Luchar por la libertad de expresión

Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es necesario que todos, periodistas y ciudadanos en general, asumamos la responsabilidad de defender y promover la libertad de prensa, como la primera línea de batalla donde se define la supremacía o no de la libertad de expresión en nuestras sociedades.

El nivel de libertad de prensa y de expresión que tiene una sociedad, es el indicativo del nivel de su democracia. 

Cuando la libertad de prensa es atropellada por el crimen organizado mediante violencia contra periodistas y medios de comunicación  o con censura directa o sutil de parte de los gobiernos, quienes sufren no son solo los integrantes de la prensa, sino todos los ciudadanos que ven coartado su derecho a recibir información.

Aún más importante, es necesario observar que los ataques contra periodistas y medios suelen ocurrir en forma posterior a otros ataques contra la libertad de expresión y otros derechos individuales como otras agresiones contra la libertad de asociación, de reunión, de género, de orientación sexual, religiosa o política.

La responsabilidad de todos es denunciar estos atropellos y exigir que las autoridades creen mecanismos para que haya más tolerancia.

Dentro de estas responsabilidades para los periodistas, no solo nos caben la solidaridad y unidad gremial, la investigación para denunciar los abusos de autoridad, la búsqueda de la formación constante para servir mejor al público; sino, además, aplicar estándares rigurosos de ética profesional.

Hoy, en este día tan importante, mis sentimientos con todos esos periodistas y medios, tradicionales y nuevos, usuarios de internet y de redes sociales, que sufren crímenes, atentados, secuestros, encarcelamiento y abusos de poder, por el solo hecho de informar u opinar.

  

Saludo cargado de preocupaciones

Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Libertad de Prensa,instaurado en 1991 por la UNESCO,  el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Milton Coleman, editor senior del The Washington Post, describió un panorama bastante sombrío en todo el continente americano.

Expresa Coleman: “Próximos a celebrar este mes 70 años de existencia de nuestra Sociedad Interamericana de Prensa, aprovecho este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, para honrar la vida de los 24 periodistas que en los últimos doce meses fueron ultimados en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y República Dominicana. Nuestros pensamientos están con sus familiares y colegas, en especial porque en la mayoría de estos casos no se ha administrado justicia.

También nos sentimos solidarios con todos aquellos periodistas tradicionales, periodistas ciudadanos, blogueros y propietarios de medios que fueron agredidos, amenazados o que tuvieron que refugiarse y asilarse en otros países tras ser hostigados y perseguidos por su trabajo.

Nos preocupan los mecanismos directos y sutiles –o no tan sutiles como en el caso de Ecuador–, económicos, legales y judiciales utilizados en varios países de nuestra región contra los medios de comunicación, provocando censura previa y autocensura, lo que no solo perjudica a esos medios, sino que deteriora el derecho del público a recibir información.

En nuestra reciente reunión de Cádiz, España, adonde acudimos para celebrar el bicentenario de la primera Constitución española, dedicamos mucho tiempo a defender el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos que está siendo vapuleado por varios gobiernos de la región. Desde ahí, exhortamos a todos los gobiernos miembros de la Organización de Estados Americanos a que defiendan el sistema y, en particular, la autonomía y labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, una entidad que desde su creación en 1998, coadyuvó a vigilar y fortalecer la libertad de expresión de los ciudadanos de cada nación de las tres Américas.

También desde Cádiz hemos hecho votos para que los cambios que persigue el gobierno de Cuba, la única dictadura que sobrevive en nuestro continente, incluyan el respeto por la libertad de expresión de sus ciudadanos, se deje de perseguir a periodistas independientes, blogueros y disidentes, y se permita el acceso sin límites al internet.

Mantenemos nuestra profunda preocupación sobre aquellos países, donde existe más discriminación en materia de otorgamiento de publicidad oficial como en Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y promoveremos que estas prácticas irregulares sean combatidas con leyes que establezcan criterios técnicos y equitativos.

