Salta como referencia mundial

Si fuera salteño estaría orgulloso. No solo porque la hospitalidad profunda y el servicio generoso de los salteños han cautivado a más de doscientos cincuenta directores, editores y periodistas de medios de comunicación de las tres Américas que convocó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino porque Salta brincó a un plano impensado de relevancia mundial.

Tal vez los salteños no han tomado verdadera conciencia de la importancia y dimensión que tuvo la 74 Asamblea General de la SIP que El Tribuno organizó semanas atrás. El 22 de octubre, pronto a terminar la reunión de la SIP, su Junta de Directores y su Asamblea de socios aprobaron por unanimidad la “Declaración de Salta; sobre principios de libertad de expresión en la era digital”.

Se trata de un documento que al igual que el otro instrumento invaluable de la institución, la Declaración de Chapultepec que fue creada hace 24 años en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, le servirá de ariete a la SIP para seguir defendiendo y promoviendo la libertad de expresión en el ecosistema digital, ante los innumerables y nuevos desafíos que han creado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Más allá de los principios en sí mismos, la Declaración le brinda a Salta y su pueblo un nuevo argumento para fundamentar su marca a nivel mundial, sumándose a otros atributos de calidad por las que la séptima ciudad más grande de Argentina ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional.

Bien remarca la apreciación por Salta el editorial de este 1 de noviembre del diario La Nación: “La Declaración Digital tiene el valor indiscutible de un acto fundacional, que viene a llenar un vacío. Es de celebrar que la era digital se recuerde con la marca indeleble de la Argentina, al ser bautizada como Declaración de Salta”.

Como una de las primeras herramientas de la era digital sobre las libertades de prensa y expresión, la Declaración de Salta reivindica derechos, impone límites y marca el camino de cómo deben ser garantizadas y respetadas esas libertades por los actores públicos y privados que rigen o gobiernan el ámbito digital.

El contenido del documento estipula principios irrenunciables a favor de la libertad de expresión de los ciudadanos por sobre los gobiernos, los medios de comunicación y los intermediarios tecnológicos, ya sean estos los motores de búsqueda como Google, las redes sociales como Facebook o los proveedores de servicios e internet como Telecom.

El nuevo documento, de la mano de la SIP y otras instituciones que lo harán suyo, sitúa a Salta en el centro de la escena de organismos intergubernamentales como la UNESCO, la ONU, la OEA y la CIDH; en la esfera de organismos no gubernamentales como ADEPA que esta semana hizo prevalecer el principio 9 de la declaración en reclamo por medidas judiciales que buscan limitar contenidos periodísticos y en la mesa de discusiones entre naciones, como en las Cumbres presidenciales y de cancilleres. Todos son terrenos que la SIP siempre ha aprovechado para llevar la voz cantante a favor de los oprimidos y en protesta por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

A partir de ahora, los 13 principios de la Declaración de Salta comenzarán a imponerse como referencia en foros internacionales, en legislaciones y fallos judiciales, así como los de Chapultepec inspiraron la creación de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Importante es señalar que esta Declaración no fue producto de discusiones y/o improvisaciones durante la reunión de la SIP en Salta, sino más bien Salta fue el lugar donde terminó un largo proceso de consulta, discusiones y observaciones que la SIP estuvo cosechando por meses, sirviéndose de la experiencia de otras instituciones, empresas, académicos, expertos y líderes en la materia.

Con sabiduría, la SIP estipuló que debido a los cambios y a la evolución constante de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los principios de la Declaración de Salta podrán adaptarse a lo que dicte la conducta humana en el futuro. Pero siempre mantendrá su nombre en honor al lugar donde culminó un proceso que sirvió para iluminar principios de libertad de prensa y expresión a futuro: Salta. trottiart@gmail.com

Día Mundial contra la Impunidad

Hoy 2 de noviembre se conmemora uno de los días peores para el Periodismo, la falta de justicia que rodea a los crímenes contra los periodistas. 561 periodistas han sido asesinados en las últimas dos décadas en nuestras Américas y 30 en 2018. Detrás de esas estadísticas escalofriantes, se esconden nombres de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, reporteros, fotógrafos, editores, directores, columnistas, caricaturistas... todos asesinados por buscar la verdad y hacer valer el derecho del público a estar informado. Reclamar justicia en cada uno de esos casos es una forma de honrar su memoria y su legado.

La justicia tardía también es justicia

Justicia tardía no es justicia reclamaba Séneca. A veces, sin embargo, no importa la tardanza si llega para acabar con la impunidad, como sucedió en América Latina, al poner punto final al terrorismo de Estado en épocas no democráticas.

Ocurrió de nuevo esta semana. La justicia que por 20 años no proveyó el Estado de Colombia a los familiares del periodista asesinado Nelson Carvajal, la terminó de administrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de la Corte Interamericana condena a Colombia por incumplir su deber en administrar justicia, a reparar a sus familiares y a reabrir el caso. Mejor aún, sienta un precedente importante para que los estados resuelvan cientos de crímenes impunes contra periodistas e incentiva luchas contra la impunidad como la ejerce la Sociedad Interamericana de Prensa.

Nelson fue asesinado por descubrir la verdad y acabar con la corrupción en Pitalito, un pueblo del interior colombiano, cuya población vivía arrinconada entre la connivencia de políticos, empresarios y narcotraficantes.

Nelson pagó un alto precio por esa valentía. Recibía amenazas, desprecio de los poderosos y le proponían jugosos sobornos para quedarse callado. Nada lo atemorizaba. Todo lo denunciaba. Cuando una hermana le advirtió que tuviera cuidado por informar sobre la construcción de viviendas de mala calidad, Nelson contestó: “Más vale morir con dignidad que vivir arrodillado ante los corruptos”.

Fue su última frase. Premonitoria. Al día siguiente, antes de poder denunciar los hechos ante su micrófono, le pegaron siete disparos.

Todo hubiera podido terminar ahí, en ese tiroteo; sepultadas para siempre su vida y reputación de periodista, maestro y concejal. Le hubieran homenajeado en cada aniversario. Sin embargo, a la pesadilla por la muerte le siguió un largo calvario que debieron transitar su esposa, hijos, padres, hermanas y sobrinos.

