Noticias falsas y democracia: la gran oportunidad

Extrañaba escribir en este mi espacio. Lo vuelvo a hacer. Esta vez después de que este 29 de octubre fui invitado por la organización IDEA a disertar sobre noticias falsas en el Miami Dade College durante el IV Diálogo Presidencial que reunión a ocho expresidentes, entre ellos a Felipe González, José María Aznar, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga y Jamil Mahuad, entre otros.

Esta fue mi charla: 

La desinformación es nociva para la salud institucional y la vida individual y social, así como el fraude electoral es perjudicial para la democracia.

Los “hechos alternativos”, la “postverdad” y las noticias falsas son nuevos calificativos de viejas mañas. En los nacionalismos eran la estrategia de la propaganda, como la repetición de mentiras que pregonaba Goebbels en el nazismo. En las dictaduras eran la “verdad oficial” que se instauraba por decreto. En los populismos son parte del relato emocional para adulterar la verdad, así sean datos sobre pobreza o inflación como manipulaban el kirchnerismo y el chavismo. El periodismo tampoco está librado de ellas.

Fueron el nutriente del sensacionalismo que nació hace más de un siglo tras la guerra por mayores audiencias y más influencias entre Joseph Pulitzer y William Hearst. Las mentiras estuvieron en tiempos bíblicos y sobrevivirán siempre porque el mal y el bien son esencia del ser humano.

El futuro luce poco halagüeño. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, las nanotecnologías, la computación cuántica, la encriptación, más allá de estar concebidas para el bien, como el internet, también son usadas para fabricar y distribuir engaños con mayor sofisticación de lo que se hizo hasta ahora.

El ex fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, demostró que con el operativo ruso Laktha las fake news pueden ser fabricadas con facilidad y ser una pieza sustancial del arsenal propagandístico de un país para atacar a otro, sin necesidad de derramar balas o sangre.

Gran oportunidad

El panorama es complejo, asusta, pero no es sombrío. Y hay que abrazarlo con optimismo. El debate sobre noticias falsas ha creado mayor conciencia sobre la verdad y la rigurosidad en la creación y distribución de los contenidos, así como sobre la relevancia del buen Periodismo.

Desde que fueron trending topic, con Cambridge Analytica, el Brexit y las elecciones presidenciales de 2016; y las de cualquier país, mediante manipulación extranjera o por acción de ciberactivistas y bots usados por gobiernos y partidos políticos, nunca se había experimentado algo tan formidable en el mundo como lo es esta discusión masiva sobre la verdad y la mentira, sobre la ética y la moral de la información.

Existe una revaloración por la verdad, por los contenidos de calidad de los medios. Los medios se posicionan a adoptar criterios éticos y hacer más transparente sus procesos periodísticos. Proliferan las organizaciones dedicadas al fact checking. Según el Poynter Institute ya existen 188 organizaciones en 60 países, 60 en Estados Unidos y 18 en América Latina.

Los medios están creando departamentos de chequeo de datos, disciplina que se está convirtiendo en un nuevo género periodístico. Las plataformas digitales empiezan a posicionar mejor los contenidos de los medios, como Facebook News una nueva pestaña en la red social que apareció la semana pasada, o Apple News y Wiki Media.

Además, contratacan a las usinas de noticias falsas, y se sienten obligados a resguardar mejor los datos de los usuarios, otro de los talones de Aquiles de esta era híper conectada. Google, con su nueva política, prioriza que las búsquedas pasen primero por los contenidos de calidad, que las búsquedas empiecen por fuentes de noticias más confiables, ofrece más contexto a los usuarios y contraataca a los malos, aunque admite que la tecnología todavía no está bien desarrollada para interpretar intenciones.

Los gobiernos empiezan a regular mejor, temas de transparencia, acceso a la información y reglas más estrictas sobre financiamiento de procesos y campañas electorales y debates. Grandes investigaciones periodísticas sobre la influencia de Narcodólares y de operaciones encubiertas como la de Odebrecht están obligando nuevos planteamientos para defender la democracia.

La información buena se impone, pese a los ríos de desinformación. Y esa es una buena noticia. Repito. Como nunca, hoy se tiene mayor conciencia y se buscan herramientas para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal.

¿Qué hacer?

En este contexto hay que dividir la paja del trigo. No hay que juzgar a las noticias falsas como un todo. Hay noticias falsas por intereses económicos, con la intención de que afecten el discurso político a través de botcenters y cibermilitantes y otras por entretenimiento, para descalificar y estigmatizar como en el caso de trolls dedicados al bullying.

Debe tenerse en cuenta que cualquier acción que se adopte debe juzgar las intenciones porque son muy diferentes la de un creador de usinas de noticias falsas, que las de un consumidor o distribuidor sin malicia o no precavido. De la misma forma que no se puede medir con la misma vara a un narcotraficante que a un consumidor de estupefacientes.

Y ante cualquier acción o política pública que se quisiera tomar sobre la desinformación, se deberá partir prioritariamente de estándares sobre libertad de expresión y sobre el derecho del público a saber.

Proteger el discurso, aunque sea falso.

En este sentido estoy de acuerdo con lo último que expresó Mark Zuckerberg hace un par de semanas en la Universidad de Georgetown, cuando defendió el discurso malintencionado y mentiroso. Estoy de acuerdo pese a lo errático que se mostró por años respecto a su responsabilidad sobre Cambridge Analytica, o por haber negado por largo tiempo el robo de datos personales desde su plataforma o el uso comerciales de los mismos.

Hace poco lo confrontó la senadora Elizabeth Warren. Acusó a Facebook de ser “una máquina de desinformación con fines de lucro” debido a la divulgación de propaganda política.

Zuckerberg contestó que Facebook no va a moderar las expresiones de los políticos ni verificar el contenido de los avisos políticos porque las opiniones políticas, aún si fueran falsas, siguen siendo relevante y de interés público. Twitter también ha dicho que no va a cerrar las cuentas de los políticos que al parecer transgredan sus políticas en contra del lenguaje violento, porque son parte del discurso público, aunque Jack Dorsey, su CEO, anunció que no permitirán anuncios políticos pagados.

El nuevo criterio de Zuckerberg se puso a prueba. Facebook publicó un video de 30 segundos de la campaña de Trump en el que se explicaba que Joe Biden había estado involucrado en actos de corrupción en Ucrania. CNN y NBC, entre otros medios, se negaron a divulgarlo argumentando que el video violaba sus normas de publicación.

Creo que los medios estuvieron en lo correcto al no haber difundido el video. Pero también creo Facebook estuvo en lo correcto al haber difundido el video. También creo que Facebook hace bien en defender el discurso político falso y que Twitter haya decidido no publicar más anuncios políticos pagados.

Esta dualidad que pudiera tener muchas más opciones demuestra el valor que tiene la libertad de expresión a la que no hay que comprenderla basada solo en el criterio de un medio o emisor, sino en la que puedan convivir políticas y criterios distintos. La libertad de expresión se basa en la pluralidad y la diversidad de criterios.

