El populismo y las nuevas mayorías

Con las marchas de #F18 en Buenos Aires y Caracas pidiendo justicia por un fiscal muerto y un alcalde preso, el ciclotímico péndulo de la política latinoamericana pareciera que está iniciando su oscilación hacia el otro extremo.

Los gobiernos populistas de Cristina de Kirchner y Nicolás Maduro recordarán que en esta fecha no fueron desafiados sus gobiernos, sino la forma de gobernar. Las protestas por la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman y el arbitrario encarcelamiento del alcalde Leopoldo López desde hace un año, son síntoma de dos sociedades que se cansaron de la impudicia y la inmunidad del poder.

Ambos gobiernos perdieron mucho de la popularidad que ostentaban en otras épocas, en parte real y en parte ficticia, creada con clientelismo, demagogia y propaganda. Hasta ahora reinaron a base de divisiones y polarización, pero en el camino generaron más desigualdades de las que prometieron remediar.

Así como otros discursos e ideologías se fueron extinguiendo, desde la neoliberal a la nacionalista o de la socialdemócrata a la progresista, el populismo latinoamericano está tocando fondo y desacreditado. En Argentina y Venezuela la inflación es agobiante, la corrupción exorbitante y la inseguridad desconcertante, razones que han dejado a estos populistas sin sus acostumbradas mayorías. Ni Kirchner ni Maduro juntan más del 20 por ciento de aprobación y las nuevas mayorías los culpan del desparpajo actual.

Las nuevas mayorías son espontáneas y heterogéneas. Ya no son cacerolazos en barrios pudientes o mitines liderados por opositores en sedes de partidos, sino marchas, tuits y desesperanza convocadas por fiscales y jueces asediados. Las nuevas mayorías incluyen a desesperados de todos los estratos sociales, cansadas de tanta inseguridad e injusticia, y que el derecho a la expresión y el disenso siempre sea descalificado por apátrida y golpista.

Las protestas del #F18 desafiaron la arrogancia y el atropello como forma de gobernar. Las nuevas mayorías están molestas de que sus gobiernos no reconozcan errores y desestimen la autocrítica. Que miren hacia otro lado o hacia Atucha, que sigan armando contramarchas y actos oficiales con militantes pagados o usando cibermilitantes para invadir redes sociales con etiquetas #TodosconCristina, cuando el clamor es por justicia y #TodosconNisman.

Las nuevas mayorías son desconfiadas. Ya no creen en la cancillería argentina cuando envía cartas acusando a los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses de todos los males, desde la muerte de Nisman al atentado de la AMIA. Tampoco creen en el encarcelamiento intempestivo y violento esta semana del alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, a quien Maduro acusa de conspirar en EEUU y estar detrás del intento número mil de golpe de Estado, a razón de dos por día de su corta presidencia.

Las nuevas mayorías están cansadas de las excusas y máscaras, de las mentiras y chivos expiatorios. Quieren saber la verdad. Y aunque la mala economía agobie, las marchas no reclaman pan sino que se termine el circo. Reclaman justicia tanto por Nisman como antes por María Soledad, José Luis Cabezas y Axel Bloomberg. En Venezuela no se reclama por la fastidiosa escasez de papel higiénico, sino por la impúdica muerte de decenas de estudiantes que hace un año fueron asesinados por la seguridad del Estado, disfrazándoseles de golpistas.

Los gobiernos populistas han perdido el norte porque se han creído dueños del Estado. Han utilizado recursos de todos como si fueran propios. Han confundido su llamado a ocupar oficinas para administrar la cosa pública, con la plaza para fabricar ideología. Han arengado a las masas, pero no han empoderado a los ciudadanos. Por más de una docena de años en Argentina o más de 15 en Venezuela, los populistas han perdido las oportunidades y están desgastados. Difícilmente podrán recuperar en meses lo perdido en años.

Aunque nunca se debe pecar de ingenuos ante regímenes que usan los recursos de todos para reinventarse y contraatacar, los numerosos frentes abiertos en lo económico y político terminarán por condenar a estos gobiernos. La memoria de Nisman y los casos de López y Ledezma, pesarán demasiado en los procesos electorales de fin de año en ambos países. Las nuevas mayorías están hartas y sentenciarán. 

Menos crecimiento, más propaganda

Cuando los gobiernos no dan pie con bola en lo económico, apelan al uso descontrolado de la propaganda para crear en el ciudadano una sensación ficticia de bienestar.

Argentina y Venezuela son casos típicos del uso de esta regla inversamente proporcional: A menor crecimiento, mayor propaganda. Sus gobiernos apelan al auto elogio político para tapar su mala performance económica.

Ambos gobiernos invierten a diario cifras suculentas en propaganda buscando crear percepciones sobre un país mejor. Fabrican nuevos escenarios llenos de esperanza, exagerando el optimismo por un futuro mejor con presupuestos irreales que luego modifican a gusto y placer; así como no tienen empacho para mentir y manipular índices de inflación, pobreza o crecimiento, desvirtuando la realidad.

Como excusa utilizan la muletilla de siempre. Necesitan contrarrestar la crítica desestabilizadora y mal intencionada de la oposición, entidades independientes y medios de comunicación. Bajo ese argumento, crean su estrategia de propaganda y los millones danzan sin control.

El gobierno de Cristina Kirchner es el más avezado en el gasto de propaganda. La inversión oficial es millonaria en el programa Fútbol para Todos, el actual “pan y circo” del peronismo, donde los eslóganes apuntan a un país de ensueño. Desde que comenzó en 2009, los centenares de millones de dólares gastados hubieran servido para crear una infraestructura digna de juegos olímpicos. Datos cruzados de instituciones como Poder Ciudadano y LED de Argentina sitúan los gastos directos de auto elogio en más de 150 millones de dólares por año, sin contar la publicidad que hacen los organismos autónomos de gobierno.

Los gastos también son siderales en medios de comunicación, agencias de noticias y encuestadoras coaptados, comprados o creados a imagen y semejanza del gobierno con fondos públicos, pero usados como medios propios. Aunque los gobiernos usualmente presionan o influencian a los medios, la exageración de esta táctica en Argentina y Venezuela, así como en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, se desprende de la estrategia de “hegemonía comunicacional” inventada y promovida por el expresidente Hugo Chávez.

La consigna propagandística de Chávez – así como de los gobiernos autoritarios de la historia - no solo serviría para contrarrestar la crítica, sino para crear nacionalismos capaces de suplir las carencias de la población y disimular los altos índices de inflación, bajo  crecimiento y el aumento considerable de la pobreza.

En el caso de Venezuela, y debido a la acostumbrada falta de transparencia del gobierno, es más difícil cuantificar el gasto público en publicidad. Además, porque en el esquema de culto al personalismo por Chávez – quien literalmente está hasta en la sopa – la publicidad no se puede contabilizar cuando se incorpora en los libros de textos, en estribillos del cancionero popular o hasta en un “padre nuestro” en honor al “comandante” que se recita en liturgias populares y partidarias.

