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abril 16, 2016

Dilma y Cristina: Acorraladas

La última vez que escribí sobre Dilma Rouseff y Cristina Kirchner en conjunto fue a fines de 2012. Por entonces visitaban la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y en discursos y acciones plasmaron sus diferencias.

Pese a que eran dos de las mujeres más influyentes en América Latina y estaban en su apogeo político, los contrastes entre ambas fueron abismales. Fieles a su estilo, Dilma se comportó como técnica aguda, consiguió becas y acuerdos científicos. Cristina fue política sarcástica, se mofó de los alumnos y le echó la culpa de todos sus males al FMI y a los ricos.

Hoy, un par de años después, las diferencias desaparecieron. Ambas están acorraladas por la Justicia por graves casos de corrupción, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito que las tiene al borde de su ocaso político. Se han unido a un extenso grupo de presidentes latinoamericanos que fueron destituidos por violar la Constitución o que terminaron procesados apenas dejaron el poder.

La diferencia que persiste no es entre ellas, sino en el modo que actuó la Justicia bajo ambos gobiernos. En sus 12 años de mandato, los Kirchner lograron maniatar a los jueces y usarlos a conveniencia, ya sea para perseguir a opositores o escudar sus fechorías. Dilma, en cambio, siempre fue espectadora de una Justicia más independiente y temible, vigilante del poder.

Esta semana sus acciones confirmaron ese contraste. Cristina llegó a tribunales, se mofó del juez y, acostumbrada a arroparse entre multitudes partidarias y clientelistas, hizo gala de su sarcasmo echándole la culpa de todo – como en Harvard – a los medios de comunicación y a los jueces.

Su discurso desnudó una vez más su carácter populista y anticonstitucional, y su creencia de que la política está por arriba de la Justicia. Como una especie de Milagro Sala, siempre por arriba del Estado, gritó para el beneficio de sus clientes: “No necesito fueros, porque tengo los fueros del pueblo”. Debajo de ella, la masa, siempre irracional, que prefiere idolatrar al personalismo y los símbolos sin que importe la verdad o la justicia, amenazó: “Si Cristina va presa, se va a armar”.

Para Dilma el camino hacia el juicio político que se definirá este domingo en la Cámara de Diputados tuvo más espinas. Este viernes el Tribunal Supremo le negó la suspensión del proceso a su posible destitución. Pero el acelerador del impeachment tiene nombre: Lula da Silva. Acabó de cavarse la fosa cuando hace un par de semanas Dilma arropó a Lula con los fueros de su Gabinete para que no fuera investigado por múltiples casos de corrupción. A diferencia de Cristina y del contexto peronista, ni Dilma ni el PT tienen a disposición una masa de seguidores incondicionales; peor aún, las multitudinarias movilizaciones braman por justicia y piden la cabeza de los corruptos.

Ambas han catalogado a sus procesos de golpes de Estado. Cristina se comparó mal con las figuras de Irigoyen y Perón que fueron derrocados por militares y Dilma le achaca a su vicepresidente, Michel Temer, la “gran conspiración”. Mecanismos de autodefensa de lado, lo cierto es que sin Cristina en el poder, la Justicia tiene más campo de acción y Dilma debe enfrentarse a los resortes de la Constitución.

Dilma sigue los pasos de otros líderes destituidos o que debieron renunciar durante su mandato. Su antecedente es Fernando Collor de Melo y el caso más reciente es el del guatemalteco Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. Pero la lista es larga y multinacional: El paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el ecuatoriano Lucio Gutiérrez; el haitiano Jean-Bertrand Aristide; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el boliviano Carlos Mesa y Fernando de la Rúa, son algunos ejemplos.

Cristina es parte de otra lista vergonzosa, la de ex presidentes investigados por corrupción, destacándose el hondureño Rafael Callejas, el salvadoreño Elías Saca, el peruano Alan García y Carlos Menem, entre otros. Puede, sin embargo, engrosar otra mucho más lúgubre, la de ex presidentes condenados, como el nicaragüense Arnulfo Alemán o los costarricenses Miguel Rodríguez y Rafael Calderón.

