Recomendaciones a Ortega

Estuve tres días en Managua como parte de una misión de la SIP para auscultar temas de libertad de prensa que están seriamente afectados en el país.

De todas las entrevistas que tuvimos, me quedo con las palabras del ex sandinista Ernesto Cardenal que creo resumen lo que está sucediendo en el país: “dictadura familiar”.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo están polarizando cada vez más al país y creando pactos de gobernabilidad que le permiten sostenerse en el poder pisoteando derechos de otros ciudadanos.

Después de comprobar y concluir que cada vez se están reduciendo más y más los espacios de libertad de expresión debido al acoso a los medios de comunicación y periodistas y a que el presidente Ortega es responsable de coartar en forma sistemática el derecho de movilidad, asociación y expresión de los nicaragüenses, hicimos una serie de recomendaciones que el gobierno debe tener en cuenta para restablecer la libertad de prensa:

Cumplir con los principios de la Declaración de Chapultepec.
Respetar y poner en práctica la ley de acceso a la información pública, apoyando procesos educativos para los ciudadanos para que puedan ejercer los derechos de búsqueda y acceso que manda esa legislación; además de procesos de apertura con la prensa ofreciendo información y realizando conferencias de prensa en forma periódica.

Utilizar los medios de comunicación en manos del Estado con políticas de pluralidad y diversidad inherentes a la información pública y no como instrumentos de propaganda gubernamental.

Distribuir la publicidad oficial con criterios técnicos y transparentes, así como conceder las licencias operativas para radio y televisión, sin que estas prácticas se presten para discriminar a medios y periodistas de acuerdo a sus líneas editoriales.

Propender a que el Ministerio Público cree una oficina especial de derechos humanos que permita investigar violaciones a estos derechos, incluyendo los que atenten a la libertad de expresión y de prensa, como crímenes o atentados contra periodistas; y se preste especial atención a la seguridad y protección para el libre ejercicio periodístico.

Revisar sentencias y resoluciones judiciales sobre los crímenes de Carlos Guadamuz y María José Bravo, de tal forma que estos casos no queden en la impunidad.