Ambos países, otrora polos de atracción de inmigrantes, son los que más exportan gente debido a sus crisis económicas y políticas. Es notable como han desperdiciado los beneficios económicos de los altos precios de las materias primas y del petróleo. Otros países, como Bolivia, Paraguay y Perú, con mucho menos recursos, lograron mucho más. Basan sus políticas públicas en la austeridad y en el control del gasto y la corrupción.

Lamentablemente, en Argentina y Venezuela, como sucede con todo gobierno de corte personalista y populista, la propaganda se usa como brazo del clientelismo, creándose un círculo vicioso del que es difícil despegarse. No se entiende que la propaganda mal usada es a la política lo que la inflación a la economía. Cuando están descontroladas, tienen un efecto contrario y devastador, generando mayores obstáculos para el desarrollo económico.

Los gobiernos que sucederán a los de Cristina Kirchner y Nicolás Maduro, deben aprender que la propaganda es un anabólico de la política, que solo genera espejismos y ficciones. La realidad, en cambio, sigue pasando por el uso eficiente de los recursos y la transparencia de las estadísticas oficiales, lo único que puede generar confianza interna y atraer inversiones extranjeras, verdaderos motores del crecimiento. trottiart@gmail.com

Los linchamientos y la justicia

Unas pocas palabras de consternación del papa Francisco bastaron para detener una ola de linchamientos en Argentina que se extendió después que una multitud mató al joven David Moreira, por robarle la cartera a una mujer en Rosario.

Los linchamientos se detuvieron pero no su causa: Un sentimiento y experiencia ciudadana de impotencia, indefensión e inseguridad ante una serie de delitos que el Estado no parece que pueda controlar.

La justicia por manos propias demuestra que la gente está cansada de la ineficiente administración de justicia, y que pide soluciones concretas para terminar con la inseguridad y la impunidad. No es casualidad que esta reacción popular, autodefensiva y primitiva, haya florecido mientras los políticos debatían una propuesta de reforma al Código Penal que reduce las penas a ladrones y narcotraficantes, hoy, según encuestas y titulares de diarios, dos problemas que más quitan el sueño a los argentinos.

Un estudio reciente, divulgado por Naciones Unidas demuestra en forma palpable que en los países con más impunidad o menos castigos, los delitos tienden a crecer. No es casualidad que el continente americano es donde se registró la mayor cantidad de asesinatos del mundo en 2012 – 36% de los 437 mil – pero, al mismo tiempo donde existe menor tasa de condenas judiciales, con 24 por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, Europa contó solo con el 5% de homicidios, y una tasa de condenas mucho mayor: 81 por cada 100 mil habitantes.

La falta de justicia ordinaria suele degenerar en casos de ajusticiamiento popular, un tema endémico en América Latina, que ahora abarca a Argentina y a Brasil, pero que es recurrente en Bolivia, Guatemala y México, donde el fenómeno también está ligado a la justicia comunitaria y ancestral.

Más allá de cuestiones culturales, la justicia por manos propias muestra que está causada por la debilidad o ausencia de las instituciones, en especial en el interior de los países, aquellos que giran en torno a sus capitales. La mayoría de las veces se trata de un problema de falta de recursos y profesionalización del ministerio público y, muchas otras, porque la policía y la justicia son permeables a la corrupción generada por la política, el sector privado y el crimen organizado. Todo esto, además, agravado por el amarillismo de los medios, la falta de independencia judicial y el clima polarizado generado por la política.   

La falta de instituciones y de justicia también ha llevado a que en algunos países los linchamientos sean crímenes de odio, aprovechados por homofóbicos y xenofóbicos para tareas de “limpieza social”. Así han proliferado los escuadrones de la muerte en Brasil, Chile y Argentina o ejércitos clandestinos de autodefensas como en Colombia y en el México actual, transformándose en movimientos incontrolables que generan mayores abusos que soluciones.

Los linchamientos aparentan acercar soluciones porque resuelven en minutos lo que la justicia ordinaria tarda años. Pero el problema es que trastocan el principio de la proporción entre el delito y la pena. De ahí que a Moreira se le haya “sentenciado” a muerte por haber robado una cartera. El juez, bien o mal, actúa según un orden legal y social, mientras que en la masa, como se observó en Rosario, las personas, refugiándose en el anonimato, se desinhiben, pierden la razón, contagian violencia a otros y confunden justicia con venganza.

Para acabar con este círculo vicioso del que se nutren la inseguridad, la impunidad y la justicia por manos propias, el reto de América Latina es aumentar los presupuestos demostrando que la justicia no es un gasto sino una inversión, permitiendo mayor acceso a mejor justicia; la fórmula eficiente que utilizaron los países más desarrollados del continente, como EE.UU. y Canadá, para controlar la corrupción y el crimen, y para alcanzar más desarrollo e igualdad. El otro desafío es dotar de mayor profesionalización y valores de honestidad a las policías, como se logró en Chile y Colombia, para combatir delitos cuyo número se ha triplicado en la última década.

Pero para emprender cualquier cambio, como este que es cultural, el primer paso lo debe dar el poder político evitando seguir linchando al Poder Judicial o manipularlo como un instrumento político para alcanzar sus fines. 

Los titulares, reflejo de grandes contrasentidos

En este continente americano profundamente nuestro, tal vez reflejo del mundo bipolar, se destaca la capacidad humana para las contradicciones. Basta leer a diario los titulares de los periódicos, sintonizar las decisiones que toman quienes lideran y comparar la realidad que nos tocó vivir ayer con la de hoy.

De tantas experiencias, de tantos contrasentidos vividos, a uno no le queda más que abrazarlos y vivir resignado con ellos. En ese sentido, varios titulares acaparan mi atención, el principal es la muerte del gran periodista y novelista colombiano Gabriel García Márquez. Dueño de una prosa irresistible, mágica y libertaria, Gabo, contradictoriamente, también abrazó como suya a la revolución cubana de Fidel que se dedicó a quitarle la libertad a su pueblo, libertad que él jamás se permitió quitar a sus personajes. Cómo pudo alguien, reconocido periodista en mayúsculas, haber hecho tan poco para interceder con su amigo revolucionario para que se libere a los periodistas independientes que la Primavera Negra arrojó a pudrirse en sus cárceles. Unas cuantas palabras sobre libertad de prensa y sobre buen periodismo, como las que luego impregnaron su escuela de periodistas en Cartagena, hubieran servido para cambiar la situación. Posible es que por debajo de la mesa Gabo haya hecho mucho. Pero no haciendo público algo que hubiera podido avergonzar a su amigo o romper una amistad íntima de décadas, se omitió una buena posibilidad. Creo que esta fue su gran contradicción.