En materia legislativa aplaudimos los esfuerzos de gobiernos como los de El Salvador y México  que han despenalizado los delitos de injuria y calumnia; al tiempo que protestamos por los esfuerzos de gobiernos como los de Estados Unidos y Guatemala que buscan imponer mayores restricciones sobre información clasificada.

Lamentamos que no se hayan promulgado leyes de acceso a la información pública en todos los países y que donde existen no se utilicen en forma eficiente. Reconocemos, asimismo, al gobierno de República Dominicana, por impulsar una campaña de educación que incluirá 700 talleres de formación para adiestrar a los ciudadanos sobre cómo usar esta ley a favor de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Lamentamos también que haya gobiernos que traten de aprobar leyes de prensa, con la intención de limitar la capacidad de los medios de comunicación privados y las denuncias del periodismo investigativo, coartando así, uno de los mayores contrapesos con los que cuenta un sistema democrático.

Denostamos que en muchos países, los Estados expropien, creen o compren medios de comunicación a los que usan como órganos partidarios y no como medios públicos.

Por último, este 3 de mayo, espero que se reflexione tres aspectos en todo el hemisferio: Las consecuencias sociales que se derivan del irrespeto a la libertad de prensa y de expresión; la responsabilidad de los periodistas y medios para defender y promover esas libertades; y la necesidad de los gobiernos – como quedaron comprometidos en la reciente Cumbre de las Américas– para extender el alcance del internet y de banda ancha a los sectores más vulnerables de sus países”.

Gobierno mentiroso; Abal Medina a la cabeza

La reunión con el secretario de Medios de Argentina, Juan Manual Abal Medina, fue amable, distendida y en la cual nos dio, a una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa, una excelente bienvenida, destacando un informe que otra misión de la SIP ofreció sobre el país en 1978, en el que se resaltó la violación a los derechos humanos por parte del gobierno militar y la complicidad por omisión de muchos medios de comunicación y periodistas.

La obvia mención de aquella misión de la SIP que había encabezado Edward Seaton e Ignacio Lozano, tuvo la intención de desacreditar otras posteriores, especialmente dos que se hicieron durante la presidencia de Néstor Kirchner en la que se denunció las malas prácticas de su gobierno en contra de la libertad de prensa.

Durante la reunión de este pasado miércoles, Abal Medina, flanqueado por varios funcionarios de su Secretaría que actuaban de apuntadores, incurrió en varias mentiras que luego fuimos constatando durante otras reuniones con políticos, legisladores, jueces y actores de organizaciones intermedias.

Abal Medina dijo que había libertad de prensa irrestricta en el país. Puede ser que se pueda decir lo que quiera, pero es evidente que se toman represalias contra los medios y periodistas independientes y críticos.

Resaltó que Canal 9, propiedad de un extranjero, González, había sido ya vendido, obedeciendo lo establecido por la ley en contra de la propiedad parcial de los extranjeros. Pronto miembros de Canal 9 desmintieron al funcionario diciendo que no había cambiado la propiedad del canal.

Abal Medina dijo que el gobierno nacional ya había empezado a entregar publicidad a la editorial Perfil, como lo estableció un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Fontevecchia, presidente de esa editorial, nos dijo que eso era mentira y que el gobierno no había entregado nada, excepto una pequeña publicidad sarcástica en contra del propio periódico Perfil.

Lo más extraño, fue que Abal Medina dijo todo esto como si nuestra misión no pudiera verificarlo en las próximas horas.

Argenina sin verdadera libertad de prensa

Publico el comunicado que sacamos con respecto a la visita que con la SIP hice a Argentina.

La Sociedad Interamericana de Prensa ratifica su preocupación por las acciones y omisiones del Estado que afectan en forma severa el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país, mediante una estrategia oficial de control de la información.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien encabezó la delegación internacional, advirtió que las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Asimismo, Marroquín “hizo un llamado a todos los sectores y a la población en general a defender y promover la libertad de expresión, porque sin ella no puede haber verdadera democracia”.

Marroquín, del diario Siglo 21, Ciudad de Guatemala, Guatemala, llegó acompañado a Buenos Aires de Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News, San Antonio, Texas, Estados Unidos; Claudio Paolillo, copresidente de esa comisión, del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec, de El País, Cali, Colombia; por Julio E. Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y director de Libertad de Prensa de la institución respectivamente.

