Orlando: Las palabras también matan

Las palabras pueden ser más perversas y letales que las balas. He dedicado mucho de este espacio a explicar cómo la propaganda y el discurso de odio pueden derivar en acciones violentas.

El asesino de la masacre del club Pulse en Orlando, Omar Mateen, es prueba inescrutable, así como la pareja de San Bernardino en la matanza de diciembre pasado. Los asesinos ni fueron entrenados ni actuaron bajo órdenes directas del Estado Islámico como les hubiera gustado, sino inspirados por la propaganda del odio de ese grupo terrorista.

El Estado Islámico es experto en utilizar a distancia y por internet sus métodos de adoctrinamiento y entrenamiento (además de atribuirse cualquier acto, como el de Mateen a quien calificó de “soldado del califato”) como quedó plasmado en el documental Obsesión de 2006, basado en la “guerra santa” que el terrorismo le declaró a EEUU y Occidente tras Setiembre 11. El film compara la propaganda musulmana radical con la que a los nazis les permitió hacer y justificar el Holocausto judío.

El odio y el terror del Estado Islámico no están en el campo de batalla sino en la retórica constante que convence a sus fieles, desde los que se inmolan con explosivos, degüellan infieles, queman mujeres que no se someten a sexo esclavo o hasta los que tiran gays desde las azoteas. Solo les basta plantar semillas en Google, Facebook o YouTube, mensajes de texto encriptados, para que inadaptados, resentidos y rechazados sociales, encuentren una causa justa con la que vengarse, ser reconocidos o tener sentido de pertenencia. Es lo que era y buscaba Mateen.

El presidente Barack Obama está afligido por no tener en su suelo el mismo éxito que tiene en las madrigueras de Oriente Medio, donde los drones militares hacen estragos en el liderazgo de las bandas terroristas. Sabe que se le van sus últimos  meses de mandato sin haber logrado que su gobierno y el Congreso prohíban la venta de armas de asalto con las que se comenten estas masacres de “terrorismo doméstico”.

Obama viene deambulando de masacre en masacre con discursos potentes en contra de las armas de asalto, pero sin resultados. El mayor obstáculo en este país, que tristemente ostenta el primer puesto en matanzas de este tipo, 90 de las 292 cometidas en todo el mundo entre 1966 y 2012, es la propia Constitución que garantiza la posesión de armas.

El problema mayor es que la cláusula constitucional sobre la tenencia de armas ha servido a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) - y a los políticos más conservadores, la mayoría republicanos - como el instrumento de propaganda por el cual han convencido al público que poseer es el equivalente a ostentar. Por eso no hay restricciones para comprar armas de cualquier calibre, así como tampoco hay diferencias entre armas para la defensa personal o para ir a la guerra, como las usadas en Orlando.

En cualquier país un cambio constitucional bastaría para crear nuevas regulaciones. Sin embargo, como en EEUU la Constitución es un documento tan rígido y venerado como los 10 mandamientos, los políticos tendrán que hacer un trabajo de hormiga para encontrar resquicios en la interpretación de la cláusula, ya que hablar de reforma equivaldría a una derrota segura.

Por suerte, esta vez Obama y el candidato republicano, Donald Trump, cuyo discurso de odio se ensañó contra mexicanos y ahora con los musulmanes a los que no permitiría entrar al país, han coincidido en lo impensable antes de Orlando. Además de su apoyo a la comunidad gay, ambos están tratando de influir en sus partidos para que se apliquen restricciones severas a la compra de armas. Esta es la mayor novedad de esta campaña, que Trump puede luchar contra el principio sagrado de su partido, quizás porque no necesitó las donaciones de campaña de la NRA que lo habrían condicionado.

Además de la tenencia irrestricta, en EEUU hay lamentablemente una “propaganda irresponsable a favor de las armas”, como acaba de determinar un informe de la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la que suele motivar masacres y acciones de contagio que derivan en mayor violencia.

