios”, el cabezazo de Zidane o el mordisco de Suárez sean más trascendentes que un tsunami o un terremoto, la Copa América no tiene ese poder para distraer y tapar la corrupción que envuelve al fútbol y a los países que se dan cita.

Este torneo no tiene la fuerza para que el escándalo FIFA pase desapercibido, menos con asociaciones nacionales tan comprometidas con la corrupción como las de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, países que puntean en la lista de  dirigentes y empresarios detenidos por soborno, extorsión y lavado de dinero.

Tampoco esta Copa es tan potente para que las poblaciones se distraigan de sus pesares. El anfitrión Chile, hasta hace poco considerado el país menos corrupto de América Latina, todavía no puede salir de una espiral de podredumbre y beneficios que involucraron al hijo de la Presidenta, a todos los partidos políticos y que obligó a Michel Bachelet a cambiar todo su gabinete.

Dilma Rousseff viene haciendo malabares y lamentando que algunos de sus ministros terminen en la cárcel por desfalco de las arcas públicas. Cristina Kirchner sigue  escapando de acusaciones por malversación, distrayendo con visitas al papa Francisco y dando índices de pobreza menores a los de Alemania y Dinamarca. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue consolidándose con autoritarismo, escasez e inflación, además de seguir con su perorata de acusar al imperio por inventar que su presidente del Congreso, Diosdado Cabello, es el jefe narco del Cartel de los Soles.

A la FIFA y a varios gobiernos le fascinaría que este torneo aporte el pan y circo acostumbrado. Pero esta vez no funcionará. Es que la corrupción es epidemia en América Latina y el escándalo FIFA es muy reciente, grande e inolvidable. Además, la institución tiene más flancos débiles. Ahora se le sumaron las críticas por discriminación contra las mujeres, después de que exigió pruebas de género para los países que participan del Mundial Femenino que se juega actualmente en Toronto, como si se tratara de simples controles antidoping. Las mujeres tampoco le perdonan que las discriminen sobre el juego de hombres, haciéndolas jugar sobre césped sintético como aprendices de balón.

La FIFA también tendrá que cambiar sus políticas sobre derechos televisivos del fútbol femenino, ya que la escasa divulgación no está incentivando esta disciplina en todo el mundo, como es potencia en EEUU, Alemania y Noruega. El tema es relevante en un contexto más amplio. En EEUU, un estudio de la Universidad del Sur de California demostró que el deporte femenino solo tuvo un 3.2% de exposición televisiva, porcentaje incluso inferior al 5% registrado en 1989.

Pese a los problemas, esta Copa América tiene varios retos, entre ellos, el de ratificar que los mejores futbolistas están de este lado del mundo y que Chile, Ecuador y Venezuela deben comenzar ya su carrera por los títulos detrás de los 15 y 14 que Uruguay y Argentina obtuvieron de los 43 disputados desde 1917. Sin embargo, el desafío mayor tiene que ver con la globalización y las expectativas. Es que la gente se acostumbró a la calidad del fútbol de equipos, como los del Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG o el Borussia Dortmund, y espera que el juego de seleccionados esté a la altura.

Si los equipos y las individualidades no dan la talla, si el Messi argentino no juega como el Messi catalán, si Neymar y Alexis no hacen piruetas y golazos, si Falcao y James no la embocan desde fuera del área y si Vidal y Alves no quedan entre los mejores del torneo, la Copa será para olvidar o solo servirá como puesta a punto para las eliminatorias de Rusia 2018. 

Crisis de credibilidad

La libertad de expresión es un derecho complejo. No todos pueden gozarlo de la misma manera. Los personajes públicos no pueden decir lo que sienten, piensan o quieren, sin medir primero los efectos de sus palabras.

