Argentina deja Telesur y a la propaganda

Nicolás Maduro se enojó con su colega Mauricio Macri porque Argentina decidió retirarse de la cadena televisiva multiestatal Telesur, de la que era socia desde que Hugo Chávez la creó en 2005 para contrarrestar la “propaganda imperialista de CNN”.

El berrinche de Maduro fue para matar dos pájaros de un tiro. Se la tenía jurada al presidente argentino desde que anunció que pediría al Mercosur aplicar la cláusula democrática contra Venezuela por su violación sistemática de los derechos humanos. Macri luego cedió porque la oposición ganó las elecciones legislativas, aunque seguramente insista ahora al saber que Maduro se niega a promulgar una ley de amnistía que el Congreso venezolano aprobó esta semana para liberar a 78 presos políticos.

Maduro, fiel a su estilo mandón y boquiabierto, comparó a Macri con los represores, haciendo un juego de palabras entre “desaparecer” a Telesur y los “30 mil desaparecidos”, desafiando con que nadie va a “desaparecer la verdad… si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por internet”.

La exageración no pudo tapar la realidad de Telesur. Más que un canal de noticias es un capricho propagandístico subvencionado por el chavismo, ideado para propagar “el socialismo del siglo 21”, ahora en retirada y desahuciado. No tiene impacto ni audiencia y mucho menos credibilidad. Provee información en forma unidireccional, característica especial a la que apuntó el ministro argentino de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Lombardi no necesitó decir mucho más para justificar que Argentina se retira de la televisora. La salida no es tan solo política, sino pragmática y coherente con los criterios de Macri para desactivar los órganos que sustentaron el relato K o la narrativa estrambótica ideada por el chavismo que, a través de Telesur, prefiere dar espacio a los líderes narcotraficantes de las Farc para hablar de sus logros por la paz, que a admitir la existencia de presos políticos en su país de origen.

El ahorro económico para el gobierno argentino no es mucho por el 16% de participación en Telesur, algo así como un cuarto de millón de dólares, aunque un solo dólar de los contribuyentes destinados a propaganda es un malgasto total. Sin embargo, la decisión le sirve a Macri para fundamentar su política informativa. Había prometido en campaña que acabaría con la propaganda, que los medios que maneja el gobierno serían públicos y no partidarios y que nunca más existiría la "guerra del Estado contra el Periodismo", antagonismo que siempre fomentaron el chavismo y el kirchnerismo.

La frustración de Maduro es que está viendo cómo empieza a desmoronarse todo el aparato de comunicación hegemónica que en un primer momento bajó de Cuba y que luego se potenció con el chavismo. Estos gobiernos utilizaron recursos públicos para apuntalar grandiosos aparatos de propaganda, además de no escatimar esfuerzos para perseguir a la oposición, a los medios y periodistas que no se sumaban a sus designios. 

En el último año de su mandato, Cristina Kirchner desembolsó 1.400 millones de dólares para sustentar un aparato gigantesco de medios públicos que usó como armas partidarias, distribuir pauta publicitaria a medios amigos y apuntalar a Fútbol para Todos y otros programas que propalaban su relato.

Siempre he sostenido la teoría de que los gobiernos autoritarios necesitan más propaganda cuando decrecen sus logros y progreso. Esa lógica queda demostrada con el gasto exorbitado del kirchnerismo en 2015, así como del chavismo, el correísmo ecuatoriano y el orteguismo nicaragüense. Comenzaron a invertir más en propaganda a medida que decaían sus logros políticos y económicos y su popularidad. De ahí que en este momento Telesur, así como otros medios del chavismo, son fundamentales para mantener el sistema político.

La salida de Telesur es un buen paso del gobierno argentino. Telesur, si quiere continuar como medio y alternativa, tendrá que ser eficiente, debería transformarse en medio público sin subvenciones exageradas o pasar a manos privadas y quedar al arbitrio de su audiencia. De lo contrario, sino cambia, durará tanto como el régimen que lo sustenta.

Los gastos en propaganda, lamentablemente, son el último bastión que abandonan los regímenes autoritarios, a sabiendas que deben guardar las apariencias hasta último momento. 

Información y propaganda; Telesur

El nuevo gobierno hondureño cometió de nuevo un error en materia de libertad de prensa hostigando a periodistas de la agencia venezolana de noticias Telesur y del canal Venezolana de Televisión, VTV, ambos órganos del gobierno de Hugo Chávez. Si bien los hechos son confusos, respecto a que los periodistas aseguran que fueron expulsados, mientras que las autoridades dicen que abandonaron el país, lo cierto es que el episodio es reprobable y no ayuda a generar un mejor ambiente. La policía, en algún momento, mencionó que los periodistas habían violado el toque de queda, sin embargo, las autoridades habían dicho que no tendría alcance para periodistas y medios de comunicación.

Telesur, que nació básicamente como una agencia informativa de propaganda del gobierno de Chávez para neutralizar a la “propaganda imperialista de CNN”, jamás pudo sacarse de arriba su estigma de trabajar informativamente para un gobierno. Generalmente, es difícil descifrar cuando la cadena reporta sobre los hechos con desinterés y cuando tiene una intención específica de torcerlos de acuerdo a los mandatos estratégicos y políticos de su dueño.