Algunos congresistas estadounidenses como Warren siguen amenazando sobre imponer regulaciones y puede ser riesgoso. Ya existen muchas leyes para regular acciones criminales, como la venta de datos personales o actitudes que no protegen la privacidad y hasta contenidos criminales que no son producidos por las plataformas ni por los medios, sino a través de ellos.

La regulación es pertinente para penalizar los delitos que abundan en las redes o en el internet profundo, como la apología de la violencia, el discurso de odio, el racismo o la pornografía infantil y la trata de personas. Pero, como dije antes, las noticias falsas no deben considerarse un acto criminal, sino su intención es la que las puede convertir en delito. Por ello tiene que velarse por un equilibrio constante con la libertad de expresión para no afectar el derecho del público a saber.

No regular en exceso, para preservar la libertad

Para preservar la libertad de expresión habría que evitar caer en una manía reguladora que pueda impulsar un mal mayor del que se trata de remediar. Preocupa que estén emergiendo controles que pueden ser más contraproducentes que las noticias falsas en sí. Desde Europa a América Latina, varios gobiernos iniciaron enérgicas carreras legislativas para controlar la desinformación en las redes sociales – no solo en época electoral como circunscribe al tema el informe Mueller – sino en todo momento, corriéndose el riesgo de desbordes legales que terminen por censurar debates que el público debe estar en condiciones y en libertad de mantener.

El ejemplo de las leyes de propaganda enemiga y contra la discriminación y el odio, en Cuba, Venezuela y Bolivia son ejemplos de cómo las leyes pueden tener la intención aviesa de censurar el debate público mediante excusas de apariencia loables.

Muchos descubrimientos periodísticos - Panamá Papers, FIFAgate, Paradise Papers, Odebrecht o la trama rusa – fueron en su origen tildados de noticias falsas, por lo que una ley que legalice la censura podría haberlas restringido en su origen y no tendríamos ahora todas las ventajas que esas investigaciones trajeron atrajeron como consecuencia.

Creo que soportar mentiras, es el precio para pagar para descubrir verdades. La falsedad, incluso con la intención de causar daño, a veces es el precio por vivir en libertad.

Los legisladores no deberían apresurarse a legislar. Deben ser prudentes, permitir que el tema decante en la opinión pública e incentivar más debate. Si se legisla cuando todavía existe confusión, se corre el riesgo de sobreactuar y extralimitarse con las prohibiciones.

En ese sentido y a pesar de lo que hacen algunos países europeos, como Francia y Alemania, la Comisión Europea en un estudio publicado en 2018 estableció que la cuestión de la desinformación no pasa por regular. Posiciona como prioridad la necesidad de crear programas de alfabetización mediática y digital. Plantea que debe respaldarse más a los medios de comunicación, como por ejemplo la ley que luego aprobó para que los medios, como creadores de contenido, reciban regalías por derecho de autor, esto en consideración que las plataformas usan muchos de esos contenidos para publicar publicidad comercial, la que justamente se acaloró de los medios.

Estos temas también los planteó la reciente guía de recomendaciones sobre procesos electorales sin interferencias indebidas de la Relatoría Especial de la CIDH. Asimismo, lo estableció la SIP en su Declaración de Salta de 2018, el primer documento sobre libertad de expresión en la era digital que reparte derechos y responsabilidades por igual a periodistas, medios, políticos, gobiernos, plataformas y usuarios. Los gobiernos deben cuidarse de tomar medidas regulatorias desproporcionadas y no usar el derecho penal para castigar la opinión y el debate y las noticias.

Se debe fortalecer el marco de los datos personales para que no sean utilizados por la publicidad comercial o la propaganda. Los gobiernos deben crear escudos para la desinformación en procesos electorales y no deben distribuir, crear o manipular campañas de noticias falsas de terceros.

Se deben crear más agencias de verificación de datos. La academia debe seguir investigando sobre el impacto de las noticias falsas sobre sus causas y efectos.

Conclusión: Sin patente de corso

Esto no implica extender una patente de corso. Pero si implica tener la sapiencia necesaria para abordar este debate desde la perspectiva de la libertad de expresión.  Puede ser contraproducente - como reconoce la relatoría - que se pida a entidades privadas como Facebook o Google, que se autorregulen y censuren, porque en el celo por la eficiencia la censura privada puede ser tan gravosa como la censura de los gobiernos autoritarios, siempre prestos a hacer absolutamente todo sin debido proceso.

No debe quedar en manos de censores, privados o públicos, lo que como ciudadanos debemos tener el derecho a recibir. Distinguir entre lo falso y lo verdadero es otro tema.

Por ello rescato la frase de la Guía de la relatoría: debe haber “respuestas no regulatorias para potenciar las capacidades de los ciudadanos”, y así puedan distinguir entre información falsa y verdadera.

Por esto, creo que toda política debiera centrarse en la perspectiva de la libertad de expresión y ante ello lo que se impone es la responsabilidad de los medios y periodistas, de los partidos políticos y gobernantes, de los académicos y líderes religiosos, y de las organizaciones civiles, así como la responsabilidad de cada uno de los individuos o usuarios a dar el ejemplo, sobre la base de la búsqueda de la verdad y la distinción con las mentiras.

No quiero sonar ingenuo, pero creo que estamos en los orígenes de una nueva revolución, la de la verdad, y no debemos desperdiciar esta oportunidad para abrazarla con optimismo y sabiduría.

2016: Del Chapo a Rubí; la adultez de las redes

Crescendo Ibarra invitó a los dos mil pobladores de La Joya a la fiesta de 15 de su hija Rubí, celebrada el lunes después de Navidad. Terminó dando de comer a más de 30 mil almas, aunque se libró de 1.3 millones que aceptó su invitación.

No fue un error de cálculo. Resultó que su mensaje, “quedan todos cordialmente invitados”, se viralizó por YouTube y Facebook. En un santiamén, Rubí pasó de  humilde paisana mexicana a titilar más que una estrella hollywoodense. Apareció en Le Monde y New York Times. Algunas aerolíneas dieron descuentos para llegar al lugar. Otras empresas regalaron la torta y el confeti. Varias bandas de corridos rogaron por cantar en la fiesta.

El sueño parecía cumplido, pero también fue pesadilla. Las parodias y memes no faltaron. Famosos, sociólogos y críticos del montón aturdieron a la familia que hubiera preferido una fiesta más íntima para Rubí.

El año terminó con esa realidad exagerada; y también había empezado así. En enero, el Chapo Guzmán, pese a ser el narcotraficante más buscado del planeta, se convirtió en héroe de historieta. La gente se rindió a sus pies ante su astucia por escapar por un túnel que ya inspiró varias películas. Y los carteles reclutaron más adolescentes, engañados por el mito de una vida fácil y exuberante.

Pese a que ambos hechos estaban en las antípodas del bien y del mal, las redes sociales los convirtieron por igual en un espejismo de la realidad. Es que su poder de transformar, amplificar, deformar y contagiar se agiganta a cada día.

