NICARAGUA: la catástrofe previsible

Nicaragua y su gobierno sandinista pasaron debajo del radar de la comunidad internacional por años, lo que le permitió al presidente Daniel Ortega construir un autoritarismo progresivo que recién se visualizó tras el estallido social de estos días.

La indiferencia internacional no fue casual sino estrategia trabajada por Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta y autoridad detrás del trono. Construyó su propia impunidad con los mismos mecanismos totalitarios que usó la dictadura de Anastasio Somoza, a la que derrotó durante una dura lucha armada que lo catapultó a su primera presidencia de 1979 a 1990.

Esas similitudes inspiraron el canto más pegadizo de las manifestaciones públicas actuales: “Somoza y Ortega son la misma cosa”. Ambos gobiernos hicieron del nepotismo su marca registrada, manipularon todos los resortes democráticos de la república, desde someter a todos los poderes públicos para su beneficio, perseguir a la oposición, censurar a la prensa, hasta coartar la libertad de expresión y mancillar el derecho de reunión. Ortega y Somoza se creyeron Estado y que el libre albedrío es un regalo de su autoridad.

El avasallamiento de estos principios básicos tiene su origen el mismo día que Ortega asumió su presente período presidencial hace 11 años, en 2007. Con la típica vocación de tirano, se sumó a la tendencia de muchos líderes latinoamericanos para reformar la Constitución y eternizarse en el poder. Y toda reforma, según indica el manual del dictador, siempre viene acompañada de fraude electoral. Ese fue su método para ganar inmunidad y esconder la corrupción y el despotismo.

Ortega y su esposa Murillo, siempre ataviada de religiosidad popular, con cantos a la Virgen y construcción de árboles de la vida, estructuras de metal gigantescas que se fueron regenerando después de una Navidad, supieron evadir la atención internacional. Compraron medios de comunicación que pusieron en manos de sus hijos y censuraron a la prensa privada e independiente. Hoy un par de diarios, entre ellos La Prensa y cuatro canales y un puñado de radios hacen malabarismos para sobrevivir ante la censura oficial que se acrecentó con el estallido social. La vicepresidenta insiste en regular las redes sociales para evitar la conversación y auto convocatoria ciudadanas.

El gobierno también incorporó a los empresarios, muchos de los cuales fueron comprados con dádivas y privilegios. Ortega supo diferenciarse de Evo Morales, Hugo Chavez, Fidel Castro y Rafael Correa, sus correligionarios ideológicos, siendo más mesurado con sus discursos anti imperio para evitar sanciones y mantener el comercio con el vecino del norte.

Toda su estrategia fue posible gracias a los miles de millones de dólares que le regaló Hugo Chávez y Nicolas Maduro, en época de vacas gordas, cuando Venezuela todavía pensaba en el milagro de una revolución del siglo 21 que terminó siendo del siglo 14. Como parásito del chavismo y buen pasar económico, Ortega tuvo el privilegio de gobernar con una fuerza desproporcionada y en silencio, lejos de los flashes.

La debacle venezolana arrastró a Nicaragua. Ortega derrochó cuando pudo haber ahorrado. En aprietos se vio obligado a meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con una reforma al sistema previsional, quitándoles ingresos a los jubilados. Nadie lo soportó. El estallido era evidente.

La fuerza excesiva y desproporcionada de la Policía y de la Juventud Sandinista causaron más de 30 muertos. El régimen cerró canales y censuró radios. Muchos periodistas en canales oficiales y cuasi oficiales renunciaron. Nadie quiso quedar pegado a las groserías antidemocráticas. El tema económico fue solo la gota que rebasó el vaso.

Ortega siempre usó careta de demócrata, pero nunca lo fue. Su autoritarismo es en parte responsabilidad de los nicaragüenses que esperaron mucho tiempo para gritar como ahora y de la comunidad internacional que le dejó pasar muchas arbitrariedades sin chistar.

Hace semanas terminé mi columna con “¿Suena Nicaragua?”, aludiendo a que la comunidad internacional no podía cometer el mismo error de ser indiferente a la situación nicaragüense como se fue con la venezolana. Esta catástrofe se hubiera podido prevenir si se hacía cumplir la Carta Democrática Interamericana.  trottiart@gmail.com

TV Viva Nicaragua: No es más que corrupción

Este lunes comenzó a funcionar otro canal de televisión de la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El Canal 13 se convirtió en el tercer canal de televisión abierta de propiedad de la familia Ortega, anunciándose que en su trasmisión de señal abierta y por cable de 24 horas, estará regenteada por tres hijos del matrimonio Ortega y Rosario Murillo.

