Correa sigue castigando a periodistas

Nadie puede tener dudas ya de que en Ecuador la justicia está a favor del presidente Rafael Correa y contra la libertad de prensa. Ayer en un nuevo fallo, de varios que vienen favoreciendo al Presidente, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, coautores del libro “El Gran Hermano”, fueron sentenciados por una jueza a pagar un millón de dólares en compensación por daño moral al Presidente.

“El Gran Hermano” es un libro en el que se describe los contratos privilegiados que el Estado ecuatoriano le había otorgado al hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa, beneficiándolo con unos 80 millones de dólares y con pleno conocimiento de Rafael Correa. El Presidente negó saber algo de los contratos sobre lo que Fabricio lo desmintió, diciendo que él sí sabía. La investigación de los periodistas se corporizó en ese libro, pero antes fue denunciada por los periodistas mientras trabajaban en el diario Expreso, como una denuncia del propio hermano del Presidente.

Como siempre y haciendo buen uso de sus dotes manipulativas, el Presidente esquivó el bulto diciendo que él no sabía nada y que por eso demandaba a los periodistas en un juicio que solicitó 10 millones de dólares en compensación; aunque en una actitud magnánima y endiosada dijo que si los periodistas se retractaban él dejaría sin efecto la demanda.

Obviamente, los periodistas no se pueden retractar de algo que no dijeron como opinión sino que recabaron como denuncia de Fabricio Correa.

La Sociedad Interamericana de Prensa reaccionó rápidamente. Dijo que se trata de un nuevo caso judicial desproporcional en materia de indemnización por el que se trata de infundir autocensura en todos los periodistas. Agregó que implica un golpe al periodismo investigativo y al deber que le asiste al gobierno de que debe rendir cuentas y ser transparente.

La SIP también argumentó, a través de su presidente Milton Coleman, respeto a principios de la jurisprudencia interamericana sobre que los funcionarios públicos deben estar más expuestos a las críticas y a que el fallo desconoció el criterio de la real malicia o la comprobación de que el demandado tuvo intención expresa de causar un daño. También se argumentó que las medidas civiles de responsabilidad ulterior pueden también configurar censura indirecta con un carácter de mayor inhibición que las responsabilidades penales (Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de noviembre de 2011, “Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina).

La SIP recordó la declaración conjunta de 2000 entre el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, respecto a las indemnizaciones: “Las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, y deben ser diseñadas de modo de restablecer la reputación dañada, y no de indemnizar al demandante o castigar al demandado; en especial, las sanciones pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales causados, y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no pecuniarias”.

Se viene el "divisur"

La reunión está convocada para mañana en la hermosa Bariloche. Los 12 países integrantes del Unasur, con la presidencia de Ecuador, y a pedido de Venezuela, se enfrascarán en un “juicio sumario” contra Colombia, para tratar de que de marcha atrás a su alianza militar con Estados Unidos y siga así permitiendo a los soldados estadounidenses trabajar en bases colombianas en contra de la guerrilla y el narco terror.

Quien puso el grito en el cielo es Hugo Chávez pidiendo a Rafael Correa una reunión del Unasur sin que hasta el momento se haya sentido ofendido por el Plan Colombia que opera desde hace un lustro con un intercambio y colaboración extrema entre militares colombianos y estadounidenses que le han permitido a Colombia luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. El Plan Colombia le ha servido a Alvaro Uribe para aniquilar las fuerzas de las FARC y disminuir su fuerza a unos 9.000 subversivos, aumentar la percepción de seguridad de la población nacional, haciendo disminuir los secuestros en un 80 por ciento, los homicidios y recuperando gran parte del territorio nacional que estaba en manos de las narco guerrillas y los narco paramilitares. El gobierno estima que ahora tiene el control del 90 por ciento del territorio, mientras que en el 2003 sólo tenía bajo su control el 70 por ciento.

Esta reunión de Unasur parece, además, una de “divisur”, donde se podrá observar una áspera disputa entre los países andinos, todos peleados entre sí. Bolivia, Perú y Chile están enfrascados en una riña de micrófonos con una diplomacia que se ha escapado de las embajadas para instalarse en los medios de comunicación a través de declaraciones altisonantes por un diferendo limítrofe y la salida al mar, un grave problema que se inició hace dos siglos atrás cuando los países se enfrascaron en una guerra tripartita que a la postre terminó beneficiando a Chile adjudicándose territorios que Bolivia y Perú reclaman más ahora que nunca.