Los Carvajal eran un clan familiar muy unido y con un orgullo ciudadano altísimo en Pitalito, reputación moral que Nelson había construido con cada denuncia sobre corrupción. Pero desde el mismo momento que sus hermanos se arremolinaron ante el cadáver, se escucharon las primeras amenazas entre medio del tumulto.

Desde entonces, las agresiones e intimidación contra los familiares se multiplicaron, en especial cuando varios de ellos comenzaron a colaborar con la justicia, aportando datos y acercando testigos a la Fiscalía. Las amenazas, las llamadas de teléfono anónimas, las burlas y las coronas de muerto en la puerta, les invitaban al silencio o a irse de Pitalito.

Entre 1999 y 2010, diez familiares tuvieron éxodo obligado. Salieron al exilio en tres camadas, en coincidencia con las amenazas que se hacían intolerables cada vez que sucedía algún movimiento en el caso judicial, motivado, muchas veces, por las investigaciones y denuncias de la SIP. Un fiscal fue asesinado y muchos abandonaron el caso ante amenazas.

Los Carvajal siguieron a los empujones tratando de rehacer sus vidas. Perdieron su reputación y se acabaron sus almuerzos domingueros y celebraciones cumpleañeras. Dejaron de ser familia. Abandonaron a sus amigos, sus trabajos, sus colegas, su patrimonio y, peor aún, su identidad y sentido de patria. Se sintieron a la deriva y abandonados por su propio país. No entendían su infortunio.

La sentencia de la Corte no les devuelve a Nelson a los Carvajal, pero sí mucho de todo lo que perdieron: dignidad y sentido de justicia. A Pitalito difícil que regresen. Ya tienen raíces en otros lugares.

Horas posteriores al fallo, con Angelita Baeyens la abogada del Robert Kennedy Group con quien litigamos el caso en agosto pasado ante la Corte Interamericana en Costa Rica, hablamos por Skype con 19 familiares de Nelson, con los del exilio y los de Colombia. En una hora expresamos, ellos y nosotros, toda la emoción, la alegría y las frustraciones que acumulamos por tantos años, dolorosos y lentos, desde que en la SIP abrazamos el caso de Nelson en 2002.  

Cuando escuché a las hermanas de Nelson coincidir y al resto asentir, supe que aunque la justicia tardó, trajo consuelo y esperanza de más justicia. “El fallo reconoce el trabajo de Nelson, y honra su memoria y la voz de la prensa para que no sea silenciada. El esfuerzo y el amor de Nelson por el Periodismo ha quedado plasmado para siempre en esta sentencia”, dijeron Judith y Miriam Carvajal. trottiart@gmail.com

Almagro: Un David contra Goliat

Luis Almagro asumió en marzo de 2015 las riendas de la Organización de Estados Americanos. Desde el arranque enfiló sus cañones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos que todos los gobiernos del continente y del mundo eran indiferentes o guardaban silencio ante las atrocidades del régimen venezolano.

Fue entonces, y todavía ahora, una lucha ciclópea de un David contra Goliat. Maduro mantenía una retórica antiimperialista seduciendo con la idea de la revolución forjada por Hugo Chávez y una billetera todavía amplia para comprar voluntades. Almagro se basó en su eslogan “más derechos para más gente”, obligándose a denunciar a una dictadura disfrazada de oveja.

Al principio, Almagro consiguió más repudios que adhesiones por su mensaje anti chavista. Habiendo sido canciller del izquierdista José Mujica, traidor y burgués renegado fueron los calificativos más benignos que recibió de la izquierda latinoamericana. No le importó. Siguió machacando, y así como el cántaro a la fuente, logró que finalmente muchos gobiernos admitieran que el régimen de Maduro es una dictadura.

“Una dictadura que criminaliza toda forma de disenso” subrayó Almagro ante la Sociedad Interamericana de Prensa al recibir el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2017. Fue a fines de octubre, días antes que Maduro aprobara su ansiada ley para encarcelar a los disidentes y neutralizar las críticas en las redes sociales y de los medios independientes.

La ley sanciona el odio, la discriminación y la propaganda, paradójicamente desvalores que practica y promueve el chavismo. A Maduro la ley le servirá para demorar la caída, pero no para evitar el porrazo definitivo. Es cuestión de tiempo.

Tampoco se puede ser ingenuo. Maduro siempre se ingenia las armas adecuadas para retrasar su debacle. Engaña a la oposición y a los negociadores incautos del mundo con procesos de diálogo que nunca cumple. Cierra el Congreso y abre una Asamblea Constituyente que busca inventar la nueva democracia, un atajo para construir un sistema a semejanza de la Cuba gastada y colapsada.

Gracias a su retórica antiimperialista o anti títeres del imperio, de lo que acusa a Almagro o Juan Manuel Santos, consigue salvatajes que le prolongan la vida, pese a ser un narco estado y cometer crímenes de lesa humanidad, evidenciados por la suma de más de 140 muertos como consecuencia de la brutal represión de las protestas públicas.

El salvavidas más audaz lo arrojaron Rusia y China. Estas potencias no se presentaron en una reunión no oficial del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se buscaba concertar estrategias para neutralizar la desestabilización que crea el régimen venezolano en la región. Convertido en la piedra en el zapato, Almagro criticó ahí el silencio que todavía se le prodiga al régimen. Responsabilizó a Maduro por las muertes, la pobreza y el sufrimiento de los venezolanos y por ser un “esquema criminal con vínculos con el narcotráfico”.

Rusia no le prestó atención, y pese a la reprobación de la calificadora crediticia Standard & Poors por no pagar la deuda externa, renegoció y dio a Maduro más tiempo. No le servirá de mucho. Venezuela está en bancarrota. Su economía adicta al petróleo ya no produce como antaño, los precios del barril singuen desplomados y el régimen desperdició dos décadas en las que habría podido diversificar la economía, en lugar de haber estado imponiendo ideología a fuerza de petróleo subsidiado o regalado.