Más allá de cualquier disquisición intelectual que se pueda hacer sobre la función de la televisión pública, lo cierto es que en este caso una vez más se pueden observar juntos dos anti valores democráticos como el nepotismo y la corrupción. La familia Ortega no solamente está manipulando los fondos públicos para tener un nuevo canal de televisión lo que en cualquier país democrático despertaría al menos las sospechas de entes autárquicos como contralorías del Estado por lo que significa el robo de dinero para ponerlo a disposición de un interés personal o partidario, sino que además lo hace a solo cinco meses de las elecciones, lo que obviamente por los antecedentes de los canales 8 y 4, será utilizado también para hacer propaganda con fines políticos.

El Estado no puede ser juez y parte. Justamente debe velar, según lo establece la Constitución, para que los medios no estén en manos de monopolios. El problema es que la familia Ortega y el sandinismo, además de dominar estos canales y otros de cable, también tienen en propiedad a docenas de radioemisoras y hace poco quiso comprar la mayoría accionaria de El Nuevo Diario.

El gobierno nicaragüense, como ocurre en países como Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, no tiene frenos para comprar y dominar medios de comunicación, desvirtuando completamente la democracia. Debe intentarse, al menos intentarse, a través de los tribunales, de frenarse esta práctica corrupta con la que se engaña a todo el pueblo.

Ortega, TV y corrupción

Por los rumores que existen, el presidente Daniel Ortega está tejiendo su estrategia camino a la búsqueda de la reelección presidencial, con las mismas armas que la buscaron Chávez, Morales y Correa, tratándose de quedar con la mayor cantidad de medios de comunicación posible para poder desplegar su propaganda gubernamental, incluso aumentando las arcas de los medios con los que se queda (o sus testaferros) con dineros que son aportados por el erario público.

Se concentran así dos conductas corruptas en una sola acción. Se queda con un medio con dineros aportados con fondos públicos y segundo lo utilizarán para hacer propaganda con dineros que pagarán desde el propio Estado. Con ello además, se birlan la pluralidad y diversidad que critican escasa a los medios privados. Es decir la hipocresía es mayúscula.

Es el mismo patrón de conducta que han seguido los tres presidentes mencionados. La diferencia con otros presidentes que tienen muchos medios, como Silvio Berlusconi, por ejemplo, como podrían pensar algunos desprevenidos, es que el primer ministro italiano ya era un magnate de los medios desde la industria privada y luego entró a la política. En cambio estos señores, grupo a quienes habría que sumarle a los Kirchner, primero fueron presidentes y de ahí amasaron o manipularon fortuna para quedarse con los medios. La diferencia es, en realidad, el alto grado de corrupción.

Según los rumores, el presidente Ortega, cuya familia ya tiene medios en el país, estaría por concretar muy pronto la compra de Canal 8, de carlos Briceño. Este domingo pasado, uno de los periodistas más prestigiosos del país, Carlos Fernando Chamorro declaró en su propio programa que “a propósito de las informaciones que se han publicado en distintos medios de comunicación, sobre las negociaciones en que se encuentra involucrada la dirección de Telenica Canal 8, y que según lo ha reconocido su director, podrían culminar con la venta de esta estación televisiva, muchos televidentes nos han llamado para preguntarnos sobre cuál es la situación de Esta Semana y Esta Noche (programas bajo la dirección y conducción de C.F. Chamorro) en Canal 8.

Continuó Chamorro: “Y como se menciona que existen ofertas de un grupo directamente vinculado al gobierno del presidente Ortega que está interesado en adquirir este canal, a muchísimas personas les preocupa que si como resultado de esta transacción privada, desaparecerá un medio de comunicación como Telenica que desde hace 19 años ha sido un espacio de libertad, pluralismo y de periodismo crítico, y que sería sustituido por un instrumento de propaganda oficial.

Nosotros, obviamente, compartimos esa preocupación, pero no podemos emitir juicios definitivos sobre hechos que no se han consumado.