Colombia, Ecuador y Venezuela están enfrascados en una guerra verbal en la que la retórica ha servido para alimentar “vientos de guerra” por parte de Hugo Chávez quien no quiere que nadie intervenga en sus asuntos internos, aunque él haga todo lo contrario. La gran controversia y la verdadera es la que mantienen Colombia y Ecuador después de que en marzo del 2008 los colombianos justificaran la incursión en territorios vecinos en caso de que tengan que perseguir a las FARC. Años atrás Ecuador estaba pelado con Colombia por la fumigación de campos de coca en territorio ecuatoriano y un poquito antes, los colombianos estaban peleados con los peruanos porque Vladimiro Montesinos había “transferido” armas a las FARC, asimismo como los ecuatorianos estuvieron casi al borde de la guerra con los peruanos por un fuerte diferendo limítrofe.

Los únicos que están un poco más apaciguados son argentinos y uruguayos, quienes fueron los que se dieron pelea apenas Brasil instaló el Unasur en el 2008, debido a las diferencias por la planta de celulosa instalada en Uruguay que Argentina reclamaba envenenaba un río limítrofe.

En fin, Colombia tratará mañana de contrarrestar las acusaciones en su contra, justificando que Unasur no puede meterse en asuntos de su soberanía, que la presencia militar estadounidense se justifica y preferirá abrir el debate ante otros acuerdos militares que países como Venezuela mantienen con Rusia e Irán o pedirá explicaciones sobre la carrera armamentista que hay en la región con Brasil, Chile y Venezuela a la cabeza.

Veremos si los resultados serán los mismos que hubo en Santo Domingo después de una escalada retórica del año pasado que terminó con abrazos y apretones de manos para disipar diferencias o si este Unasur está destinado a ser un simple “divisur” y reflejar la realidad de una región. Por lo pronto, muchos hace el ridículo, como Evo Morales tan llamado siempre a tirar ideas novedosas sobre las mesas, como la de hacer un plebiscito entre las poblaciones latinoamericanas para saber si los “pueblos” apoyan o no a Colombia en su alianza con los ejércitos del imperio. Sin palabras.

Correa: teflón rayado y nepotismo

Fabricio Correa, el hermano del presidente Rafael Correa, terminó siendo el talón de Aquiles de una Presidencia a la que parecía que las rayas no dañaban su amalgama de teflón.

Arrogante y ofuscado siempre en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, el Presidente ecuatoriano fue siempre exitoso para sortear todo tipo de obstáculos que sobre corrupción o abuso de poder se interpusieron en su camino, a tal punto que en las últimas semanas, al igual que su ídolo Hugo Chávez con Globovisión, amenazó con cerrar el canal televisivo Teleamazonas por considerarlo una simple piedra en su zapato.

El teflón se rayó. Quedó en el pasado aquel dicho de campaña política presidencial en contra del nepotismo, ya que ahora la corrupción ha salpicado la política de “manos limpias” de Rafael Correa, con la denuncia periodística sobre la adjudicación de contratos estatales por 80 millones de dólares que benefician a su hermano mayor.

El Presidente actuó rápido el sábado pasado cuando firmó un decreto que prohíbe al Estado contratar negocios con familiares de funcionarios, pero enseguida se defendió que las denuncias periodísticas obedecerían a una represalia en contra de él por su intención de cerrar Teleamazonas.

De esta forma, Correa nuevamente se equivoca al tratar de poner a los medios de comunicación y a los periodistas siempre en el centro de la polémica y de la disputa política, dándole a la prensa un papel de oposición política y desacreditándola para de esa manera refugiarse en ese descrédito.

Muchos son los presidentes latinoamericanos que tienen esta estrategia de esconder en la disputa verbal los grandes fraudes familiares y el nepotismo que practican a raudales. Hay dos que son maestros: Hugo Chávez, cuya familia se ha enriquecido con tierras, puestos políticos y empresas; y Daniel Ortega, cuyos familiares se han beneficiado hasta con el manejo de medios de comunicación y vacaciones pagadas por todos los nicaragüenses.

Las declaraciones de Correa sobre su hermano de que “debió cuidar al Presidente y a la revolución ciudadana sabiendo cuántos buitres tenemos rondando nuestras cabezas'', demuestran su incapacidad para resolver temas difíciles. En lugar de enrostrar las culpas a los demás, y de firmar sólo decretos hacia adelante, también debería exigir al Estado una investigación exhaustiva sobre lo que sucedió con Fabricio, por qué se enriqueció con contratos millonarios y por qué se siguió practicando el nepotismo más allá de su declarada animadversión sobre esta práctica tan cotidiana de los gobiernos latinoamericanos.