La omnipresencia de las redes como generadoras de conversación pública, algo que antes monopolizaban los medios tradicionales, se fortaleció en 2016. Esa consolidación, su paso de la pubertad a la adultez, no solo se debió a la mayor penetración tecnológica del internet, sino a las batallas que estas empresas debieron librar.

El mayor de los golpes lo recibieron tras las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Por primera vez, las empresas propietarias de redes sociales debieron admitir su responsabilidad como generadoras activas de conversación, desde que siempre se autodefinían como simples medios de distribución de información posteada por los usuarios.

El primero en admitirlo fue el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Después de resistirse por semanas, concedió que su red social es un agente activo y no una simple plataforma pasiva por donde transcurre sin pena ni gloria la conversación. Tras los ataques por haber servido de canal para la propalación de noticias falsas, reaccionó contratando editores, más subjetivos pero más confiables que sus algoritmos y bots, para diferenciar mejor lo falso de lo verdadero.

Además de esa estrategia ética y editorial, también debió defenderse de ataques legales. Hace unos días, los familiares de las 49 víctimas masacradas en junio en un bar de Orlando, demandaron a Facebook, Twitter y Google bajo el argumento de que dieron apoyo material al terrorismo internacional, al permitir la distribución de propaganda del Estado Islámico, el grupo terrorista invocado por el agresor.

La demanda difícilmente prosperará. Primero, porque estas empresas hace rato que de motu propio, vienen desarrollando sistemas complejos para evitar que los grupos terroristas recluten sicarios y recauden fondos. Y también, porque los jueces estadounidenses necesitan pruebas contundentes e individuales para censurar el beneficio social que acarrea la libertad de expresión, especialmente en internet.

De todos modos, desde una óptica objetiva, las redes sociales no son otra cosa que la caja de resonancia de la conducta humana, plagada indistintamente de valores y de vicios. Así como algunos las utilizan para exagerar, mentir y delinquir, otros las usan para abrazar causas positivas, ya sea distribuyendo verdades, pensamientos altruistas o apoyando campañas como las de #NiUnaMenos o #BlackLivesMatter.

Esta dualidad entre lo negativo y lo positivo, remarcada sin distinción por la idolatría al Chapo y a Rubí, se acentuará en este 2017. No será por alguna razón específica, simplemente porque las redes sociales, las que existen y las que se inventarán, se han afirmado como el nuevo foro de comunicación donde viven, se palpa y contagian los conflictos. trottiart@gmail.com

Teconología y terrorismo

La era digital conlleva grandes desafíos. El más impensado es que ha metido de cabeza a las empresas privadas a resolver guerras, conflictos y terrorismo, un campo que antes era exclusivo de gobiernos y estados enfrentados.

Google, Facebook, YouTube y Twitter están cada vez más acorraladas. Tras los ataques del Estado Islámico en París y San Bernardino, el gobierno de Barack Obama les está exigiendo más compromiso para que sus plataformas tecnológicas no sean usadas por los terroristas para propagar su odio, reclutar voluntades y organizar atentados.

El reclamo, también instalado en la campaña electoral por Hillary Clinton y Donald Trump, parece loable y patriótico, aunque esconde muchas complejidades. La principal es que impone a las compañías privadas una actitud de policía que no tienen.

Si estas compañías no resisten, corren el riesgo de perder independencia, lo que carcomerá la confianza del público. También perderán negocios en el extranjero por el temor de que sus productos estén infiltrados por la vigilancia del gobierno estadounidense. Especialmente, les lloverán pedidos similares de gobiernos no tan democráticos, que bajo la excusa de perseguir a terroristas, usarán la información para marginar a sus opositores.

Obama pidió a las empresas digitales que combatan al terrorismo con la misma fuerza que a la pornografía infantil y que dejen de desarrollar tecnología para encriptación de mensajes, para que la información sea más permeable para las agencias de seguridad.

Las tecnológicas han mejorado su trabajo con bancos de imágenes que les permiten detectar pornografía y desactivarla de inmediato, aunque un “googleo” rápido muestra que no son muy eficientes. La encriptación de mensajes, por otro lado, es un arma de doble filo, esencialmente porque es tecnología creada para aumentar la privacidad de los usuarios y para evitar que hackers y cibercriminales puedan atacar bancos, transporte aéreo o plantas nucleares.

Los terroristas, además, no siempre mantienen sus conversaciones a oscuras y son ávidos en el uso de las tecnologías. En París se comunicaron por mensaje de texto regulares y en San Bernardino cuando Twitter eliminó el tuiteo del Estado Islámico, “California: hemos llegado con nuestros soldados y decidan su final, con bombas o cuchillos”; los terroristas reaparecieron con decenas de cuentas nuevas.

En este intríngulis donde entran en conflicto derechos constitucionales de igual valor, como la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la tarea no es fácil. Las compañías digitales basan su estrategia de crecimiento no solo en la innovación, sino también en la credibilidad, la que ya fue corroída cuando admitieron el espionaje y vigilancia del gobierno tras la denuncia de Edward Snowden en 2013.

Tras aquel escándalo, las empresas reforzaron la protección de los datos de los usuarios y comenzaron a ofrecer informes de transparencia, en los que se describen los pedidos de gobiernos y usuarios para desactivar contenidos incendiarios, los que no siempre acatan.

Por ahora, mientras no haya una ley que los obligue, solo entregan información cuando es solicitada mediante orden judicial. Muchas veces, además, no desactivan contenidos ante el pedido de las propias agencias de seguridad que prefieren no alertar a los sospechosos que están investigando. Parece ser el caso de Tashfeen Malik, el autor de la masacre de San Bernardino, a quien vigilaban por pregonar contenidos propagandísticos a favor del terrorismo en su perfil de Facebook.

Los terroristas, así en el territorio físico como en el virtual, regeneran tácticas y estrategias mediante el uso de tecnologías disponibles para todos, por lo que no resulta fácil encontrar el antídoto. De todos modos, sería grave limitar la eficiencia de los mensajes encriptados. Se correría el riesgo de que la realidad digital se vuelva más vulnerable y disminuyan los espacios de privacidad.

La polémica está situada y no será fácil resolverla. Hasta ahora la tecnología se percibía como la solución a muchos problemas, pero en el caso del terrorismo es en sí misma el problema. La innovación seguramente encontrará sus formas. Ojalá que en el ínterin, los gobiernos no obliguen a las empresas privadas a actuar como agencias de seguridad.

Crisis de identidad en el periodismo

Así como Wikipedia cambió el mundo de las bibliotecas y Uber a la industria del taxi, el periodismo está atravesando un proceso de cambio brusco y complejo.

Toda evolución conlleva cierta crisis de identidad. La del periodismo está potenciada por un contexto híper informativo digitalizado, en el que se han borrado las fronteras entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales, entre periodistas profesionales y periodistas ciudadanos, esos individuos que munidos de un teléfono inteligente todo lo captan y postean sin filtros ni criterio en Facebook, Twitter o Instagram.

