Contradicción mayor sobre los derechos humanos

Nunca como ahora en América Latina se habían denunciado las violaciones a los derechos humanos con tanta firmeza ni se habían reparado con tanta entereza.

Pero tampoco el sistema interamericano de derechos humanos había atravesado una crisis tan profunda como la presente, quedando casi al borde del colapso.

Nada sorprende en este continente tan predispuesto a las fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables de que podrán acceder a la justicia cuando sientan que esta les da la espalda en sus países.

Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes necesarios para que el sistema subsista y sea eficiente.

Esta semana la CIDH hizo un duro cuestionamiento hacia futuro. Si no recibe los aportes necesarios de parte de los estados que están comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados. 

Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente ya decidió suspender las visitas de investigación a países, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas que ahí presentan sus casos. También afectará casos en curso como a víctimas de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.

Ninguna de las crisis que atravesó la CIDH fue tan seria como esta. No es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas de la región, en especial el de Hugo Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Las represalias de Correa y Chávez contra el sistema surgían cada vez se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o por no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos siempre usaron la excusa de que el sistema era un ariete del “imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no pudiera recibir donaciones privadas o de gobiernos europeos.

Correa pretendía una CIDH más dócil o, en su defecto, crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes de la región, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Su salida, se supo luego, no fue política, sino económica> De esa forma, el gobierno abandonó la  responsabilidad de tener que indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas; hasta la ex presidenta Dilma Rousseff que cerró el grifo, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

América Latina es como el perro que gira sinfín para morderse la cola; es un círculo vicioso. Reconoce la necesidad de defender los derechos humanos porque así el continente se hace más justo y equitativo; pero, al mismo tiempo, se niega a ofrecerle los fondos y recursos necesarios para su labor.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados de Latinoamérica para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole a la organización problemas que hasta entonces eran perpetuos.

Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Trottiart@gmail.com

Disciplinando a los críticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre fue caja de resonancia de los abusos de poder y la falta de justicia en América Latina. Sin embargo, paradójicamente, quienes acuden a ella suelen transformarse en víctimas de sus propias denuncias.

Esta vez les tocó el turno a periodistas argentinos y ecuatorianos. Desde sus gobiernos les llovieron todo tipo de insultos después que denunciaron ante la CIDH que son perseguidos por sus críticas, opiniones y denuncias, como fue el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, quienes actuaron en representación de un grupo de colegas.

La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, en vez de neutralizar las denuncias con la posición del gobierno, prefirió descalificarlos, acusándolos de “victimizarse”, de ser “voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos” y de orquestar campañas contra las políticas nacionalistas en Latinoamérica. Todo esto, después de que por años, la CIDH le negara una audiencia a los periodistas ante las presiones del gobierno.

Este arrebato en contra de quienes fueron a denunciar violaciones a los derechos humanos, se dio, paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de Cristina Kirchner anunciaba con bombos y platillos, el descubrimiento de “listas negras” de la última dictadura. Y mientras se daban los nombres de los más de 300 artistas, intelectuales y periodistas que los militares consideraban blancos debido a sus denuncias y posición política, el gobierno tomaba represalias contra los denunciantes actuales, como el caso de Ruiz Guiñazú, a quien le cayeron inspectores de la AFIP, buscando pruebas por ingresos pasados.

El mensaje fue muy claro. Aunque no existe la burda censura directa, los insultos y los inspectores buscan intimidar para generar autocensura. Una forma de disciplinar a periodistas, críticos y díscolos; de la misma forma que se persigue económica, legal y judicialmente a muchos medios y empresas privadas por no plegarse a los designios del gobierno.

La misma actitud la asumió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Arremetió contra un grupo de periodistas que lo denunció ante la CIDH por violaciones directas a los derechos humanos e intimidar con acciones judiciales e insultos públicos que suelen terminar en agresiones. Correa, más allá de que sus funcionarios no acudieron a la audiencia, la calificó de “payasada” y de “una más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional”.