Más allá del documento que entregó la Secretaría de Medios a la delegación internacional de la SIP, en la que realiza diversas acusaciones contra un grupo de medios concreto y establece que hay “completa libertad” de prensa en el país, la institución hemisférica ha constatado un panorama diferente en el que se ha incentivado la confrontación y polarización de la sociedad.

                                                                                                                      

Luego de las múltiples entrevistas con actores políticos, sociales y periodísticos, la misión de la SIP fue reiteradamente informada sobre la existencia de legislación que potencialmente afecta a la prensa en materia de discriminación de otorgamiento de licencias operativas, con una clara intromisión en los contenidos de los medios y sus criterios editoriales; y un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódicos.

También la SIP detectó el uso indebido de recursos públicos para castigar o premiar a medios y periodistas a través de dádivas y de la distribución de publicidad oficial de acuerdo a posiciones editoriales. En ese marco, fueron recabadas insistentes denuncias sobre la creación de redes públicas y privadas de medios y periodistas dedicados a hacer propaganda y/o apoyar las acciones de gobierno.

La misión también recibió denuncias concretas sobre hostigamiento y amedrentamiento de parte de organismos del Estado contra periodistas independientes o críticos; de incumplimiento de fallos judiciales en materia de libertad de prensa que permitió, por ejemplo, el bloqueo de la circulación de diarios el 27 de marzo pasado, sin que esa conducta hubiera acarreado responsabilidades ulteriores; y del impulso de sorprendentes acciones judiciales acusando a directivos de periódicos de supuestos delitos de lesa humanidad. 

Rivard dijo que el temor de la SIP es que el “clima de la libertad de prensa continúe deteriorándose” y que “si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no revierte esta situación de ataques permanentes contra los medios de comunicación, el pueblo argentino perderá otra vez, como en épocas oscuras del país, la verdadera libertad de expresión”.

Por su parte, Paolillo dijo que “debe quedar bien en claro que a diferencia de la opinión manifestada por el gobierno a la delegación, cualquiera sea la consideración sobre el accionar de periodistas y medios de comunicación, la responsabilidad principal para garantizar y promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión corresponde al Estado”. Ese mandato surge de la Constitución de la República y de los pactos internacionales reconocidos y suscritos por Argentina.

La SIP recibió un cuestionamiento de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) sobre la inequidad que padece la prensa regional en materia impositiva respecto a los grandes medios del país. En ese sentido, se remarcó una promesa incumplida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2009 anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso estableciendo un tratamiento especial para los periódicos del interior del país.

Desconcertó a la misión de la SIP saber sobre declaraciones de altos funcionarios de gobierno que trasuntan un desconocimiento de las responsabilidades que les caben en el ejercicio de su función en una democracia, como por ejemplo, el ministro del Interior, ha declarado que “los medios públicos están al servicio del gobierno” u otros funcionarios que han establecido que los periodistas deben ser militantes.   

En ese sentido, la SIP considera imprescindible una mayor voluntad política tanto de la oposición como del gobierno, para que el país se sume a otros que han  adoptado leyes efectivas de acceso a la información pública y transparencia; y adopte reglas claras y técnicas para la utilización de los dineros públicos, ya sea en materia de publicidad oficial como de propaganda electoral.

La SIP recuerda que los medios de comunicación del Estado deben estar al servicio de toda la sociedad y no ser utilizados por los gobiernos, cualquiera sea la ideología de éstos.

Este es un informe preliminar de la misión, cuyos resultados finales serán elevadas a las autoridades de la SIP. La delegación tuvo entrevistas con organizaciones no gubernamentales, como con Laura Sommer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas; Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano; y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles. También con el secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, y varios de sus colaboradores. Con la senadora, María Eugenia Estenssoro, presidenta de la Comisión Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación; la diputada, Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa y varios legisladores de esa Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

La delegación se reunió con la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena I. Highton de Nolasco; con el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld. Se realizaron reuniones con los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; así como con directivos de medios como Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil; Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros representantes.

