Barack Obama se parece a ciertos presidentes latinoamericanos que hacen
de la propaganda el único método de comunicación. No solo ofrece información interesada,
sino también manipula, esconde y silencia aquella que no quiere que el público
sepa.
Como si estuviera en plena campaña electoral, Obama sigue usando Twitter
y Facebook y sitios oficiales de internet para agradar a sus seguidores y criticar
a sus oponentes. Y como parte de esa tarea propagandística, también espía a
medios de comunicación y procesa a delatores y periodistas. Una estrategia que
un reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, calificó de
“guerra agresiva” contra la prensa.
Lejos de cumplir su promesa de hacer de la transparencia el eje de su
gobierno, Obama está acusado de retacear información a los periodistas, clasificar
documentos en forma indiscriminada y mantener un programa de vigilancia
electrónica sin precedentes. Las consecuencias son devastadoras: genera
autocensura entre periodistas e inhibe a fuentes y funcionarios de proporcionar
información, de la misma forma que sucede con Cristina de Kirchner, Rafael
Correa, Daniel Ortega o Nicolás Maduro.
Los funcionarios tienen razones para esquivar a la prensa. Debido al
“Programa contra Amenazas Internas”, los empleados del gobierno federal
estadounidense deben vigilar la conducta de sus colegas para evitar
filtraciones, mientras de aquellos que se sospecha de pasar datos a los
periodistas, son investigados y hasta sometidos a detectores de mentiras. Es
que en EE.UU. todo cambió con Set/11-2001. De repente todo se volvió súper
secreto, se crearon nuevos organismos de inteligencia y la Ley Patriótica amplió
los poderes del gobierno autorizando programas de vigilancia electrónica para
detectar amenazas terroristas.
Esa estrategia permitió a Obama procesar a seis empleados
gubernamentales y a dos contratistas, uno de ellos Edward Snowden, por filtrar
información clasificada, acción penalizada por la Ley de Espionaje, que se
había usado solo en tres oportunidades desde que entró en vigencia en 1917.
El gobierno de Obama no solo limita la información, también persigue a
posibles delatores y a sus fuentes, adoptando medidas similares a la de gobiernos
autoritarios y dictaduras. Por ejemplo, a la prestigiosa agencia estadounidense
AP, el Departamento de Justicia espió e incautó secretamente llamadas y textos
de periodistas sobre un posible atentado en Yemen en 2012, en momentos que el
gobierno aseguraba que no existían amenazas terroristas.
Actualmente, el gobierno está detrás de Glenn Greenwald, el periodista
de The Guardian, por haber publicado información que le filtró Edward Snowden,
sobre el masivo programa de vigilancia contra otros líderes mundiales, empresas
y ciudadanos extranjeros. Y todo parece que Obama tendrá que seguir
disculpándose como lo hizo en estos días con la presidente Dilma Rousseff, la
canciller alemana, Angela Merkel y el presidente de Francia, Francois Hollande,
ya que Greenwald, en la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de
Prensa, dijo tener listos “otros bombazos noticiosos” sobre Argentina,
Venezuela y Canadá, que desnudarán aún más el masivo sistema de vigilancia
clandestino.
Greenwald ya no
seguirá revelando información desde The Guardian. Lo hará desde un sitio de
noticias nuevo que creó junto al fundador del portal de subastas Ebay, Pierre
Omidyar, con la intención de apoyar a periodistas a que divulguen información sobre el gobierno. Una buena movida,
que obligará a Obama a ser tan transparente como prometió y a no usar la excusa
de la seguridad nacional, ya que se puede comprobar que la información revelada
no puso nada ni a nadie en riesgo.
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