Esta noche hubo una prueba más de esa intención, cuando en una entrevista con el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard, para lo cual se había pautado hablar sobre el tema de Honduras, antes de cualquier pregunta, Rivard tuvo que escuchar una larga perorata del presidente nicaragüense Daniel Ortega sobre la falta de libertad de prensa en Honduras, desafiando a la SIP a que se pronuncie al respecto. Nada original, ya que lo mismo, entre ayer y hoy, lo solicitó el presidente Hugo Chávez y periodistas de Telesur en forma pública.

Rivard, muy tranquilo, en pocos minutos que se le permitió estar en el aire, respondió que Daniel Ortega era justamente uno de los presidentes más peligrosos contra la libertad de prensa para los medios de su país y que nada tenía que decirle a la SIP sobre Honduras, al tiempo que recordó que la institución ya ha había expedido tres peticiones oficiales (y públicos) al gobierno de Roberto Micheletti y que había un nuevo pronunciamiento para reclamar sobre libertad de prensa.

Una semana antes, el presidente de la SIP, Enrique Santos, también había sido entrevistado en Telesur, pero gran parte de la entrevista en la que se refirió a las violaciones constantes a la libertad de prensa de Hugo Chávez, nunca fue transmitida.

Lo bochornoso, en todo caso más allá de los políticos como Chávez y Ortega, quienes lamentablemente siempre buscan echarle la culpa a la prensa de los desmanes que producen, es que haya periodistas que asumiendo un papel político, propagandístico y desafiante reclamen ante instituciones como la SIP que nunca se han fijado cuando claman por el respeto a la libertad de prensa, así sean gobiernos de las más variadas ideologías como sobre periodistas que laboran en medios privados o estatales. No se trata de que denuncien esos atropellos, todo lo contrario, sino que lo hagan con esa desafío que los desacredita de cuajo por adoptar los mismo criterios que los políticos en cuestión.

Por más que la SIP saque cientos de pronunciamientos a favor de Telesur, la cadena y el gobierno de Chávez – como el de Ortega esta noche – se harán los distraídos y aprovecharán para distorsionar los hechos y crear propaganda, fieles a sus objetivos de crear polarización y divisiones.

Finalmente, la discusión puede ser eterna cuando se tocan estos temas entre información y propaganda, quedando al público el discernimiento sobre la credibilidad de los medios y los periodistas.

Dolorosa libertad de prensa en Honduras

A juzgar por el atropello contra la libertad de prensa, los periodistas y los medios de comunicación, se puede afirmar que en Honduras sí hubo un golpe de Estado el domingo cuando se destituyó al presidente Manuel Zelaya. Esta, la libertad de prensa, es una de las primeras víctimas que llevan implícito los cortes constitucionales, así como el debilitamiento de otros derechos individuales y sociales.

Más allá de si se justificaba o no para el pueblo y las autoridades hondureñas expulsar al Presidente o sobre la discusión de si se trató de un golpe de Estado o de una destitución apegada a las leyes, lo cierto es que el nuevo gobierno censuró a periodistas y medios de comunicación, como en el caso de los medios radioeléctricos, particularmente, entre ellos las cadenas internacionales Telesur y CNN Internacional, así como la agencia AP. Si bien las restricciones fueron duras en las primeras 48 horas, también es un poco exagerado hablar de un “apagón informativo” como algunos grupos defensores de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa hicieron ver, como si se hubiera tratado de otro Irán.

Prueba de que no fue así, es que los sitios de internet de noticias más importantes del país, prácticamente todos los periódicos, no tuvieron ningún tipo de censura. Se informó minuto a minuto, sin censura previa, y los medios o la comunidad internacional no se vieron forzados a informarse a través de Twitter, Facebook o YouTube como sucedió tras la crisis y la férrea censura en Irán.

También se deben dejar de lado por mentirosas y chabacanas las acusaciones de Hugo Chávez quien desde el principio – como no pudo culpar a Barack Obama ni al imperio de estar detrás del golpe – responsabilizó a “los medios oligarcas” de ser los intelectuales atrás de la escena. Los medios hondureños, principalmente los diarios independientes, ya están acostumbrados a los insultos de Chávez, como cuando les calificó de “pitiyanquis” y de “lame cu…” después de criticar al gobierno de Zelaya por alinearse a la iniciativa ideológica del ALBA.

Vale aclarar que si bien no hay excusa para restringir la labor de la prensa en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, tampoco se puede pecar de ingenuidad y pensar que durante el gobierno de Zelaya la libertad de prensa era absoluta. El Canal 8 fue cerrado por las nuevas autoridades porque no se trataba de un canal público, sino de uno que fue utilizado por el gobierno de Zelaya, con los dineros de los hondureños, como un medio al servicio propagandístico.

El gobierno de Zelaya también se ha caracterizado, y fue denunciado, por utilizar la publicidad oficial para castigar y premiar a los medios, corrompió a numerosos periodistas que estaban en planilla, y cometió continuos atropellos contra medios y periodistas por el solo hecho de que disentían y fiscalizaban su labor.

Lo que sí es censurable, es que entre tanta confusión y sin saber a quien echarle la culpa en el tumulto, mucha gente parece avivada y azuzada para volcarse en contra de los medios y acusarlos de golpistas. No hay un medio de comunicación en Honduras que no haya estado o todavía esté de alguna forma – la empresa en sí, sus editores, periodistas o fotógrafos – siendo amenazado, agredido, violentado, maltratado o malinterpretado por una u otra posición que forman parte de la profunda polarización que afecta a la sociedad.

Lamentablemente, la libertad de prensa termina siendo un elemento muy doloroso para muchos, pero muy necesaria para mantener a la democracia a flote. Y al nuevo gobierno le cabe preservarla.