Intoxicados de desconfianza

Facebook los descubrió y el gobierno de EEUU los acusó. Los hackers del gobierno ruso están tratando de influenciar las elecciones legislativas de noviembre, así como lo hicieron en las presidenciales de 2016 y en otras votaciones en el mundo entero.

El nuevo escándalo es mayúsculo, pero los políticos en EE.UU. y de otras naciones no deberían rasgarse tanto las vestiduras. Todos los gobiernos y partidos políticos en esta era digital tienen “cibertropas” que a fuerza de mentiras, difamación y propaganda engañosa buscan captar votos a como dé lugar.

Esas reglas de juego, justificadas en elecciones y que las leyes castigan en cualquiera otra actividad, son una de las principales fuentes de desconfianza pública que afecta a la sociedad y a las instituciones, entre ellas, los propios gobiernos y partidos políticos que las generan.

Lejos de desaparecer, las prácticas propagandísticas son cada vez más comunes y sofisticadas debido a los consultores y, también, a los hackers que intentan dinamitar los procesos. Antes, la propaganda y la información engañosa se esparcían desde los actos de campaña y, de alguna forma, eran filtradas por los medios de comunicación. Hoy, gracias a que las redes sociales nos han convertido en medios, todos estamos expuestos a la manipulación directa y a potenciar el engaño compartiendo noticias falsas por doquier.

Esta semana el Congreso de EE.UU. levantó su voz contra la industria del internet y su permisividad ante las noticias falsas. Temen que en las próximas elecciones legislativas de noviembre ocurra la misma invasión de trolls rusos que en 2016. La reprimenda no fue casual. Facebook anunció que desbarató una “acción coordinada” de propaganda rusa. Desactivó 32 cuentas y perfiles falsos que eran usados para influenciar a miles de usuarios, hasta para empoderarlos a marchar en contra de las policías en varias ciudades. La campaña información tóxica tendría el mismo patrón que la de las elecciones pasadas cuando se bombardeó con engaños a 126 millones de usuarios.

El Congreso también le reclamó mayor determinación al presidente Donald Trump para que admita y ataque el fenómeno ruso. Pero resulta una ironía la de buscar culpables en otro lado o de hacer responsables a Facebook y Google, cuando las culpas también son propias. Los legisladores deberían implementar reglas más estrictas de conducta electoral, tener mejores filtros para admitir candidatos y exigir mayor transparencia financiera a los partidos políticos.

Ningún gobierno puede esquivar el bulto. Un nuevo estudio del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford demuestra que existe cada vez mayor inclinación a la “manipulación del debate público”. Destaca que la mayoría de estas campañas son creadas por “cibertropas” al mando de  gobiernos y partidos del propio país, y no de hackers foráneos como se denunció en el caso de Facebook, Instagram y redes de mensajería.

El Instituto de Oxford determina que si bien los casos más notorios sobre influencia negativa de procesos electorales fueron la votación en EE.UU y el referéndum del Brexit en Inglaterra, ambos en 2016, la práctica de manipulación electoral digital, a través de bots, cuentas falsas y creciente gasto de publicidad digital, es común desde 2010 y afecta a 48 países, incluido Brasil, que celebrará presidenciales en octubre en un clima tóxico de falsedades.

El lado positivo de estas negativas tramas rusas es que ha permitido visualizar y calibrar el daño concreto que pueden causar la propaganda y las noticias falsas, habiendo motivado procesos para remediar esos perjuicios, como lo intentan Facebook, Twitter y Google.

Recobrar la confianza requerirá mayores esfuerzos. Las redes sociales tienen mucho más por hacer para combatir la toxicidad, al tiempo que deben mantener el equilibrio entre la censura y la libertad de expresión. Los medios deberán insistir en la calidad de contenidos y restablecerse como relevantes en sociedades digitales que ya los daban por muertos a corto plazo.

A los ciudadanos nos queda tomar conciencia de la alta responsabilidad que implica el uso de redes sociales y el consumo-difusión de información. Sin embargo, la mayor responsabilidad les cabe a los gobiernos y los partidos. Deberían cambiar la cultura de hacer política y su conducta en procesos electorales. trottiart@gmail.com

Las mentiras en la democracia

Se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en casi todos los discursos se aludió a la proliferación de noticias falsas, el gran dolor de cabeza de esta nueva etapa de la era digital.

Nadie hizo autocrítica ni pidió disculpas. Sí se propusieron, y en abundancia, fórmulas para contrarrestarlas y eliminarlas de la faz de la Tierra. Muchos gobiernos y legisladores, consideran que la regulación es la única forma de controlar a las fake news. Como argumento reclaman que se debe defender la democracia, reinstaurar la confianza pública y proteger a los usuarios en las redes sociales.

No creo que el camino sea la regulación. Fue y es la excusa perfecta de los gobiernos autoritarios, siempre en busca de recetas para legitimar la censura. Ante esta nueva moda reguladora, habría que preguntarse: ¿Se debe censurar a los medios y redes sociales, por donde se vehiculizan; o se debe castigar a quienes las originan? Y si se reglamentaran para evitar su intromisión negativa en procesos electorales, ¿no se corre el riesgo de caer en excesos, censurando opiniones, críticas y sátiras de apariencia falsa, pero igualmente válidas?

El peligro es que muchos temas periodísticos - Panamá Papers, FIFAgate, Paradise Papers, Odebrecht – habrían podido censurarse porque en sus inicios fueron rumores y datos dudosos, que alguien pudo haber reclamado por tratarse de noticias falsas.

Por esto creo que soportar mentiras, es el precio a pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con la intención de causar daño, es el precio por vivir en libertad y con libertades de prensa y expresión.

Los legisladores no deberían apresurarse a legislar. Deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar más debate.  Si se legisla cuando todavía existe confusión, se corre el riesgo de sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.

Preocupa que la atención sobre las mentiras esté enfocada a censurar a los medios y a las redes sociales y no a sus usinas y fábricas. Las más perniciosas están alejadas del Periodismo, más bien son parte de los aparatos de propaganda gubernamentales, como lo demostró la trama rusa en EEUU.

No hay que ir tan lejos a buscar responsables. Todos los gobiernos y partidos políticos, con la ayuda de consultoras y de agencias, contratan ciber militantes que ofrecen servicios de trolls y bots. El trabajo de estos centros de propaganda y manipulación es crear cuentas de usuarios anónimas o con nombres ficticios para hacer campañas de desprestigio, insultar o instalar trending topics y manosear así la conversación pública. Hacerlo no requiere ni mucha profesionalidad ni muchos recursos. Ya no hay campaña política sin estos artilugios.

