TV Viva Nicaragua: No es más que corrupción

Este lunes comenzó a funcionar otro canal de televisión de la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El Canal 13 se convirtió en el tercer canal de televisión abierta de propiedad de la familia Ortega, anunciándose que en su trasmisión de señal abierta y por cable de 24 horas, estará regenteada por tres hijos del matrimonio Ortega y Rosario Murillo.

Más allá de cualquier disquisición intelectual que se pueda hacer sobre la función de la televisión pública, lo cierto es que en este caso una vez más se pueden observar juntos dos anti valores democráticos como el nepotismo y la corrupción. La familia Ortega no solamente está manipulando los fondos públicos para tener un nuevo canal de televisión lo que en cualquier país democrático despertaría al menos las sospechas de entes autárquicos como contralorías del Estado por lo que significa el robo de dinero para ponerlo a disposición de un interés personal o partidario, sino que además lo hace a solo cinco meses de las elecciones, lo que obviamente por los antecedentes de los canales 8 y 4, será utilizado también para hacer propaganda con fines políticos.

El Estado no puede ser juez y parte. Justamente debe velar, según lo establece la Constitución, para que los medios no estén en manos de monopolios. El problema es que la familia Ortega y el sandinismo, además de dominar estos canales y otros de cable, también tienen en propiedad a docenas de radioemisoras y hace poco quiso comprar la mayoría accionaria de El Nuevo Diario.

El gobierno nicaragüense, como ocurre en países como Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, no tiene frenos para comprar y dominar medios de comunicación, desvirtuando completamente la democracia. Debe intentarse, al menos intentarse, a través de los tribunales, de frenarse esta práctica corrupta con la que se engaña a todo el pueblo.

Enriquecimiento ilícito

La historia se repite, muy a menudo y, para peor, con bastante impunidad. El enriquecimiento ilícito es un delito penado en todos los códigos penales, pero rara vez es aplicado a quienes ostentan los máximos cargos en un país, ya que todo se disfraza con un tamiz político que suele trabar todo intento por hacer justicia.

Distinta es la situación cuando estos funcionarios dejan sus puestos y entonces los jueces, los fiscales y los demás políticos o ciudadanos se sienten más libres, independientes y sin presiones para denunciar hechos de enriquecimiento ilícito, habiendo mayores probabilidades de que se les “pase factura”. Los casos contra los presidentes Carlos Menem, Alberto Fujimori y Augusto Pinochet, son solo un par de ejemplos de la impunidad que gozaron mientras fueron presidentes, hasta que dejado el cargo, terminaron siendo juzgados, procesados y castigados por enriquecimiento ilícito, entre tantos otros delitos.

El caso del matrimonio Kirchner parece que tiene estos ingredientes. Se mantiene y seguramente se mantendrá a flote durante la presidencia de Cristina de Kirchner o mientras el matrimonio dure en el poder, pero cuando dejen la Presidencia, habrá más independencia y menos presiones en la Justicia para que se pueda hacer justicia.

La prensa argentina viene denunciando en estas semanas que la fortuna de la presidenta y el ex presidente creció en el 2008 el 158% y 600% en los últimos seis, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003.

Su fortuna se incrementó en el 2008 gracias a la venta un terreno fiscal por de 20.095 metros cuadrados en la zona patagónica de El Calafate que la pareja había comprado por unos 34.750 dólares. Lo vendieron en 1.65 millones de dólares. Sobre esta compraventa pesaba una denuncia penal, pero fue desestimada por un juez.

Durante estos años presidenciales, los Kirchner también siguieron expandiendo sus negocios de hotelería, lo que de inmediato genera dudas teniendo en cuenta que un presidente de un país siempre tendrá ciertos privilegios o, al menos, otros involucrados en negocios siempre tratarán de beneficiarlos con la idea de recibir algo a cambio.

A pesar de que todas las acciones y los dineros obtenidos hayan sido legítima y legalmente conseguidos, es importante que un presidente no actúe solo como tal sino que además de la apariencia de hacerlo. Pero como eso no sucede, salvo excepciones en Latinoamérica – repasemos en cada uno de nuestros países los casos de enriquecimiento ilícito (y nepotismo) que involucran a presidentes de los poderes públicos como Rafael Correa con su hermano, Hugo Chávez con su familia, Alvaro Uribe con su primo, José Sarney en Brasil, entre otros - sería importante que todos quienes asumen cargos públicos de cierto nivel jerárquico para arriba, tuvieran vedado por ley la oportunidad de seguir haciendo negocios como particulares.

Correa: teflón rayado y nepotismo

Fabricio Correa, el hermano del presidente Rafael Correa, terminó siendo el talón de Aquiles de una Presidencia a la que parecía que las rayas no dañaban su amalgama de teflón.

Arrogante y ofuscado siempre en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, el Presidente ecuatoriano fue siempre exitoso para sortear todo tipo de obstáculos que sobre corrupción o abuso de poder se interpusieron en su camino, a tal punto que en las últimas semanas, al igual que su ídolo Hugo Chávez con Globovisión, amenazó con cerrar el canal televisivo Teleamazonas por considerarlo una simple piedra en su zapato.

El teflón se rayó. Quedó en el pasado aquel dicho de campaña política presidencial en contra del nepotismo, ya que ahora la corrupción ha salpicado la política de “manos limpias” de Rafael Correa, con la denuncia periodística sobre la adjudicación de contratos estatales por 80 millones de dólares que benefician a su hermano mayor.

El Presidente actuó rápido el sábado pasado cuando firmó un decreto que prohíbe al Estado contratar negocios con familiares de funcionarios, pero enseguida se defendió que las denuncias periodísticas obedecerían a una represalia en contra de él por su intención de cerrar Teleamazonas.

De esta forma, Correa nuevamente se equivoca al tratar de poner a los medios de comunicación y a los periodistas siempre en el centro de la polémica y de la disputa política, dándole a la prensa un papel de oposición política y desacreditándola para de esa manera refugiarse en ese descrédito.

Muchos son los presidentes latinoamericanos que tienen esta estrategia de esconder en la disputa verbal los grandes fraudes familiares y el nepotismo que practican a raudales. Hay dos que son maestros: Hugo Chávez, cuya familia se ha enriquecido con tierras, puestos políticos y empresas; y Daniel Ortega, cuyos familiares se han beneficiado hasta con el manejo de medios de comunicación y vacaciones pagadas por todos los nicaragüenses.

Las declaraciones de Correa sobre su hermano de que “debió cuidar al Presidente y a la revolución ciudadana sabiendo cuántos buitres tenemos rondando nuestras cabezas'', demuestran su incapacidad para resolver temas difíciles. En lugar de enrostrar las culpas a los demás, y de firmar sólo decretos hacia adelante, también debería exigir al Estado una investigación exhaustiva sobre lo que sucedió con Fabricio, por qué se enriqueció con contratos millonarios y por qué se siguió practicando el nepotismo más allá de su declarada animadversión sobre esta práctica tan cotidiana de los gobiernos latinoamericanos.