El EE.UU. de hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información que creó y exportó generosamente para el mundo, han mostrado a la gran nación con sus grandes contradicciones, y para ello bastaron sus propios ciudadanos como Edward Snowden, Bradley Manning, quienes a su estilo trataron de convertirse en los “garganta profunda” del Watergate aquel, pero sin la pericia del anonimato de antaño, sino enfundados como personajes de reality show, parte de una cultura “feisbuqueana” que ha hecho de la vanidad y el narcisismo un rasgo habitual de nuestro tiempo. Pero hoy el titular que más llama la atención, es el que se desprende de un informe de Naciones Unidas, que retrotrae la memoria a “12 años de esclavitud”, donde se aprecia un país contradiciendo a su propia historia y a sus líderes, de Abraham Lincoln a Martin Luther King, en el que los negros – y también los latinos – debido al color de su piel, no tienen las mismas oportunidades educativas, un tono distintivo de la desigualdad que sigue imperando en el país.

Y el otro titular que me llamó la atención es el que rescata a Cristina de Kirchner buscando regular los piquetes, cortes de ruta y protestas populares, para que se transformen en manifestaciones de civilidad, tratando que el derecho de asociación y reunión no empañe los demás derechos de los argentinos. Poner cuotas, horarios y restricciones geográficas a quienes protestan a fin de que los derechos de algunos no pisen los de sus semejantes, tiene gran sentido común basado en el orden civil y democrático. Pero el gran contrasentido no deviene de los principios bien aplicados, sino de la practicidad de una mandataria que busca coartar el disenso, pero quedando públicamente como demócrata. Porque uno sabe que el peronismo histórico – especialmente en esta última década de la mano de ella y su marido -  siempre hizo gala de las movilizaciones para demostrar fuerza política y censurar a la oposición.

Contradicciones o hipocresías son parte intrínseca de este mundo bipolar que todos estamos destinados a vivir y que, obviamente, también han calado hondo en nuestra forma personal de ser y actuar.          

Internet, protestas populares e hipocresías gubernamentales

Venezuela confirma lo que ya nos había enseñado la Primavera Árabe, el Movimiento 15-M español, el Occupy Wall Street, los universitarios chilenos pro educación gratuita y los jóvenes brasileños anti mundialistas. Los ciudadanos de a pie, auto convocados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, se convirtieron en el quinto poder.

Estas protestas espontáneas trajeron grandes desafíos a los gobiernos. Antes les bastaba con dominar partidos y sindicatos, fuente de las manifestaciones. Ahora, las tecnologías de la comunicación hicieron el blanco más esquivo. De ahí que opten por tres caminos para neutralizar el derecho de reunión: Alientan más regulaciones de orden público como en Argentina o restringen el internet y reprimen con brutalidad como en Venezuela.

El camino está plagado de ironías e hipocresías. EE.UU., el país más despreciado desde América Latina, es usado de ejemplo. Días pasados, la presidente Cristina de Kirchner propuso un anteproyecto para imponer orden al derecho de reunión, justificando lo que observó en Nueva York: Protestas ordenadas y autorizadas.

Su llamado a la “convivencia popular” tiene sentido común – que el derecho de protesta de unos no conculque los derechos de otros – pero tal vez sea, más bien, sentido de oportunidad con la intención de censurar el disenso. Ironía. Hasta hace poco, al kirchnerismo no le importaba cortar rutas y calles para amedrentar a opositores y críticos. 

Lo que Cristina no dijo es que en EE.UU. ni la policía ni las fiscalías están sometidas al poder político, por lo que el gobierno no puede ordenar represión ni conculcar el derecho de reunión a conveniencia. Son jueces autónomos los que deciden neutralizar desbordes y vandalismos, si los hay.

Esa politización de la represión es más notable en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, arropado de todos los poderes del Estado, es quien la dispone sin mediación. Manda a las tropas de la Guardia Nacional y a grupos paramilitares reprimir con balas, mientras ordena a fiscales y a la Justicia dictar cargos criminales que él mismo dispone a placer.

Así se lo criminalizó a Leopoldo López, a otros opositores y a estudiantes que por protestar contra la inseguridad, la inflación y el autoritarismo de Estado, terminaron presos por terrorismo, delincuencia organizada, traición y otros delitos que se castigan con decenas de años de cárcel.

Maduro justifica que la represión sirve para proteger los derechos a la paz y a la vida. La hipocresía pasaría por alto, si la estrategia de control no fuera evidente. Pero Maduro censura a la radio y la televisión con leyes que permiten cerrarlas si trasmiten imágenes sobre las protestas, y a los diarios, más chúcaros, les impide importar papel para publicar. Neutralizados los medios tradicionales, la última escalada de censura abarcó a Twitter, Whatsapp y Zello, herramientas esenciales de los manifestantes.

Al contrario de su llamado irónico a la paz y al diálogo, Maduro está decidido a seguir reprimiendo. Esta semana, en el aniversario de muerte de su predecesor, ordenó socarronamente a la Guardia Nacional que “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.

Tampoco no todo es rosa en los movimientos creados por las redes sociales. Como son parte del contexto, algunos que en ellas actúan, también lo hacen con intención de distorsionar, manipular o generar anarquía, desórdenes y violencia. Y si a ello se le suma que los gobiernos tienen ejércitos de ciber militantes con el objetivo de desacreditar e intimidar a opositores, mentir y neutralizar protestas, es fácil advertir que las redes sociales pueden convertirse en campo de batalla y acarrear más problemas que soluciones. Además, si los usuarios no logran cambiar las cosas, se corre el riesgo de que pueda generarse mayor frustración e ira de la que se estaba intentando aplacar.

Es difícil predecir lo que sucederá en Venezuela. Pero es evidente que las redes sociales están jugando un papel significativo respecto a los derechos humanos de reunión y de expresión. La capacidad de auto convocatoria y de denuncia de abusos, divulgando fotos y videos que están vedadas a los medios tradicionales, se impone como un nuevo poder capaz de contrarrestar a aquellos gobiernos que pretenden controlarlo todo.

Gobierno argentino reactivo, no proactivo

Los gobiernos son como las personas. No se pueden definir por sus extremos, buenos o malos, ya que tienen toda la gama de tonalidades entre esos dos puntos. Pero hay ciertas características particulares  que los identifican, de ahí que haya desarrollados o en vía de desarrollo, pobres o ricos, democráticos o autoritarios, estables o inestables, reactivos o proactivos.

El de Cristina Kirchner es un gobierno reactivo, demasiado ideológico, previsible, contestatario, poco transparente. Es quizás, como muchos de sus antecesores, un gobierno que para resolver la crisis – ciclotímica en la Argentina desde su concepción como país soberano – siempre se enredó o se benefició de los problemas del momento, con un constante apego a resolver situaciones a muy corto plazo, adicto a las fechas electorales, sin prevenir el futuro a largo plazo. Por eso, a Cristina no se le puede definir como estadista, como aquella persona visionaria y que lleva al país a pensarse más allá de las coyunturas actuales.