La delegación también se reunió con representantes y directivos de medios del interior del país; miembros de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, Alberto Gowland Mitre, vicepresidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Ripoll, presidente de la Asociación Argentina de Editores de Revistas, Carlos Molinero, director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y Edmundo Rébora y Héctor Parreira de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.

Otras reuniones se realizaron con el secretario General de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina y diputado nacional, Omar Francisco Plaini. Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el diputado, Oscar Moscariello, vicepresidente de la Legislatura y Diana Martínez Barrios, presidenta de la Comisión de Comunicación Social. La SIP también se reunió con representantes de ADEPA, encabezados por su presidente, Daniel Dessein; con miembros de ADIRA, liderados por su presidente, Fernando Cuello; y de FOPEA, encabezados por su titular, Gabriel Michi.

Otras entrevistas que fueron solicitadas pero por motivos varios no fueron concedidas incluyeron a la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al diputado nacional, Alejandro Rossi; al senador, Miguel Pichetto; al secretario general de la CGT, Hugo Moyano; al ministro del Interior, Florencio Randazzo;  y al asesor general de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Carlos Taboada.

La SIP también recibió denuncias, y cuestionamientos, de parte de periodistas y otros empleados de medios de comunicación, que comparten la línea oficialista en materia de libertad de prensa sobre las amenazas, que según ellos, representan los “grupos monopólicos de la comunicación” para “el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

 

Defender la libertad de prensa - Foro desde Santiago

El ex presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, reclamó que “no hay democracia sin libertad de prensa”, en la inauguración de la Conferencia sobre Libertad de Expresión que comenzó esta mañana, organizada entre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP).

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, al inaugurar el evento como parte de los festejos del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a celebrarse mañana, hizo un llamado a la responsabilidad de todos desde Chile a que “debemos defender la libertad de prensa no como un derecho de los periodistas y de los medios de comunicación, sino como un privilegio esencial de la sociedad”.

En su clase magistral, Sanguinetti dijo que la revolución tecnológica hizo que se revaloricen los términos de la sociedad en materia de comunicación, como los problemas de soberanía entre China y Google; o las revoluciones en los países árabes que se iniciaron a través de las redes sociales.

Sanguinetti criticó a los populismos por sus restricciones a la libertad. Además de referirse al peronismo argentino y al chavismo venezolano, criticó el referendo popular del presidente Rafael Correa “por tratarse de una super encuesta con preguntas condicionadas” en la que se busca el apoyo para una política gubernamental contraria a la libertad de prensa.

Alvaro Caviedes, presidente de la ANP, coincidió con Sanguinetti en que los periodistas “tenemos responsabilidades y debemos cumplir con altos estándares de ética”. Agregó que la tradición en Chile sobre autorregulación de los medios ha sido una práctica adecuada y efectiva para defender la libertad de prensa. 

Por su parte, Julio E. Muñoz, director ejecutivo de la SIP, insistió en el contenido de la Declaración de Chpaultepec como principios de libertad de prensa que deben respetarse para revalorizar la democracia.

Durante el panel “Censura y la violencia en el continente”, moderado por Jorge Canahuati, de La Prensa, Honduras, la panelista chilena Mónica González dijo que la batalla contra la violencia no se gana con declaraciones, recuento y estadísticas de periodistas asesinados, sino con denuncias certeras sobre quienes dominan el crimen organizado. “Inviertan en unidades de investigación, en periodismo de calidad”, dijo.

Por su parte, Claudio Paolillo, de Búsqueda, Uruguay, hizo un repaso de los diferentes tipos de censura que se imponen en todos los países americanos, tanto de índole política, judicial como legal, más allá de la violencia contra periodistas y medios.

El panel “La libertad de expresión en el continente latinoamericano”, fue moderado por Alejandro Miró Quesada, de Cosas, Perú. María Elvira Domínguez, de El País, Cali, ahondó sobre la impunidad sobre crímenes contra periodistas, reflotando un caso propio, el de Gerardo Bedoya, director de Opinión de su diario, quien fue asesinado por sus denuncias en contra del narcotráfico.