En ambos casos, se trata de un doble estándar de estos gobiernos. Sus democracias se construyeron, en parte, gracias a las denuncias que las víctimas de las dictaduras pudieron hacer ante organismos internacionales. Fue justamente una misión de la CIDH a Argentina en 1979, la que despertó la reacción internacional contra la dictadura militar, que por aquel entonces, estaba empecinada a mejorar su imagen externa con el eslogan de “Los argentinos somos derechos y humanos”, pretendiendo enmascarar las graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso argentino es obvio que no se puede comparar la persecución en dictadura a las de este gobierno. Entre 1976 y 1983 desaparecieron 93 periodistas y cientos debieron exiliarse. Pero por menos grave que sean las violaciones ahora, no tiene por qué coartarse el derecho de quienes quieran denunciarlas o se consideren víctimas de opresión.

El caso ecuatoriano es aún más grave. Correa, enojado por informes sobre derechos humanos desfavorables a su gobierno, no solo protesta, sino que lideró una campaña internacional contra la CIDH, acusándola de “brazo del imperialismo” y amenazando con la renuncia de su país a esa jurisdicción. Algo que concretó Nicolás Maduro, quien prefirió sacar a Venezuela del sistema interamericano, antes que responder por graves atentados a los derechos humanos cometidos en su período y en el de su antecesor.

Estos gobiernos, como el argentino y el ecuatoriano, que se autocalifican de campeones de los derechos humanos, en lugar de admitir errores o investigar las denuncias, prefieren perseguir y disciplinar a sus críticos con tal de que haya una sola verdad, la oficial. Siempre, con una actitud marcadamente defensiva, prefieren atacar a quienes hacen preguntas o denuncias, a tener que rendir cuentas como les exige su mandato.

Periodistas se defienden en la CIDH, por ataques de Kirchner y Correa

Los gobiernos de Cristina Kirchner y Rafael Correa han hecho de los medios de comunicación y de sus propietarios la razón de su existencia. Los acusan de ser los poderes económicos y políticos, los verdaderos opositores, a los que califican de vendepatrias, conspiradores, golpistas y desestabilizadores. Además,  los hacen  responsables de la desigualdad, de la opresión, de incentivar la inseguridad y de desconocer a las autoridades.

En su estrategia de achacar todos los males a los medios - el único “enemigo” en pie, después de que degradaron y se apoderaron de las estructuras institucionales - se han cuidado de atacar a los periodistas, a quienes consideran víctimas de los medios privados, desalmados y monopólicos. Su táctica de pegar a los de arriba y minimizar el impacto entre los de abajo, así sean periodistas, indígenas, maestros u obreros, tiene el claro propósito de desinflar su colchón electoral.

Pero son tantas las agresiones y campañas de desprestigio que estos gobiernos y sus estructuras oficialistas le han pegado a los periodistas, a los de a pie, así como también lo hicieron gobiernos de ideologías diametralmente opuestas como los de Hugo Chávez, Carlos Menem, Alberto Fujimori o Augusto Pinochet, que los periodistas empezaron buscar refugio y a ejercer sus derechos fuera del país.

Esta semana, grupos de periodistas argentinos y ecuatorianos participaron de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los atropellos a la libertad de expresión y de prensa en ambos países. La crítica contra los gobiernos no es tan solo por las campañas de desprestigio que sufren, sino por las trabas para hacer periodismo y las que se imponen a los ciudadanos, a quienes se niega su derecho de acceder a información pública.

Los periodistas denunciaron la censura que implica la Ley de Comunicación en Ecuador, las demandas judiciales con millonarias indemnizaciones que les llueven desde el poder político, las campañas de desprestigio con afiches, denuncias y juicios públicos, todo ello con el ánimo de censurar y generar autocensura.

También denunciaron el cepo publicitario en Argentina impuesto por la Secretaría de Comercio a los supermercados y la forma en que el gobierno utiliza fondos públicos para beneficiar a los medios que le son afín y la falta de una ley de acceso a la información pública que obligue al gobierno a ser transparente.

Obviamente, las respuestas de los gobiernos no se hicieron esperar y fueron previsibles. Rafael Correa, desde Moscú, dijo que las denuncias de los periodistas y de miembros de la sociedad civil ecuatoriana ante la CIDH era solo una “payasada”. Mientras tanto, la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, calificó a los periodistas – Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú entre otros prestigiosos e independientes - de "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos".

Las presentaciones de ambos grupos tuvieron en sus países una cobertura desigual. Muchos periodistas se sintieron representados pero otros los criticaron por victimizarse, desde una óptica muy parecida al oficialismo. En realidad, esto muestra que si algo “bueno” han logrado con su estrategia de desprestigio estos gobiernos, es que también han dividido y polarizado al gremio periodístico.

