domingo, 27 de octubre de 2013

Obama y su propaganda

Barack Obama se parece a ciertos presidentes latinoamericanos que hacen de la propaganda el único método de comunicación. No solo ofrece información interesada, sino también manipula, esconde y silencia aquella que no quiere que el público sepa.

Como si estuviera en plena campaña electoral, Obama sigue usando Twitter y Facebook y sitios oficiales de internet para agradar a sus seguidores y criticar a sus oponentes. Y como parte de esa tarea propagandística, también espía a medios de comunicación y procesa a delatores y periodistas. Una estrategia que un reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, calificó de “guerra agresiva” contra la prensa.

Lejos de cumplir su promesa de hacer de la transparencia el eje de su gobierno, Obama está acusado de retacear información a los periodistas, clasificar documentos en forma indiscriminada y mantener un programa de vigilancia electrónica sin precedentes. Las consecuencias son devastadoras: genera autocensura entre periodistas e inhibe a fuentes y funcionarios de proporcionar información, de la misma forma que sucede con Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega o Nicolás Maduro.

Los funcionarios tienen razones para esquivar a la prensa. Debido al “Programa contra Amenazas Internas”, los empleados del gobierno federal estadounidense deben vigilar la conducta de sus colegas para evitar filtraciones, mientras de aquellos que se sospecha de pasar datos a los periodistas, son investigados y hasta sometidos a detectores de mentiras. Es que en EE.UU. todo cambió con Set/11-2001. De repente todo se volvió súper secreto, se crearon nuevos organismos de inteligencia y la Ley Patriótica amplió los poderes del gobierno autorizando programas de vigilancia electrónica para detectar amenazas terroristas.

Esa estrategia permitió a Obama procesar a seis empleados gubernamentales y a dos contratistas, uno de ellos Edward Snowden, por filtrar información clasificada, acción penalizada por la Ley de Espionaje, que se había usado solo en tres oportunidades desde que entró en vigencia en 1917.

El gobierno de Obama no solo limita la información, también persigue a posibles delatores y a sus fuentes, adoptando medidas similares a la de gobiernos autoritarios y dictaduras. Por ejemplo, a la prestigiosa agencia estadounidense AP, el Departamento de Justicia espió e incautó secretamente llamadas y textos de periodistas sobre un posible atentado en Yemen en 2012, en momentos que el gobierno aseguraba que no existían amenazas terroristas.

Actualmente, el gobierno está detrás de Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian, por haber publicado información que le filtró Edward Snowden, sobre el masivo programa de vigilancia contra otros líderes mundiales, empresas y ciudadanos extranjeros. Y todo parece que Obama tendrá que seguir disculpándose como lo hizo en estos días con la presidente Dilma Rousseff, la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente de Francia, Francois Hollande, ya que Greenwald, en la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo tener listos “otros bombazos noticiosos” sobre Argentina, Venezuela y Canadá, que desnudarán aún más el masivo sistema de vigilancia clandestino.

Greenwald ya no seguirá revelando información desde The Guardian. Lo hará desde un sitio de noticias nuevo que creó junto al fundador del portal de subastas Ebay, Pierre Omidyar, con la intención de apoyar a periodistas a que divulguen  información sobre el gobierno. Una buena movida, que obligará a Obama a ser tan transparente como prometió y a no usar la excusa de la seguridad nacional, ya que se puede comprobar que la información revelada no puso nada ni a nadie en riesgo.

Ante las quejas del mundo, a EE.UU. le resta rectificar sus políticas. El Departamento de Justicia está obligado a reformas que le obliguen a tener órdenes judiciales para requisar archivos y solo hacerlo a quienes sean sospechosos de crímenes. Obama, por su parte, tendrá que acatar la ley que él promulgó para proteger y motivar a los informantes e impulsar la sanción de la postergada ley federal de protección de fuentes para periodistas. Ambas son indispensables para que el gobierno termine con la caza de brujas, sea más transparente y limite su acción propagandística.