Un presidente tiene mayores responsabilidades para expresarse porque puede provocar efectos inesperados. Lo comprobó la presidenta Cristina Kirchner al escribir un chiste en twitter sobre la forma en que hablan los chinos. El jocoso episodio de cambiar las erres por las eles - que no le acarrearía consecuencia alguna al ciudadano común – ofendió al gobierno de China y sus ciudadanos. La simple broma le generó más descrédito internacional que la provocada por los asombrosos líos oficiales que rodean la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para un político el desgaste de credibilidad es inexorable con el tiempo; pero, hablar por hablar, acelera el proceso. Máxime si sus abundantes discursos y cadenas están cargados de críticas, sarcasmos y confrontación, como en los casos de Kirchner, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Puede que los partidarios glorifiquen sus palabras, pero a la larga, los discursos de confrontación tienen un agravante: además de auto descrédito, dividen y generan polarización, degradando la seriedad institucional del cargo que se encomendó.

Quienes hacen de la credibilidad su negocio deben trabajar arduamente para mantenerla, de lo contrario cualquier desliz puede ser fatal. En EEUU el presentador estrella de la TV, Brian Williams, el periodista más creíble del país, vio destartalada su credibilidad después de que lo acusaron por Facebook de falsear información. Terminó admitiendo que no viajaba en el helicóptero alcanzado por proyectiles durante la invasión a Irak hace 12 años. Estaba en otro y sin riesgos. NBC lo suspendió para evitar mayor incredulidad sobre sus noticieros. Brian fue suspendido por seis meses, pero difícilmente pueda volver a trabajar como periodista. La confianza en él depositada por el público era demasiado alta, de ahí la gran desilusión y su destrucción.

Sobran ejemplos sobre la vulnerabilidad expresiva de los personajes públicos. Hasta la infalibilidad popular del papa Francisco quedó en entredicho tras el atentado contra Charlie Hebdo. Sacado de contexto, lo acusaron de justificar el atentando cuando dijo que “si alguien insulta a mi madre, le pego un puñetazo”. Semanas después tuvo otro desliz; justificó un par de nalgadas como método para educar a los hijos. Una comisión del Vaticano no tardó mucho para salir a reprocharle y zanjar el asunto.

Sin embargo, sería exagerado sostener que la crisis de credibilidad está provocada por el exceso de palabras. Más bien se debe a la escasez de acciones, principalmente de la Justicia. La mayor fuente de desconfianza en una sociedad la produce la impunidad o la ausencia de verdad, ya sea por ineficiencia, omisión o negligencia.

Esa es la motivación especial de la inédita marcha de los fiscales argentinos convocada para el 18 de febrero. Quieren honrar la memoria de Nisman, pero en realidad estarán protestando contra la crisis de credibilidad que envuelve al gobierno. Exigen verdad y justicia.

Los argentinos no están solos. Los mexicanos tampoco creen en las instituciones. El presidente Enrique Peña Nieto debe demostrar que no cometió excesos intercambiando favores políticos por intereses personales; en el Congreso hay muchos sospechados de estar auspiciados por los narcos y la Justicia es incapaz de esclarecer miles de crímenes, entre ellos la masacre de los 43 estudiantes de Iguala.

En Colombia, pese a todas las buenas apariencias, la impunidad sigue reinando. La Justicia ni esclarece ni repara, es que es tanta y son tantos los casos acumulados en más de 50 años de guerra, que el sistema está colapsado. Al presidente Juan Manuel Santos no le quedan muchos caminos. En las negociaciones con las Farc tendrá que sacrificar justicia por paz o de lo contrario la amenaza de la guerra continuará. Los colombianos no tienen otra salida, tendrán que perdonar y permitir que los líderes guerrilleros se sienten en el Congreso.

Muchas palabras y poca justicia son los ingredientes que acrecientan la crisis de credibilidad. ¿Tendrán conciencia los gobiernos que la desconfianza es el valor más difícil de restaurar y el que hipoteca el futuro? 

Gobiernos Pinocho

Las mentiras oficiales todavía forman parte de la cultura latinoamericana. El desprecio por la verdad de los gobiernos actuales de Argentina, Ecuador, México y Venezuela, se ha enquistado como política de Estado profundizando aún más el rampante clima de corrupción e impunidad.