Lo que si podemos decir en lo que respecta a Esta Semana y Esta Noche, los dos programas televisivos bajos mi dirección, que operan bajo contrato como una producción independiente asociada con este canal, es que nosotros mantenemos un compromiso indeclinable con nuestra audiencia, un compromiso permanente con los valores democráticos que nos guían en el periodismo, y además un compromiso innegociable que se mantendrá bajo cualquier circunstancia. De eso pueden tener ustedes absoluta seguridad.

Esta Semana nació hace mas de diez anos bajo el alero democrático de Canal 2, con el mismo concepto que opera hoy. Como un programa independiente, asociado por un contrato de producción con una empresa televisiva con la que compartimos valores, como el pluralismo y el respeto a la autonomía profesional, pero manteniendo totalmente nuestra independencia editorial. Una década después, y estando ahora asociados a canal 8, hemos consolidado esta institución periodística y fundamos el programa diario de entrevistas Esta Noche, que se transmite de lunes a viernes. De manera que estos dos programas que mantienen un liderazgo en la opinión pública han echado raíces en la audiencia nacional.

Esas raíces son indisolubles, y nosotros mantenemos el compromiso de seguir adelante, haciendo periodismo crítico, manteniendo nuestra independencia editorial, y el compromiso por aportar a la construcción de un país en el que desarrolle la democracia con justicia social, libertad, y solidaridad.

Esos valores, para nosotros son irrenunciables, y los seguiremos manteniendo y practicando hoy, mañana y siempre. De eso que no les quepa la menor duda”.

Ortega, el mentiroso

Daniel Ortega, el presidente nicaragüense, volvió a sus andanzas. Nuevamente está viendo conspiraciones en todos lados. Dijo que están tratando de que lo asesinen o que le den un golpe de Estado, además de seguir con sus mentiras de que existe plena libertad de expresión en su país.

¡Nada más alejado de la realidad!

Ortega sigue mostrando la línea conspirativa que detentan otros mandatarios de la región, que ante cualquier crítica o noticia que no le favorece, termina acusando a los medios de incitar a la violencia o estar pregonando su asesinato, revelándose a sí mismo como un gran demócrata y respetuoso de las libertades individuales y sociales.

Ortega jamás respetó la libertad de expresión y mucho menos la libertad de prensa. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación son alarmantes. Su gobierno utiliza los dineros públicos para hacer nepotismo, como por ejemplo en Canal 4 que es manejado por sus hijos, y para castigar y premiar a otros medios mediante la discriminación de la publicidad oficial.

Respecto a golpes de Estado, como acusó al diputado del Parlamento Europeo, el holandés Hans Van Baalen, de estar promoviéndolo por reunirse con militares nicaragüenses, sería mejor que escuche a la oposición de su país. Muchos consideran que el fraude electoral que Ortega cometió hace un año en las elecciones de noviembre pasado, fue justamente un verdadero golpe a la Constitución.

Ortega es tan atrevido que hasta acusó a los medios de comunicación de Estados Unidos de estar promoviendo el asesinato de Barack Obama. Le restó decir que los medios estadounidenses también incitan a que el Pentágono se quede con la Casa Blanca.

¿Y la OEA dónde está?

Honduras sigue siendo el juguetito de la OEA. Mientras otros países se están cayendo a pedazos con golpes tan fuertes como el de la semana pasada dio Daniel Ortega contra la Constitución o con los que Raúl Castro sigue pegando a los disidentes a los que libera a cuentagotas, la OEA sigue desviando su atención para meterse de lleno y ganar algo de terreno donde lo perdió todo y no supo ganar nada: es decir Honduras.

Ahora la OEA está dispuesta a insertar a Honduras en su seno después de un pacto entre Roberto Micheletti y Manuel Zelaya en el que se juega la restitución del segundo y así dar a Honduras la legitimidad (internacional) de sus elecciones del 29 de noviembre. Más allá de que finalmente este acuerdo tenga sus frutos bajo las exigencias de Zelaya de ser restituido sí o sí o si el Congreso tendrá la autonomía para no hacerlo, lo que nadie olvida en Honduras es que la OEA nunca se pronunció adecuadamente con todo lo que sucedió la semana previa al golpe del 28 de junio, cuando Zelaya venía dando golpes en contra de la Constitución y de las instituciones democráticas al mostrarse testarudo detrás de la idea de la reelección.

