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abril 22, 2017

Las contramarchas y milicias de Maduro

La brutal represión contra las marchas ciudadanas convocadas por la oposición venezolana no es el único signo de autoritarismo de Nicolás Maduro. Su actitud más antidemocrática es el llamado a sus partidarios y milicias para concentrarse en contramarchas con el fin de neutralizar y violentar las protestas en su contra.

Las contramarchas y milicias que Maduro lanza a las calles no son ilegales, pero desnaturalizan los principios constitucionales que demandan garantizar el derecho de protesta, ya sea el reclamo ciudadano para que haya elecciones, que se le reintegren las potestades a la Asamblea Legislativa y se liberen los presos políticos.

No hay leyes que prohíban a un gobierno organizar marchas de auto apoyo. Sin embargo, configuran abusos de privilegio y poder. Es que la virtud de una Constitución no es que obliga a un gobierno a garantizar las libertades individuales y sociales, sino que le impone límites para que no pueda pisotear esos derechos, como las libertades de reunión, asociación y de expresión.

Los gobiernos más autoritarios, aquellos que se creen Estado como el de Maduro, justifican la propaganda y la movilización de masas como extensión legítima de su defensa, a fin de reprimir a la oposición y la disidencia. Ese abuso de las contramarchas queda desnudado por tres particularidades: Dilapida recursos públicos; utiliza fuerzas de choque ilegales para generar caos y pánico; y criminaliza la protesta, justificando así su necesidad de reprimirlas para mantener la paz y el orden.
En el caso venezolano esas características saltan a la vista. Obligó a los empleados públicos a participar de las contramarchas y les advirtió que aquel que no participara perdería su empleo, algo que el chavismo siempre atizó con listas negras de “traidores”. Además, anunció que armaría a otros 500 mil milicianos, un grupo parapolicial que causó varias muertes esta semana y en protestas anteriores.

Las milicias, más que una fuerza auxiliar de las fuerzas de seguridad, son un grupo de choque pretoriano. Al igual que en otros regímenes autoritarios y populistas, estas fuerzas, armadas por los gobiernos para su interés partidario y no de la Nación, como los piqueteros del kirchnerismo o los consejos del poder ciudadano en Nicaragua y Cuba, tienen el mandato de controlar a la población, atemorizar, crear caos y validar una posterior represión estatal. La historia latinoamericana está repleta de estos grupos de civiles armados que terminaron como escuadrones de la muerte, traficantes de armas y mercenarios a disposición de grupos de delincuentes y narcotraficantes. Vale recordar, entre otros grupos, a las patrullas de autodefensa de Guatemala y los paramilitares de Colombia que terminaron como temibles violadores de derechos humanos.

Las contramarchas representan, además, un arma adicional de propaganda, un esquema donde se insertan otras maniobras propagandísticas como las cadenas nacionales obligatorias, utilizadas por Maduro y Rafael Correa, durante las que propalan discursos kilométricos anti disidentes, que nada tienen que ver con emergencias sociales, desastres naturales o problemas de salud pública, únicas prerrogativas que autorizan las constituciones. Con este tipo de abusos usados para arengar a las mayorías adictas, se olvida que la prioridad de un gobierno en democracia es atender y respetar a las minorías.

Maduro con sus contramarchas y milicias podrá estirar su gobierno reprimiendo, produciendo más autogolpes y haciendo llamados inocuos a nuevos diálogos y promesas de elecciones que nunca cumplió. Saldrá a denunciar todo tipo de conspiraciones e intentos de golpes de Estado planificados por el imperialismo y la ultra derecha, y tratará de encontrar un nuevo chivo expiatorio como años atrás, luego de protestas ensangrentadas, le endilgó la responsabilidad de los muertos a Leopoldo López, a quien todavía hoy mantiene prisionero.


