La justicia tardía también es justicia

Justicia tardía no es justicia reclamaba Séneca. A veces, sin embargo, no importa la tardanza si llega para acabar con la impunidad, como sucedió en América Latina, al poner punto final al terrorismo de Estado en épocas no democráticas.

Ocurrió de nuevo esta semana. La justicia que por 20 años no proveyó el Estado de Colombia a los familiares del periodista asesinado Nelson Carvajal, la terminó de administrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de la Corte Interamericana condena a Colombia por incumplir su deber en administrar justicia, a reparar a sus familiares y a reabrir el caso. Mejor aún, sienta un precedente importante para que los estados resuelvan cientos de crímenes impunes contra periodistas e incentiva luchas contra la impunidad como la ejerce la Sociedad Interamericana de Prensa.

Nelson fue asesinado por descubrir la verdad y acabar con la corrupción en Pitalito, un pueblo del interior colombiano, cuya población vivía arrinconada entre la connivencia de políticos, empresarios y narcotraficantes.

Nelson pagó un alto precio por esa valentía. Recibía amenazas, desprecio de los poderosos y le proponían jugosos sobornos para quedarse callado. Nada lo atemorizaba. Todo lo denunciaba. Cuando una hermana le advirtió que tuviera cuidado por informar sobre la construcción de viviendas de mala calidad, Nelson contestó: “Más vale morir con dignidad que vivir arrodillado ante los corruptos”.

Fue su última frase. Premonitoria. Al día siguiente, antes de poder denunciar los hechos ante su micrófono, le pegaron siete disparos.

Todo hubiera podido terminar ahí, en ese tiroteo; sepultadas para siempre su vida y reputación de periodista, maestro y concejal. Le hubieran homenajeado en cada aniversario. Sin embargo, a la pesadilla por la muerte le siguió un largo calvario que debieron transitar su esposa, hijos, padres, hermanas y sobrinos.

Los Carvajal eran un clan familiar muy unido y con un orgullo ciudadano altísimo en Pitalito, reputación moral que Nelson había construido con cada denuncia sobre corrupción. Pero desde el mismo momento que sus hermanos se arremolinaron ante el cadáver, se escucharon las primeras amenazas entre medio del tumulto.

Desde entonces, las agresiones e intimidación contra los familiares se multiplicaron, en especial cuando varios de ellos comenzaron a colaborar con la justicia, aportando datos y acercando testigos a la Fiscalía. Las amenazas, las llamadas de teléfono anónimas, las burlas y las coronas de muerto en la puerta, les invitaban al silencio o a irse de Pitalito.

Entre 1999 y 2010, diez familiares tuvieron éxodo obligado. Salieron al exilio en tres camadas, en coincidencia con las amenazas que se hacían intolerables cada vez que sucedía algún movimiento en el caso judicial, motivado, muchas veces, por las investigaciones y denuncias de la SIP. Un fiscal fue asesinado y muchos abandonaron el caso ante amenazas.

Los Carvajal siguieron a los empujones tratando de rehacer sus vidas. Perdieron su reputación y se acabaron sus almuerzos domingueros y celebraciones cumpleañeras. Dejaron de ser familia. Abandonaron a sus amigos, sus trabajos, sus colegas, su patrimonio y, peor aún, su identidad y sentido de patria. Se sintieron a la deriva y abandonados por su propio país. No entendían su infortunio.

La sentencia de la Corte no les devuelve a Nelson a los Carvajal, pero sí mucho de todo lo que perdieron: dignidad y sentido de justicia. A Pitalito difícil que regresen. Ya tienen raíces en otros lugares.

Horas posteriores al fallo, con Angelita Baeyens la abogada del Robert Kennedy Group con quien litigamos el caso en agosto pasado ante la Corte Interamericana en Costa Rica, hablamos por Skype con 19 familiares de Nelson, con los del exilio y los de Colombia. En una hora expresamos, ellos y nosotros, toda la emoción, la alegría y las frustraciones que acumulamos por tantos años, dolorosos y lentos, desde que en la SIP abrazamos el caso de Nelson en 2002.  

Cuando escuché a las hermanas de Nelson coincidir y al resto asentir, supe que aunque la justicia tardó, trajo consuelo y esperanza de más justicia. “El fallo reconoce el trabajo de Nelson, y honra su memoria y la voz de la prensa para que no sea silenciada. El esfuerzo y el amor de Nelson por el Periodismo ha quedado plasmado para siempre en esta sentencia”, dijeron Judith y Miriam Carvajal. trottiart@gmail.com

Correa siempre defensivo

El presidente Rafael Correa considera que nadie puede criticar al gobierno, incluso cuando lo hacen con las pruebas en la mano, como lo hizo recientemente en Quito la Universidad Andina Simón Bolívar, a través de su "Informe Sobre Derechos Humanos 2011".

En su programa sabatino “Diálogo con el presidente”, que tiene poco de diálogo ya que se trata de Correa hablando y hablando como propalador de propaganda, el Presidente ecuatoriano criticó a la universidad y dijo que la denunciará ante la Comunidad Andina de Naciones. Correa consideró que el informe no tiene nada de académico ni de investigación, sino que se trata simplemente de una “compilación de pasquines”, de “fraude académico” y de “politiquería”.