Lo mismo sucedió la semana pasada con Daniel Ortega. Para obtener su pasaje a la reelección, Ortega maniatado por una Asamblea que no le es del todo favorable, se fue por el lado de la Corte Suprema, donde tiene la mitad de los jueces, abiertamente sandinistas, por lo que éstos, a la espera de darle a su tutor y maestro lo que quería, esperaron a que los otros jueces, abiertamente liberales (después nos quejamos cuando las cosas andan mal en nuestros países latinoamericanos si la justicia lo que menos tiene es independencia) se fueran a casa para poder invalidar la Constitución el artículo que no permitía a Ortega reelegirse.

Será que golpear la Constitución, como hizo Zelaya (y sus partidarios ahora dicen que proseguirán por ese camino) no es un golpe de estado. Cerrar un Congreso – como Fujimori - lo es; echar a un presidente – como en Honduras – lo es; pero acaso pisotear la Constitución ¿no lo es? Justamente esos artículos como lo establecen las constituciones de Honduras, Nicaragua y Paraguay, entre otras, era para evitar los abusos de poder como los que los guaraníes sufrieron con Alfredo Stroesner.

Pero la OEA no ve estos temas. Seguramente sí verá lo que el gobierno de Hugo Chávez está recalcando durante las sesiones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos esta semana, donde se queja de que es tratada con parcialidad, acusando a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, de que es un golpista porque avaló por silencio y omisión el golpe de Estado que Chávez sufrió en el 2002.

Es muy probable que ante la presión de Chávez, la OEA o la CIDH terminen sacando a Cantón permitiéndole a Chávez que siga defenestrando a todo aquel que lo señala por su violación a los derechos humanos. Y lo que llama la atención que la OEA jamás haya dicho nada de todas las veces que la CIDH emitió opiniones o la Corte Interamericana dictó fallos y sanciones contra el estado venezolano, así como tampoco cuando Chávez sacó a patadas a Cantón de Venezuela y a otros dirigentes en materia de derechos humanos como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.

Marchas y contramarchas en Nicaragua

En América Latina muchos gobiernos siguen dilapidando los recursos públicos según sus intereses políticos partidarios de espalda a la gestión de gobernar. De esta forma se viene comportando el gobierno de Daniel Ortega que esta vez, en un nuevo giro de tuerca, convocó para el 28 de febrero una marcha para contrarrestar la que anunció previamente, y para ese mismo día, el liberal Eduardo Montealegre para protestar por las elecciones fraudulentas de noviembre pasado.

La contramarcha organizada por el gobierno, como las que organiza usualmente Hugo Chávez o Cristina de Kircher para contrarrestar los efectos de la oposición y de los movimientos agrícolas respectivamente, tiene dos objetivos muy claros. Primero, intimidar y crear un clima de inseguridad sobre el principio fundamental de la libertad de asociación y movimiento en una democracia y, segundo, medir fuerzas y profundizar la polarización política.

Las contramarchas violan principios democráticos y en el caso del gobierno nicaragüense, también quebranta principios de la decencia política (si los puede haber), ya que la primera dama Rosario Murillo dijo que ese día 28 de febrero se harán caravanas, marchas y actos para comenzar con las celebraciones del 30 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza que se conmemora el 19 de julio.

No hay dudas que como lo viene haciendo desde el comienzo de su gobierno y tras la creación de los Consejos Populares, el orteguismo alienta la violencia e intimida a quienes deberían tener la libertad de manifestarse.

Listas negras de periodistas

Muchos editoriales esta semana reflejaron el asombro contra el gobierno chino porque anunció que creará un banco de datos con listas de periodistas de “mala trayectoria” que trabajan en los medios estatales de comunicación, con lo que aumentará la censura. Sin embargo, pocos recalaron que esas listas negras existen en países latinoamericanos y fueron siempre bien utilizadas por los gobiernos para acallar a la prensa.

Lo de China es una práctica deleznable que merece ser criticada. Todo el mundo ya tuvo oportunidad de ver en las Olimpíadas de Beiging a las autoridades en acción, no sólo porque censuraron a sus periodistas, crearon fuegos artificiales que realmente fueron artificiales (inexistentes) sino que negaron a los corresponsales extranjeros que pudieran hacer una cobertura libre y sin ataduras. No es por nada, pero China es el país con más periodistas presos, más censura y filtros para blogueros y cibernautas.