Pese a las listas y a lo que sucederá con Dilma y Cristina, lo relevante es que estos procesos son válidos para disuadir a los corruptos y creer un poco más en la Justicia.  

julio 05, 2012

Paraguay: delicado pero no grave


Habrá que ver qué tipo de información estará recabando en estos momentos el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respecto a la situación política paraguaya, de la que ya adelantó, es delicada, pero no grave. Lo más relevante de estos últimos días, fue que el nuevo gobierno mostró videos del canciller venezolano, Nicolás Maduro, reunido con militares paraguayos mientras el Congreso debatía sobre el juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo, lo que evidenció el grado de injerencia que el gobierno de Hugo Chávez mantiene en la región.


Comparto mi columna del fin de semana, sobre este tema: 

La destitución vertiginosa de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay por “mal desempeño de sus funciones”, resaltó la polémica – y también las hipocresías - sobre los principios de no injerencia, soberanía y autodeterminación, que varios gobiernos y organizaciones de la región traslucen de acuerdo a su tinte ideológico.

La forma en que el Congreso paraguayo destituyó a Lugo fue para algunos un flagrante golpe de Estado; para otros, se trató en esencia, de un legítimo juicio político, apegado a Derecho y normas constitucionales. La falta de violencia y coerción en el proceso, la ausencia de una fuerza armada activa y que el Presidente aceptara la decisión tranquilamente en su despacho, sin que se le expulse en helicóptero o pijama, reflejan un panorama muy diferente al que terminó con Manuel Zelaya en 2010 y en forma momentánea con Hugo Chávez en 2002.

Lo que caldeó más el ambiente fue la injerencia de Chávez en el conflicto, a quien se le atribuyen los cambios bruscos de conducta del ex Obispo católico y ahora ex presidente Lugo. En un santiamén, saltó de “me someto a la decisión del Congreso”, a denunciar un “quiebre democrático mediante un golpe parlamentario”; y desde organizar un gabinete paralelo y un frente para la resistencia, hasta anunciar que será candidato para las elecciones de abril próximo.

No solo la rareza y rapidez del proceso de destitución fueron notables, sino también el alto porcentaje de diputados y senadores que estuvieron en su contra. Por eso huele a excusa que se haya basado en un episodio de ocupación de tierras donde murieron 11 campesinos y seis policías; porque casos así en otros países, acaban con ministros y responsables, pero jamás con presidentes. Lo que sucedió es que a Lugo, así como a Zelaya en Honduras, le pasaron factura por haber comprometido lealtades al ALBA, en detrimento de los partidos políticos que lo llevaron al poder.

De ahí que Chávez fuera el primero en acusar recibo, anunciando  de inmediato un embargo petrolero contra Paraguay Es que el presidente sabe bien que los senadores paraguayos, representan su último escollo -  tras la aprobación de argentinos, brasileños y uruguayos – para que Venezuela entre como socio pleno al Mercosur.

Si bien la destitución puede calificarse de inapropiada y apresurada, Paraguay demostró tener instituciones públicas más independientes y equilibradas que muchos otros países. También evidenció hipocresías ideológicas, ya que los más resentidos, como Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa y Chávez, quienes siempre reclaman contra la injerencia y la autodeterminación, fueron los que más se entrometieron en este conflicto. El nuevo gobierno de Federico Franco denunció que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, arengó a los militares paraguayos para que defendieran a Lugo.

La hipocresía es que muchos de estos gobernantes son los responsables de consistentes “golpecitos” constitucionales. En sus países se han denunciado procesos electorales viciados, sometimiento de jueces, hostigamiento contra periodistas y medios, y servilismo de legisladores que delegan en el Poder Ejecutivo su función de legislar. El caso más grave fue el autogolpe parlamentario de 2010 en Venezuela, cuando la Asamblea Legislativa, semanas antes de que asumieran los legisladores de la oposición, le otorgó a Chávez un poder por 18 meses para que haga leyes a su antojo.
Si fue un golpe o un proceso constitucional, lo de Paraguay pasará a la historia según la óptica del observador; dudas que hasta calaron en el área de los derechos humanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA calificó de inaceptable “lo expedito del juicio político”, a diferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG independiente, que argumentó que el proceso cumplió con la Carta Democrática Interamericana. Es probable que la CIDH apresurara su diagnóstico, tratando de neutralizar las críticas y amenazas de disolución en su contra que lideran los presidentes de Venezuela y Ecuador.

Lo importante será que pese a las medidas disciplinarias que adopten las entidades continentales - OEA, Mercosur, Unasur – los nuevos dirigentes paraguayos demuestren que el juicio político no afectará de ninguna forma el orden y compromiso democrático.

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...