Periodistas y medios siempre se jactaron de las reglas de la ética profesional para adoptar criterios sobre qué, por qué y cómo publicar. Hoy, muchas veces, no hay tiempo para pensar y decidir; medios y periodistas se ven superados por el liderazgo de los periodistas ciudadanos y de las redes sociales, y deben publicar de inmediato obedeciendo a las reglas del mercado y la competencia por las audiencias.

Ejemplo palpable sucedió esta semana. Los medios no tuvieron más remedio que tomar de Facebook el dantesco video que filmó el propio asesino de los periodistas Parker y Ward de Virginia. En circunstancias normales, los medios no lo hubieran publicado, ya sea por recato y respeto a los familiares de las víctimas, pero la viralización global del episodio no les dejó alternativas.

En una época en que todo es reality show y se viraliza, desde los degüelles publicitados por los terroristas islámicos para ganar adeptos o las denuncias de Edward Snowden y de Julian Assange, el periodismo atraviesa un trance complejo, lleno de cuestionamientos sobre su nuevo papel.

Estos interrogantes internos y externos a la profesión también se han potenciado porque, como en cualquier disciplina, hay profesionales en todos los extremos y de infinitos tonos: Excelentes – mediocres; humildes – arrogantes; honestos – corruptos; neutros – prejuiciados; imparciales - activistas.

Estos últimos suelen ser los más influyentes, formadores de opinión y representantes de comunidades que no tienen voz. Jorge Ramos en EE.UU., Jorge Lanata en Argentina y Jineth Bedoya en Colombia son algunos de ellos.

Ramos, que tiene a la inmigración como causa, cobró mayor notoriedad esta semana cuando Donald Trump lo expulsó de una conferencia de prensa justamente por confrontarlo por su desprecio hacia los inmigrantes, lo mismo que recriminó en vivo a Barack Obama por las deportaciones.

Ramos no es un periodista liso y llano, tiene agenda propia y nunca lo disimuló; pero después del incidente con Trump fue más activista que nunca: “Cometeríamos un error si no nos lo tomamos en serio (a Trump). Si llega a la Casa Blanca, la transformación de Estados Unidos sería brutal y tendría graves consecuencias para los latinos".

El activismo periodístico tiene precio. Los informadores que confrontan cara a cara con el poder, también suelen polarizar a la ciudadanía cosechando tantos amores como odios. Lanata es un personaje amado por muchos argentinos por su lucha frontal contra la corrupción, pero también es odiado por los simpatizantes de sus interlocutores y por aquellos que, al igual que sucede con Ramos, ven con desagrado que su altivez supere su conducta profesional.

La causa exacerbada o el activismo pueden aparentar cierta arrogancia, pero a veces no es más que el producto de la pasión, la rigurosidad, las confianza de sus fuentes y la valentía por confrontar a los poderosos e intocables.

El activismo conlleva riesgos. Bedoya, que abrazó la causa en contra de la violencia de las mujeres, luego de que fuera secuestrada y violada en represalia por sus denuncias periodísticas, vive rodeada de guardias de seguridad. En su caso, como en el de otros, el activismo no es un ideal periodístico y es peligroso, pero se hace necesario cuando otros géneros periodísticos, como la investigación y las denuncias, no alcanzan.

Aunque los activistas y la inmediatez de la información potencien la crisis de identidad, la profesión no tiende a desaparecer como pronostican algunos agoreros, sino que está en proceso de evolución. Ante tanta complejidad y sobre abundancia informativa, nunca se hizo más necesario que haya profesionales que descubran e iluminen la realidad.

La dualidad del internet: Para el bien y para el mal

Es difícil no estar agradecidos y frustrados al mismo tiempo con el internet y las redes sociales. Es que la web empoderó más libertades, pero también se transformó en una herramienta para la censura y el sometimiento.

En esta época digital, pareciera que todo tuviera la misma relevancia. Tanto da una selfie que se sacaron los jugadores de Boca para festejar un gol que viralizaron por Twitter, que los sanguinarios del Estado Islámico muestren por YouTube como arrojan homosexuales desde azoteas o que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya detenido y procesado a siete tuiteros por criticar a su régimen.

Habrá que aprender a convivir con esta dualidad del internet y lidiar caso por caso sin caer en glorificarlo o condenarlo en forma general. Sobre la base de reencontrarnos con amigos de la infancia, acudir marchas de protesta, firmar peticiones, informarse y saberse vigilados o insultados, hemos aprendido que el mundo digital y sus redes son un medio nada más y que pueden usarse para el bien o para el mal.

Esta dualidad se vio plasmada en un caso concreto de la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá. Claudia Gurisatti y Johnattan Balincieri de NTN24, explicaron cómo debieron lidiar con la censura cuando Maduro los expulsó de Venezuela. Lejos de amilanarse, NTN24 siguió informando a través de sitios web y redes sociales. Una y otra vez fueron bloqueados y censurados, pero con creatividad y tesón supieron resistir. Así, la cadena internacional no dejó de informar a los venezolanos.

A esta calidad dual del internet, que de igual forma sirve para censurar como para burlar la censura, el uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP la definió como el cuchillo de dos filos. Sirve para cortar un buen bistec como para coartar las libertades.

En todos los países se cuecen habas. En EEUU tal vez es donde más se ha notado como el internet ha cambiado la forma de hacer negocios y política. Los shopping Center han perdido gran parte de la clientela que ahora, más selectiva, prefiere comprar a través de Amazon que en Banana Republic. Y, por otro lado, la política ya no será igual. Barack Obama mostró el camino. Ningún candidato puede obviar el uso de las redes sociales para ganar elecciones; aunque también se observó a este gobierno manipular a Facebook e Instagram, para vigilar a los usuarios,  violentando datos y el derecho de los ciudadanos a la privacidad.

En su nuevo libro “La Nueva Censura: La batalla global por la libertad de prensa”, Joel Simon del Comité de Protección para Periodistas argumenta que nunca antes se habían visto tantas amenazas al trabajo de los reporteros. En esta era digital, se enfoca más en las amenazas que provienen de gobiernos elegidos en las urnas pero con rango de autoritarios, a los que llama “democratators” – Maduro y Rafael Correa entran en este rango - que se dedican a censurar, espiar, bloquear y perseguir a sus críticos por internet y redes sociales.

Cuba es un caso concreto de esta práctica vil de censura de Estado. Fue denunciado de manera peculiar este 12 de marzo cuando se celebró el Día Mundial contra la Censura en Internet. La organización Reporteros sin Fronteras puso en marcha su operación “Libertad colateral”, creando espejos de páginas webs en la nube digital para que todo el mundo pueda acceder a los sitios censurados. Yoani Sánchez, la famosa bloguera cubana dijo en la reunión de la SIP, que si bien el internet la ha liberado, también le ha servido al gobierno para rastrearla mejor, así como para perseguir y encarcelar a muchos de sus compatriotas internautas.