Es verdad que esta vez Almagro no consiguió nada en la ONU. Pero es sagaz. Sabe que su prédica constante en otros foros motivó a EE.UU. a disponer de tres olas de sanciones a funcionarios venezolanos y que Canadá y España se sumaran con medidas similares. También esta semana la Unión Europea dispuso impedir la venta de equipos y armas para evitar que sean usados en la represión interna.

Almagro, aunque tenga apariencia de pequeño David ante un enorme Goliat, sabe que el sentido común y la denuncia permanente permitirán cambiar las percepciones y que tarde o temprano, así como las Américas y Europa, el resto del mundo terminará avergonzado por su silencio. Almagro sabe que su misión es cuestión de perseverancia y de seguir luchando por “más derechos para más…” venezolanos. trottiart@gmail.com

Ciber atacados y la censura creativa

Ayer viernes se produjo el mayor ciberataque a medios en el este de EEUU, justamente el tema sobre el que en mi presente escrito daba a conocer la alianza entre la SIP y Google para luchar en contra de este tipo de atentados cibernéticos.

La censura creativa

México es el país que más veces ha sido anfitrión de las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 14 veces desde que la entidad consolidó su formación hace 74 años en 1942. Desde entonces, la violencia autoritaria de los gobiernos y el terror del crimen organizado, se mostraron como las dos vertientes principales de ataques a la libertad de prensa y atentados contra el derecho del público a saber.

Este año nada de eso cambió. 2016 ya es el más letal para el periodismo latinoamericano. Veinte comunicadores han sido asesinados, 11 de ellos en México, por el solo hecho de estar denunciando lo que muchos quieren ocultar. En la mayoría de los casos se debió a represalias del narcotráfico. Aunque en un país donde a un juez le pegan un tiro en la nuca en plena calle, a siete ladrones le cercenan las manos, 43 estudiantes desaparecen y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está prófugo por lavado de dinero y delincuencia organizada, difícilmente se puede saber por dónde vienen los tiros.

Sucede lo mismo en países como Brasil, con tres periodistas asesinados este año. En el coloso de Suramérica, la violencia contra la prensa está más ligada a la corrupción política, pero como el crimen organizado infiltró todo, las causas se adivinan similares a México.

El clima de inseguridad general se vive en todos los países de la región, agravado por Estados que son ineficientes para administrar Justicia. De los 400 periodistas asesinados en los últimos 25 años, solo tres o cuatro casos han terminado con los asesinos en la cárcel. Peor todavía, el avance del narcotráfico vaticina que la violencia contra la prensa irá en aumento.

Habría muchas más víctimas si no fuera por los sistemas de seguridad para periodistas que la SIP ayudó a integrar en algunos países. Tan solo en México en lo que va del año, 251 periodistas han sido desplazados por el Gobierno para evitar que las amenazas de muerte se concreten. En Argentina, previendo el mayor auge del narcotráfico, la asociación nacional de periódicos, ADEPA, y el Gobierno adoptaron protocolos de protección para blindar a medios y periodistas y garantizar el derecho del público a la información.

La violencia no es el único método de censura. Varios gobiernos hostigan a medios y encarcelan periodistas. Desde Venezuela, donde Nicolás Maduro encarceló a Braulio Jatar, director de un medio digital, por publicar videos incómodos al poder, hasta Ecuador y Nicaragua, donde Rafael Correa y Daniel Ortega siguen cerrando medios y creando los propios para hacer propaganda gubernamental.

Más allá de la censura violenta, la era digital ha traído nuevos desafíos. Si bien el internet se ha establecido como la herramienta democratizadora de la comunicación por antonomasia, también ha servido para que la censura aparezca con renovados bríos a través del ciberacoso y los ciberataques.

Los ataques cibernéticos contra medios, periodistas y grupos de derechos humanos y políticos se intensificaron en todos los países. No solo se trata de cibermilitantes o bots que actúan como sicarios del insulto pagados por los gobiernos para asediar a opositores, críticos y periodistas en las redes sociales, sino también de hackers, o piratas informáticos profesionales y artesanales, que atacan a medios con el fin de silenciarlos.

Los ataques cibernéticos más frecuentes, de los que fueron víctimas recientes  ABC Color de Paraguay y la televisora Guatevisión de Guatemala, son de origen DDoS o ataques de denegación de servicio, según las siglas en inglés.

Los ataques se generan a través de computadoras que saturan de tráfico al sitio de internet que se busca destruir, haciendo que el server del medio atacado se sobrecargue y quede bloqueado sin poder atender la demanda. Se calcula que un 50% de los sitios fueron atacados, aunque a veces su propietario no sepa que ha sido el blanco. Google pronostica que un 80% de las víctimas sufrirá nuevos ataques.

Para contrarrestar estos embates, la SIP y Google lanzaron en la asamblea de México, el Proyecto Shield (escudo), una herramienta digital que los sitios de internet pueden adoptar para blindarse de los ataques. El objetivo de este escudo es que en pocos años, el 100% de los sitios puedan contrarrestar esta rudimentaria pero creativa y destructiva forma de censura. trottiart@gmail.com

Los nuevos fiscales de la democracia

La VII Cumbre de las Américas que terminó este sábado en Panamá tal vez no arrojó éxitos resonantes, pero puso en evidencia el nuevo y saludable papel que podrían jugar a futuro los expresidentes latinoamericanos: Fiscales de la democracia.

No todos los expresidentes tienen la altura  moral necesaria. Muchos están presos o fueron cuestionados por abusos de poder y corrupción. Varios son oportunistas y utilizan la ocasión para seguir fulgurando en el vasto firmamento de la política. Algunos, como el panameño Ricardo Martnelli, se auto exiliaron para evitar la cárcel; y otros, que pronto dejarán el cargo, están desesperados en busca de blindajes para evitar los tribunales, como el caso de Cristina Kirchner. Tampoco se augura buen futuro para presidentes reelegidos como Michel Bachelet y Dilma Rousseff, a juzgar por los casos resonantes de corrupción que las envuelven.

