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mayo 06, 2018

Las mentiras en la democracia


Se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en casi todos los discursos se aludió a la proliferación de noticias falsas, el gran dolor de cabeza de esta nueva etapa de la era digital.

Nadie hizo autocrítica ni pidió disculpas. Sí se propusieron, y en abundancia, fórmulas para contrarrestarlas y eliminarlas de la faz de la Tierra. Muchos gobiernos y legisladores, consideran que la regulación es la única forma de controlar a las fake news. Como argumento reclaman que se debe defender la democracia, reinstaurar la confianza pública y proteger a los usuarios en las redes sociales.

No creo que el camino sea la regulación. Fue y es la excusa perfecta de los gobiernos autoritarios, siempre en busca de recetas para legitimar la censura. Ante esta nueva moda reguladora, habría que preguntarse: ¿Se debe censurar a los medios y redes sociales, por donde se vehiculizan; o se debe castigar a quienes las originan? Y si se reglamentaran para evitar su intromisión negativa en procesos electorales, ¿no se corre el riesgo de caer en excesos, censurando opiniones, críticas y sátiras de apariencia falsa, pero igualmente válidas?

El peligro es que muchos temas periodísticos - Panamá Papers, FIFAgate, Paradise Papers, Odebrecht – habrían podido censurarse porque en sus inicios fueron rumores y datos dudosos, que alguien pudo haber reclamado por tratarse de noticias falsas.
Por esto creo que soportar mentiras, es el precio a pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con la intención de causar daño, es el precio por vivir en libertad y con libertades de prensa y expresión.

Los legisladores no deberían apresurarse a legislar. Deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar más debate.  Si se legisla cuando todavía existe confusión, se corre el riesgo de sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.

Preocupa que la atención sobre las mentiras esté enfocada a censurar a los medios y a las redes sociales y no a sus usinas y fábricas. Las más perniciosas están alejadas del Periodismo, más bien son parte de los aparatos de propaganda gubernamentales, como lo demostró la trama rusa en EEUU.

No hay que ir tan lejos a buscar responsables. Todos los gobiernos y partidos políticos, con la ayuda de consultoras y de agencias, contratan ciber militantes que ofrecen servicios de trolls y bots. El trabajo de estos centros de propaganda y manipulación es crear cuentas de usuarios anónimas o con nombres ficticios para hacer campañas de desprestigio, insultar o instalar trending topics y manosear así la conversación pública. Hacerlo no requiere ni mucha profesionalidad ni muchos recursos. Ya no hay campaña política sin estos artilugios.

Algunos gobiernos muestran a cabalidad los efectos y excesos que se cometen cuando se legisla sobre contenidos y mensajes. Las leyes de propaganda enemiga y mordaza en Cuba y Venezuela, criminalizan toda crítica, opinión e información que no se ajuste a la “verdad oficial”, única y autorizada. Muchos periodistas y ciudadanos cumplen sentencias de 20 años de cárcel por el delito de opinión.

Sin dudas que las noticias falsas tienen influencia negativa en la confianza pública, debilitan las instituciones. Son un tema a remediar. Mucho debe pasar por la autorregulación. Facebook, Google y otras empresas digitales necesitan hacer mayores esfuerzos para diferenciar contenidos falsos de los que provienen de fuentes honestas. Deben ser más transparentes en la moderación de contenidos, impedir la publicidad engañosa y evitar la manipulación de los datos de los usuarios.  

El Periodismo debe procurar más calidad en los contenidos. Investigar y hacer del  fact checking un nuevo género periodístico. Todos, medios, redes sociales y gobiernos deben alfabetizar digitalmente a los usuarios para que reconozcan y no viralicen las noticias falsas.

Pero donde se impone estricta legislación es ante gobiernos y partidos políticos. Se necesita más transparencia sobre la financiación de las campañas electorales y sobre sus sistemas de propaganda, fábricas de fake news.  