Politización de los derechos humanos

Venezuela se retiró esta semana del sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro excusó el retiro acusando a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser mafias injerencistas e instrumentos del “imperio”, para perseguir a “los gobiernos progresistas de la región”.

La excusa no es más que una vieja argucia del régimen, que disimula una creciente y sofisticada tendencia de varios gobiernos latinoamericanos por politizar los derechos humanos y así evadir sus responsabilidades de Estado. La decisión deja desamparados a los ciudadanos sin posibilidad de acudir a instancias internacionales con la esperanza de encontrar la justicia que se le niega en sus países. Un duro golpe para los venezolanos, si se considera que solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos llegan a juicio en su país.

Esa politización incluye violencia y demandas judiciales contra activistas de los derechos humanos, restricciones a sus fuentes de financiación y un permanente ataque al sistema interamericano, desconociéndose sus fallos y decisiones. En el fondo, es una conveniencia de los gobiernos que así se blindan ante las críticas y denuncias y no permiten la supervisión de los derechos humanos en sus territorios.

De esa forma, el gobierno venezolano evita cumplir con 16 fallos condenatorias pendientes de la Corte interamericana y pagar unos 10 mil millones de dólares en indemnizaciones a casi 300 víctimas. Pero la decisión, aunque parezca económica, es política.

Deviene de aquella retórica propagandística del ex presidente Hugo Chávez que calificaba de mafia, golpista y fascista a quienquiera que se opusiera a su voluntad. Sin embargo, pese a la dialéctica, Venezuela, por ser parte de la OEA, no puede excusarse de todas sus responsabilidades. De ejemplo valen EE.UU. y Canadá, que aunque no están bajo jurisdicción de la Corte al no haber ratificado la Convención Americana, igualmente fueron responsables ante informes de fondo que denunciaban violaciones en casos de migración, violencia doméstica, pena de muerte y por la cárcel de Guatánamo.

Maduro, así como otros presidentes progresistas como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, suelen engañar con una retórica que busca desnaturalizar el sistema interamericano, definido como el “último intento de defensa para los habitantes que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte de un Estado”. A menudo amenazan con renunciar a la Convención, a la OEA, ignoran los fallos y proponen reformas que buscan quitar independencia a la Comisión y hasta crear tribunales supranacionales en otros organismos más amigables, como UNASUR y el ALBA.

En ese ejercicio propagandístico, politizan todas las causas de violaciones en sus países para poder oponerse a ellas. Y cuando hablan de derechos humanos solo respaldan aquellas causas en el exterior contra dictaduras militares o de derecha como las de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero se hacen los distraídos por reclamos en sus propios países o los que ocurren en tiranías de izquierda como la cubana.

Al politizar las denuncias en su contra y establecerse como víctimas, desvían la atención sobre denuncias y fallos de la CIDH que son parejas para todos los países, sin distinción de ideologías. En años recientes, Brasil, Colombia y México fueron los países que más condenas recibieron debido a la violencia consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales; pero también fue donde mayor cantidad de denuncias se registraron debido a una mejor cultura sobre la protección de los derechos humanos.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está lejos de ser perfecto; es lento, burocrático y necesita mayor eficiencia y más apoyo material por parte de los estados. Además, la Convención Americana debería ser ratificada por los 35 miembros de la OEA, y no solo estarlo por 25.

Pese a sus limitaciones y detractores, se debe reconocer que el sistema ha contribuido a crear una mejor cultura a favor de los derechos de indígenas, mujeres, niños, presos políticos, migrantes y en contra de la discriminación y el racismo, luchas todas que han enriquecido a América Latina y que no deberían ser mezquinamente politizadas.

Maduro contra los derechos humanos

Los ciudadanos venezolanos ya no tendrán donde acudir cuando se agoten los recursos judiciales internos de administración de justicia y sus derechos humanos sean violados.

Nicolás Maduro, fiel a la retórica del ex presidente Hugo Chávez que el 9 de setiembre de 2012 solicitó a su canciller renunciar a la Convención Americana de los Derechos Humanos y por ende a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó con el proceso y a partir de hoy Venezuela ya asumió no tener responsabilidad internacional en estas materias.

La estrategia solo confirma que el gobierno venezolano, bajo la excusa siempre del intervencionismo extranjero, deja de asumir su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos y a conveniencia deja los estándares de algunas organizaciones (CIDH/OEA) para estar bajo la tutela de otras que domina y donde no puede ser cuestionado (UNASUR).