El internet ha traído historias de éxitos y fracasos. Desde el sitio Ipaidabribe en India para que los usuarios denuncien a funcionarios que sobornan o el de la periodista mexicana María del Rosario Fuentes, quien sigue desaparecida desde octubre pasado. Desafió a los narcotraficantes informando sobre sus actividades en su página de Facebook “Valor de Tamulipas”, denuncias que los medios tradicionales no se animaban a delatar por temor a las represalias.

Esto comprueba que el internet no es bueno o malo en sí mismo; sino que, como cualquier otro medio de comunicación, es una herramienta que puede usarse para el bien o para el mal. 

Difícil equilibrio: privacidad vs. terrorismo

Con las redes sociales y el internet aumentó la capacidad de comunicación de la humanidad, pero también los desafíos. El mayor de todos parecía ser la dificultad para equilibrar dos principios de similar valor: el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Sin embargo, desde que Edward Snowden irrumpió en escena todo cambió. Se desvaneció aquel idílico panorama en el que se percibía a Facebook y Twitter como generadores de revoluciones democráticas, mientras que los únicos delincuentes eran los usurpadores de identidad, distribuidores de pornografía y difamadores que ya habitaban fuera del internet.

Desde que Snowden robó y divulgó información de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense, se dispararon las alarmas de todos los gobiernos, ante el temor de que otros soplones divulgaran datos sensibles que hasta entonces pertenecían a círculos de inteligencia y espionaje. La vulnerabilidad de las tropas ante ataques terroristas y las relaciones bilaterales corroídas entre países amigos, obligó a los gobiernos a replegarse y a trazar estrategias para defenderse del internet.

No se contentaron con perseguir soplones. Irrumpieron incógnitamente en las redes sociales cazando al azar a todo aquel con apariencia de terrorista o que hiciera apología o propaganda a favor del terrorismo. En la redada cayeron también justos por pecadores. Al principio fueron Facebook, Apple, Microsoft, Google y Yahoo las que ayudaron a los gobiernos en su quehacer, en especial los de EEUU y Reino Unido, hasta que los usuarios pusieron el grito en el cielo, confrontando a esas empresas por romper con el derecho a la privacidad que decían resguardar.

La pulseada entre gobiernos, empresas tecnológicas fue fuerte. Primó el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Las empresas, para no perder credibilidad, rechazaron que los gobiernos pudieran pescar con redes, limitándolos a hacerlo mediante órdenes judiciales y en forma transparente.

Esa transparencia que Google ya aplicaba desde que sufrió censuras de parte del gobierno de China, obligó a Facebook a publicar un informe sobre pedidos oficiales para delatar perfiles de usuarios sospechosos de cometer ilícitos. Esta semana informó que el gobierno de EEUU fue el más agresivo con 15.433 pedidos en estos seis meses - un 23% más que en el semestre anterior – lo que representa la mitad de las solicitudes que también provienen de países como India, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Australia, España y Portugal.

Aunque siempre hubo debate sobre privacidad, libertad de expresión y límites al delito como la propaganda terrorista, no se tomó real conciencia del problema hasta que el grupo ultra terrorista Estado Islámico degolló a los periodistas James Foley y Steve Sotloff, colgando videos y proclamas de sus crímenes por YouTube y todo el internet.

Esas decapitaciones fueron punto de quiebre. No hizo falta la intervención de los gobiernos para que Facebook, YouTube, Google, Yahoo, Instagram y Whatsapp adoptaran drásticas medidas para bloquear todo tipo de contenidos terroristas. Sin embargo, ello no quitó que estos grupos siguieran usando mensajes encriptados y el internet profundo, al que suele acudir la gente con intenciones.

Los gobiernos también se vieron compelidos a ser más transparentes. Por eso, el jefe de escuchas del espionaje inglés, Robert Hannigan, pedía mayor cooperación a las empresas tecnológicas y que reconozcan que en sus redes anidan grupos criminales que hacen propaganda y reclutan fieles; mientras que el almirante jefe de la NSA, Michael Rogers, acudía a la Universidad de Stanford para cazar potenciales Snowden, pero “para hacer el bien”.

El internet potenció hasta la infinidad aquel dicho de que las guerras no solo se ganan en los campos de batalla, sino en el territorio de la propaganda, ese espacio que aprovechan y manejan bien los terroristas actuales.

Sin dudas, estos nuevos actores, el terrorismo por internet y la persecución que de él pretenden hacer los gobiernos con eficiencia, han minimizado el debate sobre privacidad vs. libertad de expresión. De ahora en más, se abre una lucha desigual debido al terrorismo. Los usuarios deberemos competir con mayor fuerza para preservar nuestros derechos individuales a la expresión y a la privacidad. 

Hong Kong: La sublevación digital

Todas las revoluciones en la historia sirvieron para denunciar opresión y exigir libertad. Sin embargo, jamás esos derechos e insubordinaciones se habían expresado con tanta rapidez y espontaneidad.

La desobediencia civil del movimiento “Occupy Central” en Hong Kong, demuestra cómo las nuevas tecnologías, en especial redes sociales y teléfonos móviles, han potenciado la capacidad de convocatoria y organización de las masas.

En la ciudad más conectada del mundo, con 2.5 celulares por habitante y donde los 7 millones acceden a banda ancha y blue tooth indiscriminadamente, y los activistas usan drones para filmar sus protestas y divulgarlas por live streaming, más que de una “revolución de los paraguas”, se debería hablar de una sublevación digital.

El éxito de esta revolución no será de quien gane más calle, sino quien mejor use las tecnologías: Los manifestantes por amplificar mejor sus derechos o las autoridades por censurar en forma eficiente esos mensajes.

Para los hongkoneses la ecuación no es fácil. Debido a la censura que empezaron a experimentar en sus redes sociales y por virus cibernéticos que destruyen sus comunicaciones, recién ahora tomaron conciencia sobre los pesares que vienen sufriendo sus connacionales en China continental.

Los esfuerzos de las autoridades chinas por censurar son sobrehumanos, porque las redes sociales, los mensajes de texto o Whatsapp son menos vulnerables que los periódicos, radio o TV. En China Facebook e Instagram están prohibidas, y la censura es habitual en Weibo, el twitter chino. Una ley reciente castiga con tres años de cárcel a quien difunda rumores por la red; y casi todo puede ser rumor.

Desde la perspectiva de los líderes chinos la protesta también es difícil de digerir. Si no contienen las manifestaciones, pudieran contagiar luchas por más libertades tierra adentro. Y si las reprimen con gases pimienta y lacrimógenos, como ya sucedió, pudieran generar mayor adhesión interna y condenas internacionales.

Esta disputa entre censura y libertad es extensión de aquella realidad que el gobierno chino quiso tapar con el lema “dos sistemas, un país”, acuñado después que tomó posesión de Hong Kong en 1997 tras 150 años de dominio británico. Pese a sus promesas de mayores libertades, siempre se supo que tarde o temprano el gobierno autoritario de Beijín cortaría algunos de los derechos que siempre consideraron privilegios y que han negado a sus 1.300 millones de habitantes.