José Roberto Dutriz, de La Prensa Gráfica, El Salvador, habló de la inseguridad en su país, “no solo en las calles, sino también en los tribunales”. Reflexionó sobre el retroceso para la libertad de prensa que implica el acoso judicial y que es necesaria una reforma legal para evitar que se castigue a medios y periodistas por sus contenidos y denuncias. 

Guillermo Turner, de El Financiero, Chile, dijo que se debe defender la libertad de prensa, entre otras cosas, a través de medios que mantengan su papel periodístico sin dejarse arrastrar al terreno de la polémica política, para no perder credibilidad.

Respecto a la Ley de Transparencia en Chile, Juan Pablo Olmedo, del Consejo para la Transparencia, dijo que el acceso de la información pública contribuye a la independencia de los medios y contrarresta la tendencia a la secrecía del Estado.

Como parte de las actividades el presidente chileno Sebastián Piñera firmará la Declaración de Chapultepec, decálogo de principios sobre libertad de prensa, en un acto que se realizará el martes 3 de mayo en el Palacio La Moneda, sede del gobierno chileno. Piñera es el 59º presidente en firmar esta Declaración.

Una destacada delegación internacional de la SIP participó de la conferencia. Acompañan a Marroquín, además de Canahuati, Paolillo, Miró Quesada, Dutriz, Domínguez y Muñoz, Jorge Fascetto (Diario Popular, Argentina), Scott Schurz (Hoosier Times, Inc, Estados Unidos), Bartolomé Mitre (La Nación, Argentina), Francisco  Miró Quesada (El Comercio, Perú), Gilberto Urdaneta (El Regional del Zulia, Venezuela), Marcela Noble Herrera (Grupo Clarín, Argentina), Ulilo Acevedo Silva (Hoy Diario del Magdalena, Colombia), Saturnino Herrero Mitjans (Grupo Clarín, Argentina) y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP.

La agenda de la SIP en Chile culminará el martes 3 de mayo por la tarde con una conferencia de prensa.

Venezuela y la falta de libertad de prensa

Director de la Libertad de Prensa de la SIP... by Globovision

Conclusiones de la SIP en San Diego

El lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador.
Las acciones violentas del crimen organizado se cobraron las vidas de cinco periodistas (tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras). Otro reportero mexicano permanece desaparecido. En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso. Tanto en ese país como en Honduras, grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar un tratamiento especial a las noticias sobre el narcotráfico. Pero la mancha del crimen organizado (tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares) se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga.
En naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio promovidas por los presidentes contra medios y periodistas.
Las agresiones verbales y físicas contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala.
Por otra parte, sentencias o decisiones judiciales, así como leyes o proyectos de ley, tienen al menos la potencialidad de afectar de distinto modo a la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente en Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
El acceso a la información pública continúa siendo más una promesa que una realidad efectiva. En algunos países, hay proyectos de ley en la materia que permanecen encajonados en los Congresos, mientras que en otros, las leyes ya fueron aprobadas pero se cumplen de un modo muy insuficiente a raíz de la cultura del secreto que se mantiene en la Administración Pública.
La construcción de redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta.
La liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, las acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes. En Cuba, los ciudadanos comunes están impedidos de conectarse a Internet. El régimen considera que redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube son enemigos.
O caso de Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios “amigos” con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa.
Ecuador también merece especial destaque. El gobierno del presidente Rafael Correa apretó el acelerador en su carrera de cuatro años contra el periodismo independiente o crítico. El presidente presentó dos demandas millonarias contra periodistas y un diario, a quienes reclama indemnizaciones de 80 millones de dólares, con el evidente propósito de acallar a las voces críticas. La Policía ecuatoriana irrumpió a su vez en la sede de una revista, incautando computadores y otras informaciones periodísticas sensibles. El panorama ya muy problematizado de Ecuador puede agravarse de modo inusitado si el próximo 7 de mayo el presidente Correa consigue hacer aprobar en un referéndum normas para crear un consejo estatal destinado a regular y controlar los contenidos de la prensa.
Como ha dicho el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales (...) son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad (...), para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.