Hace unos días, el gobierno de Argentina presionó abiertamente para que no se le renueve el contrato a Nelson Castro, uno de los comentaristas de mayor reputación en el país. Castro, así como otros periodistas de trayectoria, como José Eliachev, Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales tuvieron que proseguir sus carreras después de que sus contratos fueron suspendidos o no renovados.

No hace falta recordar el caso de Venezuela, donde todos los periodistas que critiquen al gobierno son calificados de opositores y donde Hugo Chávez no tuvo vergüenza para cerrar medios de comunicación, perseguir y acosar a periodistas. En Nicaragua la lista de periodistas perseguidos es interminable, con el caso de Carlos Fernando Chamorro y Jaime Arellano; mientras que en Colombia en estos días saltó a la luz el caso de Holman Morris al que el gobierno trata de vincularlo con las FARC.

Las listas negras de periodistas en toda América Latina han estado una vez y otra en la agenda pública y desvergonzada de los gobiernos, así se haya tratado de dictaduras de derecha, de izquierda o democracias de todos los colores ideológicos. Por ello, siempre se habla del periodismo como una de las profesiones más riesgosas del continente.

Ortega y el Plan Semana Santa

El líder opositor al Frente Sandinista de Nicaragua, Eduardo Montealegre, quien viene despotricando con que le han robado las elecciones de noviembre pasada mediante un fraude inmenso, tiene razón ahora en denunciar que el presidente Daniel Ortega está obsesionado en hacerlo encarcelar.

En una visita que hice la semana pasada a Nicaragua con una delegación internacional de la SIP para investigar temas sobre libertad de prensa, una fuente de alto nivel me dijo que el gobierno de Ortega tendría entre manos el Plan Semana Santa, que consistiría en seguir apoltronándose en el poder.

Este plan tendría, entre otros objetivos, los siguientes: quitarle la inmunidad parlamentaria a Montealegre para procesarlo por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis); sacaría a la jefa de Policía, Aminta Granera, ya que la ex guerrillera se ha vuelto demasiado independiente del gobierno y no respeta los órganos parapoliciales creados por Ortega, y lograría que la Corte Suprema – ocho integrantes sandinistas y ocho liberales – vote en contra de un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Arce, la que dejaba sin efecto exoneraciones impositivas para insumos importados para los medios de comunicación.

Esta última medida, permitiría al gobierno recaudar dinero ante la aguda crisis económica, profundizada por la reducción de ayuda del gobierno estadounidense y de varios europeos, debido al fraude y al tono autocrático que está adoptando el “danielismo”.

Recomendaciones a Ortega

Estuve tres días en Managua como parte de una misión de la SIP para auscultar temas de libertad de prensa que están seriamente afectados en el país.

De todas las entrevistas que tuvimos, me quedo con las palabras del ex sandinista Ernesto Cardenal que creo resumen lo que está sucediendo en el país: “dictadura familiar”.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo están polarizando cada vez más al país y creando pactos de gobernabilidad que le permiten sostenerse en el poder pisoteando derechos de otros ciudadanos.

Después de comprobar y concluir que cada vez se están reduciendo más y más los espacios de libertad de expresión debido al acoso a los medios de comunicación y periodistas y a que el presidente Ortega es responsable de coartar en forma sistemática el derecho de movilidad, asociación y expresión de los nicaragüenses, hicimos una serie de recomendaciones que el gobierno debe tener en cuenta para restablecer la libertad de prensa:

Cumplir con los principios de la Declaración de Chapultepec.
Respetar y poner en práctica la ley de acceso a la información pública, apoyando procesos educativos para los ciudadanos para que puedan ejercer los derechos de búsqueda y acceso que manda esa legislación; además de procesos de apertura con la prensa ofreciendo información y realizando conferencias de prensa en forma periódica.

Utilizar los medios de comunicación en manos del Estado con políticas de pluralidad y diversidad inherentes a la información pública y no como instrumentos de propaganda gubernamental.

Distribuir la publicidad oficial con criterios técnicos y transparentes, así como conceder las licencias operativas para radio y televisión, sin que estas prácticas se presten para discriminar a medios y periodistas de acuerdo a sus líneas editoriales.

Propender a que el Ministerio Público cree una oficina especial de derechos humanos que permita investigar violaciones a estos derechos, incluyendo los que atenten a la libertad de expresión y de prensa, como crímenes o atentados contra periodistas; y se preste especial atención a la seguridad y protección para el libre ejercicio periodístico.