Tampoco hay que confundirse. El uso y euforia que despiertan las nuevas tecnologías no prometen resultados automáticos. La “Primavera Árabe” no logró más democracia en Medio Oriente, ni las marchas en Ferguson acabaron con el racismo en EEUU, ni los estudiantes chilenos consiguieron educación gratuita.

Esto demuestra que las redes sociales y las nuevas tecnologías son medios, no fines y que también pueden usarse para el mal: Para acosar, divulgar mensajes de odio, promover pornografía o como armas de propaganda de los terroristas. A YouTube, Facebook, Twitter o Google no les está resultando fácil bloquear y filtrar todo ese tipo de mensajes, por lo que hay que aprender a convivir con ellos.

De todos modos, lo importante de estas revoluciones digitalizadas es que están ayudando a crear una mejor cultura de la denuncia, en favor de la búsqueda de soluciones. Antes, las entidades de derechos humanos conocían los problemas, pero carecían de pruebas. Ahora, a las evidencias las aportan los usuarios que las retratan con sus móviles y las hacen virales en las redes sociales.

Es difícil predecir qué sucederá en Hong Kong. Los miembros de “Occupy Central” piden cada vez más y las autoridades otorgan cada vez menos. Además de elecciones libres sin interferencias del partido central, los activistas ahora quieren la renuncia al líder de la ciudad. Mientras tanto, desde China continental se amenazó con “consecuencias inimaginables” si las marchas prosiguen; una alusión subliminal al miedo que todavía provoca la masacre en la Plaza de Tiananmen, aquella protesta juvenil que también exigía más libertad y democracia.

Pero a diferencia de la oscuridad en la que se produjo aquella barbarie en 1989, ahora los jóvenes en Hong Kong están iluminados y protegidos por las nuevas tecnologías. Esa es la revolución. 

Internet, protestas populares e hipocresías gubernamentales

Venezuela confirma lo que ya nos había enseñado la Primavera Árabe, el Movimiento 15-M español, el Occupy Wall Street, los universitarios chilenos pro educación gratuita y los jóvenes brasileños anti mundialistas. Los ciudadanos de a pie, auto convocados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, se convirtieron en el quinto poder.

Estas protestas espontáneas trajeron grandes desafíos a los gobiernos. Antes les bastaba con dominar partidos y sindicatos, fuente de las manifestaciones. Ahora, las tecnologías de la comunicación hicieron el blanco más esquivo. De ahí que opten por tres caminos para neutralizar el derecho de reunión: Alientan más regulaciones de orden público como en Argentina o restringen el internet y reprimen con brutalidad como en Venezuela.

El camino está plagado de ironías e hipocresías. EE.UU., el país más despreciado desde América Latina, es usado de ejemplo. Días pasados, la presidente Cristina de Kirchner propuso un anteproyecto para imponer orden al derecho de reunión, justificando lo que observó en Nueva York: Protestas ordenadas y autorizadas.

Su llamado a la “convivencia popular” tiene sentido común – que el derecho de protesta de unos no conculque los derechos de otros – pero tal vez sea, más bien, sentido de oportunidad con la intención de censurar el disenso. Ironía. Hasta hace poco, al kirchnerismo no le importaba cortar rutas y calles para amedrentar a opositores y críticos. 

Lo que Cristina no dijo es que en EE.UU. ni la policía ni las fiscalías están sometidas al poder político, por lo que el gobierno no puede ordenar represión ni conculcar el derecho de reunión a conveniencia. Son jueces autónomos los que deciden neutralizar desbordes y vandalismos, si los hay.

Esa politización de la represión es más notable en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, arropado de todos los poderes del Estado, es quien la dispone sin mediación. Manda a las tropas de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares reprimir con balas, mientras ordena a fiscales y a la Justicia dictar cargos criminales que él mismo dispone a placer.

Así se lo criminalizó a Leopoldo López, a otros opositores y a estudiantes que por protestar contra la inseguridad, la inflación y el autoritarismo de Estado, terminaron presos por terrorismo, delincuencia organizada, traición y otros delitos que se castigan con decenas de años de cárcel.

Maduro justifica que la represión sirve para proteger los derechos a la paz y a la vida. La hipocresía pasaría por alto, si la estrategia de control no fuera evidente. Pero Maduro censura a la radio y la televisión con leyes que permiten cerrarlas si trasmiten imágenes sobre las protestas, y a los diarios, más chúcaros, les impide importar papel para publicar. Neutralizados los medios tradicionales, la última escalada de censura abarcó a Twitter, Whatsapp y Zello, herramientas esenciales de los manifestantes.

Al contrario de su llamado irónico a la paz y al diálogo, Maduro está decidido a seguir reprimiendo. Esta semana, en el aniversario de muerte de su predecesor, ordenó socarronamente a la Guardia Nacional que “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Tampoco no todo es rosa en los movimientos creados por las redes sociales. Como son parte del contexto, algunos que en ellas actúan, también lo hacen con intención de distorsionar, manipular o generar anarquía, desórdenes y violencia. Y si a ello se le suma que los gobiernos tienen ejércitos de ciber militantes con el objetivo de desacreditar e intimidar a opositores, mentir y neutralizar protestas, es fácil advertir que las redes sociales pueden convertirse en campo de batalla y acarrear más problemas que soluciones. Además, si los usuarios no logran cambiar las cosas, se corre el riesgo de que pueda generarse mayor frustración e ira de la que se estaba intentando aplacar.

Es difícil predecir lo que sucederá en Venezuela. Pero es evidente que las redes sociales están jugando un papel significativo respecto a los derechos humanos de reunión y de expresión. La capacidad de auto convocatoria y de denuncia de abusos, divulgando fotos y videos que están vedadas a los medios tradicionales, se impone como un nuevo poder capaz de contrarrestar a aquellos gobiernos que pretenden controlarlo todo.

Diplomacia por Twitter

Hace rato que muchos presidentes, especialmente en América Latina, han tomado la costumbre de hacer diplomacia por micrófono en lugar de hacerla por los canales diplomáticos. Ahora, con mayor intensidad, la están ejerciendo a través de Twitter, con el peligro de adicionarle una gran dosis de sarcasmo e irresponsabilidad.

A diferencia de un ciudadano común, los presidentes, funcionarios o personas públicas, tienen mayor responsabilidad sobre lo que dicen y cómo lo dicen. Un comentario de un ciudadano común suele quedar en su círculo de amigos, el de una persona pública trasciende, creando reacciones y consecuencias.

Hoy en día, la mayoría de los presidentes ha encontrado en Twitter una forma perfecta de comunicarse a través de mensajes más coloquiales y más cercanos al “común de la gente” y de sus potenciales electores. Sin embargo, muchas veces, por esos fervores electorales y contagiados por sus impulsos, caen en la tentación de usar un lenguaje chabacano, ordinario e irónico, muy de entre líneas.