Libertad de prensa: país por país

Este es el resumen de los temas más importantes que se discutieron país por país en esta reunión de la SIP, en San Diego, California.

Argentina
Dentro de una campaña de hostigamiento promovido y tolerado por el gobierno, continuó el acoso contra los medios. Un incidente grave fue el bloqueo a la distribución de diarios el 27 de marzo, con la cual se limitó la circulación de La Nación, y Clarín y Olé no pudieron ser distribuidos.

Un fallo de la Corte Suprema mandó al gobierno a no discriminar a los medios mediante el otorgamiento de pauta oficial; mientras en el Congreso sigue estancado un proyecto de ley de acceso a la información pública.

Bolivia
A pesar de las críticas de las organizaciones periodísticas, fue sancionada la Ley de Lucha Contra el Racismo, lo que restringe a los medios en su contenido, obliga a publicar información en forma gratuita y sanciona con cinco años de cárcel y suspensión de licencias a los medios infractores.

Continua la discriminación contra los medios en el otorgamiento de publicidad oficial y un proyecto de ley sobre acceso a la información pública sigue estancado en el Congreso.

Brasil
El nuevo gobierno de Dilma Rousseff arrancó con un compromiso de respeto a la libertad de prensa. Sin embargo, el Congreso empezará a tratar varias leyes preocupantes como la de regular los contenidos e medios y reincorporar la exigencia de diploma universitario en periodismo para ejercer la profesión.

El atentado contra un bloguero que milagrosamente salvó su vida, forma parte de la violencia en contra de los periodistas que denuncian el crimen organizado y actividades del narcotráfico.

Canadá
Dos fallos judiciales restringen la labor periodística en las cortes, no permitiendo que ni siquiera se transmitan grabaciones de los procesos ni que los periodistas puedan usar sus cámaras fuera de los lugares designados por el juez.

Chile
Persiste sin resolución una reforma al Código Civil, que autorizaría indemnización sin límites en casos de difamación, permitiendo demandas millonarias contra los medios, un incentivo a la autocensura.

Un proyecto de ley en discusión en el Senado establece porcentajes para la propalación de música nacional en las radios, entrometiéndose con las políticas editoriales de esos medios.

Colombia
Varios proyectos de ley con fines loables, por ejemplo, contra la discriminación, el racismo, la violencia y la publicidad, esconden restricciones a los contenidos periodísticos.

Un proyecto de ley en el Senado revive la colegiación obligatoria y la tarjeta profesional de periodistas, y la cláusula de conciencia.

Costa Rica
El Ministerio de Comunicaciones anunció una serie de medidas para limitar el número de preguntas y de participantes en las conferencias semanales de la Presidencia.

El proyecto de ley sobre transparencia y acceso a la información fue retirado de la Asamblea. También fue propuesta la discusión de la iniciativa sobre libertad de expresión y de prensa.

Cuba
Las 75 personas encarceladas en la “Primavera Negra” (marzo de 2003) fueron liberadas. Muchos de ellos, periodistas independientes fueron desterrados. Solo 10 personas lograron permanecer en el país bajo condición de procesos abiertos, por lo que pueden regresar a prisión por cualquier delito.

A pesar de ello y de la visita de Jimmy Carter, quien se reunió con los disidentes y periodistas independientes, el régimen aumentó la represión contra la libertad de asociación, reunión, expresión; así como las restricciones al uso del internet.

Ecuador
Una consulta popular impulsada por el presidente Rafael Correa para el 7 de mayo busca crear un ente oficial que regule a la prensa y que se disponga constitucionalmente que los dueños de medios puedan ser propietarios de otro tipo de empresas.

En su prédica contra la prensa a la que calificó de corrupta, Correa demandó por difamación a periodistas y diarios por casi 100 millones de dólares.

El Salvador
Fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública que entrará en vigencia en un año.

Continúa el debate en el Congreso sobre reformas al Código Penal para despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias.