Algunos gobiernos muestran a cabalidad los efectos y excesos que se cometen cuando se legisla sobre contenidos y mensajes. Las leyes de propaganda enemiga y mordaza en Cuba y Venezuela, criminalizan toda crítica, opinión e información que no se ajuste a la “verdad oficial”, única y autorizada. Muchos periodistas y ciudadanos cumplen sentencias de 20 años de cárcel por el delito de opinión.

Sin dudas que las noticias falsas tienen influencia negativa en la confianza pública, debilitan las instituciones. Son un tema a remediar. Mucho debe pasar por la autorregulación. Facebook, Google y otras empresas digitales necesitan hacer mayores esfuerzos para diferenciar contenidos falsos de los que provienen de fuentes honestas. Deben ser más transparentes en la moderación de contenidos, impedir la publicidad engañosa y evitar la manipulación de los datos de los usuarios.  

El Periodismo debe procurar más calidad en los contenidos. Investigar y hacer del  fact checking un nuevo género periodístico. Todos, medios, redes sociales y gobiernos deben alfabetizar digitalmente a los usuarios para que reconozcan y no viralicen las noticias falsas.

Pero donde se impone estricta legislación es ante gobiernos y partidos políticos. Se necesita más transparencia sobre la financiación de las campañas electorales y sobre sus sistemas de propaganda, fábricas de fake news.  

En casos de información y contenidos, la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU es tajante. Prohíbe al gobierno crear leyes que censuren esas libertades, incluidas las noticias falsas. trottiart@gmail.com

Argentina deja Telesur y a la propaganda

Nicolás Maduro se enojó con su colega Mauricio Macri porque Argentina decidió retirarse de la cadena televisiva multiestatal Telesur, de la que era socia desde que Hugo Chávez la creó en 2005 para contrarrestar la “propaganda imperialista de CNN”.

El berrinche de Maduro fue para matar dos pájaros de un tiro. Se la tenía jurada al presidente argentino desde que anunció que pediría al Mercosur aplicar la cláusula democrática contra Venezuela por su violación sistemática de los derechos humanos. Macri luego cedió porque la oposición ganó las elecciones legislativas, aunque seguramente insista ahora al saber que Maduro se niega a promulgar una ley de amnistía que el Congreso venezolano aprobó esta semana para liberar a 78 presos políticos.

Maduro, fiel a su estilo mandón y boquiabierto, comparó a Macri con los represores, haciendo un juego de palabras entre “desaparecer” a Telesur y los “30 mil desaparecidos”, desafiando con que nadie va a “desaparecer la verdad… si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por internet”.

La exageración no pudo tapar la realidad de Telesur. Más que un canal de noticias es un capricho propagandístico subvencionado por el chavismo, ideado para propagar “el socialismo del siglo 21”, ahora en retirada y desahuciado. No tiene impacto ni audiencia y mucho menos credibilidad. Provee información en forma unidireccional, característica especial a la que apuntó el ministro argentino de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Lombardi no necesitó decir mucho más para justificar que Argentina se retira de la televisora. La salida no es tan solo política, sino pragmática y coherente con los criterios de Macri para desactivar los órganos que sustentaron el relato K o la narrativa estrambótica ideada por el chavismo que, a través de Telesur, prefiere dar espacio a los líderes narcotraficantes de las Farc para hablar de sus logros por la paz, que a admitir la existencia de presos políticos en su país de origen.

El ahorro económico para el gobierno argentino no es mucho por el 16% de participación en Telesur, algo así como un cuarto de millón de dólares, aunque un solo dólar de los contribuyentes destinados a propaganda es un malgasto total. Sin embargo, la decisión le sirve a Macri para fundamentar su política informativa. Había prometido en campaña que acabaría con la propaganda, que los medios que maneja el gobierno serían públicos y no partidarios y que nunca más existiría la "guerra del Estado contra el Periodismo", antagonismo que siempre fomentaron el chavismo y el kirchnerismo.

La frustración de Maduro es que está viendo cómo empieza a desmoronarse todo el aparato de comunicación hegemónica que en un primer momento bajó de Cuba y que luego se potenció con el chavismo. Estos gobiernos utilizaron recursos públicos para apuntalar grandiosos aparatos de propaganda, además de no escatimar esfuerzos para perseguir a la oposición, a los medios y periodistas que no se sumaban a sus designios. 

En el último año de su mandato, Cristina Kirchner desembolsó 1.400 millones de dólares para sustentar un aparato gigantesco de medios públicos que usó como armas partidarias, distribuir pauta publicitaria a medios amigos y apuntalar a Fútbol para Todos y otros programas que propalaban su relato.

Siempre he sostenido la teoría de que los gobiernos autoritarios necesitan más propaganda cuando decrecen sus logros y progreso. Esa lógica queda demostrada con el gasto exorbitado del kirchnerismo en 2015, así como del chavismo, el correísmo ecuatoriano y el orteguismo nicaragüense. Comenzaron a invertir más en propaganda a medida que decaían sus logros políticos y económicos y su popularidad. De ahí que en este momento Telesur, así como otros medios del chavismo, son fundamentales para mantener el sistema político.

La salida de Telesur es un buen paso del gobierno argentino. Telesur, si quiere continuar como medio y alternativa, tendrá que ser eficiente, debería transformarse en medio público sin subvenciones exageradas o pasar a manos privadas y quedar al arbitrio de su audiencia. De lo contrario, sino cambia, durará tanto como el régimen que lo sustenta.

Los gastos en propaganda, lamentablemente, son el último bastión que abandonan los regímenes autoritarios, a sabiendas que deben guardar las apariencias hasta último momento. 

Teconología y terrorismo

La era digital conlleva grandes desafíos. El más impensado es que ha metido de cabeza a las empresas privadas a resolver guerras, conflictos y terrorismo, un campo que antes era exclusivo de gobiernos y estados enfrentados.

Google, Facebook, YouTube y Twitter están cada vez más acorraladas. Tras los ataques del Estado Islámico en París y San Bernardino, el gobierno de Barack Obama les está exigiendo más compromiso para que sus plataformas tecnológicas no sean usadas por los terroristas para propagar su odio, reclutar voluntades y organizar atentados.

El reclamo, también instalado en la campaña electoral por Hillary Clinton y Donald Trump, parece loable y patriótico, aunque esconde muchas complejidades. La principal es que impone a las compañías privadas una actitud de policía que no tienen.

Si estas compañías no resisten, corren el riesgo de perder independencia, lo que carcomerá la confianza del público. También perderán negocios en el extranjero por el temor de que sus productos estén infiltrados por la vigilancia del gobierno estadounidense. Especialmente, les lloverán pedidos similares de gobiernos no tan democráticos, que bajo la excusa de perseguir a terroristas, usarán la información para marginar a sus opositores.

Obama pidió a las empresas digitales que combatan al terrorismo con la misma fuerza que a la pornografía infantil y que dejen de desarrollar tecnología para encriptación de mensajes, para que la información sea más permeable para las agencias de seguridad.