Pero lo cierto es que por primera vez en una Cumbre, un grupo de exmandatarios, que responden a distintas tendencias e ideologías, se unieron en torno a una causa común: La defensa de la democracia en Venezuela.

Los atropellos a la democracia no son nuevos en el país petrolero, pero es la primera vez que en un escenario de jerarquía política se le acusa a Nicolás Maduro de no cumplir con los mínimos estándares internacionales: Falta de independencia de la Justicia, censura a medios de comunicación y elecciones “justas y libres” son los pecados. Está comprobado que el chavismo siempre usó a la Justicia para perseguir a opositores y críticos, hostigar a periodistas y amañar elecciones.

Los 23 expresidentes latinoamericanos y dos españoles, entre ellos, Alvaro Uribe, Felipe Calderón, Vicente Fox, Sebastián Piñera, Felipe González y José María Aznar, reclamaron en su documento por la liberación de los presos políticos, en especial por los casos más conocidos, como el de los alcaldes opositores, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que se han convertido en la imagen más visible de la opresión del gobierno de Maduro.

Pese a lo positivo y noble de la actitud política, se debe aclarar que se trata solo de un gesto, pero no de un acto de gobierno, como la comunidad internacional viene pidiendo. De ahí las críticas que se le hicieron al secretario general de la OEA, ahora en retirada, José Miguel Insulza, por haberse comportado muy insulso e indiferente ante jefes de Estado tan avasallantes como Maduro o su antecesor.

Unas críticas fundamentadas que también se hacen a los gobiernos actuales que parecen mirar de costado cuando se viola la Carta Interamericana Democrática, un documento consensuado años atrás y que los obliga a responder con decisión cuando se violan preceptos democráticos en cualquier país.

Se trata de un silencio cómplice del que también formaron parte los exmandatarios que hoy son fiscales de la democracia. Uno se pregunta ¿por qué no reaccionaron con la misma vehemencia cuando el chavismo cometía los mismos abusos mientras ellos eran gobiernos? ¿Por qué callaron por décadas sobre las permanentes violaciones a los derechos humanos del régimen de los hermanos Castro?

No hubo respuestas concretas a una Carta Democrática que reclama que la defensa de la democracia sea una postura de Estado, de gobierno, no de expresidentes. Existe en todo esto, además, mucha hipocresía. En especial cuando se observa cómo desde todos los sectores le llovieron críticas al gobierno de Barack Obama, que lejos de solo expresar repudio a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tomó acción, sancionando a siete funcionarios por los asesinatos impunes de varios estudiantes venezolanos durante las escaramuzas del año pasado.

En realidad, el gobierno de Barack Obama es, por ahora, el único que no puede ser señalado de complicidad por omisión sobre los abusos de Maduro. Esto, pese a que Maduro lo tilde de injerencista y de entrometerse en asuntos internos, tratando de desviar la atención con un giro propagandístico que incluye 10 millones de firmas para rechazar la actitud del gobierno estadounidense.

Ante esta omisión cómplice de los gobiernos latinoamericanos para defender la democracia, cobra trascendencia la actitud de los expresidentes, de ser fiscales de Venezuela y cumplir con una Carta Interamericana Democrática que hasta ahora solo tuvo fines decorativos. 

Libertad de prensa en las Américas

Al terminar este lunes las deliberaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá, quedó un mensaje para la Cumbre de las Américas que se celebrará en abril próximo: Las democracias, para que se precien de tal, necesitan ofrecer una alta dosis de libertad individual a sus ciudadanos y garantizar libertad de prensa y expresión.

Será la primera vez que Barack Obama y Raúl Castro se sentarán en una misma mesa; cruzarán miradas y estrecharán manos sin condicionamientos ideológicos ni diplomáticos. No obstante el optimismo, la SIP insistirá que el acuerdo político-económico será en vano si el gobierno de los Castro sigue golpeando, deteniendo y encarcelando a quienes expresen sus opiniones o debatan por internet.

La reunión de abril, para que se precie de Cumbre, tendrá que lidiar sobre desarrollo sostenible, pobreza, falta de agua, narcotráfico, procesos políticos insostenibles, como el de Venezuela, y sobre el renovado papel que tendrá que jugar una Organización de Estados Americanos más eficiente y ágil. Pero tampoco podrá desconocer que el continente está retrocediendo a pasos agigantados en materia de libertad de prensa y de expresión vulnerándose la esencia misma de la democracia.

Para este lunes, la SIP habrá señalado que la violencia contra periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales conspira contra las libertades que deben resguardarse en una democracia. La ineficiencia de los sistemas de protección de periodistas y el asesinato de siete en los últimos tres meses, en Colombia, Honduras, México y Perú, además de la impunidad que rodean a crímenes anteriores – solo en Colombia prescribieron cuatro casos en 2014 y tres más lo harán este año – demuestran el retroceso.

No solo los periodistas están sufriendo represalias físicas y presiones legales-judiciales. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro procesó y detuvo a siete usuarios de Twitter por violentar la seguridad nacional, es decir por hablar mal del Presidente. En Ecuador, Rafael Correa hizo cerrar cinco cuentas de Twitter y varias en Facebook porque los usuarios osaron reírse y burlarse del gobierno.

En México fue peor, el crimen organizado asesinó a una usuaria de Facebook porque denunció actividades del narcotráfico. Algo que los medios tradicionales y periodistas obvian y se autocensuran para evitar seguir siendo blanco, en un país que el Estado es poco eficiente para controlar tanta violencia.

En materia de internet la SIP ha puesto el grito en el cielo. Cada vez es más palpable el uso que le dan los gobiernos - EEUU, Canadá, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá y Ecuador - para restringir las libertades individuales más que para empoderar a los ciudadanos. Las potenciales amenazas del terrorismo, que en la mayoría de los casos se usa como excusa para vigilar a los ciudadanos, han servido a los gobiernos para crear intrincados sistemas de espionaje con la intención de vigilar ciudadanos, neutralizar denuncias de periodistas y detener estrategias de los políticos de oposición.