Los problemas económicos actuales son típicos, por lo que a los culpables no hay que buscarlos en las teorías conspirativas como la de Shell tal hizo el ministro de Economía, Axel Kiciloff, sino en la falta de previsión. Es cierto que el manejo económico es complicado debido a la interconexión global, pero desde hace años el gobierno escogió un camino rechazando al mercado, a su gente, pesificando desconfianza, como tantos ministros de Economía anteriores que escandalizaron con promesas que tuvieron resultados diametralmente opuestos. Así el gobierno escogió pelearse a muerte con los industriales, con los productores agropecuarios, motor de la economía, cuyo superávit en lugar de ser invertido en obras de infraestructura necesarias, se utilizaron para hacer propaganda y en clientelismo y así sostener un aparato de popularidad, la característica más espantosa y degradante que siempre definió al peronismo de todas las tonalidades ideológicas.

El gobierno se definió así mismo con grandes batallas, por cierto lícitas, pero demasiado ideológicas, dividiendo a los ciudadanos, polarizándolos, en lugar de encontrar objetivos de lucha común. Todas sus batallas fueron políticas a nivel interno como externo, como dando la impresión de que siempre jugó a ganar tiempo. 

Retrotrajo a la memoria la lucha por los derechos humanos de aquella infame del país, pero no se percató de los derechos actuales, de la pobreza, la falta de agua, el desempleo, etc… Contratacó con una Ley de Medios embarcándose en una batalla con Clarín y La Nación, que quiso fuera de todos los argentinos, pero que no aportó nada para el país, y a nivel externo se alineó con ideologías similares, no cumplió con acuerdos de Mercosur o en foros internacionales gastó sus energías en un reclamo legítimo por Las Malvinas y nacionalizó empresas que generaron desconfianza y ahuyentaron  inversores.

Más allá de la legitimidad que le dieron en forma directa los electores con el 54%, Cristina no revisó sus políticas y forma de gobernar cuando las urnas mostraron todo lo contrario, confiada que la propaganda la llevaría luego al mismo sitial de popularidad, lo que sucedió en dos o tres ocasiones – para su desgracia. En esa arrogancia del poder y con la idea de tener la sartén por el mango, el gobierno buscó apoderarse de la justicia y sus decisiones, dio la espalda a los opositores, ignoró el reclamo de los productores, castigó económicamente a gobernadores que no le dieron el voto, rechazó las críticas y la realidad demostrada por estadísticas sobre inflación y pobreza, usó el dinero de mayores impuestos en gastos de propaganda, al tiempo que cobijó y defendió a los señalados por corrupción.

Un gobierno que antepone la ideología a sus acciones, que confunde popularidad con mayorías, información con propaganda, que descuida los intereses de las minorías y que es oscuro, sin nada de transparencia, siempre se quedará pensando en sí mismo, no en la dimensión de Estado ni país. Un mal que en Argentina se viene sufriendo por décadas, cuando todo gobierno termina anteponiendo sus propios intereses, construyendo sobre la base de la destrucción de todo lo anterior.

La falta de capacidad eléctrica, el aumento de la inseguridad, el auge de la delincuencia y del crimen organizado, la incapacidad para atraer inversiones, la fuga de capitales y cerebros, la desvalorización de los salarios y la falta de producción manufacturera, de invención tecnológica, y las decadentes educación y salud públicas, forma parte de esa falta de previsión en el futuro a largo plazo que Cristina siguió incentivando.         

Argentina sigue a los porrazos. Solo podrá levantarse cuando algún gobierno piense el país a largo plazo, cuando los ajustes incluso se hagan en postrimerías de alguna elección, cuando el gobierno esté dispuesto a perder y cuando la oposición asuma para construir sobre lo construido. Cuando el gobierno construya plantas hidroeléctricas en vez de subsidiar el pago de las boletas de luz, cuando incentive la innovación y cree fábricas en lugar de aumentar los impuestos a la exportación de materias primas, cuando garantice seguridad jurídica para atraer inversiones, en lugar de maniatar a jueces para que no sentencien la corrupción.

Regalo navideño de Cristina

La presidente argentina, Cristina de Kirchner, desmintió que será candidata nuevamente en las elecciones de 2015, dando a gran parte de los argentinos un regalo navideño sin igual.

De confirmarse su promesa y de respetarse la cláusula constitucional de que no puede buscar una segunda reelección, quedarán en el pasado doce años kirchneristas que no fueron buenos para el país, pese a que la máquina de propaganda del gobierno y sus partidarios ideológicos aseguren lo contrario.

Claro que no se le puede achacar al kirchnerismo todos los males del país - gobiernos anteriores deben asumir culpas – pero es obvio que en esta última década el gobierno, no obstante el boom económico gracias al precio internacional de las materias primas, no hizo lo posible para cambiar lo heredado. Aún peor, profundizó la perenne crisis socio-económica-política que viene afectando al país generación tras generación.

Así lo demuestran los datos que arrojó el reciente estudio de la Universidad Católica Argentina. Más de 10 millones de los 45 totales viven en la pobreza, tres millones de personas están mal nutridas y un 25% de la población no accede al mercado laboral formal.

El dato más preocupante del informe, “Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes”, es que la marginalidad estructural no mejoró en el país, pese a un crecimiento económico que en algunos años alcanzó al 8%. Como consecuencia de esa brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, se potenciaron el crimen, el delito, la inseguridad y los privilegios.

Los datos son aún más preocupantes para el futuro inmediato si se consideran los índices crecientes de inflación que hacen añicos los planes; así como más oscuro se ve el panorama del futuro a mediano y largo plazo, cuando se observa que la deserción en la escuela secundaria alcanza al 37% (que esos jóvenes rara vez consiguen empleos) y que la educación no es una prioridad del gobierno.

Es probable que el gobierno critique o desmienta los resultados de este informe o que las palabras del diputado y amigo de Cristina, Carlos Kunkel, sobre su posibilidad de candidatearse, hayan sido otro globo de ensayo. Pero de lo que sí no hay dudas, es que el país está sin liderazgo y a la deriva.  

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.

Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.

La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.

Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.

El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.

La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.

En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.

El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.

Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.

Más que de un fallo, se trató de una falla judicial

No porque una ley se apegue a la Constitución tiene que ser buena. El gobierno interpreta que la ley de medios es la panacea democrática porque la Corte Suprema la avaló. En algunos países la pena de muerte y el aborto son principios constitucionales, pero no por ello son buenos.

Es loable regular los espacios para que nadie concentre ni medios ni opiniones, para que la crítica y el disenso sean plurales y diversos. Pero no es bueno que se restrinjan espacios independientes y que, en cambio, el gobierno pueda entrometerse en los contenidos de los medios privados, sin límites de tiempo, para cadenas nacionales de “trascendencia institucional” o espacios de “interés relevante” que seguirá usando para hacer propaganda.

No es bueno que la misma ley permita al Estado concentrar medios, así sean públicos o comunitarios, a sabiendas que no existen públicos (de todos), sino gubernamentales (para el beneficio del oficialismo) y que los comunitarios terminarán en manos de aquellos que se alineen con el gobierno.