Las tecnológicas han mejorado su trabajo con bancos de imágenes que les permiten detectar pornografía y desactivarla de inmediato, aunque un “googleo” rápido muestra que no son muy eficientes. La encriptación de mensajes, por otro lado, es un arma de doble filo, esencialmente porque es tecnología creada para aumentar la privacidad de los usuarios y para evitar que hackers y cibercriminales puedan atacar bancos, transporte aéreo o plantas nucleares.

Los terroristas, además, no siempre mantienen sus conversaciones a oscuras y son ávidos en el uso de las tecnologías. En París se comunicaron por mensaje de texto regulares y en San Bernardino cuando Twitter eliminó el tuiteo del Estado Islámico, “California: hemos llegado con nuestros soldados y decidan su final, con bombas o cuchillos”; los terroristas reaparecieron con decenas de cuentas nuevas.

En este intríngulis donde entran en conflicto derechos constitucionales de igual valor, como la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la tarea no es fácil. Las compañías digitales basan su estrategia de crecimiento no solo en la innovación, sino también en la credibilidad, la que ya fue corroída cuando admitieron el espionaje y vigilancia del gobierno tras la denuncia de Edward Snowden en 2013.

Tras aquel escándalo, las empresas reforzaron la protección de los datos de los usuarios y comenzaron a ofrecer informes de transparencia, en los que se describen los pedidos de gobiernos y usuarios para desactivar contenidos incendiarios, los que no siempre acatan.

Por ahora, mientras no haya una ley que los obligue, solo entregan información cuando es solicitada mediante orden judicial. Muchas veces, además, no desactivan contenidos ante el pedido de las propias agencias de seguridad que prefieren no alertar a los sospechosos que están investigando. Parece ser el caso de Tashfeen Malik, el autor de la masacre de San Bernardino, a quien vigilaban por pregonar contenidos propagandísticos a favor del terrorismo en su perfil de Facebook.

Los terroristas, así en el territorio físico como en el virtual, regeneran tácticas y estrategias mediante el uso de tecnologías disponibles para todos, por lo que no resulta fácil encontrar el antídoto. De todos modos, sería grave limitar la eficiencia de los mensajes encriptados. Se correría el riesgo de que la realidad digital se vuelva más vulnerable y disminuyan los espacios de privacidad.

La polémica está situada y no será fácil resolverla. Hasta ahora la tecnología se percibía como la solución a muchos problemas, pero en el caso del terrorismo es en sí misma el problema. La innovación seguramente encontrará sus formas. Ojalá que en el ínterin, los gobiernos no obliguen a las empresas privadas a actuar como agencias de seguridad.

Trump, terroristas y censura

La respuesta gubernamental a la incitación al terrorismo y la propaganda que pregonan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda través del internet y las redes sociales, está desbaratando logros sobre libertad de expresión que a la humanidad le ha costado siglos conseguir.

Muchos gobiernos, entre ellos China, Alemania, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya han adoptado medidas y legislaciones de censura directa contra aquellos individuos que usan el internet para incitar a favor del terrorismo, reclutar a militantes y organizar atentados.

Aunque la acción gubernamental pareciera loable y lógica, existe el peligro de que se ponga todo en una misma bolsa, confundiéndose la incitación a la violencia y  los discursos de odio, con acciones directas de proselitismo extremista y organización de atentados, acciones, estas últimas, que sí merecen atención legislativa en favor de la seguridad nacional y personal.

El problema es cuando se promulgan leyes en contra de la incitación al terrorismo o la violencia y sobre los discursos de odio, lo que brinda a los gobiernos la excusa para reprimir otras formas legítimas de expresión, ya sean políticas, étnicas o religiosas. La nueva ley antiterrorista que China promulgó en diciembre para censurar la actividad de grupos terroristas en internet, sirve de ejemplo. Ya es usada para castigar a disidentes y opositores a los que también se califica de terroristas.

Algo parecido todavía sucede en algunos países latinoamericanos, donde el solo mote de “terrorista de Estado” a opositores, ha servido para que las cárceles estén llenas de presos políticos. En Inglaterra, por otro lado, la controversia surge en torno a la legislación sobre el discurso de odio. El Parlamento inglés decidirá esta próxima semana si permite la entrada al país de Donald Trump, quien criticó a los musulmanes ingleses y pregona que no dejará entrar a ningún musulmán a EEUU de llegar a la Presidencia.

Los dichos y prejuicios de Trump pueden ser insultantes, pero prohibirle que los exprese o condenar sus opiniones antes de que se conviertan en acciones reales, es una reacción exagerada. Una reacción que podría degenerar en excesos para censurar otras expresiones que aunque sean ofensivas, pueden contribuir al debate y generar aprendizaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU, que siempre ha protegido el derecho a la libertad de expresión por sobre otros, solo permite la restricción a la incitación a la violencia, cuando la agresión es intencional o representa un peligro inminente. La Corte prohíbe que se censuren los discursos inflamatorios, considerando que para lidiar con ellos es mejor más libertad que represión.  De ahí que contrario a otros países, en EEUU no se prohíben manifestaciones neo nazis, alabanzas al Ku Klux Klan o la quema de la bandera, siempre y cuando no entorpezcan otras actividades públicas.

Castigar la incitación a la violencia y los discursos de odio cuando son solo expresiones sin que representen peligros inminentes, podría provocar abusos contra todo tipo de mensajes. Por ejemplo, la revista satírica francesa Charlie Hebdó no habría podido publicar esta semana un homenaje en tapa a sus 11 caricaturistas acribillados en nombre de Alá el año pasado. Publicó una caricatura de un Dios malvado con un fusil en su espalda y un titular sugerente – “un año después el asesino sigue suelto”- que seguramente ofendió a musulmanes y creyentes en general, como así lo señaló el Osservatore Romano del Vaticano.

El tema es complejo. Las nuevas legislaciones no distinguen la incitación al terrorismo con reclutamiento de terroristas, los gobiernos más autoritarios aprovechan a restringir todo en nombre de la seguridad nacional y otros vigilan indiscriminadamente a los usuarios afectando el derecho a la privacidad. Por otro lado, empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google, están siendo presionadas para crear mecanismos de censura contra los terroristas para evitar que sigan usando sus redes para hacer propaganda, planear atentados y reclutar militantes.

Ojala las empresas activen esos mecanismos en forma rápida y eficiente. Así evitarán que los gobiernos tengan que reaccionar creando leyes antiterroristas que, indefectiblemente como en el caso de China, servirán para censurar todo tipo de expresiones.

Gobiernos que se creen Estado

Los ciudadanos tienen derechos; los gobiernos, deberes. Así lo ordenan las constituciones en un Estado de derecho. Sin embargo, en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ese orden está invertido.

Estos gobiernos en vez de administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan de privilegios y hasta disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo antes lo hacían las dictaduras militares o, todavía ahora, el régimen de los Castro.

Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Mientras tanto, protegidos por un blindaje auto creado, gobiernan autoritarios. El culto al personalismo es su rasgo característico, de ahí que haya textos escolares con dibujitos en los que Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro, juez, busque encarcelar para siempre a Leopoldo López.

Quienes se creen predestinados buscan poder continuo. Morales, en el primer año de su tercer mandato, busca reelección eterna. Correa también lo hará en diciembre mediante reforma constitucional. En su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que la justicia, los partidos y los medios les cuestionen.

Cuando más cuestionamientos, más se empecinan en crear controles. Correa busca darle rango constitucional a una propuesta que parece inofensiva. Quiere que la información sea un bien público, que al igual que el agua, la electricidad o la salud, pueda ser administrada por el Estado. De prosperar su iniciativa, podrá limitar, restringir o censurar la información, como en estos días, cuando dispuso que para evitar “alarmismos innecesarios”, nada se puede publicar sobre la erupción del volcán Cotopaxi.

Correa detesta que la información fluya libremente. Temeroso de las críticas, la cercena desde el primer día de su mandato, pero nunca lo hizo en forma tan eficiente después que sancionó la Ley de Comunicación hace dos años. A través de ella controla contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas que no se apegan a la verdad oficial.

Prueba de su autoritarismo es el hecho de no solo ha creado la ley, sino que también se auto adjudicó la función de juez. Mediante órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, la administra según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una de las 161 sanciones fue aplicada contra medios estatales, las demás contra medios independientes; varios de ellos, ante las reiteradas sanciones y multas millonarias, se vieron obligados a cerrar.

La ley nació bajo la excusa de “democratizar” la comunicación, pero terminó siendo instrumento de autoritarismo. La mayoría de las veces es invocada por funcionarios que argumentando defender su honor, la usan para detener las críticas o investigaciones sobre corrupción.

Así como en Bolivia, donde Morales ordenó el cierre de decenas de organizaciones acusándolas de desestabilizar al gobierno, Correa arremetió ahora contra Fundamedios, una ong que defiende la libertad de prensa y a los periodistas. Su disolución, decretada para estos días, fue por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.

La Ley de Comunicación le da a Correa la coartada perfecta para crear silencio. Sus ataques, sin embargo, tienen un costo cada vez mayor en la comunidad internacional. 

Esta semana, una veintena de organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, comprometiéndose a divulgar sus atropellos entre inversores extranjeros y los organismos multilaterales, con el objetivo de que condicionen su asistencia al cabal respeto de los derechos humanos.

Las primeras réplicas se sintieron horas después. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron el clima restrictivo creado por Correa, reclamándole tolerancia ante las críticas y no disolver Fundamedios.

Lejos de que el propósito se logre, lo importante es que este tipo de acciones recuerdan que la verdadera democracia no está sustentada solo por elecciones, sino también por la separación de poderes, la rendición de cuentas, el respeto por los derechos de las minorías y, principalmente, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.

Patas largas y propaganda

Al contrario de lo que dice el dicho, en la política la mentira tiene patas largas y, peor aún, no tiene consecuencias. Pero cuando pudiera tenerlas, los gobiernos se apuran a neutralizarlas con más propaganda.

La más descarada fue la de Cristina Kirchner. Anunció que en Argentina la pobreza es del 5%; cifra irrisoria si se la compara con el 40% al que la sitúa un informe reciente de la Universidad Católica Argentina.

Sin vergüenza a la ridiculez, la Presidenta, que emula a Hugo Chávez con tal de ser foco de atención permanente, contrarrestó con anuncios rimbombantes las comparaciones sobre el nivel de vida entre argentinos y alemanes. Aumentó un 30% las asignaciones familiares y el presupuesto de Fútbol para Todos que tiene ahora más dinero que la Secretaría de Cultura. Pan y circo.

La mentira pulula entre los gobiernos y es tema central de “Alabado Sea”, la primera encíclica del papa Francisco sobre la contaminación de la “casa común”. Francisco responsabiliza a los políticos y compañías por “enmascarar” los problemas ambientales, mentir y “manipular la información”, favoreciendo sus intereses por sobre el bien común.

Los ricos, señaló, son más responsables. El sayo le cabe, entre otros, a  Barack Obama. Pese a declamar buenos deseos ambientales, duplicó la explotación de energías fósiles, un atajo oscuro para sanear la economía.

La falta de transparencia atraviesa todo color y nivel de gobierno. Desde el espionaje a ciudadanos que denunció Edward Snowden, a las mentiras de Michel Bachelet para encubrir a su hijo o la propaganda del nicaragüense Daniel Ortega, que cada vez que sus familiares se quedan con un nuevo negocio, ya sea una televisora, una finca o una generadora de electricidad, desvía la atención aumentando los beneficios de los programas Hambre y Usura Cero. Combinación perfecta de nepotismo y clientelismo, adobado con propaganda de alto calibre.

Enmascarar la información, como señala el Papa, es habitual en el gobierno del ecuatoriano Rafael Correa. Su última ficha la consumó esta semana. Logró que un juez adicto a su gobierno, Patricio Pazmiño, sea elegido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución a la que le declaró la guerra y a la que quiere desaparecer, según sus propias palabras.

Después de una dura batalla mediática en contra del Sistema Interamericano, al que no pudo doblegar, el presidente Correa se apersonó ante la sede de la Corte en Costa Rica y le donó un millón de dólares. A todas luces, se leyó como un soborno político con la intención de comprar un asiento en el tribunal para alcanzar su objetivo de desmantelar el Sistema y para neutralizar cualquier sentencia en su contra, especialmente aquellas sobre causas medioambientales.

Como caballo de Troya, Pazmiño tiene su símil en el juez Eugenio Zaffaroni que el gobierno argentino también logró meter en la Corte. Ambos magistrados, politizados y distantes a la imparcialidad que el cargo requiere, posiblemente seguirán respondiendo a sus gobiernos más que a la Justicia.

La auto alabanza de Cristina y Nicolás Maduro tras recibir un premio de la FAO por la lucha contra el hambre con el que habían galardonado a medio mundo, demuestra que la propaganda es una gran aliada del poder político, por lo que no pueden soslayarse sus efectos y beneficios. Las mentiras repetidas mil veces suelen convertirse en verdades, sostenía Gobbels, el arquitecto del nazismo.

Un estudio divulgado esta semana por la Universidad de California sobre el régimen de Hitler, reveló que la propaganda y la intervención política fueron muy útiles para tapar la realidad y modificar las creencias de la población, especialmente por lo que se inculcó a través de los sistemas educativos y de las organizaciones juveniles.

