Noticias falsas y democracia: la gran oportunidad
Extrañaba escribir en este mi espacio. Lo vuelvo a hacer. Esta vez después de que este 29 de octubre fui invitado por la organización IDEA a disertar sobre noticias falsas en el Miami Dade College durante el IV Diálogo Presidencial que reunión a ocho expresidentes, entre ellos a Felipe González, José María Aznar, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga y Jamil Mahuad, entre otros.
Esta fue mi charla:
La desinformación es nociva para la salud institucional y la vida
individual y social, así como el fraude electoral es perjudicial para la
democracia.
Los “hechos alternativos”, la “postverdad” y las noticias falsas son
nuevos calificativos de viejas mañas. En los nacionalismos eran la estrategia
de la propaganda, como la repetición de mentiras que pregonaba Goebbels en el
nazismo. En las dictaduras eran la “verdad oficial” que se instauraba por
decreto. En los populismos son parte del relato emocional para adulterar la
verdad, así sean datos sobre pobreza o inflación como manipulaban el
kirchnerismo y el chavismo. El periodismo tampoco está librado de ellas.
Fueron el nutriente del sensacionalismo que nació hace más de un siglo
tras la guerra por mayores audiencias y más influencias entre Joseph Pulitzer y
William Hearst. Las mentiras estuvieron en tiempos bíblicos y sobrevivirán
siempre porque el mal y el bien son esencia del ser humano.
El futuro luce poco halagüeño. Las nuevas tecnologías, la inteligencia
artificial, la realidad aumentada, las nanotecnologías, la computación
cuántica, la encriptación, más allá de estar concebidas para el bien, como el
internet, también son usadas para fabricar y distribuir engaños con mayor
sofisticación de lo que se hizo hasta ahora.
El ex fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, demostró que con el
operativo ruso Laktha las fake news pueden ser fabricadas con facilidad y ser
una pieza sustancial del arsenal propagandístico de un país para atacar a otro,
sin necesidad de derramar balas o sangre.
Gran oportunidad
El panorama es complejo, asusta, pero no es sombrío. Y hay que abrazarlo
con optimismo. El debate sobre noticias falsas ha creado mayor conciencia sobre
la verdad y la rigurosidad en la creación y distribución de los contenidos, así
como sobre la relevancia del buen Periodismo.
Desde que fueron trending topic, con Cambridge Analytica, el Brexit y
las elecciones presidenciales de 2016; y las de cualquier país, mediante
manipulación extranjera o por acción de ciberactivistas y bots usados por
gobiernos y partidos políticos, nunca se había experimentado algo tan
formidable en el mundo como lo es esta discusión masiva sobre la verdad y la
mentira, sobre la ética y la moral de la información.
Existe una revaloración por la verdad, por los contenidos de calidad de
los medios. Los medios se posicionan a adoptar criterios éticos y hacer más
transparente sus procesos periodísticos. Proliferan las organizaciones
dedicadas al fact checking. Según el Poynter Institute ya existen 188
organizaciones en 60 países, 60 en Estados Unidos y 18 en América Latina.
Los medios están creando departamentos de chequeo de datos, disciplina
que se está convirtiendo en un nuevo género periodístico. Las plataformas
digitales empiezan a posicionar mejor los contenidos de los medios, como
Facebook News una nueva pestaña en la red social que apareció la semana pasada,
o Apple News y Wiki Media.
Además, contratacan a las usinas de noticias falsas, y se sienten
obligados a resguardar mejor los datos de los usuarios, otro de los talones de
Aquiles de esta era híper conectada. Google, con su nueva política, prioriza que
las búsquedas pasen primero por los contenidos de calidad, que las búsquedas
empiecen por fuentes de noticias más confiables, ofrece más contexto a los
usuarios y contraataca a los malos, aunque admite que la tecnología todavía no
está bien desarrollada para interpretar intenciones.
Los gobiernos empiezan a regular mejor, temas de transparencia, acceso a
la información y reglas más estrictas sobre financiamiento de procesos y
campañas electorales y debates. Grandes investigaciones periodísticas sobre la influencia
de Narcodólares y de operaciones encubiertas como la de Odebrecht están
obligando nuevos planteamientos para defender la democracia.