Que los funcionarios digan que existe plena libertad de prensa, no es verdad. Los medios sí pueden criticar, pero sufren consecuencias y represalias. La ley de medios nació selectiva, tiene en su ADN el método de la revancha política, y aunque ahora el blanco es Grupo Clarín, podrá luego activarse contra cualquier otro medio considerado opositor. Un calificativo que reciben quienes critican al gobierno, así sean consultoras privadas que intentan medir la inflación real o fiscales que investigan la corrupción en altas esferas del poder.

La ley no es tan mala, pero por su ADN, existe desconfianza en cómo se aplicará. El fallo supremo de 392 páginas es prolífico en señalar el irrespeto del gobierno en materia de medios, por lo que no ofrece garantías de que habrá equidad en su aplicación. La sentencia infiere que hay medios públicos que no son tales, que el gobierno concentra medios y usa fondos públicos para comprar medios y voluntades, condena que la publicidad oficial se utilice para discriminar a los críticos y favorecer a los acólitos, y reclama que no existen normas para obligar al gobierno a dar acceso a la información pública, mientras pone en dudas que garantice la libertad de expresión, principio constitucional.

Esta ley vino acompañada de la ofensa y el desprestigio. La presidente, su predecesor y sus funcionarios enjuiciaron en Plaza de Mayo a periodistas y medios críticos mientras que su eslogan de “Clarín miente” sirvió de fondo en canchas de fútbol y en zoquetes de beneficencia para niños africanos. El escarnio público, con el fin de generar miedo y autocensura, siempre fue intención del kirchnerismo, como de otros ismos que le antecedieron.

El gobierno supo identificar a su enemigo y polarizar. Muchos distraídos creen que Clarín es monopolio, que el éxito o sustentabilidad económica es degradante e ilícita o que La Nación y Perfil son cómplices y antidemocráticos por haber expandido sus negocios y las críticas. Los más cautos entienden que defender a Clarín, no es defender sus pecados, sino a otros medios que en el futuro pueden ser víctimas de una aplicación política y no técnica de la ley.

Es que cuando los gobiernos se ensañan contra los medios privados e independientes, es síntoma de que ya lo han hecho o harán con otras estructuras de poder. Venezuela es ejemplo. El ex presidente Hugo Chávez se ensañó por años contra los “cuatro jinetes del Apocalipsis” en referencia a las cadenas televisivas Globovisión, Venevisión, RCTV y Televén. Tras la sanción en 2004, la ley de medios, destinada para crear “espacios democráticos”, sirvió para cerrar RCTV, neutralizar Globovisión mediante su compra por allegados al chavismo, y para domesticar los informativos de Venevisión y Televén.

Aunque tras la derrota electoral algunos vaticinen que el kirchnerismo ya está en retirada y que Clarín podrá seguir defendiéndose en los tribunales, la sentencia del máximo tribunal no fue buena. Por no ser concluyente y permitir interpretaciones varias, se trató de un gesto político, perdiéndose otra oportunidad para crear jurisprudencia en favor de la libertad de prensa.

Se trató de un aval de constitucionalidad, pero sin la debida interpretación del espíritu, contexto y manejo político de la ley. 

Kirchner y Maduro sin vergüenza

Los gobiernos de Argentina y Venezuela coinciden en que no tienen vergüenza cuando se trata de aplicar represalias contra medios y periodistas o quieren censurar a sus críticos.

En la cadena venezolana Globovisión - la única que estaba dándole espacio a la oposición ante las puertas cerradas de las televisoras estatales – ya se borraron los espacios para las críticas, algunos periodistas fueron despedidos y la nueva directiva acordó con el gobierno no trasmitir programación política, el equivalente a censurar cualquier tipo de crítica contra Maduro y el chavismo.

Era evidente que esto sucedería cuando su anterior accionista mayoritario Guillermo Zuluoaga anunció, antes de las elecciones del 14 de abril, que el modelo de la televisora era insostenible. Argumentó que la venta se debía a las multas millonarias, a la baja de publicidad ante la presión del gobierno a los anunciantes y a la amenaza patente de que no se le renovaría la concesión para el 2015.

Lo de Globovisión estaba anunciado y prometido, de la misma forma que el régimen cerró a la cadena radiotelevisiva RCTV y a otras 32 emisoras y cientos de páginas de internet y periódicos, además de abrir, crear, fundar y refundar medios propios o ponerlos en manos de testaferros.

Y en Argentina, emulando a Nicolás Maduro, la presidenta Cristina de Kirchner no tiene empacho en hacer todo lo posible para cerrar la puerta a los medios y periodistas críticos, desde perseguirlos judicialmente, acorralarlos legalmente o hasta imponer los partidos de River y Boca, y a sus eventuales equipos contrarios, en el mismo horario nocturno de los domingos en que se trasmite el programa del periodista Jorge Lanata, quien en sus últimas semanas viene denunciando todo tipo de irregularidades y corrupción de personajes en la órbita del círculo íntimo de Cristina y su ex marido Néstor Kirchner.

Pero no le fue muy bien al gobierno el último domingo, ya que Lanata obtuvo más rating que el partido de fútbol programado para ese inusual horario de domingo por la noche.

Ni Maduro ni Cristina tienen vergüenza a la hora de censurar descaradamente a la prensa y a sus críticos.

Primera Enmienda en Buenos Aires

En una decisión política que profundizará las diferencias con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en un arrebato por hacer prevalecer el federalismo, sancionó un decreto para proteger la libertad de prensa, una medida que evita que Cristina pueda disponer mayores ataques a periodistas y medios de comunicación en la capital del país.

El decreto de “necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa” es una especie de Primera Enmienda o de escudo protector para evitar que los medios y periodistas puedan ser sometidos a intervenciones autoritarias del gobierno; todo esto en el contexto de fuertes rumores de intervención federal sobre la propiedad mediática del Grupo Clarín y de allanamientos que se han hecho a casas de periodistas críticos del gobierno.

El decreto no puede frenar ningún tipo de metodología federal contra los medios, pero dispone que por 30 días esos conflictos deban dirimirse ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

Macri, al momento del anuncio del decreto, hizo referencias a los artículos de la Constitución (14 y 32) y de la carta de la ciudad (47) sobre la necesidad de garantizar la libertad de prensa, además de criticar a la Presidenta por su falta de vocación a favor de la libertad de prensa, denunciando que el gobierno federal también insiste en discriminar a los medios a través de la publicidad oficial.

Para que el decreto siga teniendo vigencia después de los 30 días, deberá ser sancionado por la Legislatura porteña.

Expropiará el papel; y algo más

El gobierno de Cristina Kircher sigue con la lógica impuesta por su ex marido de quebrar al Grupo Clarín. Luego del romance inicial del Grupo Clarín con Néstor Kirchner llegaron las grandes desavenencias y los insultos al por mayor. Le siguió la Ley de Medios o de Servicios Audiovisuales para que el Grupo Clarín tenga que desinvertir, acusando al grupo de ser un monopolio que no lo es, en un país donde existen varios grupos que concentran medios y donde el Estado (que es manejado como gobierno) ya tiene casi o más cantidad de medios y periodistas que los medios privados.