El problema para los gobiernos es cuando no tienen dinero para gastar en propaganda como los casos de Guatemala y Honduras. Ahí se observa cómo las mentiras tienen patas cortas, como bien reza el dicho, algo que quedó en evidencia con las recientes protestas convocadas en las redes sociales que derivaron en la renuncia de Rosana Baldetti, vicepresidenta guatemalteca.

Por todo esto, la fórmula para detectar cuán corrupto y mentiroso es un gobierno no es nada difícil: Es suficiente con constatar cuán elevado es su gasto en propaganda y autobombo. 

Menos crecimiento, más propaganda

Cuando los gobiernos no dan pie con bola en lo económico, apelan al uso descontrolado de la propaganda para crear en el ciudadano una sensación ficticia de bienestar.

Argentina y Venezuela son casos típicos del uso de esta regla inversamente proporcional: A menor crecimiento, mayor propaganda. Sus gobiernos apelan al auto elogio político para tapar su mala performance económica.

Ambos gobiernos invierten a diario cifras suculentas en propaganda buscando crear percepciones sobre un país mejor. Fabrican nuevos escenarios llenos de esperanza, exagerando el optimismo por un futuro mejor con presupuestos irreales que luego modifican a gusto y placer; así como no tienen empacho para mentir y manipular índices de inflación, pobreza o crecimiento, desvirtuando la realidad.

Como excusa utilizan la muletilla de siempre. Necesitan contrarrestar la crítica desestabilizadora y mal intencionada de la oposición, entidades independientes y medios de comunicación. Bajo ese argumento, crean su estrategia de propaganda y los millones danzan sin control.

El gobierno de Cristina Kirchner es el más avezado en el gasto de propaganda. La inversión oficial es millonaria en el programa Fútbol para Todos, el actual “pan y circo” del peronismo, donde los eslóganes apuntan a un país de ensueño. Desde que comenzó en 2009, los centenares de millones de dólares gastados hubieran servido para crear una infraestructura digna de juegos olímpicos. Datos cruzados de instituciones como Poder Ciudadano y LED de Argentina sitúan los gastos directos de auto elogio en más de 150 millones de dólares por año, sin contar la publicidad que hacen los organismos autónomos de gobierno.

Los gastos también son siderales en medios de comunicación, agencias de noticias y encuestadoras coaptados, comprados o creados a imagen y semejanza del gobierno con fondos públicos, pero usados como medios propios. Aunque los gobiernos usualmente presionan o influencian a los medios, la exageración de esta táctica en Argentina y Venezuela, así como en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, se desprende de la estrategia de “hegemonía comunicacional” inventada y promovida por el expresidente Hugo Chávez.

La consigna propagandística de Chávez – así como de los gobiernos autoritarios de la historia - no solo serviría para contrarrestar la crítica, sino para crear nacionalismos capaces de suplir las carencias de la población y disimular los altos índices de inflación, bajo  crecimiento y el aumento considerable de la pobreza.

En el caso de Venezuela, y debido a la acostumbrada falta de transparencia del gobierno, es más difícil cuantificar el gasto público en publicidad. Además, porque en el esquema de culto al personalismo por Chávez – quien literalmente está hasta en la sopa – la publicidad no se puede contabilizar cuando se incorpora en los libros de textos, en estribillos del cancionero popular o hasta en un “padre nuestro” en honor al “comandante” que se recita en liturgias populares y partidarias.

Ambos países, otrora polos de atracción de inmigrantes, son los que más exportan gente debido a sus crisis económicas y políticas. Es notable como han desperdiciado los beneficios económicos de los altos precios de las materias primas y del petróleo. Otros países, como Bolivia, Paraguay y Perú, con mucho menos recursos, lograron mucho más. Basan sus políticas públicas en la austeridad y en el control del gasto y la corrupción.

Lamentablemente, en Argentina y Venezuela, como sucede con todo gobierno de corte personalista y populista, la propaganda se usa como brazo del clientelismo, creándose un círculo vicioso del que es difícil despegarse. No se entiende que la propaganda mal usada es a la política lo que la inflación a la economía. Cuando están descontroladas, tienen un efecto contrario y devastador, generando mayores obstáculos para el desarrollo económico.

Los gobiernos que sucederán a los de Cristina Kirchner y Nicolás Maduro, deben aprender que la propaganda es un anabólico de la política, que solo genera espejismos y ficciones. La realidad, en cambio, sigue pasando por el uso eficiente de los recursos y la transparencia de las estadísticas oficiales, lo único que puede generar confianza interna y atraer inversiones extranjeras, verdaderos motores del crecimiento. trottiart@gmail.com

¿Promoción democrática o propaganda?

La política exterior de EEUU es compleja. Difícil distinguir entre programas de promoción democrática y propaganda. Lo que denomina acciones pro democracia en países autoritarios, aquellos lo perciben como intentos de desestabilización.

Esa diferencia de apreciación se evidenció de nuevo cuando la agencia de noticias AP reveló esta semana que el gobierno de Barack Obama sigue usando métodos secretos para provocar cambios políticos en Cuba. EEUU utilizó a jóvenes venezolanos, peruanos y costarricenses que, camuflados en actividades cívicas y sanitarias, reclutaban a sus pares cubanos con intenciones desestabilizadoras.

Cuba bramó. Es la segunda vez que AP denunció programas encubiertos de pro democracia dirigidos hacia la isla. En abril pasado descubrió la creación del ZunZuneo, una especie de “twitter cubano” que pretendía erigirse como una plataforma de inconformidad política entre jóvenes, con el objetivo de contagiar una “primavera” similar a la que ocurrió en países árabes.

En ambos casos, la estadunidense Agencia de Ayuda Internacional, USAID, que financió estos programas, no tuvo eficacia. El gobierno de Obama pareció pecar de ingenuo al usar métodos de propaganda para desestabilizar un sistema político tan perverso y restrictivo como el cubano.

Para contrarrestar la denuncia de AP, la ingenuidad fue más allá. La empresa contratada por USAID, Creative Association International, argumentó que solo entrenaba a jóvenes en derechos humanos, liderazgo y salud, sin meterse en cuestiones políticas; mientras que el gobierno justificó que empodera a los ciudadanos para que resuelvan problemas sociales y sean factores de cambio.

EEUU no debería pedir excusas. La promoción de la democracia en países opresores es parte del ADN de su política exterior tras la promulgación de la universalidad de los derechos humanos en 1948. Pero debería ser más trasparente y evitar métodos secretos cuando tiene opciones de hacerlo abiertamente y por canales diplomáticos; es que los programas clandestinos, muchas veces, derivaron en confrontación, invasiones o golpes de Estado.

A Cuba tampoco habría que prestarle mucha atención. Así como el refrán reza que “el muerto se asusta del degollado”, era obvio que aprovecharía la ocasión para potenciar su prédica anti imperialista y hacer propaganda, su mayor destreza. Cuba logró convencer al mundo entero que es una víctima de las grandes potencias signadas por el capitalismo salvaje y que Fidel Castro es un romántico, un intelectual de izquierda, cuando en realidad se trata de un maquiavélico y tirano, responsable de una de las dictaduras militares más largas y perversas de la historia.