La información buena se impone, pese a los ríos de desinformación. Y esa
es una buena noticia. Repito. Como nunca, hoy se tiene mayor conciencia y se
buscan herramientas para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal.
¿Qué hacer?
En este contexto hay que dividir la paja del trigo. No hay que juzgar a
las noticias falsas como un todo. Hay noticias falsas por intereses económicos,
con la intención de que afecten el discurso político a través de botcenters y
cibermilitantes y otras por entretenimiento, para descalificar y estigmatizar
como en el caso de trolls dedicados al bullying.
Debe tenerse en cuenta que cualquier acción que se adopte debe juzgar
las intenciones porque son muy diferentes la de un creador de usinas de
noticias falsas, que las de un consumidor o distribuidor sin malicia o no
precavido. De la misma forma que no se puede medir con la misma vara a un
narcotraficante que a un consumidor de estupefacientes.
Y ante cualquier acción o política pública que se quisiera tomar sobre
la desinformación, se deberá partir prioritariamente de estándares sobre
libertad de expresión y sobre el derecho del público a saber.
Proteger el discurso, aunque sea falso.
En este sentido estoy de acuerdo con lo último que expresó Mark
Zuckerberg hace un par de semanas en la Universidad de Georgetown, cuando
defendió el discurso malintencionado y mentiroso. Estoy de acuerdo pese a lo
errático que se mostró por años respecto a su responsabilidad sobre Cambridge
Analytica, o por haber negado por largo tiempo el robo de datos personales
desde su plataforma o el uso comerciales de los mismos.
Hace poco lo confrontó la senadora Elizabeth Warren. Acusó a Facebook de
ser “una máquina de desinformación con fines de lucro” debido a la divulgación
de propaganda política.
Zuckerberg contestó que Facebook no va a moderar las expresiones de los
políticos ni verificar el contenido de los avisos políticos porque las
opiniones políticas, aún si fueran falsas, siguen siendo relevante y de interés
público. Twitter también ha dicho que no va a cerrar las cuentas de los
políticos que al parecer transgredan sus políticas en contra del lenguaje
violento, porque son parte del discurso público, aunque Jack Dorsey, su CEO,
anunció que no permitirán anuncios políticos pagados.
El nuevo criterio de Zuckerberg se puso a prueba. Facebook publicó un
video de 30 segundos de la campaña de Trump en el que se explicaba que Joe Biden
había estado involucrado en actos de corrupción en Ucrania. CNN y NBC, entre
otros medios, se negaron a divulgarlo argumentando que el video violaba sus
normas de publicación.
Creo que los medios estuvieron en lo correcto al no haber difundido el
video. Pero también creo Facebook estuvo en lo correcto al haber difundido el
video. También creo que Facebook hace bien en defender el discurso político
falso y que Twitter haya decidido no publicar más anuncios políticos pagados.
Esta dualidad que pudiera tener muchas más opciones demuestra el valor
que tiene la libertad de expresión a la que no hay que comprenderla basada solo
en el criterio de un medio o emisor, sino en la que puedan convivir políticas y
criterios distintos. La libertad de expresión se basa en la pluralidad y la
diversidad de criterios.
Algunos congresistas estadounidenses como Warren siguen amenazando sobre
imponer regulaciones y puede ser riesgoso. Ya existen muchas leyes para regular
acciones criminales, como la venta de datos personales o actitudes que no
protegen la privacidad y hasta contenidos criminales que no son producidos por
las plataformas ni por los medios, sino a través de ellos.
La regulación es pertinente para penalizar los delitos que abundan en
las redes o en el internet profundo, como la apología de la violencia, el
discurso de odio, el racismo o la pornografía infantil y la trata de personas.
Pero, como dije antes, las noticias falsas no deben considerarse un acto
criminal, sino su intención es la que las puede convertir en delito. Por ello
tiene que velarse por un equilibrio constante con la libertad de expresión para
no afectar el derecho del público a saber.
No regular en exceso, para preservar la libertad
Para preservar la libertad de expresión habría que evitar caer en una
manía reguladora que pueda impulsar un mal mayor del que se trata de remediar.
Preocupa que estén emergiendo controles que pueden ser más contraproducentes
que las noticias falsas en sí. Desde Europa a América Latina, varios gobiernos
iniciaron enérgicas carreras legislativas para controlar la desinformación en
las redes sociales – no solo en época electoral como circunscribe al tema el
informe Mueller – sino en todo momento, corriéndose el riesgo de desbordes
legales que terminen por censurar debates que el público debe estar en
condiciones y en libertad de mantener.