En la Cumbre de las Américas tampoco será bueno que los casos de Dilma Rousseff y Petrobras en Brasil o la interminable lista de Amado Bodou en Argentina eviten que se vea el bosque de la corrupción cultural y casi generalizada. Muchos gobiernos siguen usando los dineros del Estado como propios, viven haciendo propaganda de sus actos como si vivieran en procesos electorales continuos y el dinero para viviendas y salud lo siguen derrochando en clientelismo para llenar narcisistas actos partidarios.     

La Cumbre deberá revisar varios casos de democracias que no son tales y que pasan debajo del radar por el espejismo de vivir en elección tras elección. Venezuela es el caso más patético de cómo estos procesos le permiten al gobierno sobrevivir, escondiendo engaños y restricciones.

Sin embargo, es Ecuador el país al que se debiera ponerle mayor atención. Correa ha creado una ley de Comunicación con la que legitima la censura. En un par de meses ha extendido 37 procesos y sanciones económicas a medios, periodistas y usuarios de internet. Mandó a cerrar dos radios y cuentas de usuarios en redes sociales. Su tendencia medieval a censurar a sus críticos no tiene fin y es una tendencia que tenderá a agravarse en el futuro inmediato. 

Resumen sobre libertad de prensa

Este es un resumen de los problemas más serios para la libertad de prensa que están enfrentando los países de las Américas, tal como se están discutiendo en esta reunión de la SIP en Barbados.

Argentina

El gobierno nacional continúa usando la publicidad oficial e impulsando un cepo publicitario de anunciantes privados, como represalia y método de hostigamiento económico contra medios independientes y económicos, pese a un fallo de la Corte Suprema que le obliga a abandonar esa práctica.

La Corte Suprema advirtió al gobierno que no puede aplicar en forma selectiva la ley de medios para desguazar solo a los más incómodos.

El gobierno mantiene una amplia – y creciente - red de medios oficiales y privados, beneficiándolos con publicidad oficial.

Bolivia

Pese a un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se crean 13 tipos de excepciones que van más allá de la seguridad nacional, permitiendo a todos los poderes determinar qué es de interés público, según su propio criterio.

Continúa la estrategia gubernamental de debilitar económicamente a los medios. Les obliga a publicar anuncios gratis, utiliza la publicidad oficial para discriminar, ha creado nuevos impuestos.

Desconocidos siguen comprando medios privados e independientes que enseguida se vuelcan al servicio del gobierno, recibiendo beneficios económicos.

Brasil

Cuatro periodistas fueron asesinados. Además, docenas de periodistas fueron agredidos por policías y detenidos durante las protestas públicas en diferentes ciudades.

En el interior del país, muchos periodistas son víctimas de amenazas de muerte y agresiones en represalia por denuncias sobre corrupción en la administración pública.

Canadá

El gobierno nacional, ante la presión de los medios, dejó sin efecto un proyecto de ley sobre vigilancia en el internet que afectaría el derecho a la privacidad y la confidencialidad de las fuentes informativas de los periodistas. También quedó sin efecto otro proyecto de ley que requería a los medios divulgar estrategias sobre contenidos periodísticos y programación.

Caribe

Barbados: Tres ejecutivos periodísticos de The Nation están procesados criminalmente por la publicación de una fotografía divulgada ampliamente en las redes sociales, sobre menores teniendo sexo en una escuela, por infringir la Ley de Protección del Menor.

Jamaica: El Congreso aprobó reformas descriminalizando la difamación.

Chile

El nuevo gobierno comenzó a hacer referencias sobre promover la libertad de prensa y de expresión, con alusiones a la diversidad editorial de medios creando cierta incertidumbre sobre si habrá regulaciones especiales al respecto.

Una ley sobre el etiquetado de alimentos y de restricciones para alcanzar con la publicidad a menores de 14 años con alimentos que no sean saludables, puede causar limitaciones para la divulgación de publicidad en los medios.

Colombia

Un periodista fue asesinado. Cinco crímenes prescribieron, y 142 continúan en la impunidad. La Unidad Protección del Estado da protección a 90 periodistas por riesgos extraordinarios. Más de 30 fueron agredidos por agentes del Estado durante las actuales protestas sociales.

En marzo fue sancionada la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Continúa el uso y abuso del derecho Penal para presionar a periodistas. Se registraron unas 20 demandas, la mayoría interpuesta por funcionarios.

Costa Rica

El Tribunal Constitucional declaró culpables a la Fiscalía y Policía Judicial de violar los derechos a la intimidad y secreto de las fuentes, en un caso relacionado a espionaje telefónico contra el periodista Rodríguez Estrada del Diario Extra, por medio del cual se trató de identificar las fuentes que le proveían información dentro de la administración pública con las que hacía sus denuncias periodísticas sobre corrupción.

Cuba

Pese a las reformas económicas, inexistentes a nivel de apertura política, el gobierno continúa imponiendo censura directa, ya sea hostigando y deteniendo a periodistas independientes y disidentes incluso a niveles superiores a otros años. El internet también sigue bloqueado, principalmente por costosas tarifas y difícil acceso para los ciudadanos comunes.

Un bloguero y escritor permanece preso, Ángel Santiesteban Prats, condenado a cinco años de prisión, según él, por su delito a publicar un blog.

Ecuador

A instancias de la Ley de Comunicación, inició operaciones la Superintendencia de Información y Comunicación, imponiendo fuertes multas a diario Extra por contenidos de titulares y a El Universo por un dibujo del caricaturista Bonil.

El nuevo Código Penal que regirá a partir de agosto mantiene la criminalización de la difamación, el desacato a las autoridades y penaliza a quien trabaje como periodista sin título universitario.

EE.UU.

El Departamento de Justicia terminó proceso de revisión sobre citaciones judiciales a los periodistas, imponiendo más límites para que no se obligue indiscriminadamente a los periodistas a revelar sus fuentes.

La Corte Suprema de Nueva York – donde existe fuerte protección para las fuentes - decidió que una periodista de ese estado no debe prestar testimonio divulgando fuentes en Colorado, donde las leyes no la protegerían demasiado; creándose un buen antecedente judicial.