Pese a los rodeos, excusas y buenas intenciones, este programa de jóvenes en Cuba huele más a propaganda que a promoción democrática. De ahí que esta semana varios legisladores estadounidenses protestaron y calificaron de irresponsable a Obama. Lo culpan por ejecutar este programa durante la misma época que el gobierno cubano apresó a Alan Gross, un contratista de la USAID, que fue condenado a 15 años de prisión en Cuba por repartir ilegalmente tecnología satelital y de internet entre miembros de la comunidad judía.

Otros activistas criticaron con vehemencia que algunas actividades usaran de pantalla unos talleres sobre sida, tirando por la borda la credibilidad de otros programas sanitarios que EEUU realiza en el mundo. Se le ve como una contradicción a la decisión de suspender el sistema de vacunación casa por casa con fines políticos en Pakistán, que le permitió a la CIA llegar a la puerta del escondite de Osama bin Laden en Pakistán.

El programa en Cuba, además, no solo es conflictivo por su carácter secreto, sino porque puso en riego a sus ejecutores, cuando el gobierno pudo haber usado a personal propio en lugar de jóvenes extranjeros. Además, sigue minando la credibilidad de la USAID, dándoles la razón a gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia que expulsaron a la agencia por involucrarse en política, más allá de su misión humanitaria.

Lo peor de todo es que estas tareas encubiertas y de propaganda minan las relaciones entre ambos países y pueden hacer retroceder negociaciones avanzadas sobre la morigeración del embargo económico, permisos de viajes e intercambio cultural.

Propaganda como sostén de la ineptitud gubernamental

No la información oficial, pero sí la propaganda política para “vender” logros, mostrar actividades y adoctrinar o convencer con ideología, ha sido desde épocas remotas la marca registrada de gobiernos que, por lo general, tienen la predisposición al culto a la personalidad de su líder.

Por lo general, la propaganda termina siendo el complemento necesario para suplir la falta de eficiencia de un régimen. Los gobiernos populistas de la región han adoptado este método extraordinario de convicción, de ahí que uno pueda ver hasta el cansancio a Cristina de Kirchner, Nicolás Maduro o Rafael Correa, inundando cadenas televisivas para mantener – según justifican – un diálogo sin interlocutores con el pueblo. Es decir, no quieren ser molestados con preguntas por los periodistas, simplemente decir y hacer la propaganda que se les place.

Pese a que en esos países no esas cadenas violan las constituciones, los presidentes mencionados siguen inaugurando espacios en medios periodísticos gubernamentales – que deberían ser públicos y no para su uso personal – haciendo campañas mediáticas para vender sus logros, utilizando dineros del pueblo. Una excelente forma de corrupción disfrazada, una especie de “lavado de ideas”.

Tal vez el gobierno más desfachatado en este rubro es el argentino. Ayer la entidad de medios escritos del país, ADEPA, ratificó los datos que hace un par de semanas introdujo la Fundación LED de ese país, que estimó, con datos fidedignos y oficiales, que la publicidad oficial del gobierno de Cristina de Kirchner creció un 3.000% en 10 años. Según esta fundación, en 2013 el gobierno gastó 10 mil millones de pesos en comunicación oficial, es decir para publicitar sus actos.

"Esta gran masa de recursos que dispone el gobierno está puesta alservicio del sostenimiento del discurso de su propio relato", manifestó Silvana Giúdice, directora de la Fundación, quien fuera ex presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja.

En el documento se detalló que la Publicidad Oficial creció un 3.005 por ciento entre 2003 y 2013 y que se gastaron 52.258.000 pesos para el seguimiento a la actividad de la Presidenta las 24 horas los 365 días del año.

Fútbol para Todos, uno de los emblemáticos espacios tomados por el kirchnerismo utilizado para la propaganda estatal, le costó al Estado 1.512.088.910 de pesos en 2013.

Lo más triste del caso argentino y también del venezolano es que no existen leyes de acceso a la información oficial que penalicen a funcionarios estatales cuando no brindan información solicitada por los ciudadanos, ni tampoco cuando el oficialismo miente en torno a datos y estadísticas oficiales como en el caso de los índices de inflación, inseguridad y desigualdad.

La propaganda, por ello, que les sirve para propagar actos, mentiras e ideas, termina siendo fundamental para estos regímenes, como aquellos de los más autoritarios de la historia.  

Propaganda, marchas y contrmarchas y Constitución

La virtud esencial de una Constitución es garantizar las libertades individuales de los ciudadanos; pero, más aún, imponer limitaciones y restricciones al gobierno para que no pueda pisotearlas.

En varios países esa virtud está desvirtuada. Los gobiernos las usan para crearse prerrogativas, más que para imponerse límites. De ahí la popularidad de reformas para eternizarse en el poder, como lo consiguió este mes el presidente nicaragüense, Daniel Ortega; o para restringir derechos de los ciudadanos, como se estableció en las nuevas constituciones de Ecuador y Venezuela, creándose mecanismos para defender a los gobernantes de las críticas, institucionalizándose la censura de expresión y de prensa.

En esa confusión, aprovechada por los populismos latinoamericanos de todas las ideologías - desde el peronismo al kirchnerismo y del fujimorismo al chavismo – las autoridades justifican la propaganda y la movilización de masas como extensión legítima de su defensa, a fin de neutralizar a la oposición y la disidencia.

Pocos reparan en los abusos de privilegio con los que el gobierno, creyéndose Estado, dilapida fondos públicos para su propia conveniencia. Así, hay presidentes que gastan horas hablando en cadenas nacionales por cualquier cosa, tienen batallones de cibermilitantes y programas de TV para insultar a sus críticos u ofrecen Fútbol para Todos como prioridad social. En esa tendencia al pan y circo, otros compran y crean medios, y hasta obligan a empleados estatales a participar de marchas, para contrarrestar otras protestas públicas.

El gobierno de Nicolás Maduro da lección sobre estos abusos. A cada una de las marchas que organizaron los estudiantes universitarios y la oposición, respondió con contramarchas en su honor y para hacer valer la fuerza política de su revolución. No importó si utilizaba recursos del Estado, empleados de la petrolera estatal, o si reprimía el derecho de reunión, que el gobierno, según la Constitución, está obligado a garantizar y proteger.

Las movilizaciones de auto apoyo convocadas por los gobiernos, usuales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, son antidemocráticas, incurriendo en los mismos abusos de privilegio del que pecaría el oficialismo si se le permitiera hacer propaganda política irrestricta durante una campaña electoral. También son anticonstitucionales, no solo porque en su organización se dilapidan recursos económicos del Estado, sino porque, como sucede, con los piqueteros movilizados por el kirchnerismo o las camisas rojas y milicias del chavismo, se trata de fuerzas de choque que tienen el mandato de atemorizar y crear caos entre quienes manifiestan su descontento en marchas legítimas, con el objetivo de validar la posterior represión estatal.