Este desprecio por la verdad quedó reflejado en el informe anual sobre derechos humanos que presentó esta semana Human Rights Watch. Advierte sobre el deterioro de la democracia en esos países en particular, como consecuencia de poderes judiciales politizados, violaciones sistemáticas a la libertad de prensa y expresión, falta de leyes que obliguen a los gobiernos a brindar información fidedigna, a ser transparentes, a no manipular datos o mentir.

Aunque hace rato estos gobiernos se comportan como Pinocho, los últimos hechos noticiosos los terminaron por desenmascarar. La presidente Cristina Kirchner quedó retratada con nariz creciente en una caricatura de Clarín, por sus reportes vacilantes y cambiantes sobre la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman que la tenía a ella como encubridora del caso AMIA. En México, el  presidente Enrique Peña Nieto quiso imponer punto final a la masacre de los 43 estudiantes de Iguala, declarando muertos a los desaparecidos, temiendo que la ineficiencia judicial sea el lastre que termine con su gobierno.

Y en Venezuela, mientras el titular del Congreso, Diosdado Cabello, trata sin pruebas e información de librarse de quienes lo acusan con evidencias de liderar un cartel de narcotraficantes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa creó un sitio de internet, Somos +, para continuar la defensa moral de su régimen, al que lo siente víctima de críticos y difamadores. En la nueva página web y bajo su argumento de calificar toda crítica de mentirosa y de que todos deben ser súbditos de la verdad oficial, seguidores partidarios y funcionarios públicos se darán a la tarea de identificar, desprestigiar y hasta perseguir legalmente a los usuarios de internet y redes sociales que critiquen al gobierno: “Si ellos mandan un tuit, nosotros mandaremos 10 mil”.

El desprecio por la verdad no es conducta nueva. Tras las intervenciones del INDEC en Argentina y de entidades autónomas en Venezuela, siempre se mintió sobre la inflación, los niveles de pobreza y otras estadísticas estratégicas. Una contradicción con los nuevos tiempos, cuando los países perfeccionan y aprecian la exactitud y cruce de datos con la intención de crear estrategias para remediar problemas sociales. Sin datos verdaderos, los gobiernos terminan apelando a la propaganda.

El escritor Martín Caparrós argumentó sobre los efectos de las mentiras oficiales. En un artículo en El País, se refiere a las devaluaciones argentinas, pero no a las económicas, sino a la más importante “la devaluación de la palabra del Estado”. Acusa al gobierno de Kirchner de ser “una fábrica de ficciones”, y sobre los efectos de los excesivos discursos de Cristina Kirchner observa que la “palabra presidencial se va degradando hasta convertirse en ocasión de chistes malos o, en el mejor de los casos, en un ruido de fondo”.

Todo gobierno, con el tiempo, devalúa su palabra, de ahí el declive de los índices popularidad como efecto de mentiras y contradicciones en el discurso. Pero es en los regímenes populistas, amantes de cadenas nacionales, discursos interminables y excesiva propaganda, donde se observa como la palabra mal usada termina por degradar y polarizar a la sociedad. No hay extremo más ejemplarizante que el de Venezuela, donde Nicolás Maduro usa de la misma forma el discurso de odio para acusar y perseguir a opositores, que el histriónico para respaldar su revolución mediante un Hugo Chávez encarnado en pajarito.

La mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano los gobiernos deben rendir cuentas por más que crean que una mentira dicha mil veces se puede transformar en una verdad absoluta como sostenía el arquitecto de la propaganda nazi, Joseph Goebbels.

En esta época digital en que los ciudadanos pueden informarse y difundir información, criticar y fiscalizar, los gobiernos Pinocho verán mermada su credibilidad por más que digan la verdad, así como aquel pastorcito de la fábula, que después de engañar y mentir a la gente, ya nadie le creyó cuando gritó que el lobo se estaba devorando a sus ovejas. 

Justicia - Nisman: Destinados a ser bananeros

¿En qué se diferencia un país desarrollado de una república bananera?