Ayer, Maduro volvió a repetir y a reiterar los numerosos dichos de Chávez: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, y con ello dejó por sentado que Venezuela se une a Trinidad y Tobago y al Perú de Alberto Fujimori como los países que se retiraron de la Convención después de estar suscriptas y haber ratificado el Pacto de San José.

Aunque Chávez y Maduro se hayan esforzado en criticar y desconocer cada opinión y fallo de la Comisión y la Corte, al considerar que ambas instituciones están secuestradas por el poder político del imperio estadounidense, en realidad lo que están haciendo es dejar desprotegidos a todos los ciudadanos venezolanos que antes acudían a la jurisdicción internacional en busca de justicia, reparaciones y desahogo cuando se les negaban sus derechos en el país.

Nunca Chávez y menos Maduro aceptaron esa jurisdicción y con ello el Estado (no el gobierno) jamás reconoció los derechos violados de sus ciudadanos, desconociendo pagar indemnizaciones por reparación moral o excarcelar a presos políticos o reabrir causas judiciales.

El retiro de Venezuela (el mismo día que Henrique Capriles introduce ante la CIDH una denuncia para desconocer los resultados de las elecciones que perdió por estrecho margen ante Maduro) es congruente con la política de aislamiento en materia de derechos humanos que hace dos años busca también el presidente ecuatoriano Rafael Correa que ha llamado a desmantelar el sistema y, al menos, que la CIDH no tenga sede en EE.UU. un país que junto a Canadá no ha ratificado la Convención.

Este retiro deja por el aire varios temas incumplidos por Venezuela, entre ellas 16 sentencias condenatorias e indemnizaciones por 9.700 millones de dólares en reparación para unas 300 víctimas, según datos que se desprenden de fallos de la Corte Interamericana.

Círculo morboso contra Capriles

No puede haber sorpresas. Era lo esperado. En un nuevo apriete y ajuste de cuentas tal cual el régimen chavista lo viene perpetrando contra políticos de oposición, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, Henrique Capriles se encuentra entre la espada y la pared.

No solo que el Tribunal Supremo de Justicia desestimó absolutamente los recursos judiciales de Capriles y otros nueve interpuestos por la oposición y particulares que pedían la impugnación de los comicios del 14 de abril y solicitaban que se rehicieran en más de cinco mil mesas – con algo más de dos millones de electores – debido a las palpables irregularidades, sino que el Supremo le impuso multas y ordenó que se lo procese penalmente por haber incurrido en ofensas.

No se trata de una película de poca monta de Hollywood, sino de una actitud circular morbosa del chavismo. Se trata del gobierno de Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, de igual forma que su predecesor el estratégico militar Hugo Chávez, nunca utiliza la defensa como táctica, solo se agazapa para tomar fuerza y siempre estar a la ofensiva. Mantener al contrincante a la defensiva, en este caso contratacar a Capriles - quien con esta investigación penal fácilmente podría ir a la cárcel, perder la gobernación de Miranda y el liderato de la oposición en el país – es la mejor forma que el régimen ha tenido – sin vergüenza alguna – para doblegar a sus contrincantes y a la oposición.

Capriles ahora, a contrapelo del ordenamiento jurídico, pasa de acusador a acusado, teniendo él que demostrar que no es responsable de las manifestaciones posteriores a la elección que derivaron en una decena de muertos, y deberá retractarse y será investigado porque su recurso de contiene “conceptos ofensivos e irrespetuosos en contra de esta Sala y otros órganos del Poder Público”.

La sentencia judicial, aliada al Poder Ejecutivo y que fue vertida a destiempo y coincidentemente cuando Capriles dijo que el retraso lo obligaba a dirigirse a tribunales e instancias internacionales, es un claro ejemplo como se busca neutralizar a los opositores en el país, pero, sobre todo, enviar un mensaje a la ciudadanía de que todo díscolo debe pagar las consecuencias. En Venezuela, el gobierno quiere la sumisión y el conformismo.

Dice el fallo del TSJ: “En vista de la gravedad de las ofensas y términos irrespetuosos que el demandante vertió en su escrito, esta Sala Constitucional estima necesario remitir al Ministerio Público, como titular de la acción penal, copia certificada del presente fallo y del escrito presentado por la parte actora, con el objeto de que realice un análisis detallado de dichos documentos e inicie las investigaciones que estime necesarias a fin de determinar la responsabilidad penal a que haya lugar”.