En casos de información y contenidos, la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU es tajante. Prohíbe al gobierno crear leyes que censuren esas libertades, incluidas las noticias falsas. trottiart@gmail.com

julio 29, 2017

Las secuelas inadvertidas de la mentira


Nadie está exento de engañar o ser engañado. Convivimos en esa dualidad, entre verdades y mentiras, entre el bien y el mal, herencia que nos viene desde el Génesis con Adán y Eva, Caín y Abel.
La corrupción es el correlato más directo de las mentiras y la cárcel y la deshonra pueden ser sus correctivos más efectivos. Sin embargo, no siempre falsear, exagerar, embaucar, estafar o calumniar sufren las consecuencias, e incluso cuando las tienen, pasa inadvertida la secuela más dañina de la mentira: la traición de la confianza pública.
Lo demuestra esta nueva época de la posverdad, en que las emociones y los “hechos alternativos” pesan más que la objetividad y la verdad lisa y llana. El presidente Donald Trump potenció la forma edulcorada de hacer política desde que fue candidato y antes como celebridad televisiva. En este contexto, en el que expresa unos cinco datos falsos por día, según una medición del Washingon Post, el “rusiagate” no sorprende.
El fiscal general Jeff Sessions y el yerno de Trump, Jared Kushner, admitieron haberse reunido con personeros del régimen ruso semanas después de afirmar bajo juramento que no lo habían hecho. Tal vez sus mentiras no tendrán consecuencias, pero erosionan la credibilidad en las instituciones, la política y la palabra.
Los “gobiernos Pinocho” que deforman la realidad para su beneficio con datos falsos como por años lo hizo el kirchnerismo, suelen crear escudos para evitar consecuencias. Esta semana el kirchnerismo se abroqueló en el Congreso para defender al máximo actor de la corrupción, el legislador Julio de Vido, evitando que sea expulsado y expuesto ante la justicia. La impúdica celebración partidaria por la hazaña, va en contramano de la percepción del público, que ve en el Congreso a la institución más repudiada del país.
Los casos de Odebrecht y Volkswagen también desnudan que no siempre la aplicación de correctivos judiciales minimiza otros daños que pasan inadvertidos. Con Odebrecht existe satisfacción por la cantidad de ejecutivos de la empresa, funcionarios y presidentes desenmascarados, muchos de los cuales están encarcelados o en vías de estarlo.  Sin embargo, pocos reparan en el perjuicio a otras empresas constructoras que han gastado tiempo, energía y recursos para competir en licitaciones, desconociendo que ya habían sido adjudicadas a sus espaldas.
Las secuelas de la burla también se aprecian en el caso de la industria automotriz. En un nuevo “cargate”, ahora en Europa, se investiga a BMW, Porsche, Audi y Mercedes por “cartelizarse” o haberse puesto de acuerdo por décadas en materia de tecnología y precios. La paradoja es que así como sucedió con la Volkswagen, que adulteró los datos sobre contaminantes de sus motores diésel, las multas billonarias que se aplicarán contra las empresas por mala práctica comercial, quedarán para las arcas estatales, cuando fueron los consumidores los embaucados y quienes pagaron las mentiras de su bolsillo.
Las sanciones que el gobierno de EEUU aplicó esta semana contra 13 funcionarios venezolanos por lavado de dinero y colusión con el narcotráfico, son correctas y necesarias, con el objeto de presionar a Nicolás Maduro a abandonar su reforma constitucional. Sin embargo, uno se pregunta porque recién ahora se aplican estas sanciones congelándoles activos inmobiliarios y cuentas bancarias en Miami, cuando estos ilícitos son tan añejos como la revolución bolivariana. Si el gobierno y los bancos estadounidenses ya sabían de estos ilícitos y nada habían hecho nada antes, ¿no serían responsables y cómplices de haber jugado políticamente con estos delitos?
Las mentiras también pueden ser destructivas, como las de George Bush que invadió Irak por armas de destrucción masiva que nunca encontró; pueden ser calumniosas como las del ex presidente colombiano Álvaro Uribe que desautorizó las críticas de un periodista calificándolo de violador de niños; y pueden ser tolerables, como la del cantante Carlos Vives que fingió que le arrebataron un largo beso que casi le cuesta el divorcio, para que días después de la alharaca mediática anunciara su sencillo “Robarte un beso”.

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...