Permanece preso el bloguero Roger Shuler por tiempo indefinido. Un juez lo condenó a prisión por desacato, al desobedecer su orden de que debe retirar posts sobre el gobernador de Alabama, a lo que el periodista se niega.

El Salvador

Pese a peticiones de información pública invocando la Ley de Acceso a la Información, la Corte Suprema se niega a dar datos sobre despidos arguyendo temas de seguridad, mientras que el Congreso sigue retaceando la información solicitada sobre nómina y salarios de asesores que se les solicitó. 

Guatemala

El gobierno sigue utilizando la publicidad oficial para castigar a medios críticos, así como adopta acciones judiciales y administrativas – auditorías tributarias – como sucedió con el caso de elPeriódico.

El gobierno no se rige por la transparencia para disponer información como estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. Según la Procuraduría de DDHH, 56% de las instituciones estatales no entregaron sus informes anuales.

Haití

Se registraron avances judiciales en tono al asesinato del periodista Jean-Leopolde Dominique, asesinado en 2000. Nueve sospechosos están siendo procesados.

Honduras

Dos periodistas fueron asesinados. Continúa clima de amenazas y agresiones contra medios y periodistas, generándose clima de autocensura.

En marzo fue aprobada la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. Contradice principios de transparencia establecidos en la Ley de Acceso a la Información.

México

Dos periodistas fueron asesinados. Falta de programas, personal idóneo y recursos económicos conspiran contra el sistema oficial de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Continúan aumentando las agresiones contra periodistas y atentados contra medios en el interior del país.

Nicaragua

El gobierno nacional mantiene el secretismo absoluto de sus actividades y la poca información oficial que divulga es a través de medios gubernamentales que compró el gobierno y la familia Ortega Murillo. Esto, pese a la ley de Acceso a la Información Pública de 2007 que obliga al Estado a divulgar.

Tras las reformas a la Constitución, Ortega ha consumado el control total de los poderes del Estado y tiene la posibilidad de seguir siendo reelecto indefinidamente.

Panamá

El acceso a la información pública persiste como gran dificultad para los periodistas, mientras que varios medios independientes siguen sufriendo la discriminación del gobierno en materia de publicidad oficial.

El gobierno nacional sigue estigmatizando a los medios independientes calificándolos como “medios de la oposición”, mientras que varios funcionarios han tomado como práctica interponer demandas civiles contra información sobre corrupción, pidiendo indemnizaciones desproporciondas.

Paraguay

En diciembre el Senado aprobó un proyecto de ley de acceso a la información. Este proyecto se materializó después de 10 años engavetado y, principalmente, por las críticas recientes al Congreso por no revelar información solicitada sobre nómina y salario de asesores.

Perú

Se han incrementado los casos de agresión física, amenazas de muerte contra periodistas y atentados y acoso judicial contra medios, mayormente en represalia por denuncias contra funcionarios públicos en el interior del país.

Aumentó considerablemente el número de admisión de demandas civiles y penales contra medios y periodistas en las Cortes del país.

Puerto Rico

El Tribunal Supremo autorizó la cobertura periodística en sus salas, después de una larga controversia y pedido hecho por los medios y asociaciones de prensa.

República Dominicana

Aún el Tribunal Constitucional no se expide sobre una demanda de nulidad presentada por un grupo de medios y periodistas para que se despenalicen los delitos de injurias y calumnias que se expresan en el Código Penal y en la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento.

Dos legisladores oficialistas han demandado a un grupo de periodistas por delitos de injurias y calumnias.

Uruguay

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales que regula a los medios electrónicos, creándose un organismo técnico que podrá restringir contenidos imponiendo fuertes multas. Se esperan cambios cuando la trate el Senado.

En diciembre el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Acceso a la información que permite a los funcionarios argumentar mayores excepciones para negar información al público y a los medios.   

Venezuela

Docenas de periodistas han sido blanco de agresiones y restricciones durante las protestas públicas que se iniciaron el 12 de febrero y que ocasionaron más de 40 muertos y centenares de heridos y detenidos.

El gobierno aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa, mientras que sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos. Más de 20 periódicos están por dejar de circular.

El gobierno sigue ampliando el número de medios estatales, a la vez que sigue presionando a los privados.

Necesaria cultura de libertad de expresión

Corría 1994. La Sociedad Interamericana de Prensa creaba la Declaración de Chapultepec para defender y promover la libertad de prensa como esencia de la democracia, mientras la ciclotímica América Latina se sacudía crisis y buscaba consolidar procesos democráticos.

Hace 20 años los temas eran diferentes, pero los problemas similares. Corrupción, inseguridad, inflación, debilidad institucional, censura de prensa, pobreza, desigualdad y autoritarismo reaparecían sin evolución ni aprendizajes. Desde el Vaticano, Juan Pablo II reaccionaba a Latinoamérica prohibiendo a sacerdotes militancia política y sindical. En México no se hablaba de narcotráfico, sino del nuevo movimiento zapatista. En Venezuela, asumía Rafael Caldera, indultando semanas después a Hugo Chávez, preso desde su intento de golpe de Estado en 1992. En Argentina morían 84 personas en el atentado contra la AMIA, se reformaba la Constitución y Maradona era expulsado por dopaje del Mundial de EE.UU.

Hace 20 años el internet era incipiente y desconocido. Los mensajes más vanguardistas eran por fax. En Colombia se inauguraba la telefonía móvil y los medios tradicionales no tenían idea que al final de la década tendrían que emigrar a espacios digitales para sobrevivir y mantener audiencias. Edward Snowden y Julian Assange, si acaso, eran ciencia ficción.

En 1994, mientras Nelson Mandela ganaba las elecciones en Sudáfrica poniendo fin al apartheid, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, un grupo de visionarios, entre ex presidentes democráticos, líderes mundiales, premios Nobel y periodistas, redactaban una escueta declaración de principios que serviría para crear cultura sobre libertad de expresión.