La respuesta más simple apunta a diferencias de nivel económico y desarrollo entre uno y otro país. La más competente, sin embargo, tiene que ver con el grado de estabilidad política, los niveles de corrupción y la independencia de poderes, especialmente de la justicia.

Sin justicia no hay igualdad y sin justicia independiente un país está destinado a la autodestrucción. La calidad de una democracia, incluso el desarrollo económico, está íntimamente ligada a la calidad de la justicia. Esto es palpable en América Latina.

No es casualidad que Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica tengan mejores sistemas judiciales y, a su vez, menos corrupción, más estabilidad económica y mejor institucionalidad. En las antípodas se encuentran Argentina, Venezuela y México, con poderes judiciales ineficientes, satélites del poder, y con resultado similar: Una superlativa sensación de impunidad, desigualdad e inseguridad.

Las marchas y cacerolazos en Argentina en reclamo por justicia tras la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman, muestran frustración e impotencia social frente a un Estado que, enajenado por el poder de turno, no ofrece ni garantías ni bien común.

El sistema de administración de justicia de Argentina, como el de Venezuela, está infiltrado por el gobierno. Quedó demostrado en ambos casos que los intentos por “democratizar la justicia” no fueron más que la búsqueda permanente de transformar al Poder Judicial en un aparato judicial para el interés y servicio propio.

Difícilmente pueda el caso Nisman ser punto de quiebre para que todo cambie de ahora en más. El kirchnerismo, como el chavismo después de que fue asesinado en Venezuela el fiscal  Danilo Anderson en 2004, sacará a relucir toda suerte de teorías de la conspiración y chivos expiatorios. La primera carta en Facebook de la presidenta Cristina Kirchner ya apuntó en esa dirección. Culpó a extraños y espías, conspiraciones, titulares de Clarín y a la propia víctima, librándose de la acusación de que el gobierno encubrió a funcionarios iraníes por la masacre contra la AMIA, a cambio de favores políticos y económicos.

Fue la misma fórmula original que Hugo Chávez utilizó para perseguir a periodistas y opositores sin ton ni son; muchos acusados, varios encarcelados y otros exiliados.

El secuestro de la justicia, que no se le puede achacar solo al presente gobierno argentino, es el mayor vicio del país. Las reformas judiciales siempre intentaron crear fiscales y jueces “gubernamentales”. La consecuencia es un estado perenne de impunidad e inmunidad, sintetizado ahora en las irregularidades irresueltas de la misma Presidenta sobre sus negocios inmobiliarios, en los negociados del vicepresidente Amadao Bodou y de tantos otros como los Báez, Ciccone, de Vido adosados como ornamentos a un gran arbolito de Navidad.

Es claro. Por la falta de independencia de la justicia se agudizan todos los vicios, el más perverso, la corrupción, y el más violento, las mafias. En su reciente viaje a Filipinas el papa Francisco advirtió que la corrupción o la falta de justicia es el equivalente a “terrorismo de Estado”, el origen de la desigualdad.

Lo más trascendente del discurso de Barack Obama al Congreso esta semana, no fue que se haya enfocado en la mejoría del empleo, la independencia energética y en terminar terrorismos y guerras, sino en su idea de que la justicia y la igualdad son la base del desarrollo de su país: “(Nos) va mejor cuando todo el mundo tiene su oportunidad justa, recibe lo justo, donde todo el mundo juega con las mismas normas”.

EEUU está repleto de ambigüedades y limitaciones como cualquier país. Pero si hay algo que los ciudadanos valoran es la sensación de que las reglas son claras y parejas para todos. Que las leyes no están inspiradas en revanchismos políticos, sino en el bien común.

La certeza ciudadana de que la justicia es independiente al poder político, que no se usa para perseguir o blindar a nadie, que no existe otro interés más que buscar la verdad y de que la ley se aplicará sin distinciones, crea confianza, institucionalidad y despeja el camino para el desarrollo.

La eficiencia de la justicia define a un país; sin independencia cualquier país está destinado a ser bananero.