Luego siguió la intervención estatal de la fábrica Papel Prensa, de la que Clarín es socio mayoritario con 59 por ciento, La Nación con 22 y el resto del Estado, una época en que Cristina decretó que el papel de periódicos es un producto de interés nacional por lo que se asumía un rol preponderante en la fabricación de papel, su distribución y la importación de insumos.  Una movida que incluso encontró adeptos dentro del propio periodismo, particularmente del interior argentino, donde varios diarios debieron soportar las políticas arrogantes de Clarín y La Nación en la repartija de papel a regañadientes y a precios más altos, que hacían difícil la sustentabilidad de los diarios que debían pagar más o importar a mayores precios.

Pero ahora con la expropiación de Papel Prensa presentado en proyecto de ley por diputados kirchneristas, el gobierno quiere quedarse con la mayoría de las acciones, mediante argucia del “interés nacional” y de que el Estado velará para que haya suministro parejo para todos y así la libertad de prensa estará garantizada.

Obviamente se trata de una mentira. Así como el gobierno usa la publicidad para entregarla solo a medios amigos y negarla a los independientes y críticos, usará el papel con el mismo criterio. En Argentina, donde el gobierno se comporta y cree que es Estado, esta política es una de las tantas que se utiliza para arremeter contra la prensa independiente. Seguramente se trata de una nueva represalia en contra de Jorge Lanata, quien desde Clarín y la televisión sigue denunciando la corrupción que roza a la Presidenta, su ex marido y al entorno de ambos; y recuerda episodios corruptos que nunca se cerraron, como la valija de Antonini.

De consumarse la expropiación de papel, no será la última bofetada. Vendrán otras. El gobierno persiste en su estrategia de apagar cualquier voz que opaque la agenda única que quiere imponer en el país. Si esta situación del kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, no es pura coincidencia.

El gobierno de izquierda de los Kirchner, se asemeja al de derecha de Carlos Menem: Es corrupto, manipula a la justicia y odia a la prensa.

Arrogancia kirchnerista

Es difícil catalogar al gobierno de Cristina Kirchner. No se trata de un gobierno populista, porque a diferencia de los demás en la región, está supeditado a un partido político tradicional, al peronista, no al propio; pero es obvio que actúa como si se tratara de su propio partido.

Tampoco es un gobierno totalitario, porque no maneja todas las instituciones, la oposición tiene fuerza en el Congreso y la sociedad civil está conformada por organizaciones que tienen condiciones para maniobrar. Además porque los métodos de persecución política todavía son muy sutiles, sin llegar al escarnio de lo que representaría el encarcelamiento de opositores y críticos del gobierno.

Se trata, sin embargo, de un gobierno autoritario, testarudo, arrogante, irrespetuoso de la pluralidad política y manipulador del sistema para disfrazar legalmente todos sus intereses, estirando a las leyes y a la Constitución a punto de romperlas.

La actitud arrogante de los funcionarios no existiría si el liderazgo de Cristina Kirchner fuera diferente;  respetuoso de las diferencias, calmado, sincero y visionario. Mucho no se puede esperar de un gobierno que miente sobre los índices de inflación, que insulta públicamente a los jueces cuando los fallos no son a su favor, denigra a los opositores y medios de comunicación cuando critican o señalan hechos flagrantes de corrupción, que no sabe entender el porqué de los cacerolazos en protesta o que está inventando reclamos de las bases para reformar la Constitución con el único objetivo de mantenerse en el poder mediante reelección indefinida.

La reforma de la justicia, bajo el argumento de que se quiere “democratizar”, es solo una muestra más de la arrogancia del kirchnerismo, de querer gobernar a sus anchas, sin democracia.

Nunca nadie dijo que la democracia es fácil. Se trata de un sistema de balances, chequeos y equilibrio de poderes, es decir trabas para que el gobierno no cometa abusos, obligando a respetar a los demás poderes del Estado, la libertad de prensa, pero sobre todo la voluntad del pueblo al que no se le puede engañar mediante procesos fraudulentos que van más allá de las elecciones.

La perfección del sistema democrático se basa en que puede ponerle coto a las aspiraciones arrogantes de un gobierno. Cuando este trata de coartar esos controles democráticos, indudablemente, se comienza a caer en la tentación de entender a la democracia como el sistema al que deben supeditarse los intereses y beneficios propios.

Es ahí, en ese punto, cuando la arrogancia se transforma en autoritarismo.  

Cavallo y su bajo optimismo

En una conferencia celebrada ayer en el Centro Weatherhead de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, el ex canciller y ex ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo – gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa – no demostró estar muy optimista con Argentina.

Considera que hay dos escenarios muy difíciles en Argentina de caras a las elecciones legislativas de octubre próximo. Si Cristina de Kirchner pierde la delantera prevé que un gobierno débil inexorablemente llevará al país a otro “rodrigazo”, devaluación y más inflación. En cambio, si consolida su posición ganando más terreno en el Congreso, cree que el gobierno de Cristina se radicalizará y se irá por la variante del modelo de Venezuela, con una política económica más nacionalista.

Si bien la conferencia estaba orientada a identificar patrones comunes sobre la crisis económica de América Latina de la década pasada con la actual de la zona europea, y sobre si la desintegración del Euro como moneda común puede ser la lógica para salir del atolladero como Nouriel Roubini propone, Cavallo no pudo dejar de reparar en la situación particular actual de Argentina.

Más allá de criticar la figura de la “democratización” de la justicia como una forma de acaparar mayor poder para luego generar una reforma constitucional que permita la reelección de Cristina de Kirchner, Cavallo considera que la inflación – la verdadera, no la informada por el INDEC – seguirá aumentando ante el excesivo gasto público y el control de precios que, a la larga, ante menos producción y mayor especulación, generará aumento de precios.

Cavallo no es optimista para el futuro cercano. Indicó que la oposición está demasiado fragmentada, no se visualiza un líder común, y considera que en materia económica el gobierno está recreando los errores y vicios del pasado.

Considera que el gobierno es muy hábil en cómo hacer para mantener el poder y control político, observando como error supremo que Cristina de Kirchner haya politizado la economía.

Francisco y las mujeres

El papa Francisco sigue impactando no solo por frases célebres como que quiere “una Iglesia pobre para los pobres”,  ni por los gestos de austeridad y amabilidad, sino también por haber puesto a las mujeres en el centro de la escena.

En sus dos primeras audiencias con jefes de Estado en los primeros días de su nuevo trabajo, el nuevo Pontífice escogió a su compatriota Cristina de Kirchner y a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

La audiencia con su compatriota no solo sirve como gesto de cortesía, sino para desenmarañar una relación bastante fría que como corolario tiene una negativa de 14 audiencias que Cristina le negó a Jorge Bergoglio como cardenal de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La reunión con Dilma Rousseff, seguramente tiene más que todo un reconocimiento al país más católico del mundo y para ver la estrategia de su visita para cuando en julio se celebren las jornadas mundiales de la juventud.