El informe señala que el Estado ha demandado a particulares en 204 juicios por sabotaje y terrorismo, que existen 10 contra 48 sindicales y al menos 20 juicios contra periodistas. Correa niega estas cifras mientras que la universidad, creada en 1985 por el Parlamento Andino y con sedes en Quito, La Paz y Bogotá, las confirmó.

La realidad demuestra que sí existen numerosos juicios contra periodistas y particulares como en ningún otro país en América Latina promovidos por el gobierno y, en particular, por el presidente Correa. También es verdad que solo basta criticar a Correa para que toda una cultura gubernamental defensiva se movilice para amedrentar a los críticos.

Las amenazas de Correa contra la universidad son parte habitual de esa cultura.

Chávez: Esperada "no injerencia"

Como era de esperar el gobierno de Hugo Chávez rechazó las 38 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destinadas a fortalecer los derechos humanos en Venezuela, bajo la consideración de que se trató de una estrategia injerencista en los asuntos internos venezolanos de parte de los países imperialistas como son EE.UU y los de la Comunidad Europea, según dijo el viceministro de Asuntos Exteriores venezolano, Temir Porras.

Se esperaba tanto el rechazo de Venezuela como las recomendaciones que se harían, ya que desde hace una década que el gobierno de Chávez sigue violando muchas de las normas establecidas en los tratados internacionales, entre ellas la necesidad de que el Poder Judicial sea independiente, que se permita la supervisión de organismos de derechos humanos y que no se penalice ni castigue a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por ejercer la libertad de expresión y de prensa.

Entre los puntos más importantes, se pidió a Venezuela que cumpla con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones de la Comisión homónima, teniendo en cuenta que Caracas suele incumplirlas, como fue la última decisión de la Corte que falló en contra de la inhabilitación al político de oposición, Leopoldo López.

Las recomendaciones también pedían que se revisara la ley de Partidos Políticos, Reunión Públicas y Manifestaciones, que se despenalizaran los delitos de difamación para la tarea periodística y para que se eliminen los delitos de desacato y vilipendio de los códigos Penal y Militar, además de que se eviten los abusos de autoridad de parte de las fuerzas de seguridad.

En materia judicial, según las recomendaciones presentadas durante la reunión del EPU en Ginebra por Inglaterra, pedían “garantizar procedimientos abiertos y transparentes basados en el mérito” para elegir a jueces y fiscales, y la de Israel de dejar “utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos con el Gobierno”, de acuerdo a un cable de la agencia Efe.

En materia de derechos humanos, Israel instó a “terminar con la cultura de la impunidad que rodean a casos de represalias contra disidentes y ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas”. Francia pidió que se genere “un entorno que permita trabajar con libertad” a los activistas de derechos humanos y de “luchar contra la impunidad” de quienes les acosan y agreden. Y Canadá solicitó que “se permita el acceso a la financiación internacional, de manera que los defensores de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo su trabajo legítimo”.

Cuba: ¿Y los gobiernos donde están?

Con la escalada de la represión en contra de la disidencia cubana, uno se pregunta ¿dónde estará la solidaridad de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y las instituciones defensoras de los derechos humanos de la región que no dicen absolutamente nada?

Se supone que el principio de derechos humanos es un principio universal por el que nadie debería temer de levantar su voz ante las injusticias y atropellos del pueblo cubano.

Los gobiernos latinoamericanos siguen solidarizándose con el régimen de los hermanos Castro y cantando loas sobre la incorporación de Cuba a la OEA. Qué lamentable que midan al gobierno y al pueblo cubano con distinta vara.

Esta es una de las vergüenzas mayores que tendrá que soportar América Latina cuando en el futuro se revea su historia.

Chávez vs. la Corte IDH

El presidente Hugo Chávez no puede con su genio, siempre trata de desairar a todo el mundo especialmente cuando se trata de instituciones internacionales que no comulgan con su forma de gobernar.

Esta vez el turno – y ya en forma repetida – le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana falló a favor del político Leopoldo López quien había sido inhabilitado para ejercer la política o aspirar a cargos electivos, debido a una resolución del Contralor General de Venezuela, que bajo las órdenes de Chávez, lo inhabilitó por un término de 6 años bajo sospechas de corrupción. Exactamente lo que le sucedió a decenas de políticos de oposición que justamente antes de las elecciones fueron empujados fuera de la política sin juicio ni proceso judicial de ninguna naturaleza, solo con la idea de sacarlos de la contienda.

Como era obvio, Chávez arremetió este sábado en contra de la CIDH con el argumento de siempre de que esa institución interamericana se presta a la voluntad del imperialismo; claro que distinto hubiera sido su parecer si la Corte hubiera dictaminado a favor del Estado venezolano.

Chávez insiste que la UNASUR o los países del Alba tengan su propia Corte de Derechos Humanos. Todos pudieran imaginarse para qué lado se inclinarían siempre sus fallos.

Venezuela ya ha desconocido varios fallos de la Corte y numerosas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por esas violaciones a tratados internacionales y compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, debería aplicársele al país lo que establece la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Venezuela por violar el Pacto de San José de Costa Rica.