Revisar sentencias y resoluciones judiciales sobre los crímenes de Carlos Guadamuz y María José Bravo, de tal forma que estos casos no queden en la impunidad.

Daniel Ortega y su intolerancia

El presidente Daniel Ortega sigue haciendo gala de la intolerancia que le ha caracterizado durante todo este nuevo ejercicio, con una clara intención de crear zozobra en la sociedad civil, polarizar al país, quebrar a los medios de comunicación y disolver todo tipo de oposición política que pudiera hacerle perder espacios de poder.
Ortega rara vez concede entrevistas a la prensa, menos a la nacional, y con nosotros – una delegación internacional de periodistas de la Sociedad Interamericana de Prensa – no hizo excepciones. A pesar de pedir entrevistas a la Secretaría de Comunicación que maneja la primera dama, Rosario Murillo, y de ir por otras vías menos formales, Ortega ni siquiera contestó nuestro pedido, sino que trató el pedido con total indiferencia, algo a lo que ya otros presidentes autoritarios, como Hugo Chávez en el último lustro y siempre Fidel Castro, nos tienen acostumbrados.
Esta indiferencia no es casual. Es parte de una estrategia de Estado en el que el gobierno es totalmente alérgico al diálogo. En Nicaragua es imposible dialogar con el gobierno. Ortega tiene una política de propaganda y agitación como forma de gobierno, por eso se persigue o se manda a las turbas a desbandar todo tipo de manifestación ciudadana en la calle, no habla de tú a tú con la oposición sino que hace acuerdos o pactos para poder mantener su hegemonía y no brinda conferencias de prensa o admite ningún tipo de preguntas de parte de los periodistas o los medios. Desde hace tiempo sigue persiguiendo a las organizaciones sin fines de lucro y ha bloqueado todo tipo de donaciones que reciben del exterior, persiguiendo judicialmente a sus integrantes, como a Carlos Fernando Chamorro, el ex director de Barricada, que ahora es perseguido, así como otros intelectuales ex sandinistas, por el solo hecho de ser críticos del gobierno. Anoche, a nuestra delegación de la SIP, el ex cura y poeta Ernesto Cardenal confió que “estamos frente a una dictadura de tipo familiar”.
Ortega invierte mucho dinero en campañas sistemáticas de propaganda. Su familia maneja el Canal 4, el diario El 19, maneja la propaganda de carteles en espacios públicos en los que Ortega invoca a Dios para luchar por los pobres; aunque por otro lado acusa a periodistas y medios de conspiradores, oligarcas y mantiene un espada de Damocles sobre los medios radiodifusores privados con una ley nueva de radiodifusión con la que amenaza continuar con una política de conceder licencias a aquellos que se pliegan a su sistema y no lo critican.
De seguir así, el país tiene un futuro sombrío. Tal vez la crisis económica que pega fuerte a uno de los países más pobres de América Latina y que hasta hace poco, gracias a los altos precios del petróleo, era subsidiado por Hugo Chávez. Ese chorro que iba a las arcas directas de Ortega y no de Nicaragua se ha cerrado y por ello Ortega se está mostrando un poco más conciliador que antes. Aunque todos coinciden que es una reconciliación interesada y temporal, ya que Ortega y su esposa Murillo, esa “dictadura familiar” no cambiará nunca. El pacto con los liberales para que se exonere de toda culpa a Arnoldo Alemán y el hecho de que ya no pese una acusación criminal contra la ong Cinco que maneja Carlos Fernando Chamorro y por ende la reconciliación con los donantes internacionales podrían dar esa pista de recapitulación momentánea.

La tentación de la reelección

No hay dudas que el artilugio engendrado por Daniel Ortega para liberar al liberal Arnoldo Alemán y exonerarlo de toda culpa se debió para que la Asamblea nacional pueda trabajar en un pacto que incluye una reforma constitucional que no tendría otra intención que permitir la reelección presidencial.
De esta forma, Ortega se suma a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa en busca de perpetuarse en el poder y así continuar con sus políticas autoritarias y nepotistas. La libertad definitiva a Alemán fue dictada por una medida inapelable de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua que de esa forma borra una condena de 20 años por corrupción.
Después de una condena que había dado a los nicaragüenses esperanza sobre el sistema de justicia, el gobierno nuevamente utilizó todo su poder para cometer un nuevo acto de corrupción aunque adornándolo de legalidad y proceso jurídico.
Este nuevo pacto político entre liberales y sandinistas si bien destrabó el conflicto en la Asamblea - paralizada desde las elecciones municipales de noviembre debido a acusaciones de fraude contra el gobierno sandinista - inicia una nueva era en que la política gobierna de espaldas al pueblo, al que solo lo convocan para legitimizar elecciones y acciones fraudulentas, y del que sólo se acuerdan cada cuatro años.

