Dolorosa libertad de prensa en Honduras

A juzgar por el atropello contra la libertad de prensa, los periodistas y los medios de comunicación, se puede afirmar que en Honduras sí hubo un golpe de Estado el domingo cuando se destituyó al presidente Manuel Zelaya. Esta, la libertad de prensa, es una de las primeras víctimas que llevan implícito los cortes constitucionales, así como el debilitamiento de otros derechos individuales y sociales.

Más allá de si se justificaba o no para el pueblo y las autoridades hondureñas expulsar al Presidente o sobre la discusión de si se trató de un golpe de Estado o de una destitución apegada a las leyes, lo cierto es que el nuevo gobierno censuró a periodistas y medios de comunicación, como en el caso de los medios radioeléctricos, particularmente, entre ellos las cadenas internacionales Telesur y CNN Internacional, así como la agencia AP. Si bien las restricciones fueron duras en las primeras 48 horas, también es un poco exagerado hablar de un “apagón informativo” como algunos grupos defensores de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa hicieron ver, como si se hubiera tratado de otro Irán.

Prueba de que no fue así, es que los sitios de internet de noticias más importantes del país, prácticamente todos los periódicos, no tuvieron ningún tipo de censura. Se informó minuto a minuto, sin censura previa, y los medios o la comunidad internacional no se vieron forzados a informarse a través de Twitter, Facebook o YouTube como sucedió tras la crisis y la férrea censura en Irán.

También se deben dejar de lado por mentirosas y chabacanas las acusaciones de Hugo Chávez quien desde el principio – como no pudo culpar a Barack Obama ni al imperio de estar detrás del golpe – responsabilizó a “los medios oligarcas” de ser los intelectuales atrás de la escena. Los medios hondureños, principalmente los diarios independientes, ya están acostumbrados a los insultos de Chávez, como cuando les calificó de “pitiyanquis” y de “lame cu…” después de criticar al gobierno de Zelaya por alinearse a la iniciativa ideológica del ALBA.

Vale aclarar que si bien no hay excusa para restringir la labor de la prensa en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, tampoco se puede pecar de ingenuidad y pensar que durante el gobierno de Zelaya la libertad de prensa era absoluta. El Canal 8 fue cerrado por las nuevas autoridades porque no se trataba de un canal público, sino de uno que fue utilizado por el gobierno de Zelaya, con los dineros de los hondureños, como un medio al servicio propagandístico.

El gobierno de Zelaya también se ha caracterizado, y fue denunciado, por utilizar la publicidad oficial para castigar y premiar a los medios, corrompió a numerosos periodistas que estaban en planilla, y cometió continuos atropellos contra medios y periodistas por el solo hecho de que disentían y fiscalizaban su labor.

Lo que sí es censurable, es que entre tanta confusión y sin saber a quien echarle la culpa en el tumulto, mucha gente parece avivada y azuzada para volcarse en contra de los medios y acusarlos de golpistas. No hay un medio de comunicación en Honduras que no haya estado o todavía esté de alguna forma – la empresa en sí, sus editores, periodistas o fotógrafos – siendo amenazado, agredido, violentado, maltratado o malinterpretado por una u otra posición que forman parte de la profunda polarización que afecta a la sociedad.

Lamentablemente, la libertad de prensa termina siendo un elemento muy doloroso para muchos, pero muy necesaria para mantener a la democracia a flote. Y al nuevo gobierno le cabe preservarla.