Enriquecimiento ilícito

La historia se repite, muy a menudo y, para peor, con bastante impunidad. El enriquecimiento ilícito es un delito penado en todos los códigos penales, pero rara vez es aplicado a quienes ostentan los máximos cargos en un país, ya que todo se disfraza con un tamiz político que suele trabar todo intento por hacer justicia.

Distinta es la situación cuando estos funcionarios dejan sus puestos y entonces los jueces, los fiscales y los demás políticos o ciudadanos se sienten más libres, independientes y sin presiones para denunciar hechos de enriquecimiento ilícito, habiendo mayores probabilidades de que se les “pase factura”. Los casos contra los presidentes Carlos Menem, Alberto Fujimori y Augusto Pinochet, son solo un par de ejemplos de la impunidad que gozaron mientras fueron presidentes, hasta que dejado el cargo, terminaron siendo juzgados, procesados y castigados por enriquecimiento ilícito, entre tantos otros delitos.

El caso del matrimonio Kirchner parece que tiene estos ingredientes. Se mantiene y seguramente se mantendrá a flote durante la presidencia de Cristina de Kirchner o mientras el matrimonio dure en el poder, pero cuando dejen la Presidencia, habrá más independencia y menos presiones en la Justicia para que se pueda hacer justicia.

La prensa argentina viene denunciando en estas semanas que la fortuna de la presidenta y el ex presidente creció en el 2008 el 158% y 600% en los últimos seis, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003.

Su fortuna se incrementó en el 2008 gracias a la venta un terreno fiscal por de 20.095 metros cuadrados en la zona patagónica de El Calafate que la pareja había comprado por unos 34.750 dólares. Lo vendieron en 1.65 millones de dólares. Sobre esta compraventa pesaba una denuncia penal, pero fue desestimada por un juez.

Durante estos años presidenciales, los Kirchner también siguieron expandiendo sus negocios de hotelería, lo que de inmediato genera dudas teniendo en cuenta que un presidente de un país siempre tendrá ciertos privilegios o, al menos, otros involucrados en negocios siempre tratarán de beneficiarlos con la idea de recibir algo a cambio.

A pesar de que todas las acciones y los dineros obtenidos hayan sido legítima y legalmente conseguidos, es importante que un presidente no actúe solo como tal sino que además de la apariencia de hacerlo. Pero como eso no sucede, salvo excepciones en Latinoamérica – repasemos en cada uno de nuestros países los casos de enriquecimiento ilícito (y nepotismo) que involucran a presidentes de los poderes públicos como Rafael Correa con su hermano, Hugo Chávez con su familia, Alvaro Uribe con su primo, José Sarney en Brasil, entre otros - sería importante que todos quienes asumen cargos públicos de cierto nivel jerárquico para arriba, tuvieran vedado por ley la oportunidad de seguir haciendo negocios como particulares.