Ojalá la tragedia de Orlando no sea en vano. Que sirva de punto de inflexión para empezar una lucha por la regulación de las armas y para acabar con los discursos de odio. trottiart@gmail.com

Teconología y terrorismo

La era digital conlleva grandes desafíos. El más impensado es que ha metido de cabeza a las empresas privadas a resolver guerras, conflictos y terrorismo, un campo que antes era exclusivo de gobiernos y estados enfrentados.

Google, Facebook, YouTube y Twitter están cada vez más acorraladas. Tras los ataques del Estado Islámico en París y San Bernardino, el gobierno de Barack Obama les está exigiendo más compromiso para que sus plataformas tecnológicas no sean usadas por los terroristas para propagar su odio, reclutar voluntades y organizar atentados.

El reclamo, también instalado en la campaña electoral por Hillary Clinton y Donald Trump, parece loable y patriótico, aunque esconde muchas complejidades. La principal es que impone a las compañías privadas una actitud de policía que no tienen.

Si estas compañías no resisten, corren el riesgo de perder independencia, lo que carcomerá la confianza del público. También perderán negocios en el extranjero por el temor de que sus productos estén infiltrados por la vigilancia del gobierno estadounidense. Especialmente, les lloverán pedidos similares de gobiernos no tan democráticos, que bajo la excusa de perseguir a terroristas, usarán la información para marginar a sus opositores.

Obama pidió a las empresas digitales que combatan al terrorismo con la misma fuerza que a la pornografía infantil y que dejen de desarrollar tecnología para encriptación de mensajes, para que la información sea más permeable para las agencias de seguridad.

Las tecnológicas han mejorado su trabajo con bancos de imágenes que les permiten detectar pornografía y desactivarla de inmediato, aunque un “googleo” rápido muestra que no son muy eficientes. La encriptación de mensajes, por otro lado, es un arma de doble filo, esencialmente porque es tecnología creada para aumentar la privacidad de los usuarios y para evitar que hackers y cibercriminales puedan atacar bancos, transporte aéreo o plantas nucleares.

Los terroristas, además, no siempre mantienen sus conversaciones a oscuras y son ávidos en el uso de las tecnologías. En París se comunicaron por mensaje de texto regulares y en San Bernardino cuando Twitter eliminó el tuiteo del Estado Islámico, “California: hemos llegado con nuestros soldados y decidan su final, con bombas o cuchillos”; los terroristas reaparecieron con decenas de cuentas nuevas.

En este intríngulis donde entran en conflicto derechos constitucionales de igual valor, como la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la tarea no es fácil. Las compañías digitales basan su estrategia de crecimiento no solo en la innovación, sino también en la credibilidad, la que ya fue corroída cuando admitieron el espionaje y vigilancia del gobierno tras la denuncia de Edward Snowden en 2013.

Tras aquel escándalo, las empresas reforzaron la protección de los datos de los usuarios y comenzaron a ofrecer informes de transparencia, en los que se describen los pedidos de gobiernos y usuarios para desactivar contenidos incendiarios, los que no siempre acatan.

Por ahora, mientras no haya una ley que los obligue, solo entregan información cuando es solicitada mediante orden judicial. Muchas veces, además, no desactivan contenidos ante el pedido de las propias agencias de seguridad que prefieren no alertar a los sospechosos que están investigando. Parece ser el caso de Tashfeen Malik, el autor de la masacre de San Bernardino, a quien vigilaban por pregonar contenidos propagandísticos a favor del terrorismo en su perfil de Facebook.

Los terroristas, así en el territorio físico como en el virtual, regeneran tácticas y estrategias mediante el uso de tecnologías disponibles para todos, por lo que no resulta fácil encontrar el antídoto. De todos modos, sería grave limitar la eficiencia de los mensajes encriptados. Se correría el riesgo de que la realidad digital se vuelva más vulnerable y disminuyan los espacios de privacidad.

La polémica está situada y no será fácil resolverla. Hasta ahora la tecnología se percibía como la solución a muchos problemas, pero en el caso del terrorismo es en sí misma el problema. La innovación seguramente encontrará sus formas. Ojalá que en el ínterin, los gobiernos no obliguen a las empresas privadas a actuar como agencias de seguridad.