¿Y la OEA?

Tanto el proceso post electoral que culminó el 9 de noviembre en Nicaragua como el que terminará mañana domingo en Venezuela con las elecciones regionales están manchados de fraude, venganza, disturbios y violencia al por mayor lo que pone en peligro la misma existencia de la democracia.

Lamentablemente en estos dos países, sus dirigentes creen que solo el hecho de que haya elecciones, a las que incluso prohíben a veedores internacionales, ya se cumple con el requisito democrático.

En Nicaragua, la población está enfrascada en una lucha polarizada, en la que sandinistas reclaman victoria y los liberales fraude. Las denuncias tienen dos vías, pero es evidente que la violencia está afectando a la oposición. En Venezuela, Hugo Chávez ha asumido la campaña política como si se tratara de una elección presidencial y una campaña proselitista y propagandística que hace pura apología del delito.

Mientras todo esto sucede, a uno le cabe la pregunta: ¿Y qué hace la OEA ante todo esto, no será que debe poner en marcha la Carta Democrática? ¿Para qué sirve la OEA si no alcanza su propia estatura de ser un organismo capaz de controlar y fiscalizar a los gobiernos?

Otro Chamorro en la picota

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro está siendo vilipendiado por el presidente de su país Daniel Ortega. Así como su padre, Joaquín Chamorro, que se convirtió en mártir al ser asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza, ahora su hijo tiene que soportar los atropellos de un gobierno que se está convirtiendo cada vez más en autoritario.

Carlos Fernando Chamorro quien militó en el sandinismo durante el primer gobierno de Ortega siendo director del diario oficialista Barricada, se distinguió siempre en su país por su genética periodística cultivando la sagacidad, el equilibrio, la investigación y su necesidad intestina de permanentemente denunciar la corrupción.

Hoy, por esas cualidades que derrocha en varios medios independientes de su creación sin meterse en el diario de referencia y de su familia, La Prensa, está siendo atacado por Ortega, quien como otros dictadorzuelos como Chávez utilizan a la Justicia para darle visos de legalidad a sus ataques, como si nadie supiera que el Poder Ejecutivo tiene maniatados y manipulados a los jueces siendo su arma preferida.

Ante la ola de críticas y denuncias sobre los comportamientos autoritarios y nepotistas del gobierno y ante las inminentes elecciones municipales del 9 de noviembre, Ortega – como lo hizo su amigo Chávez con las denuncias conspirativas para desviar la atención sobre las elecciones regionales venezolanas del 23 de noviembre – comenzó una caza de brujas enfocándose en denunciar actividades de lavado de dinero y desvío de fondo por parte de 17 organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero del exterior para programas sociales.

Los ataques a Chamorro - quien después de denuncias periodísticas sobre corrupción fue acusado por la primera dama, Rosario Murillo, de “ser un agente de la CIA” - dirige el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), conduce Esta Semana, programa político por Canal 8 y es el propietario del semanario Confidencial, son los que generaron la atención sobre Nicaragua, un país que había caído en el olvido internacional.

Todo hizo eclosión cuando el 12 de octubre la Policía Nacional allanó las oficinas de la fundación CINCO y requisó material en un operativo que duró 15 horas y contó con la presencia de 40 policías. Un día antes y en similares circunstancias fueron registradas las instalaciones de MAM, que dirige la periodista Sofía Montenegro.

Tal vez lo más importante del caso Chamorro (lamentable decirlo de esta forma) es que al menos su desgracia ha servido para que el régimen de Ortega quede en evidencia y salga del olvido, porque en el anonimato los dictadores suelen cometer con mayor ahínco sus atrocidades. En estos días, además de organizaciones como la SIP que denunció los hechos en Madrid y a la que le siguieron otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, apareció el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado estadounidense reclamando garantías. La denuncia y vergüenza pública son antídotos importantes para detener el autoritarismo.