El clima actual de libertad de prensa no es mejor que hace 20 años; hasta se retrocedió. Lo prueban el cierre de medios y persecución de periodistas en Venezuela; la censura legalizada en Ecuador; la propaganda gubernamental en Argentina; la matanza de periodistas en México, Brasil y Honduras; la continua falta de libertad en Cuba y la invasión del gobierno de EE.UU. en la privacidad de la gente.

Pese a ello, el público, tal vez sin saber por qué, tiene mayor conciencia sobre que para vivir en democracia, es indispensable que se reconozca con acciones concretas el derecho a la información, en lugar de figurar en lindas frases constitucionales y tratados internacionales. Esa mayor conciencia fue fraguada por debates públicos, participación en las redes sociales y más acceso a decisiones de los gobiernos, que se vieron presionados a rendir cuentas.

La Declaración de Chapultepec contribuyó a esa saludable cultura de mayor apertura gubernamental. Sirvió para medir sistemáticamente el nivel de libertad de prensa en una sociedad y, también, para impulsar medidas concretas que favorecieron la práctica del Periodismo ante gobiernos intolerantes y para crear más garantías y respeto a los derechos del público a la información y expresión.

El logro mayor en estas dos décadas de la Declaración fue haber impulsado la tendencia de leyes de acceso a la información pública, que empezó con México en 2001 y prosiguió hace días con la Ley de Transparencia en Colombia, después de insertarse en más de una docena de países latinoamericanos. Si bien estas leyes – todavía inexistentes en Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Argentina, entre otros países -  no derrotaron el secretismo de Estado existente, ayudaron a crear cultura sobre la necesidad de contar con gobiernos más abiertos y trasparentes.

La eliminación del delito de desacato - que las autoridades permitan la crítica sin represalias - fue otro paso positivo en pos de gobiernos menos autoritarios. La excepción son Ecuador y Venezuela, donde por una ley y una reforma al Código Penal, respectivamente, se activaron mayores protecciones para los gobernantes, como si fueran monarquías del Siglo 14.

En materia de libertad de información los desafíos son muchos y constantes, especialmente por esa característica latinoamericana a la ciclotimia, de volver a los errores de siempre. Por eso es válida la celebración de la Declaración de Chapultepec que, aunque un poco imperceptible a la vista del ciudadano común, ha sido en estos 20 años, una usina importante para generar energía y cultura a favor de las libertades de prensa y expresión.

20 años de Chapultepec y la libertad de prensa

Hoy se cumplen 20 años desde que fuera redactada la Declaración de Chapultepec, por iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un documento breve pero enérgico, que ha servido para construir cultura sobre libertad de prensa y de expresión en las Américas.

Comparto el comunicado de hoy de la SIP - La Declaración de Chapultepec cumple hoy 20 años, pero “sigue tan vigente como siempre - con el que se recuerda a los visionarios de aquella época, que tuvieron en mente un documento que a la par de ayudar al periodismo y a los medios de comunicación a hacer mejor su labor, obliga a los gobiernos a respetar el derecho del público a la información y a abrir más espacios y procesos democráticos.

Miami (11 de marzo de 2014).- Después de 20 años la Declaración de Chapultepec “sigue tan vigente como siempre”, según las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reclaman su relevancia en un continente todavía afectado por las violaciones a las libertades de prensa y expresión.

Al cumplirse hoy un nuevo aniversario desde que fue creada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, en México, la SIP anunció que abre a partir de ahora una serie de actividades en su conmemoración.

La primera de ellas se efectuará en Barbados del 4 al 7 de abril próximo, donde se discutirá sobre su relevancia como documento para preservar, promover y defender la libertad de prensa. Otros actos están previstos durante la asamblea general que la organización realizará en Santiago, Chile, en octubre, además de encuentros regionales y webinarios en los que se abordará la aplicación de sus principios, esenciales para el derecho del público a la información y el robustecimiento de las democracias.

En su preámbulo, la Declaración, redactada entre ex presidentes democráticos, premios Nobel, líderes y periodistas, destaca que: “Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad”.

Tras recordar “a aquellos visionarios que hicieron posible este documento y su utilidad”, la presidente de la SIP, Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado, dijo que “la relevancia de la Declaración radica en que nos compromete como periodistas, pero especialmente como ciudadanos, a defender y promover las libertades de prensa y de expresión como prioridades para alcanzar el bien común”.

La Declaración de Chapultepec (http://www.sipiapa.org/chapultepec3/acerca-de-la-declaracion) contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en una democracia. Fue aprobada durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión del 11 de marzo de 1994 en Ciudad de México y desde entonces adoptada por jefes de Estado, líderes, académicos, estudiantes y ciudadanos de las Américas.

El presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica de El Salvador, agregó que “la Declaración no solo nos compromete a buscar permanentemente la verdad, a exigir libertad y tolerancia, sino también nos compromete a respetar normas y criterios éticos en la comunicación”.

En tanto el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, Búsqueda, Uruguay, subrayó que “la Declaración se ha transformado en una vara esencial para medir los niveles de libertad y democracia del que gozan los países, ayudando a crear jurisprudencia para garantizar los derechos y libertades individuales”.

En ese sentido, Paolillo y Dutriz, recordaron que en 2001 la Declaración de Chapultepec sirvió de base para la redacción de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo económico actual del Fondo James McClatchy de La Fundación San Francisco, California. Desde sus orígenes en 1994 y por más de una década, ese Programa contó con el respaldo económico de la Fundación Robert R. McCormick, de Illinois, EE.UU.