Trump, terroristas y censura

La respuesta gubernamental a la incitación al terrorismo y la propaganda que pregonan grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda través del internet y las redes sociales, está desbaratando logros sobre libertad de expresión que a la humanidad le ha costado siglos conseguir.

Muchos gobiernos, entre ellos China, Alemania, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU, ya han adoptado medidas y legislaciones de censura directa contra aquellos individuos que usan el internet para incitar a favor del terrorismo, reclutar a militantes y organizar atentados.

Aunque la acción gubernamental pareciera loable y lógica, existe el peligro de que se ponga todo en una misma bolsa, confundiéndose la incitación a la violencia y  los discursos de odio, con acciones directas de proselitismo extremista y organización de atentados, acciones, estas últimas, que sí merecen atención legislativa en favor de la seguridad nacional y personal.

El problema es cuando se promulgan leyes en contra de la incitación al terrorismo o la violencia y sobre los discursos de odio, lo que brinda a los gobiernos la excusa para reprimir otras formas legítimas de expresión, ya sean políticas, étnicas o religiosas. La nueva ley antiterrorista que China promulgó en diciembre para censurar la actividad de grupos terroristas en internet, sirve de ejemplo. Ya es usada para castigar a disidentes y opositores a los que también se califica de terroristas.

Algo parecido todavía sucede en algunos países latinoamericanos, donde el solo mote de “terrorista de Estado” a opositores, ha servido para que las cárceles estén llenas de presos políticos. En Inglaterra, por otro lado, la controversia surge en torno a la legislación sobre el discurso de odio. El Parlamento inglés decidirá esta próxima semana si permite la entrada al país de Donald Trump, quien criticó a los musulmanes ingleses y pregona que no dejará entrar a ningún musulmán a EEUU de llegar a la Presidencia.

Los dichos y prejuicios de Trump pueden ser insultantes, pero prohibirle que los exprese o condenar sus opiniones antes de que se conviertan en acciones reales, es una reacción exagerada. Una reacción que podría degenerar en excesos para censurar otras expresiones que aunque sean ofensivas, pueden contribuir al debate y generar aprendizaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU, que siempre ha protegido el derecho a la libertad de expresión por sobre otros, solo permite la restricción a la incitación a la violencia, cuando la agresión es intencional o representa un peligro inminente. La Corte prohíbe que se censuren los discursos inflamatorios, considerando que para lidiar con ellos es mejor más libertad que represión.  De ahí que contrario a otros países, en EEUU no se prohíben manifestaciones neo nazis, alabanzas al Ku Klux Klan o la quema de la bandera, siempre y cuando no entorpezcan otras actividades públicas.

Castigar la incitación a la violencia y los discursos de odio cuando son solo expresiones sin que representen peligros inminentes, podría provocar abusos contra todo tipo de mensajes. Por ejemplo, la revista satírica francesa Charlie Hebdó no habría podido publicar esta semana un homenaje en tapa a sus 11 caricaturistas acribillados en nombre de Alá el año pasado. Publicó una caricatura de un Dios malvado con un fusil en su espalda y un titular sugerente – “un año después el asesino sigue suelto”- que seguramente ofendió a musulmanes y creyentes en general, como así lo señaló el Osservatore Romano del Vaticano.

El tema es complejo. Las nuevas legislaciones no distinguen la incitación al terrorismo con reclutamiento de terroristas, los gobiernos más autoritarios aprovechan a restringir todo en nombre de la seguridad nacional y otros vigilan indiscriminadamente a los usuarios afectando el derecho a la privacidad. Por otro lado, empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y Google, están siendo presionadas para crear mecanismos de censura contra los terroristas para evitar que sigan usando sus redes para hacer propaganda, planear atentados y reclutar militantes.

Ojala las empresas activen esos mecanismos en forma rápida y eficiente. Así evitarán que los gobiernos tengan que reaccionar creando leyes antiterroristas que, indefectiblemente como en el caso de China, servirán para censurar todo tipo de expresiones.

Periodistas degollados, allá y acá

El brutal asesinato del reportero estadounidense James Foley, decapitado por sus captores del grupo terrorista Estado Islámico, puso en evidencia el peligro al que se enfrentan los periodistas en zonas de alto riesgo.