Estados Unidos
Continúa la controversia por la solicitud del gobierno de abrir causas judiciales contra los responsables de WikiLeaks, respecto a la distribución de cientos de miles de documentos clasificados diplomáticos.

El gobierno de Barack Obama es considerado uno de los más cerrados en materia de información pública, según lo demostraron estudios.

Guatemala
A pesar de una ley de acceso a la información vigente desde 2009, los organismos del gobierno son reticentes a entregar información y el estado tampoco ha hecho nada para educar al público sobre los alcances de la ley.

Han aumentado las agresiones contra los periodistas en el interior del país, en gran parte por la mayor actividad del narcotráfico.


Haiti
Continuó registrándose un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, dentro de un contexto de violencia generado por el proceso electoral que se extendió desde las elecciones realizadas el 7 de diciembre hasta la segunda vuelta celebrada el 20 de marzo.

Honduras
El gobierno, con la ayuda de fuerzas de Estados Unidos, Colombia y España, conformó un equipo de investigadores para esclarecer los crímenes de 11 periodistas ocurridos en el último año y medio.

Se intensificaron las agresiones contra periodistas y medios durante la Presidencia de Porfirio Lobo, como consecuencia de la crisis política que continúa y se acentuó desde el golpe en 2009 y del aumento del crimen organizado.

México
Tres periodistas fueron asesinados en este período y otro fue secuestrado y permanece desaparecido, además de que persisten en la impunidad las decenas de reporteros que fueron muertos en 2010 y años anteriores.

El presidente de México, Felipe Calderón, no honró los compromisos con los que establecería un sistema de protección para periodistas y la promoción de una ley que sobre la federalización de crímenes contra periodistas.

Nicaragua
El gobierno sigue tomando represalias en contra de los medios de comunicación, tanto en el impedimento de acceso a materiales importados, la discriminación de la pauta oficial y en las recurrentes inspecciones fiscales.

También como parte de este accionar, varios periodistas y medios independientes que resaltaron hechos de corrupción en la administración pública y criticaron la posibilidad de reelección del presidente Daniel Ortega, han sido amenazados.

Paraguay
Todavía sigue sin fecha el tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que data de 2003.

Varios juicios por querellas, contra periodistas y medios de comunicación, incentivan un clima de autocensura y limitación informativa.
Fue asesinado el locutor Merardo Romero, aunque se desconocen las razones del crimen.

Perú
Existe proliferación de proyectos de leyes que afectan la libertad de prensa, así como sentencias condenatorias contra medios, penales y civiles.

Existen propuestas de mecanismos restrictivos y sanciones penales contra medios y periodistas que divulguen conversaciones privadas obtenidas subrepticiamente.

Puerto Rico
Los periodistas y fotógrafos fueron blanco continuo de agresiones por parte de policías durante una prolongada huelga estudiantil en la universidad estatal del país.

El Tribunal Supremo desestimó una demanda de organizaciones periodísticas contra el presidente del Senado por desalojar a los periodistas y no permitirles la cobertura en esa entidad pública.

República Dominicana
El Congreso debe tratar pronto cinco leyes presentadas por el Poder Ejecutivo sobre libertad de expresión, internet, publicidad comercial, publicidad oficial y una reforma a la ley de acceso a la información; pero se desconocen sus contenidos.

Los periodistas continúan siendo objeto de agresiones y amenazas por parte de los policías, mientras que tienen restringido su acceso y su labor en los tribunales.

Uruguay
A pesar de que el presidente José Mujica afirmó que rechazaría cualquier ley de prensa, otros miembros de su gobierno insisten en una ley de radiodifusión que contendría limitaciones en los contenidos y a la libertad de prensa.

Un juez dictó sentencia condenatoria contra el periodista Alvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumplirá su sentencia en libertad condicionada.

Venezuela
El gobierno de Hugo Chávez continúa con sus agresiones a la prensa y a la expresión, en especial con reformas legales que restringen la comunicación en el internet y las redes sociales.

Los periodistas continúan teniendo dificultades para acceder a fuentes de información oficial; mientras el gobierno se quedó con el 20% de Globovisión.