El ejemplo de las leyes de propaganda enemiga y contra la discriminación
y el odio, en Cuba, Venezuela y Bolivia son ejemplos de cómo las leyes pueden
tener la intención aviesa de censurar el debate público mediante excusas de
apariencia loables.
Muchos descubrimientos periodísticos - Panamá Papers, FIFAgate, Paradise
Papers, Odebrecht o la trama rusa – fueron en su origen tildados de noticias
falsas, por lo que una ley que legalice la censura podría haberlas restringido
en su origen y no tendríamos ahora todas las ventajas que esas investigaciones
trajeron atrajeron como consecuencia.
Creo que soportar mentiras, es el precio para pagar para descubrir
verdades. La falsedad, incluso con la intención de causar daño, a veces es el
precio por vivir en libertad.
Los legisladores no deberían apresurarse a legislar. Deben ser
prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar más
debate. Si se legisla cuando todavía existe confusión, se corre el riesgo de
sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.
En ese sentido y a pesar de lo que hacen algunos países europeos, como
Francia y Alemania, la Comisión Europea en un estudio publicado en 2018
estableció que la cuestión de la desinformación no pasa por regular. Posiciona
como prioridad la necesidad de crear programas de alfabetización mediática y
digital. Plantea que debe respaldarse más a los medios de comunicación, como
por ejemplo la ley que luego aprobó para que los medios, como creadores de
contenido, reciban regalías por derecho de autor, esto en consideración que las
plataformas usan muchos de esos contenidos para publicar publicidad comercial,
la que justamente se acaloró de los medios.
Estos temas también los planteó la reciente guía de recomendaciones
sobre procesos electorales sin interferencias indebidas de la Relatoría
Especial de la CIDH. Asimismo, lo estableció la SIP en su Declaración de Salta
de 2018, el primer documento sobre libertad de expresión en la era digital que
reparte derechos y responsabilidades por igual a periodistas, medios,
políticos, gobiernos, plataformas y usuarios. Los gobiernos deben cuidarse de
tomar medidas regulatorias desproporcionadas y no usar el derecho penal para
castigar la opinión y el debate y las noticias.
Se debe fortalecer el marco de los datos personales para que no sean
utilizados por la publicidad comercial o la propaganda. Los gobiernos deben
crear escudos para la desinformación en procesos electorales y no deben
distribuir, crear o manipular campañas de noticias falsas de terceros.
Se deben crear más agencias de verificación de datos. La academia debe
seguir investigando sobre el impacto de las noticias falsas sobre sus causas y
efectos.
Conclusión: Sin patente de corso
Esto no implica extender una patente de corso. Pero si implica tener la
sapiencia necesaria para abordar este debate desde la perspectiva de la
libertad de expresión. Puede ser contraproducente - como reconoce la
relatoría - que se pida a entidades privadas como Facebook o Google, que se
autorregulen y censuren, porque en el celo por la eficiencia la censura privada
puede ser tan gravosa como la censura de los gobiernos autoritarios, siempre
prestos a hacer absolutamente todo sin debido proceso.
No debe quedar en manos de censores, privados o públicos, lo que como
ciudadanos debemos tener el derecho a recibir. Distinguir entre lo falso y lo
verdadero es otro tema.
Por ello rescato la frase de la Guía de la relatoría: debe haber
“respuestas no regulatorias para potenciar las capacidades de los ciudadanos”,
y así puedan distinguir entre información falsa y verdadera.
Por esto, creo que toda política debiera centrarse en la perspectiva de
la libertad de expresión y ante ello lo que se impone es la responsabilidad de
los medios y periodistas, de los partidos políticos y gobernantes, de los
académicos y líderes religiosos, y de las organizaciones civiles, así como la
responsabilidad de cada uno de los individuos o usuarios a dar el ejemplo,
sobre la base de la búsqueda de la verdad y la distinción con las mentiras.
No quiero sonar ingenuo, pero creo que estamos en los orígenes de una
nueva revolución, la de la verdad, y no debemos desperdiciar esta oportunidad
para abrazarla con optimismo y sabiduría.