Capriles tendrá ahora que ir cuesta arriba. No encontrará eco favorable en la OEA o la UNASUR a donde dijo que acudirá, y mucho menos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones y opiniones fueron totalmente ignoradas por el chavismo, en especial cuando la CIDH solicitó que se le devuelvan los derechos políticos al opositor Leopoldo López, exigió la restitución de jueces y pidió la protección de periodistas que eran vilipendiados por el régimen. Además, Chávez inició el retiro de Venezuela de la jurisdicción de organismos interamericanos de justicia, por lo que a partir del 10 de setiembre la CIDH no podrá trasladar los casos en contra del estado de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como prevé la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Se trata de un círculo político cerrado y morboso; y muy práctico para quienes detentan el poder y quieren eternizarse en él sin ningún tipo de contratiempos.

Correa insiste contra la CIDH

El presidente Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último informe de libertad de prensa sobre Ecuador, habla de más de 70 violaciones cometidas por el gobierno ecuatoriano.

Por razones similares en el pasado y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de los países que conforman el ALBA, una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. En su intención, Correa arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que esta instancia tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como de EE.UU. y de países europeos, y puso cortapisas para que no pueda “entrometerse en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.

Aquella vez, la propuesta de Correa - impulsada en una reunión celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones, lobby y presión a otros gobiernos - terminó por desvanecerse el 23 de marzo de este año, tras una Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que el proceso pudiera continuar.

Con esa puerta entreabierta, el gobierno ecuatoriano difícilmente se quedaría con las manos atadas. Como corolario, de nuevo eligió la ciudad de Cochabamba para que este próximo 14 de mayo se insista con la reforma del SIDH, al menos, con la intención de que la sede de la CIDH salga de Washington para instalarse en Buenos Aires. Se trata de una segunda reunión con los cancilleres de los 23 estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta segunda oportunidad demuestra varias cosas. Primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con sus objetivos. Segundo, que la OEA tendrá que discutir y gastar energías nuevamente en un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la Carta Democrática Interamericana ante el supuesto fraude electoral en Venezuela. Y tercero, obligará nuevamente a miles de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.

Rafael Correa y la CIDH

En las próximas horas se sabrá finalmente qué suerte tendrán la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la celebración de la asamblea de la Organización de Estados Americanos. Si seguirán siendo organismos autónomos e independientes para vigilar la situación de los derechos humanos en el continente o si, por el contrario, se convertirán en entidades sin gravitación, permitiéndoseles a los gobiernos su manipulación y neutralización política.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha sido el líder de un grupo de países que cansados de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos dentro del sistema interamericano, juraron pulverizar a estos organismos. La excusa fue siempre la misma, que se trata de organizaciones manipuladas por el imperio que las usa como instrumento de su política exterior para entrometerse en asuntos internos y en la soberanía de los países.

Correa prometió neutralizar a la CIDH y a su Relatoría Especial de Libertad de Expresión, después de que se le pidiera a la justicia de su país que quede sin efecto una sentencia a su favor, que le adjudicaba 40 millones de dólares en compensación por un juicio por difamación que le siguió al diario El Universo de Guayaquil.

Correa, desde entonces, fue juntando voluntades entre otros gobiernos que también se sintieron ofendidos por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en sus territorios. Su estrategia mayor, es que la CIDH y la Relatoría pierdan la capacidad de financiarse con dineros por fuera de los países miembros de la OEA, como ocurre actualmente con casi la mitad de su presupuesto.

La medida parece loable, pero solo encierra las intenciones de bloquear a la Relatoría y su capacidad de emitir informes específicos sobre los países, la que necesita parte de su presupuesto de operación proveniente de países europeos y fundaciones y ONGs estadounidenses.

La idea de Correa, que difícilmente ocurrirá, es que estos organismos tengan menos capacidad de operación y así silenciar gran parte de la crítica internacional que se cierne sobre su gobierno.

Correa contra el Sistema de DDHH

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, uno de los orgullos más grandes del hemisferio occidental creado dentro de la Organización de Estados Americanos para dar voz y defender a los más vulnerables, está a punto de ser destruido.