La presidente Cristina Kirchner, muy enemiga de hablar con los periodistas y la prensa, hace rato que prefiere Twitter para comunicarse con los ciudadanos y expresar lo que tampoco hace por vía diplomática formal. En el conflicto actual que el gobierno argentino mantiene con la aerolínea LAN de Chile, la Presidenta aludió irónicamente al presidente Sebastián Piñera, con el siguiente tuit:  “¿Alguien se imagina si Aerolíneas Argentinas en lugar de ser línea de bandera recuperada hubiera sido una empresa de mi propiedad y cuando me eligen la hubiera “vendido”?”.

De esa forma, Kirchner dejó entrever su ideología al haber introducido la palabra “recuperada” (para el Estado) para criticar a LAN de capitales privados, pero, especialmente, al haber puesto comillas en “vendido”, aludió sarcásticamente a que la defensa del gobierno de Chile por la aerolínea se debería a la supuesta propiedad que todavía mantendría Piñera sobre esa empresa.

Desde Chile, con más altura, la respuesta no se hizo esperar. El canciller chileno, Alfredo Moreno, respondió que Piñera se desprendió de sus acciones, a tono con la ley de transparencia, “para evitar cualquier potencial conflicto de interés futuro".

En declaraciones a la prensa de su país, Moreno explicó que el “presidente y los parlamentarios son democráticamente elegidos, con total transparencia de su trayectoria y de su patrimonio e intereses. Una vez elegidos, desde el presidente hasta cualquier alto funcionario público debe cumplir las normas de transparencia y declarar su patrimonio y todos sus intereses”.

Además de su propiedad parcial en LAN, Piñera se desprendió de otras acciones y propiedades de empresas varias, entre ellas un canal de televisión.

La respuesta chilena al “exabrupto” - según calificó Piñera al tuit de Kirchner - evidencia que Twitter puede ser un arma de doble filo y que, como cualquier medio de comunicación, debe ser usado en forma responsable, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

Facebook, Twitter, mujeres y acoso digital

Las redes sociales han mejorado nuestra conexión con amigos y el mundo. Sin embargo, no aparentan hacer lo suficiente para detener a delincuentes y criminales que han encontrado un escenario inmenso para seguir hostigando e incitando al odio y la violencia contra las mujeres.

Las consecuencias están a la vista. Carolina Picchio, una niña italiana de 14 años,  se arrojó de un balcón por no soportar el tormento y las burlas de sus “amigos” en Facebook; un caso que recuerda el de la niña canadiense Amanda Todd, que tuvo el mismo origen, el acoso digital, y similar destino, el suicidio.

En estos días, la violencia de género se mudó a Twitter. Caroline Criado-Pérez, una inglesa que promueve que los billetes del Reino Unido incluyan imágenes de mujeres que no sean de la realeza, fue inundada con tuits amenazándola de muerte y violación, los mismos que recibieron periodistas que reportan su causa y otras mujeres que la apoyan. Tuits parecidos recibió Cecile Kyenge, la primera ministra negra en Italia de origen congolés, Cecile Kyenge, a quien le auguran que sea violada para que entienda el dolor que sufren los “italianos puros”,  victimizados por inmigrantes.

Todos estos casos han atraído la atención sobre la amplificación del acoso y violencia de género provocada por las redes sociales, delitos que antes estaban limitados a escenarios menores, como plazas, escuelas, cartas personales o a espacios en medios de comunicación tradicionales, donde periodistas y editores actúan de filtros para erradicar mensajes de odio y discriminatorios.

La tarea, en cambio, no es nada fácil en Facebook, con más de mil millones de usuarios, y en Twitter, por donde se difunden más de 400 millones de tuits al día. Por más buena intención que tienen sus responsables para aplicar los estándares de conducta, monitorear, filtrar o eliminar todo el contenido que incita a la violencia de género, la pornografía o el acoso digital, la labor se observa titánica o casi imposible.

Pero las redes sociales si bien han potenciado a los delincuentes, también lo han hecho con los usuarios, quienes presionan por más y mejores cambios. No solo se trata de los padres de Carolina y la Justicia italiana que reclama a Facebook el por qué no fueron eliminados los mensajes que seguían atormentando a Carolina, sino, además, los cambios que se piden a Twitter para que se eliminen cuentas con mensajes degradantes e intolerantes contra las mujeres.

Gracias a la presión ejercida por la organización Mujeres, Acción y los Medios, Facebook está mejorando sus estándares de conducta y autorregulación, así como entrenando a su batallón de empleados encargado de controlar y eliminar mensajes discriminatorios, violentos o explícitos. Twitter está considerando la petición de las mujeres inglesas – carta que ya firmaron más de 100 mil personas en Change.org - que quieren un botón predominante en sus cuentas para poder denunciar abusos, amenazas y acoso.

La tarea no es fácil para nadie. Se corre el riesgo de que el celo por eliminar mensajes abusivos e insultos, termine por coartar la libertad de expresión. Un tema que requiere de mayor entendimiento por parte de los usuarios sobre los límites entre la libertad y el libertinaje, así como de equilibrio por parte de las redes sociales, que deben actuar con sabiduría y también respetar las reglas legales y culturales de cada país.

Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, entre otras redes sociales, no solo deben considerar que su responsabilidad es eliminar mensajes abusivos, crear nuevas técnicas de monitoreo, actualizar sus manuales sobre  derechos y obligaciones de los usuarios o atenerse a las leyes.

Estos mega sitios de internet tienen la obligación de ser proactivos, no solo reactivos. Deben generar mecanismos que no solo busquen crear un mundo más abierto y conectado como propone Facebook, sino que las conexiones sean más sanas y respetuosas.

La alfabetización digital, educar desde cuestiones básicas sobre cómo proteger la privacidad, hasta las más complejas, sobre cómo evitar la violación de leyes sobre difamación, es una tarea que deben asumir las redes sociales – así como las escuelas – para que se entienda que crear o difundir mensajes e información, requiere de una alta dosis de responsabilidad. 

Miserable inundación

Hay sobradas razones para pensar que Twitter, las redes sociales y el internet son extraordinarias armas para construir diálogo democrático, organizar solidaridad y empoderar a los más débiles y vulnerables.

Yoani Sánchez, la bloguera cubana, en su largo peregrinaje fuera de Cuba, no se cansa de afirmar que Twitter y el internet han sido la verdadera causa de su liberación y de miles de cubanos a los que el régimen castrista oprime por opinar diferente.

Pero también hay excesivas evidencias sobre que estas nuevas herramientas de comunicación sirven para aumentar el oportunismo, amplificar mentiras e insultar a destajo. Las redes sociales y también los comentarios en el internet que se dejan debajo de las notas periodísticas, muestran que son usadas, tanto por políticos, celebridades como ciudadanos en general, para insultar, humillar y desacreditar a quien piense distinto, como si fueran extensión de charlas de café o megáfono de aquellos insultos reservados para los estadios de fútbol.

Los ejemplos más patéticos quedaron al desnudo tras la catastrófica inundación de esta semana en Argentina, cuando un grupo de políticos se abalanzó con mentiras y exageraciones en Twitter, para “estar” presente en el lugar y tiempo adecuados. 