Pero más allá de los intereses y gestos particulares, es una buena indicación que el Papa haya elegido que sean dos dignatarias y latinoamericanas las protagonistas de sus primeros actos de gobierno.

Pudiera esto ser un símbolo de la necesaria renovación de la Iglesia que tiene por encargo el nuevo papa, entre otras cosas de tener que utilizar bisturí de quirófano para limpiar la cúspide de la curia, hacerla un cuerpo más descentralizado en las decisiones y darle a la mujer un lugar de mayor preponderancia, así sea en las tareas de liderazgo o permitiéndoles que se ordenen en el sacerdocio.

Ya ha quedado muy claro en la historia de la Iglesia que la conducta de los hombres es reprochable y que son muchos las fallas y crímenes que se han cometido. Una mayor inclusión de las mujeres permitiría que la Iglesia sea más piadosa y misericordiosa, dos calificativos que están en la mente y los ejemplos de vida del papa Francisco.

Francisco: Enemigo de extremos

Más allá de la actitud de pobreza y austeridad que el nuevo pontífice Francisco demostró en su trabajo evangelizador en Argentina en coincidencia con la vida frugal y humilde de San Francisco de Asís, el nombre del santo italiano tiene otras connotaciones también muy válidas para el ex cardenal de Buenos Aires.

El nueva Papa, como cardenal Jorge Mario Bergoglio, siempre fue muy enemigo de los extremos, desde criticar duramente al Fondo Monetario Internacional por imponer políticas económicas destructivas para Argentina hasta reprender las medidas económicas y populistas del gobierno de Cristina de Kirchner.

Siempre firme contra todo tipo de abusos, así sean referente a la corrupción, a la desigualdad y a temas específicos como la trata de personas, el papa Francisco utilizó un mensaje apolítico y conciliador, que fue interpretado o tergiversado como “de oposición”, ante un gobierno que considera que todo lo que no está a su favor, está en su contra; y que puede hilvanar historias retorcidas para seguir manchando reputaciones y continuar siendo protagonista.

El gesto del nuevo pontífice de abrazar a San Francisco de Asís connota claramente que seguirá buscando por el camino de la conciliación y el diálogo el acercamiento de todos los sectores y será, con su ejemplo, como demostrará el camino para construir una mejor sociedad. Los gestos son importantes en esta primera semana de pontificado, pero habrá que esperar cuáles son los ejemplos de restauración interna de la Iglesia para que queden como el camino a seguir.

El mundo está ávido por tener un líder espiritual (y político) a quien escuchar y de quien aprender. Y cuando el Señor parecía dormir, como dijo el ahora Papa Emérito Benedicto XVI, la esperanza volvió a florecer.  

Democracia y poder popular

La cantidad de votos que consigue un candidato no define el nivel de democracia de un país. Por eso ni el impresionante 57% conseguido por Rafael Correa en su reelección del domingo, ni el 55% de Hugo Chávez en 2012 o el 54% de Cristina Kirchner en 2011, los convierte automáticamente en presidentes democráticos.

El proceso electoral es solo un aspecto de la democracia. También es importante la división de poderes, los métodos de fiscalización y contrapesos, la transparencia de la gestión pública, la libertad de prensa, la tolerancia y respeto por las minorías.

El argentino Juan Domingo Perón, el peruano Alberto Fujimori y varios líderes mexicanos durante los 71 años del PRI en el mando, son algunos ejemplos de presidentes que ganaron elecciones con amplio apoyo popular. Sin embargo, fueron tan o más autoritarios que algunas dictaduras que usurparon el poder.

Antes como ahora, medir la democracia solo por el número de votos sería una equivocación. Siempre el “poder popular” fue amasado con vicios y clientelismo político en base a reformas constitucionales, prebendas, compra de votos, fraude, propaganda desmesurada, presiones y contubernios políticos a cambio de privilegios o favores futuros.

No se puede desconocer que Correa logró importantes avances económicos y que sacó a millones de la pobreza a través de un nacionalismo que considera revolucionario. Pero esos logros tampoco definen una democracia; el tirano chileno de derecha, general Augusto Pinochet, y el dictador de izquierda peruano, general Juan Velasco Alvarado, también desarrollaron la economía de sus países.

Correa fue construyendo su poder político imponiendo cortapisas a los otros poderes, a los que ha descalificado por corruptos, desestabilizadores y oligarcas. Así, como Chávez, Daniel Ortega en Nicaragua y ahora pretende Kirchner en Argentina, la “democratización” de la justicia, fue para asegurarse que los jueces siempre favorecieran las pretensiones de su gobierno.

En materia de libertad de prensa Correa fue más radical y ya anunció que lo será aún más en su nuevo mandato. Al celebrar su victoria dijo que la prensa “mercantilista, manipuladora y corrupta” fue derrotada en las elecciones (¿?), por lo que prometió que el congreso, ahora de mayoría oficialista, aprobará la Ley de Comunicación.

A su democratización de los medios la vende muy bien, pero es solo excusa para coartar el último bastión de crítica y gobernar a sus anchas, ya que la futura ley tiene el mismo diseño “democratizador” que la reforma judicial. Entre sus aspectos más graves, establece una nueva recomposición de medios dejando en manos privadas solo al 33%, mientras que al Estado y a los sectores comunitarios también les otorga un 33% de propiedad a cada uno.

A simple vista, la distribución es pareja y la comunicación pinta más plural. Pero la  democracia y la libertad de prensa requieren de una gran diversidad de medios independientes para que fiscalicen al poder, característica que solo tienen los medios privados comerciales. El Estado, por la experiencia actual en Ecuador, Argentina, Venezuela y Nicaragua, ha creado gigantescos aparatos de medios gubernamentales que no usa como públicos (autónomos, con espacio para todos los sectores, incluidas las minorías), sino para diseminar propaganda, por lo que su función es demagógica, no democrática.

Con los medios comunitarios o del “poder ciudadano” - que bien servirían para dar voz a las comunidades que no la tienen – sucederá lo mismo que en Venezuela, donde fueron entregados solo a instituciones chavistas y acríticas del gobierno. Además, su debilidad radica en que no tienen función fiscalizadora ni investigativa y, debido a que reciben subsidios estatales, son fácilmente controlables.

El presidente hondureño Porfirio Lobo, cansado de las denuncias en su contra, también quiere “democratizar” a los medios. Ya tiene un anteproyecto de ley de comunicación muy “estilo Correa”, con los mismos beneficios para el gobierno, en detrimento del sector privado al que busca “disciplinar”.

En fin, cada presidente se busca un lugar en la historia. Todas estas trabas que ahora les otorgan grandes facilidades para gobernar, son las mismas que identificarán los historiadores del futuro para distinguir entre mandatarios demócratas y autoritarios. 