Una reunión de cancilleres que se realizará este mes en la sede de la OEA en Washington está a punto de aceptar las recomendaciones de un grupo de trabajo que, sostenido por los gobiernos más autoritarios del continente y bajo la batuta del presidente ecuatoriano Rafael Correa, neutralizará la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, a cargo de Catalina Botero.

Las manipulaciones del presidente Correa, con el acompañamiento de otros mandatarios del ALBA y el silencio de muchos países democráticos que prefieren hacer la vista gorda porque en el pasado también recibieron decisiones y reprimendas por violaciones a los derechos humanos, como el caso de Brasil y Perú, buscan que la CIDH y la Relatoría se conviertan en florero de decoración.

En su columna de hoy en el Washington Post, el periodista Jackson Diehl, acusa no solo a estos regímenes sino también a una política exterior displicente del gobierno de Barack Obama por no influenciar más a favor de mantener el sistema interamericano.

Se lamenta – y creo que es el lamento de todos – que un presidente tan autoritario como Correa que ha perseguido a periodistas y medios de comunicación y en cuyo gobierno se legitimaron muchas violaciones a los derechos humanos, haya embaucado a medio mundo de que se hace necesaria una reforma, la que no tiene otro propósito que vengarse de las decisiones e informes que la CIDH produjo en contra de su gobierno.

Las reformas de Correa, tanto esta que está buscando a nivel interamericano en materia de derechos humanos, la que hizo en su país respecto a la democratización del Poder Judicial y la que anunció en contra de los medios a través de la nueva Ley de Comunicación, solo buscan mejorar todos los sistemas para su propio favor y beneficio.

Hugo y Cristina apuestan al miedo

Cada vez se asemejan más los dos estilos de gobernar en Venezuela y Argentina. Tanto Hugo Chávez como Cristina de Kirchner son día tras días más arrogantes y últimamente han apostado al miedo para atraer agua para sus molinos, creyéndose que más que gobierno son Estado.

Chávez acaba ayer de refrendar sus dichos de que si no gana las elecciones el mes próximo, en Venezuela se desatará una guerra civil. Un claro mensaje anti democrático e irresponsable de parte de un comandante de las Fuerzas Armadas y de quien ha creado unas milicias populares que, armas en mano, no tienen la instrucción necesaria para defender las instituciones del Estado, porque han jurado la lealtad a esta revolución y su líder. Los dichos de Chávez no solo son amenaza e intimidación, sino también violan preceptos constitucionales respecto a las garantías y observación que los gobernantes están obligados en materia de paz y bien común.

Chávez no ha quedado solo en los dichos. También su gobierno, creyéndose Estado, comenzó esta semana los trámites para su alejamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y así desconocer a la Comisión y a la Corte interamericanas. La maniobra deja desprotegidos a los ciudadanos  venezolanos ante violaciones a sus derechos humanos, ya que es el único lugar al que un individuo puede acudir toda vez que se agotan los recursos judiciales internos. 

Pero esta actitud, asumida por Chávez en represalia por varias decisiones y fallos de los organismos internacionales en contra del Estado, es la misma que adoptó durante todo su gobierno expulsando de Venezuela – o no permitiendo entrar - a varios supervisores de los derechos humanos, tanto de organismos multilaterales como de ong, como Human Rights Watch.

Quien pierde con esta decisión no es el gobierno, sino todos los venezolanos.

Respecto a Cristina, su reciente frase sobre que no solo hay que temerle a Dios sino un poquito a ella, resume su soberbia actitud como gobernante. Su gobierno ha deletreado un gran número de controles sobre los argentinos que parece haber salido de un libreto de las dictaduras militares de antaño.

Más allá de los conocidos controles cambiarios que han afectado hasta la formas de ahorro y los viajes de los argentinos, y de la vehemencia con la que la Presidente se enfrasca en guerras con todos los sectores, particularmente contra medios y periodistas, se conoció en estos días una encuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la agencia recaudadora de impuestos, que pretende que los ciudadanos les cuenten a través de qué medios se informan y hasta por qué simpatizan con determinado periodista u columnista.

Denominada “Encuesta de preferencia de medios de comunicación”, la AFIP La muestra como un sondeo no obligatorio, que busca identificar cuales son los medios más adecuados para canalizar su propaganda. Sin embargo, la AFIP no maneja su pauta publicitaria ni el gobierno es conocido por ofrecer su publicidad en forma eficiente, como demandó la Corte Suprema en un fallo que el gobierno sigue sin obedecer, sino que lo hace a través de aquellos medios que no critican su labor.

