Marchas y contramarchas en Nicaragua

En América Latina muchos gobiernos siguen dilapidando los recursos públicos según sus intereses políticos partidarios de espalda a la gestión de gobernar. De esta forma se viene comportando el gobierno de Daniel Ortega que esta vez, en un nuevo giro de tuerca, convocó para el 28 de febrero una marcha para contrarrestar la que anunció previamente, y para ese mismo día, el liberal Eduardo Montealegre para protestar por las elecciones fraudulentas de noviembre pasado.

La contramarcha organizada por el gobierno, como las que organiza usualmente Hugo Chávez o Cristina de Kircher para contrarrestar los efectos de la oposición y de los movimientos agrícolas respectivamente, tiene dos objetivos muy claros. Primero, intimidar y crear un clima de inseguridad sobre el principio fundamental de la libertad de asociación y movimiento en una democracia y, segundo, medir fuerzas y profundizar la polarización política.

Las contramarchas violan principios democráticos y en el caso del gobierno nicaragüense, también quebranta principios de la decencia política (si los puede haber), ya que la primera dama Rosario Murillo dijo que ese día 28 de febrero se harán caravanas, marchas y actos para comenzar con las celebraciones del 30 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza que se conmemora el 19 de julio.

No hay dudas que como lo viene haciendo desde el comienzo de su gobierno y tras la creación de los Consejos Populares, el orteguismo alienta la violencia e intimida a quienes deberían tener la libertad de manifestarse.

Ortega y el Plan Semana Santa

El líder opositor al Frente Sandinista de Nicaragua, Eduardo Montealegre, quien viene despotricando con que le han robado las elecciones de noviembre pasada mediante un fraude inmenso, tiene razón ahora en denunciar que el presidente Daniel Ortega está obsesionado en hacerlo encarcelar.

En una visita que hice la semana pasada a Nicaragua con una delegación internacional de la SIP para investigar temas sobre libertad de prensa, una fuente de alto nivel me dijo que el gobierno de Ortega tendría entre manos el Plan Semana Santa, que consistiría en seguir apoltronándose en el poder.

Este plan tendría, entre otros objetivos, los siguientes: quitarle la inmunidad parlamentaria a Montealegre para procesarlo por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis); sacaría a la jefa de Policía, Aminta Granera, ya que la ex guerrillera se ha vuelto demasiado independiente del gobierno y no respeta los órganos parapoliciales creados por Ortega, y lograría que la Corte Suprema – ocho integrantes sandinistas y ocho liberales – vote en contra de un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Arce, la que dejaba sin efecto exoneraciones impositivas para insumos importados para los medios de comunicación.

Esta última medida, permitiría al gobierno recaudar dinero ante la aguda crisis económica, profundizada por la reducción de ayuda del gobierno estadounidense y de varios europeos, debido al fraude y al tono autocrático que está adoptando el “danielismo”.