Las mentiras de Argentina

Finalmente alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha vuelto tan autoritario que se cree con el poder de manipular la información oficial o adecuarla a sus propios intereses desobedeciendo mandatos de sus propios decretos, como el firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que obliga al Poder Ejecutivo a generar y dar información oficial en forma veraz y en término.

El FMI acaba de sancionar al oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC (intervenido por el Poder Ejecutivo desde 2007) por manipular información y estadísticas sobre inflación.

Las denuncias no son nuevas, son las que por años las propias entidades argentinas, la oposición y la prensa vienen sosteniendo. El gobierno, en lugar de haber rectificado rumbos, prefirió prohibir a las consultoras privadas que hagan mediciones y a los medios que las divulguen, lo que ha llevado al Congreso - al menos al sector de la oposición – a llevar sus propias estadísticas sobre la inflación.

Como era de esperar, Cristina no demoró mucho en reaccionar y se despachó con decenas de tuits contra el FMI, acusando a la entidad de todas las crisis en el mundo y de la historia.

Sin embargo, lo que Cristina no dijo es si cumplirá con lo que se le pidió al gobierno respecto a que en siete meses debe generar mejores y más creíbles estadísticas o de lo contrario correrá el riesgo de no poder conseguir asistencia financiera o ser expulsada de la entidad.

Cristina no deja de tener razón en sus críticas al FMI, pero su reacción en nada invalida que su gobierno sí manipula las estadísticas, para mostrar una realidad diferente a la real, desde los índices de pobreza, de empleo formal e informal, del precio de la canasta familiar, por citar los datos más elementales.

Hay cosas que no se entienden de este entuerto. Por un lado, si las estadísticas sirven para crear políticas públicas, como hará el gobierno para hacer las más acertadas cuando no le queda otra que usar datos propios sobre los que ni siquiera puede confiar.

Y por otro lado, cada vez es más evidente que en el país se necesita una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, la única forma que el público podrá obligar al gobierno a entregarle no solo información, sino la metodología que utiliza para generarla.

Una ley de este tipo puede ser la única forma para fiscalizar a este gobierno.

Irrespeto a la memoria

La comunidad judía internacional sufrió un duro golpe este fin de semana en el momento que recordaba y honraba a los caídos en el Holocausto. Por un lado Silvio Berlusconi hizo declaraciones explosivas e ignorantes sobre Benito Mussolini y las conexiones con Hitler, mientras no reconoció que en la Italia de pre guerra también los judíos italianos fueron discriminados y maltratados; y luego unos siete mil fueron asesinados en los campos de concentración del nazismo.

Pero esas solo fueron declaraciones irresponsables. Peor son los actos irresponsables, como el cometido por el gobierno de Cristina de Kirchner, que desde este fin de semana en la cumbre de la CELAC y la UE en Santiago, anunció que su gobierno y el de Irán han creado una Comisión de la Verdad – acuerdo que el canciller Héctor Timmerman manufacturó en la sede de la ONU – para que se investigue la responsabilidad de los acusados iraníes por la justicia argentina en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994 que dejó 85 muertos, tras la voladura de la embajada israelito dos años antes que dejó un saldo de 29 muertos.

Bajo los nueve puntos del acuerdo, la justicia argentina podrá interrogar a los ocho iraníes acusados de autores intelectuales – entre ellos el ministro actual de Defensa – en Teherán; pero es obvio que esas interrogaciones no conducirán a nada, después de las investigaciones ya hechas y de la orden de captura que la Interpol ya había interpuesto sobre los acusados.

La presidente dijo por twitter anoche (las declaraciones más importantes del país se hacen por este medio, nunca en conferencias de prensa para evitar las preguntas) que se trató de un “acuerdo histórico”. En realidad así lo fue, histórico porque el Poder Ejecutivo una vez más pisotea lo actuado por el Poder Judicial y actúa en su lugar.

La justicia como superpoder

Lo más importante para que el sistema democrático sea fehaciente y creíble es que haya independencia y equilibrio de poderes. Es una buena señal cuando el Poder Judicial se interpone ante decisiones ejecutivas o cuestiona y desafía leyes por considerarlas inconstitucionales. Que un aparato judicial sea independiente y por tanto tenga ese poder de equilibrio es una buena garantía para los ciudadanos, pese a que muchas veces los fallos puedan ser cuestionados o, aparentemente, no sean equitativos.

El poder del Poder Judicial puede resultar el único freno contra el autoritarismo o las pretensiones de un gobierno de salirse con la suya.

Esto sucede en la Argentina de hoy. La presidenta Cristina de Kirchner está pataleando más de la cuenta, enojada con la justicia, porque considera que dos medidas cautelares recientes que suspenden la aplicación de la Ley de Medios y la expropiación de los predios de la Sociedad Rural Argentina son de carácter político para dañar a su gobierno. Considera, como expresó ayer por Twitter, que los jueces se han transformado en un superpoder que beneficia solo a las corporaciones – la oligarquía mediática y agropecuaria – a expensas de los intereses del pueblo – léase del gobierno, en consideración de que ella y su gobierno son los únicos que consideran que pueden interpretar qué es el pueblo.

De esta forma la Presidenta, en lugar de hacer ver que la democracia se robustece con el equilibrio de poderes, saltó a la palestra insultando a medio mundo porque los jueces se oponen a la voluntad de su gobierno. Y lo hizo en contra de los jueces de un tribunal menor, sabiendo que como cualquier ciudadano común puede apelar los fallos y seguir el curso de la justicia hasta que haya instancias definitivas.

Sin embargo, y pese a que muchos jueces fueron ungidos por el oficialismo y por eso ella considera que deben favorecerle con sus fallos, ella y muchos funcionarios y partidistas, como Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, comenzaron a decir que saldrán a contar detalles y poner trapitos al sol sobre la conducta personal de los jueces. Un tipo de represalia y presión contra los jueces que el gobierno viene usando contra todos los que no se acomoden a sus designios. Vale recordar los juicios públicos que se le hicieron a montones de periodistas en la Plaza de Mayo para desacreditar, insolentemente, a periodistas que se consideraba habían estado al servicio de la dictadura.

Varias veces la Presidente ha acusado a los jueces de corruptos. Varias veces ha dicho que se necesita reformar el aparato judicial. Evidentemente, está en la misma tesitura del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien luego de desacreditar a los jueces y acusarlos de corruptos, hizo una reforma judicial que terminó por beneficiarlo directamente a él, no al pueblo ni a la justicia ni a la democracia como sustentaba en sus argumentos para la reforma.

Los jueces no son mejores ni peores que cualquier otro miembro de cualquiera otra disciplina. Los hay probos y deshonestos; pero hay formas de combatir esa corrupción sin tener que entrar a lidiar con reformas que lo que buscan es solo fomentar una justicia adicta y permisiva para los intereses de los otros poderes del Estado.