Conslusiones de la SIP en Denver

“Los 14 periodistas asesinados en Latinoamérica durante el último semestre – una de las cifras más altas de los últimos 20 años –, la confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas, la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y la persistente carencia de acceso a la información pública en varios países fueron, entre otros, los mayores escollos para la libertad de prensa en el hemisferio occidental durante el último semestre.”
”La asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada del 18 al 22 de octubre en Denver, Colorado, condenó  el asesinato de 14 periodistas; tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay. Expresó también su total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia.
”También durante este período tres periodistas debieron de abandonar Colombia y Honduras por amenazas y dos periodistas extranjeros fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua.
”La SIP compartió la preocupación de organizaciones estadounidenses afines sobre el rumbo de la libertad de prensa en este país, sacudido por las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos. Así lo transmitió el presidente de The Associated Press (AP), Gary Pruitt, al manifestar ante la asamblea cómo el temor a la vigilancia gubernamental ha generado autocensura entre algunas de sus fuentes.
”La organización de la prensa hemisférica insistió que el Congreso de EE.UU. sigue mostrando resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas e instó al Departamento de Justicia a cumplir a cabalidad con las recomendaciones presentadas por delegaciones de la SIP que visitaron Washington, D.C. en los últimos años.
”Se observa con preocupación el acceso limitado a la información pública, un escollo para el trabajo periodístico en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros, mientras tanto en algunos países se carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa.
”La libertad de prensa también se vio afectada por la coacción económica en diversas formas, como la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a los mismos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, para convertirlos no en medios de función pública sino que en herramientas de propaganda partidista e ideológica. Esta coacción se manifiesta también con actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes.
”En Venezuela, la discriminación oficial llega a la no autorización de divisas para la importación de insumos que no se fabrican en el país, como el papel. En el caso de Argentina, se registró una presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico a esos medios. Otra herramienta restrictiva en Argentina, la ley de medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede receptar los principios internacionales en la materia.
”Asimismo, en países como Colombia, Panamá y Brasil, entre otros, se aprecia una creciente industria de juicios y demandas judiciales como forma de acoso a los medios de comunicación.
”En Ecuador se constituyó la forma más severa de censura con la vigencia, a partir del 25 de junio, de la Ley Orgánica de Comunicación que crea dos instituciones del Estado, un consejo y una superintendencia, que sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios, además de obligar a estos a autorregularse.
”En Cuba, como lo especificó Yoani Sánchez, las reformas económicas en esa nación no han ido acompañadas de un mejoramiento de la libertad de prensa que, por el contrario, se ha visto agravada por una represión constante y detenciones arbitrarias de periodistas.
”Finalmente, la Asamblea General reiteró varias veces la necesidad de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes.
”La Asamblea General destacó que durante este período la SIP ha apoyado el fortalecimiento del sistema interamericano mediante gestiones directas con jefes de Estado y representantes diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).”

América opaca según informes SIP

Las amenazas a la libertad de prensa en las Américas son cada vez más intensas y sofisticadas, pero tan grotescas como siempre. Así lo estoy comprobando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebra este fin de semana en Denver, Colorado.

Un dato sobresale y contrae el corazón. Catorce periodistas han sido asesinados en este último semestre en Brasil, Guatemala, Haití y Paraguay, entre otros países, por denunciar los abusos del poder político y económico o tocar los intereses de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas veces van de la mano. La violencia se incentiva por el alto grado de impunidad, producto de poderes judiciales débiles, ineficientes o subyugados al poder, lo que permitió que 17 casos de asesinatos de periodistas prescribieran en Colombia y México después de 20 años sin justicia.

No poder resolver la corrupción, la inseguridad y la miseria es un problema que aqueja a gobiernos de todas las ideologías. Pero varios de ellos, en especial en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, prefieren culpar a los medios privados, a los que acusan de ejercer oposición política y estar enquistados en las oligarquías que golpean las puertas de los cuarteles.

El discurso anti medios y sobre que la democracia sería mejor sin ellos, como repite Rafael Correa, es bueno y convincente, pero solo una treta para acallar y restarle credibilidad a la prensa. Si estos gobiernos no creerían en los medios, no estarían comprándolos a través de testaferros o allegados como sucede con Nicolás Maduro, Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua. El grave problema de que posean medios, es que los convierten en vehículos de propaganda, para apoyar actos políticos, cambios constitucionales y procesos electorales que les permitan eternizarse en el poder.

Además de la compra directa, los gobiernos también siguen acosando a la prensa con otros mecanismos económicos de vieja data con la intención de que los medios mueran por sí solos, como producto de sus equívocos financieros, y así los presidentes pueden salvar sus apariencias democráticas. En muchos países los medios menos críticos son favorecidos con publicidad oficial, no así los díscolos, creando problemas de competencia desleal.

En Argentina el gobierno incentiva a los supermercados a crear un boicot publicitario y en Venezuela se retacea divisas a los periódicos para que no puedan comprar papel y otros insumos que no se fabrican en el país, por lo que varios ya debieron dejar de publicarse. Mientras tanto, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú, los funcionarios públicos acusados de corrupción han encontrado más fácil hacer que los medios se autocensuren luego de demandarlos judicialmente con indemnizaciones millonarias, que responder a la justicia por sus fechorías.

Pero de todas, la peor amenaza contra la libertad de prensa y la democracia, es la cultura del secreto que todavía persiste en todos los países de las Américas. La excusa de la seguridad nacional sigue siendo las más usada como lo demostró el gobierno de EE.UU.  El presidente Barack Obama, quien había prometido transparencia al principio de su mandato, es el que más abusó en clasificar información y en procesar a delatores del gobierno, pese a una ley que protege a quienes denuncian irregularidades en la administración pública. La inseguridad pública fue la excusa para la vigilancia indiscriminada, en una versión similar a la que se utilizó durante la Guerra Fría.

En El Salvador y Paraguay, pese a leyes y órdenes judiciales que obligan a la transparencia, los mismos legisladores niegan dar información sobre sus patrimonios, salarios y asesores, como si trabajaran en el sector privado. No todos los países tienen leyes de acceso y transparencia; pero donde existen, como en Canadá, cada vez con mayor facilidad se impone el sello de “información clasificada” a documentos gubernamentales, para negar su difusión.

Esta opacidad, de negar información a los ciudadanos tras solicitudes legales o no ofrecerla a los periodistas, ni siquiera en conferencias de prensa, es sin dudas el mayor irrespeto a la ciudadanía, una forma eficiente de gobernar de espaldas que, lamentablemente, suele pasar inadvertida.