Pero no hace falta ir a Siria para ver esta barbarie. En México, Honduras, Colombia, Guatemala y Venezuela fueron asesinados una decena de periodistas este año, más de 500 en las últimas dos décadas.

En Medio Oriente y en América Latina existen diferencias sobre el tipo del peligro al que se enfrenta la prensa. En esta región, los periodistas son asesinados por destapar asuntos del narcotráfico y actos corruptos, tanto públicos como privados; y muchos, como en México, también mueren degollados.

Las bandas de narcotraficantes no tienen clemencia, decapitan para enviar fuertes mensajes a la prensa y a la sociedad. La inacción del Estado, a veces en contubernio con los narcos, hace que medios y periodistas terminen autocensurándose, desnaturalizando su función.  

Siria - donde más de 39 periodistas permanecen secuestrados, entre ellos un colega de Miami, Steven Sotloff, a quien los yihadistas también han amenazado con ajusticiarlo – mostró mucho más que el degüelle público y atroz de un periodista o la polémica sobre si EEUU debería pagar rescates por ciudadanos secuestrados por el mundo.

 

El gobierno difícilmente hace concesiones ante los terroristas. No paga rescates, como los 135 millones de dólares que los terroristas pidieron a la familia Foley. En eso se diferencia de los países europeos que pagan pese a que a principios de año firmaron una resolución en Naciones Unidas para no seguir alimentando a los terroristas.

 

La decapitación de Foley dejó al descubierto que el gobierno de Barack Obama está lejos de haber ganado la guerra contra el terrorismo como había anunciado en su discurso ante el Congreso, luego de que un comando matara a Osama bin Laden en Pakistán años atrás. Al Qaeda quedó diezmado, pero la nueva escisión de aquel grupo, el Estado Islámico, se ha convertido en una amenaza latente.

 

Obama había retirado las tropas de Irak tras la invasión encomendada por George W. Bush y hace poco había prometido que EEUU no se involucraría en Siria. Todo aquello terminó, fueron promesas electorales. Ahora Obama, ante la nueva perspectiva que abrió el caso Foley, está buscando aliados europeos y árabes para bombardear a los yihadistas, y acabar a quienes encarnan el “cáncer que se debe extirpar”.

 

El impacto del caso Foley en la opinión pública - así como el Daniel Pearl, un periodista del Wall Street Journal que fue decapitado en 2002 en Pakistán - le permite al gobierno de Obama concentrar de nuevo la atención en el terrorismo y justificar acciones que no hubiera podido tomar en situaciones normales.

 

Al igual que en la época de Jimmy Carter cuando un comando militar fracasó en el rescate de los rehenes del gobierno iraní, EEUU falló de nuevo en liberar a Foley y otros colegas. El episodio legitima a Obama para continuar los bombardeos contra los extremistas que están masacrando a grupos cristianos en Irak y para actuar en contra de los terroristas en Siria. Para muchos no es más que un dilema o la excusa perfecta para abrir dos nuevos frentes de guerra.

 

Regresando a América Latina, los periodistas asesinados no logran la atención que tuvo el caso de Foley por dos razones: Primero, porque los países latinoamericanos no hacen mucho para realzar los casos de sus ciudadanos o prefieren minimizarlos para evitar que quede al descubierto la ineficiencia policial/judicial. Segundo, porque para EEUU el tema del narcotráfico es un problema social, de salud y económico, controlable si se quiere, pero que no representa una amenaza a su sistema político, como sí lo es el terrorismo organizado.

 

Sería importante que más allá de cómo EEUU quiera neutralizar al terrorismo, adopte medidas más proactivas para defender a los periodistas en zonas de riesgo, estén donde estuvieren. La ley Daniel Pearl de Libertad de Prensa que permite condicionar la ayuda económica a países en donde los periodistas son asesinados, podría ser un arma importante para imponer sanciones a los gobiernos latinoamericanos que poco hacen para defender a los periodistas, muchos de los cuales mueren degollados a manos del narcotráfico.