Gobiernos que se creen Estado

Los ciudadanos tienen derechos; los gobiernos, deberes. Así lo ordenan las constituciones en un Estado de derecho. Sin embargo, en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ese orden está invertido.

Estos gobiernos en vez de administrar el Estado, se creen su dueño. Abusan de privilegios y hasta disponen de la libertad de sus ciudadanos, cómo antes lo hacían las dictaduras militares o, todavía ahora, el régimen de los Castro.

Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Mientras tanto, protegidos por un blindaje auto creado, gobiernan autoritarios. El culto al personalismo es su rasgo característico, de ahí que haya textos escolares con dibujitos en los que Cristina es sinónimo de Estado o que Maduro, juez, busque encarcelar para siempre a Leopoldo López.

Quienes se creen predestinados buscan poder continuo. Morales, en el primer año de su tercer mandato, busca reelección eterna. Correa también lo hará en diciembre mediante reforma constitucional. En su pensamiento redentor de únicos “elegidos”, detestan que la justicia, los partidos y los medios les cuestionen.

Cuando más cuestionamientos, más se empecinan en crear controles. Correa busca darle rango constitucional a una propuesta que parece inofensiva. Quiere que la información sea un bien público, que al igual que el agua, la electricidad o la salud, pueda ser administrada por el Estado. De prosperar su iniciativa, podrá limitar, restringir o censurar la información, como en estos días, cuando dispuso que para evitar “alarmismos innecesarios”, nada se puede publicar sobre la erupción del volcán Cotopaxi.

Correa detesta que la información fluya libremente. Temeroso de las críticas, la cercena desde el primer día de su mandato, pero nunca lo hizo en forma tan eficiente después que sancionó la Ley de Comunicación hace dos años. A través de ella controla contenidos y sanciona a medios, periodistas e internautas que no se apegan a la verdad oficial.

Prueba de su autoritarismo es el hecho de no solo ha creado la ley, sino que también se auto adjudicó la función de juez. Mediante órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, la administra según sus intereses. Su parcialidad como juez es evidente. Solo una de las 161 sanciones fue aplicada contra medios estatales, las demás contra medios independientes; varios de ellos, ante las reiteradas sanciones y multas millonarias, se vieron obligados a cerrar.

La ley nació bajo la excusa de “democratizar” la comunicación, pero terminó siendo instrumento de autoritarismo. La mayoría de las veces es invocada por funcionarios que argumentando defender su honor, la usan para detener las críticas o investigaciones sobre corrupción.

Así como en Bolivia, donde Morales ordenó el cierre de decenas de organizaciones acusándolas de desestabilizar al gobierno, Correa arremetió ahora contra Fundamedios, una ong que defiende la libertad de prensa y a los periodistas. Su disolución, decretada para estos días, fue por el “delito” de publicar un par de blogs críticos a su gestión.

La Ley de Comunicación le da a Correa la coartada perfecta para crear silencio. Sus ataques, sin embargo, tienen un costo cada vez mayor en la comunidad internacional. 

Esta semana, una veintena de organizaciones convocadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios en el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”, acusaron a Correa de violentar las libertades de expresión y de asociación, comprometiéndose a divulgar sus atropellos entre inversores extranjeros y los organismos multilaterales, con el objetivo de que condicionen su asistencia al cabal respeto de los derechos humanos.

Las primeras réplicas se sintieron horas después. Cinco defensorías de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron el clima restrictivo creado por Correa, reclamándole tolerancia ante las críticas y no disolver Fundamedios.

Lejos de que el propósito se logre, lo importante es que este tipo de acciones recuerdan que la verdadera democracia no está sustentada solo por elecciones, sino también por la separación de poderes, la rendición de cuentas, el respeto por los derechos de las minorías y, principalmente, que los gobiernos no se crean dueños del Estado.