Los populismos, más que el poder del pueblo, exacerban el culto al personalismo de sus líderes, de ahí su recurrencia en los métodos de la propaganda que deriva en la consabida polarización de las sociedades. En democracias más sólidas, por el contrario, el líder es visto como un servidor, alguien que tiene más deberes que derechos, más restricciones para expresarse y que está más expuesto al escrutinio público, en especial en épocas de conflictividad social cuando las palabras pueden desencadenar violencia, como advierte en sus fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nivel de democracia alcanzado por un país puede medirse por el grado de propaganda desplegado por su gobierno. Cuanta más ideología y manipulación de las ideas, menor libertad y respeto por los derechos individuales. Vale comparar a Venezuela con Chile y Brasil. Al gobierno chileno no se le ocurriría poner a sus empleados públicos en la calle para medir fuerzas con los estudiantes universitarios que reclaman gratuidad de estudios. Tampoco se esperaría de Dilma Rousseff que movilice a los trabajadores del Estado para contrarrestar las masivas protestas callejeras contra el Mundial de Fútbol.

Así como se prohíbe a un gobierno o al oficialismo hacer propaganda electoral durante época de campaña para proteger la pluralidad democrática, con el mismo fin debería restringirse la propaganda ideológica, incluidas las marchas a favor de los gobiernos, para evitar que haya abusos de privilegio y que se respeten los derechos constitucionales.

Maduro, eficiente en controlar la conversación

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se distingue entre los líderes mundiales. Es el único que sobre la base de sus palabras, así sean estúpidas, cansinas o elocuentes, se mantiene vigente en la opinión pública nacional e internacional, a semejanza de su antecesor, el histriónico Hugo Chávez.

Como en los regímenes fascistas de antaño y utilizando el sistema de propaganda “gobbeliano” que los asesores cubanos reinventaron y le recomiendan a diario, Maduro no se priva de hablar de nada con tal de acaparar los titulares y controlar la conversación pública. Pero su sagacidad no está en el hecho de producir temas y titulares, sino en reinventarse con nuevos titulares cada siete días, y así desorientar a agencias internacionales, medios, ciudadanos, opositores,  que se quedan entretejiendo hipótesis, críticas e interpretaciones sobre los dichos de Maduro que él mismo se encarga de dejarlos en la historia unos días después.

En ese terreno, Maduro es líder. Rara vez se compromete en una conversación que otro haya iniciado, así sea un país extranjero o un medio local. Los titulares y las conversaciones los comienza y los termina él. Y en esa vorágine y cambalache de titulares consigue con desfachatez sus objetivos, porque cuando la crítica se centra en “millones y millonas de venezolanos y venezolanas”, él ya saltó a exigir una Ley Habilitante, cinco días después a propiciar saqueos en negocios de electrodomésticos, luego a controlar la reducción de precios por decreto y amenazas, luego a pertrechar a la población porque su cuerpo de inteligencia advirtió una conspiración yanqui, luego a decir que ganó las elecciones municipales por amplia mayoría o a crear alcaldes paralelos en las alcaldías que el chavismo perdió en las elecciones municipales del domingo pasado. Y así sucesivamente, Maduro se convierte en una usina de temas, titulares y conversaciones.

Desde hace 15 años, sobre la base de este tipo de propaganda, el chavismo se las ha ingeniado para estar en la cresta de la ola, haciendo que Venezuela se destaque en el contexto internacional, pese a que no es un país gravitante; de la misma forma que los hermanos Castro lo lograron con Cuba durante toda la Guerra Fría, algo desconcertante si uno considera que su PBI es más bajo que el de alguna mega ciudad latinoamericana como Sao Paulo o México.

Chávez y ahora Maduro, con diferente estilo, pero bajo la misma convicción de hablar hasta por los codos y sobre cualquier cosa, han sido muy eficientes en sus fines. Prueba de ello es que sobre la base de su gigantesco aparato de propaganda, a las ideas impuestas a nivel interno y externo, al control de la oposición y a las continuas victorias electorales, sin importar los medios utilizados, han podido tapar su ineficiencia administrativa, la corrupción galopante entre el liderazgo chavista y todos los demás vicios que formaron parte de todo movimiento fascista y anti democrático.

Se equivocaría aquel que piense que Maduro es un simple oportunista advenedizo víctima de su espontaneidad. Maduro, como Chávez, utiliza las siempre vigentes tácticas y estrategias de la propaganda de la que se han valido hombres insignificantes para convertirse en gestores de la historia. 

Obama y su propaganda

Barack Obama se parece a ciertos presidentes latinoamericanos que hacen de la propaganda el único método de comunicación. No solo ofrece información interesada, sino también manipula, esconde y silencia aquella que no quiere que el público sepa.

Como si estuviera en plena campaña electoral, Obama sigue usando Twitter y Facebook y sitios oficiales de internet para agradar a sus seguidores y criticar a sus oponentes. Y como parte de esa tarea propagandística, también espía a medios de comunicación y procesa a delatores y periodistas. Una estrategia que un reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, calificó de “guerra agresiva” contra la prensa.

Lejos de cumplir su promesa de hacer de la transparencia el eje de su gobierno, Obama está acusado de retacear información a los periodistas, clasificar documentos en forma indiscriminada y mantener un programa de vigilancia electrónica sin precedentes. Las consecuencias son devastadoras: genera autocensura entre periodistas e inhibe a fuentes y funcionarios de proporcionar información, de la misma forma que sucede con Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega o Nicolás Maduro.

Los funcionarios tienen razones para esquivar a la prensa. Debido al “Programa contra Amenazas Internas”, los empleados del gobierno federal estadounidense deben vigilar la conducta de sus colegas para evitar filtraciones, mientras de aquellos que se sospecha de pasar datos a los periodistas, son investigados y hasta sometidos a detectores de mentiras. Es que en EE.UU. todo cambió con Set/11-2001. De repente todo se volvió súper secreto, se crearon nuevos organismos de inteligencia y la Ley Patriótica amplió los poderes del gobierno autorizando programas de vigilancia electrónica para detectar amenazas terroristas.

Esa estrategia permitió a Obama procesar a seis empleados gubernamentales y a dos contratistas, uno de ellos Edward Snowden, por filtrar información clasificada, acción penalizada por la Ley de Espionaje, que se había usado solo en tres oportunidades desde que entró en vigencia en 1917.

