Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

¡Qué regalo de Navidad!

La Navidad se acerca así como la época de los regalos. Apuesto a que nadie recibió uno mejor que la pareja gobernante argentina, la presidenta Cristina y el ex presidente Néstor Kirchner. La justicia determinó que no cometieron corrupción en la causa que se les seguía por enriquecimiento ilícito, aún no pudiendo explicar qué maravillas hicieron para que su patrimonio familiar aumentara en un año de 16.5 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares aproximados) a 44.3 millones (más de 11 millones de dólares) en un solo año, lo que representa un aumento del 158% durante 2008 y de un 572% si se consiera el patrimonio que tenían cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003.

Y eso que las ganancias del 158% de la pareja presidencial se dieron en momentos de la peor crisis económica mundial de las últimas décadas, por lo que muchos seguramente pensarán que es un derroche de talento tener a dos personajes como éstos en puestos ejecutivos, cuando deberían estar en mandos técnicos, frente al propio ministerio de Economía o al Banco Central.

Dejando el sarcasmo de lado, es que no se puede pensar de otra forma de la medida adoptada por el juez federal Norberto Oyarbide, quien sobreseyó a la pareja presidencial basado en informes de unos peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia. No pareciera que hay mucha seriedad en estos peritajes o que la pareja presidencial tiene mucha suerte porque ya fue sobreseído en otras dos oportunidades por el mismo delito y sus causas archivadas. La primera cusa comprendió el período 1995-2004 9cerrada en el 2005) y la segunda por el período 2005-2007 (cerrada en el 2008).

Los que los medios argentinos reflotaron y sobre lo que el juez Oyarbide no dio explicaciones, son cifras realmente sorprendentes. Bajo el título de “Un regalo de Navidad”, el periodista Ricardo Roa de Clarín explica: “Declararon haber cobrado intereses en pesos equivalentes al 34% anual cuando los bancos pagaban en promedio un 13,8%. Y obtuvieron una renta del 47% por sus colocaciones en dólares aunque en el mercado la tasa fue del 3%. Otro milagro fue haber percibido por alquileres 11,7 millones de pesos. Unos leones para las finanzas y los negocios inmobiliarios”.
Según el periodista Adrián ventura en La Nación comenta que los Kirchner, en sus declaraciones juradas “explicaron que el incremento se debió a un aumento de lo que percibieron por el cobro de alquileres, a la venta de inmuebles a precios muy superiores a los de adquisición y a los intereses por sus depósitos bancarios. Uno de los mejores negocios que declararon los Kirchner fue la venta de un terreno fiscal en El Calafate que habían comprado en 2006 a $ 132.079 y que vendieron dos años después a $ 6.300.000. Sólo con esta operación ganaron más de seis millones de pesos”.

Lo que más sorprende de este regalo de Navidad es lo rápido que ha actuado la justicia, no acostumbrada a esta celeridad en temas de enriquecimiento. Hubiese sido mejor que hubiera sido lenta como en las demás causas – esperado al menos hasta después del período presidencial actual – así nadie hubiera sospechado que hubo algún arreglo político y no se hubiera deteriorado aún más la confianza en las instituciones.

¿Y uno se pregunta por qué no existe la misma celeridad para que se tome alguna decisión sobre la valija de Antonini Wilson y los ochocientos mil dólares que entraron en efectivo y tenían destino oficial?

Parece que la Navidad no es pareja para todos.

Enriquecimiento ilícito

La historia se repite, muy a menudo y, para peor, con bastante impunidad. El enriquecimiento ilícito es un delito penado en todos los códigos penales, pero rara vez es aplicado a quienes ostentan los máximos cargos en un país, ya que todo se disfraza con un tamiz político que suele trabar todo intento por hacer justicia.

Distinta es la situación cuando estos funcionarios dejan sus puestos y entonces los jueces, los fiscales y los demás políticos o ciudadanos se sienten más libres, independientes y sin presiones para denunciar hechos de enriquecimiento ilícito, habiendo mayores probabilidades de que se les “pase factura”. Los casos contra los presidentes Carlos Menem, Alberto Fujimori y Augusto Pinochet, son solo un par de ejemplos de la impunidad que gozaron mientras fueron presidentes, hasta que dejado el cargo, terminaron siendo juzgados, procesados y castigados por enriquecimiento ilícito, entre tantos otros delitos.

El caso del matrimonio Kirchner parece que tiene estos ingredientes. Se mantiene y seguramente se mantendrá a flote durante la presidencia de Cristina de Kirchner o mientras el matrimonio dure en el poder, pero cuando dejen la Presidencia, habrá más independencia y menos presiones en la Justicia para que se pueda hacer justicia.

La prensa argentina viene denunciando en estas semanas que la fortuna de la presidenta y el ex presidente creció en el 2008 el 158% y 600% en los últimos seis, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003.

Su fortuna se incrementó en el 2008 gracias a la venta un terreno fiscal por de 20.095 metros cuadrados en la zona patagónica de El Calafate que la pareja había comprado por unos 34.750 dólares. Lo vendieron en 1.65 millones de dólares. Sobre esta compraventa pesaba una denuncia penal, pero fue desestimada por un juez.

Durante estos años presidenciales, los Kirchner también siguieron expandiendo sus negocios de hotelería, lo que de inmediato genera dudas teniendo en cuenta que un presidente de un país siempre tendrá ciertos privilegios o, al menos, otros involucrados en negocios siempre tratarán de beneficiarlos con la idea de recibir algo a cambio.

A pesar de que todas las acciones y los dineros obtenidos hayan sido legítima y legalmente conseguidos, es importante que un presidente no actúe solo como tal sino que además de la apariencia de hacerlo. Pero como eso no sucede, salvo excepciones en Latinoamérica – repasemos en cada uno de nuestros países los casos de enriquecimiento ilícito (y nepotismo) que involucran a presidentes de los poderes públicos como Rafael Correa con su hermano, Hugo Chávez con su familia, Alvaro Uribe con su primo, José Sarney en Brasil, entre otros - sería importante que todos quienes asumen cargos públicos de cierto nivel jerárquico para arriba, tuvieran vedado por ley la oportunidad de seguir haciendo negocios como particulares.