Los ciudadanos tienen
derechos; los gobiernos, deberes. Así lo ordenan las constituciones en un Estado
de derecho. Sin embargo, en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y
Venezuela, ese orden está invertido.
Estos gobiernos en vez de
administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan de privilegios y hasta
disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo antes lo hacían las dictaduras
militares o, todavía ahora, el régimen de los Castro.
Cristina Kirchner, Evo
Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrán que rendir
cuentas. Mientras tanto, protegidos por un blindaje auto creado, gobiernan autoritarios.
El culto al personalismo es su rasgo característico, de ahí que haya textos
escolares con dibujitos en los que Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro,
juez, busque encarcelar para siempre a Leopoldo López.
Quienes se creen predestinados
buscan poder continuo. Morales, en el primer año de su tercer mandato, busca reelección
eterna. Correa también lo hará en diciembre mediante reforma constitucional. En
su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que la justicia, los
partidos y los medios les cuestionen.
Cuando más cuestionamientos,
más se empecinan en crear controles. Correa busca darle rango constitucional a
una propuesta que parece inofensiva. Quiere que la información sea un bien
público, que al igual que el agua, la electricidad o la salud, pueda ser
administrada por el Estado. De prosperar su iniciativa, podrá limitar,
restringir o censurar la información, como en estos días, cuando dispuso que para
evitar “alarmismos innecesarios”, nada se puede publicar sobre la erupción del
volcán Cotopaxi.
Correa detesta que la
información fluya libremente. Temeroso de las críticas, la cercena desde el
primer día de su mandato, pero nunca lo hizo en forma tan eficiente después que
sancionó la Ley de Comunicación hace dos años. A través de ella controla
contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas que no se apegan a la
verdad oficial.
Prueba de su autoritarismo es
el hecho de no solo ha creado la ley, sino que también se auto adjudicó la
función de juez. Mediante órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, la
administra según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una
de las 161 sanciones fue aplicada contra medios estatales, las demás contra
medios independientes; varios de ellos, ante las reiteradas sanciones y multas
millonarias, se vieron obligados a cerrar.
La ley nació bajo la excusa
de “democratizar” la comunicación, pero terminó siendo instrumento de
autoritarismo. La mayoría de las veces es invocada por funcionarios que
argumentando defender su honor, la usan para detener las críticas o
investigaciones sobre corrupción.
Así como en Bolivia, donde Morales
ordenó el cierre de decenas de organizaciones acusándolas de desestabilizar al
gobierno, Correa arremetió ahora contra Fundamedios, una ong que defiende la libertad
de prensa y a los periodistas. Su disolución, decretada para estos días, fue
por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.
La Ley de Comunicación le da
a Correa la coartada perfecta para crear silencio. Sus ataques, sin embargo,
tienen un costo cada vez mayor en la comunidad internacional.
Esta semana, una
veintena de organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y
Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a
Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, comprometiéndose
a divulgar sus atropellos entre inversores extranjeros y los organismos
multilaterales, con el objetivo de que condicionen su asistencia al cabal
respeto de los derechos humanos.
Las primeras réplicas se
sintieron horas después. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron el clima restrictivo creado por
Correa, reclamándole tolerancia ante las críticas y no disolver Fundamedios.
Lejos de que el propósito se logre, lo importante es que este tipo de acciones recuerdan que la verdadera democracia no está sustentada solo por elecciones, sino también por la separación de poderes, la rendición de cuentas, el respeto por los derechos de las minorías y, principalmente, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.
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