El gobierno de Obama no solo limita la información, también persigue a posibles delatores y a sus fuentes, adoptando medidas similares a la de gobiernos autoritarios y dictaduras. Por ejemplo, a la prestigiosa agencia estadounidense AP, el Departamento de Justicia espió e incautó secretamente llamadas y textos de periodistas sobre un posible atentado en Yemen en 2012, en momentos que el gobierno aseguraba que no existían amenazas terroristas.

Actualmente, el gobierno está detrás de Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian, por haber publicado información que le filtró Edward Snowden, sobre el masivo programa de vigilancia contra otros líderes mundiales, empresas y ciudadanos extranjeros. Y todo parece que Obama tendrá que seguir disculpándose como lo hizo en estos días con la presidente Dilma Rousseff, la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente de Francia, Francois Hollande, ya que Greenwald, en la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo tener listos “otros bombazos noticiosos” sobre Argentina, Venezuela y Canadá, que desnudarán aún más el masivo sistema de vigilancia clandestino.

Greenwald ya no seguirá revelando información desde The Guardian. Lo hará desde un sitio de noticias nuevo que creó junto al fundador del portal de subastas Ebay, Pierre Omidyar, con la intención de apoyar a periodistas a que divulguen  información sobre el gobierno. Una buena movida, que obligará a Obama a ser tan transparente como prometió y a no usar la excusa de la seguridad nacional, ya que se puede comprobar que la información revelada no puso nada ni a nadie en riesgo.

Ante las quejas del mundo, a EE.UU. le resta rectificar sus políticas. El Departamento de Justicia está obligado a reformas que le obliguen a tener órdenes judiciales para requisar archivos y solo hacerlo a quienes sean sospechosos de crímenes. Obama, por su parte, tendrá que acatar la ley que él promulgó para proteger y motivar a los informantes e impulsar la sanción de la postergada ley federal de protección de fuentes para periodistas. Ambas son indispensables para que el gobierno termine con la caza de brujas, sea más transparente y limite su acción propagandística. 

Maduro y la propaganda obligatoria

El “Noticiero de la Verdad” es la última invención del régimen de Nicolás Maduro con el que parece reinventar la maquinaria propagandística de las tiranías más acérrimas que asolaron el planeta.

El presidente venezolano aseguró este martes que el “Noticiero de la Verdad”, una producción de noticias del gobierno, será de trasmisión obligatoria para todas las televisoras y radios del país – por supuesto, incluidas especialmente las de propiedad privada – y que deberá hacerse en los horarios de mayor audiencia y sintonía.

La excusa de Maduro es que el gobierno no recibe buena cobertura, habiéndose justificado en un “apagón informativo”. En realidad se trata de una argucia retórica y acostumbrada, con la que el gobierno justifica los atropellos a la libertad del público para informarse por los medios de su elección.

Es mentira que haya un apagón informativo, todo lo contrario, lo que abunda en Venezuela es la información oficial y la propaganda. El gobierno ha consolidado una amplia red de medios gubernamentales – que mal insiste en llamar públicos. Esa inmensa red de medios está compuesta por los nuevos medios y agencias de noticias que ha creado, por los privados que ha comprado luego de asfixiarlos económicamente; y por un espacio que ha generado gracias a su táctica de cerrar medios y de amenazar a otros con hacerlo, incentivando un clima general de autocensura para detener la crítica y las denuncias contra el gobierno.   

Esa mentira sobre el apagón informativo tampoco coincide como lo que reportó este mes la organización Monitoreo Ciudadano. Indicó que entre abril y setiembre, sus primeros meses de gobierno, Maduro habló por 93 horas en cadena nacional obligatoria, es decir 39 minutos por día. Aún peor fue su prédica propagandística por la radio del Estado Venezolana de Televisión, habiendo hablado por 160 horas entre el 3 de junio y el 7 de septiembre, a un promedio de una hora y 40 minutos por día.

En esta “nueva modalidad de comunicación”, Maduro llama “información de la verdad” a la propaganda gubernamental. Una reinvención de aquella metodología que busca convencer y persuadir a favor de una ideología. Pero lo que convierte a esta estrategia en un riesgo para la libertad de expresión de los venezolanos, no es tanto la propaganda en sí misma, sino que sea de carácter obligatoria.

Propaganda, VOA y EEUU

La noticia importante pasó desapercibida y los medios de comunicación estadounidenses ni siquiera la registraron, quizás porque sus consecuencias no tendrán ningún tipo de impacto.

Se trata de una nueva ley en EE.UU. que después de varias décadas, permitirá por primera que todo el material noticioso producido a través del Departamento de Estado podrá trasmitirse en el país. De esta forma se desbloquearon leyes y decretos rigurosos sobre que toda la información producida para “crear buena imagen” o como estrategia de promoción de la democracia en el extranjero – léase también propaganda – no puede trasmitirse para el público estadounidense dentro del territorio nacional.

De esta forma, el contenido editorial de la Voz de América (VOA), incluido el producido por todas sus filiales enfocados a diferentes países, como el caso de TV y Radio Martí, podrá ser visto en EE.UU. Si bien estos medios de comunicación oficiales han ganado con el tiempo un alto grado de calidad periodística, no dejan de ser parte de una estrategia gubernamental en la que predomina la política de la promoción de la democracia, algo que en el pasado los congresistas estadounidenses consideraban propaganda que no debía ser utilizada para el consumo de las audiencias domésticas.

Según el Blog Periodismo en las Américas, la nueva ley establece que los materiales de VOA podrán ser reproducidos por los medios, pese a que la información estuvo siempre disponible en internet. “Esto incluye miles de horas de noticias -- pagados con el dinero de los contribuyentes -- en 61 idiomas, incluyendo programas en español diseñado para audiencias Latinoamericanas y en portugués para audioescuchas en África”.

En este blog publicado el 17 de julio, se explica que la Broadcasting Board of Governors (BBG) – la agencia gubernamental encargada de la producción de medios como VoA, Radio y TV Martí, Radio Asia y Radio Free Europe/Radio Liberty – aplaudió la reforma como una oportunidad para que las comunidades de inmigrantes y refugiados en Estados Unidos, muchas de las cuales han escapado de áreas en conflicto, reciban noticias en su idioma.

El congresista Mac Thornberry, un legislador texano y co-autor de la ley que revocó la prohibición – prosigue el blog - dijo en un artículo publicado en julio para la revista Foreign Policy que los contenidos de los medios gubernamentales no serían propaganda para los ciudadanos estadounidenses y contribuirían a la transparencia.

Según un reciente reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental 

(GAO), el presupuesto operativo de VoA en el año fiscal 2012 fue de 206 millones de dólares. El presupuesto de TV y Radio Martí fue de 28 millones de dólares durante el mismo periodo.

Habrá que ver ahora si esta medida hará cambiar en algo las políticas editoriales de VOA que surgen como directivas oficiales y, en especial, cómo y a qué público se canalizará la enorme cantidad de información que produce el gobierno.