Muchos se sintieron presionados o necesitados de responder de inmediato, sabiendo que las redes sociales son ahora las rigurosas fiscalizadoras de la función pública, oficio que antes solo correspondía a la prensa.

Esos temores y el oportunismo desmedido, indujeron a Pablo Bruera, jefe de gobierno de la ciudad de La Plata, donde hubo más de 50 víctimas, a decir mentiras. "Desde ayer a la noche recorriendo los centros de evacuados", tuitió con una foto la que se le veía con bidones de agua asistiendo a los damnificados, cuando en realidad todavía estaba de vacaciones en Río de Janeiro.

No fue el único que se incineró por Twitter. Luis D’Elía, un dirigente del gobierno nacional, acusó a los medios de magnificar la inundación en La Plata para desviar la atención sobre la responsabilidad del intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, donde también hubo una decena de muertos. Pocas horas después, ante el desastre evidente, debió pedir disculpas.

Twitter se ha convertido en vicio de los políticos. Como en el caso de Cristina de Kirchner, encontraron la forma de suplantar las conferencias de prensa con un mensaje propagandístico y dirigido, con el que evitan el diálogo y la interpelación. Creen que su omnipresencia en Twitter es el equivalente a gobernar.

Hasta Barack Obama, que siempre hizo uso informativo y mesurado de Twitter a diferencia del fallecido Hugo Chávez, ha utilizado los mensajes en este segundo mandato para culpar al Congreso, a la Corte Suprema y para desacreditar a la oposición republicana que para hablar sobre logros y desafíos de su gobierno.

Los políticos no son los únicos responsables. Durante las tareas de rescate en Argentina, los mensajes despectivos y las ráfagas de culpabilidad inundaron las redes sociales y los comentarios en internet. Incluso en los medios de referencia, muchas notas periodísticas perdieron la objetividad, inundándose de adjetivos y acusaciones propias de columnas de opinión.

Pero más allá de las culpas que todos debemos asumir por el mal uso de la comunicación, los políticos, por razones de su función pública, son quienes deben asumir mayores responsabilidades debido a las consecuencias que pueden atraer sus palabras.

Valga el ejemplo del presidente uruguayo, José Mujica, que creó un escándalo diplomático con Argentina, al escuchársele, por un micrófono accidentalmente abierto, decir que “esta vieja es peor que el tuerto”, en alusión a la presidenta argentina y su ex esposo. O el ejemplo del presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manipuló a sus seguidores relatando que Chávez se le apareció como un pajarito y que su trino traía un mensaje de esperanza para el inicio de su campaña proselitista.

Trinos reales o virtuales, lo cierto que las palabras tienen mucho poder y acarrean consecuencias. De ahí que ni Twitter ni el internet son miserables, sino la intención y el uso que hacemos de estos medios. Tenemos la opción de usarlos para el bien o para el mal; nadie está exento de responsabilidades. 

Bendito Twitter

A raíz de los primeros tuist del papa Bendicto, comparto mi columna de este fin de semana sobre Twitter.

El papa Benedicto XVI también sucumbió a la tentación. Abrió una cuenta en Twitter con la misión de alcanzar al botín más preciado de todos: E-evangelizar a jóvenes menores de 24 años que forman el 73% de una red social de más de 500 millones de individuos, y en vertiginosa expansión.

Más allá de que el Papa se convirtió en el tuitero con mayor número de seguidores aún antes de empezar a tuitear en ocho idiomas a partir de este 12 de diciembre, su decisión demuestra la importancia creciente que tiene este símbolo de la cultura digital actual, sin el cual los medios tradicionales, los líderes y el público general pueden ya concebir la agenda cotidiana.

Desde que Twitter fue creado por Jack Dorsey en 2006, se ha convertido en una certificación de los grandes logros, fracasos y revoluciones de la humanidad. Nada importante queda sin reflejarse en este microblog, hasta omisiones y temores. Por ejemplo, la gravedad del cáncer que padece Hugo Chávez no está valorada por algún parte médico, sino intuida y medida por el silencio en su cuenta de Twitter, que en épocas de buena salud inundaba de tuits a sus tres millones de seguidores.

Aunque no son tan seguidos como celebridades y deportistas, los líderes y los medios ya no conciben la agenda política sin Twitter. El ejemplo más avezado es el de Barack Obama, quien potenció sus dos elecciones con propaganda y conversaciones directas en esta red social, como la que ofreció este lunes, con la intención de presionar a los republicanos a un acuerdo político para evitar el abismo fiscal y subir los impuestos a los más ricos.

Los medios tradicionales, que al principio de la era digital concebían a las redes sociales como competencia, son ahora los que mejor las usan. No solo para saber por donde va la conversación, sino como fuente alterna de información. Esta semana así lo hicieron diarios y televisoras egipcias. No dejaron un instante de informar por Twitter, mientras practicaban un apagón informativo masivo, en protesta contra el presidente Mohamed Morsi, por instaurar una censura constitucional peor a la que sufrían antes de la Primavera Árabe.

Twitter también genera miedos. Como cualquier herramienta de comunicación, cuando es usada sin escrúpulos, puede producir efectos devastadores y transformar rumores en verdades o calificativos en injurias. De ahí que los príncipes ingleses, Guillermo y Catalina, no hayan esperado hasta Navidad y prefirieron hacer oficial el embarazo antes que se disparara por Twitter, y con malas intenciones.

También quien está en Twitter sabe que los seguidores no son pasivos e imponen expectativas y protocolos de conducta. De ahí que el primer ministro inglés, David Cameron, prefirió olvidarse de la etiqueta de la Casa Real y felicitar a la pareja por Twitter. No fue el único. Lo siguieron miles de estrellas y celebridades del mundo entero, que tampoco quisieron defraudar a sus seguidores o carceleros, como algunos los llaman.

Justamente en Inglaterra se instaló un debate sobre la ética de la comunicación. Los diarios aceptaron que deben tener políticas de autorregulación más severas para evitar escándalos como el del extinto diario News of The World que propició escuchas telefónicas clandestinas. Sin embargo, advirtieron que el informe del juez Brian Leveson, encomendado por el gobierno y que recomendó autorregulación e imposiciones legales, no aborda la falta de ética que cometen los ciudadanos comunes en las redes sociales.

La prensa que ha delinquido y que tiene al sensacionalismo como máxima característica, no puede excusarse ante sus mayores obligaciones profesionales; además, porque es preferible vivir con los riesgos y vicios que acarrean las redes sociales que sin ellas o censurarlas. La arrogancia, el sarcasmo, la difamación y el mal gusto solo podrán ser corregidos con más educación, nuevos códigos de conducta y, en última instancia, a través de la justicia.

Benedicto XVI tiene en Twitter un desafío y una gran oportunidad. Debe ser infalible en 140 caracteres y competir con Lady Gaga y Justin Bieber, los primeros en sobrepasar los 30 millones de seguidores. Pero, sobretodo, por primera vez, tendrá la oportunidad de acceso directo al mundo más íntimo de los jóvenes, los teléfonos móviles, donde Twitter domina.