Sin embargo, la sistemática represión, la criminalización de la protesta y las milicias armadas no son un buen augurio para Maduro. Resiente las fisuras en el poder militar, ese que él cree y jura que le otorga apoyo condicional y eterno. El apoyo mermará con más represión, más muertos y con la presión internacional cada vez más en ebullición. trottiart@gmail.com

febrero 23, 2014

Propaganda, marchas y contrmarchas y Constitución

La virtud esencial de una Constitución es garantizar las libertades individuales de los ciudadanos; pero, más aún, imponer limitaciones y restricciones al gobierno para que no pueda pisotearlas.

En varios países esa virtud está desvirtuada. Los gobiernos las usan para crearse prerrogativas, más que para imponerse límites. De ahí la popularidad de reformas para eternizarse en el poder, como lo consiguió este mes el presidente nicaragüense, Daniel Ortega; o para restringir derechos de los ciudadanos, como se estableció en las nuevas constituciones de Ecuador y Venezuela, creándose mecanismos para defender a los gobernantes de las críticas, institucionalizándose la censura de expresión y de prensa.

En esa confusión, aprovechada por los populismos latinoamericanos de todas las ideologías - desde el peronismo al kirchnerismo y del fujimorismo al chavismo – las autoridades justifican la propaganda y la movilización de masas como extensión legítima de su defensa, a fin de neutralizar a la oposición y la disidencia.

Pocos reparan en los abusos de privilegio con los que el gobierno, creyéndose Estado, dilapida fondos públicos para su propia conveniencia. Así, hay presidentes que gastan horas hablando en cadenas nacionales por cualquier cosa, tienen batallones de cibermilitantes y programas de TV para insultar a sus críticos u ofrecen Fútbol para Todos como prioridad social. En esa tendencia al pan y circo, otros compran y crean medios, y hasta obligan a empleados estatales a participar de marchas, para contrarrestar otras protestas públicas.

El gobierno de Nicolás Maduro da lección sobre estos abusos. A cada una de las marchas que organizaron los estudiantes universitarios y la oposición, respondió con contramarchas en su honor y para hacer valer la fuerza política de su revolución. No importó si utilizaba recursos del Estado, empleados de la petrolera estatal, o si reprimía el derecho de reunión, que el gobierno, según la Constitución, está obligado a garantizar y proteger.

Las movilizaciones de auto apoyo convocadas por los gobiernos, usuales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, son antidemocráticas, incurriendo en los mismos abusos de privilegio del que pecaría el oficialismo si se le permitiera hacer propaganda política irrestricta durante una campaña electoral. También son anticonstitucionales, no solo porque en su organización se dilapidan recursos económicos del Estado, sino porque, como sucede, con los piqueteros movilizados por el kirchnerismo o las camisas rojas y milicias del chavismo, se trata de fuerzas de choque que tienen el mandato de atemorizar y crear caos entre quienes manifiestan su descontento en marchas legítimas, con el objetivo de validar la posterior represión estatal.

Los populismos, más que el poder del pueblo, exacerban el culto al personalismo de sus líderes, de ahí su recurrencia en los métodos de la propaganda que deriva en la consabida polarización de las sociedades. En democracias más sólidas, por el contrario, el líder es visto como un servidor, alguien que tiene más deberes que derechos, más restricciones para expresarse y que está más expuesto al escrutinio público, en especial en épocas de conflictividad social cuando las palabras pueden desencadenar violencia, como advierte en sus fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nivel de democracia alcanzado por un país puede medirse por el grado de propaganda desplegado por su gobierno. Cuanta más ideología y manipulación de las ideas, menor libertad y respeto por los derechos individuales. Vale comparar a Venezuela con Chile y Brasil. Al gobierno chileno no se le ocurriría poner a sus empleados públicos en la calle para medir fuerzas con los estudiantes universitarios que reclaman gratuidad de estudios. Tampoco se esperaría de Dilma Rousseff que movilice a los trabajadores del Estado para contrarrestar las masivas protestas callejeras contra el Mundial de Fútbol.

Así como se prohíbe a un gobierno o al oficialismo hacer propaganda electoral durante época de campaña para proteger la pluralidad democrática, con el mismo fin debería restringirse la propaganda ideológica, incluidas las marchas a favor de los gobiernos, para evitar que haya abusos de privilegio y que se respeten los derechos constitucionales.

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...