En definitiva, como les sucede a los directores de medios y periodistas que suelen recibir llamadas telefónicas cada vez que publican críticas como una forma de intimidación, esta encuesta lleva implícito un mensaje de temor y control.

Belo Monte y la voz indígena

Finalmente un juez federal ordenó al gobierno brasileño no proseguir con las obras y planes de la gigantesca represa de Belo Monte en el corazón del Amazonas, para algarabía de los indígenas que viven en los márgenes del río Xingú y para deleite de los activistas de los derechos humanos más allá de Brasil. Para los indígenas Xingú se trata de una larga batalla para que no se malogre el medioambiente en el que viven, una situación de protesta sostenible que han mantenido como los nativos bolivianos que siguen protestando (y paralizando) la construcción de una carretera que el presidente Evo Morales está empeñado en que pase por la amazonia boliviana. Digo que se trata del deleite de los activistas por los derechos humanos, porque fue justamente la proyectada hidroeléctrica de Belo Horizonte la que causó la más grande controversia dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), por la que varios gobiernos, encabezados por los de Ecuador y Venezuela, son los que quieren ahora destruirlo. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares contra esta represa y a favor de los indígenas, lo que motivó una airada protesta del gobierno liderado por Dilma Rousseff. Desde entonces, la presidente acusó al sistema de interferencia y clamó por su reforma. Ni lerdos ni perezosos, otros gobernantes con profundas diferencias sobre el SIDH aprovecharon la ocasión para despacharse en su contra y buscar mayores reformas que implican su neutralización. De esta forma, Brasil sin quererlo, incentivó a presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez que siempre reclaman que el SIDH se entromete en asuntos internos, cuando éste se hace eco de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en su territorio. Lo bueno del fallo de la justicia federal brasileña, es que le da la razón a la CIDH, diciendo que se deben paralizar los trabajos de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo a un costo de 11 mil millones de dólares para generar 11 mil megawatts, hasta tanto los indígenas sean escuchados, quienes no fueron ni siquiera consultados antes de que comiencen las obras, como estipulan las leyes. Norte Energía, la constructora, podrá apelar el fallo, mientras que el Congreso, una vez que escuche a los indígenas, podrá ordenar legalmente la continuación de las obras. La pelea seguirá, pero lo importante es que por ahora, la voz de los nativos se ha escuchado.

Odio y discriminación

La brutal ejecución de Najiba, una joven afgana de 22 años, perpetrada por su esposo que le pegó 13 tiros por la espalda después de que un juez tribal la sentenciara por adulterio, conmocionó a la opinión pública internacional, provocando que muchos reprobaran las costumbres musulmanas por propiciar asesinatos enmascarados de justicia divina. Pero no solo en Afganistán se cometen estos crímenes. En nuestra región, el odio y la discriminación se están propagando a niveles alarmantes, ya sea por cuestiones de género, raza, etnia, u orientación sexual y religiosa. En República Dominicana fueron asesinadas más de 100 "Najibas" este año – casi 200 crímenes de mujeres por año desde 2005 – por lo que 60 ONGs exigieron ante el Congreso la semana pasada, reformas penales para proteger a las mujeres y castigar a los violentos. En la última década, la violencia de género ha provocado un promedio de 2.500 asesinatos por año en México producto de la violencia doméstica, trata de personas y de la esclavitud sexual, muchos de ellos cometidos cerca de pasos fronterizos con EE.UU. Peor que los crímenes, que también son comunes en Centroamérica a niveles pavorosos, es que la mayoría de los casos permanece impune, ante la indiferencia de los estados para investigar y procesar a los culpables. La apatía de las autoridades, es el patrón de conducta que encontró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como generador de un círculo de vicioso que motiva mayor violencia. La CIDH demostró que el odio y la discriminación sexual van en aumento y, como ejemplo, denunció casos de agresiones contra lesbianas en EE.UU; el asesinato de tres transexuales en Guatemala y Brasil; y el de dos homosexuales en Jamaica, país donde ya fueron ultimados ocho en los últimos tres meses. Tanto la violencia sexual como la impunidad no conocen fronteras ni distinguen entre clases sociales ni sobre el nivel de desarrollo de los países. En el momento que la CIDH reclamaba mayores esfuerzos para combatir estos fenómenos, el cortometraje "La guerra invisible", del documentalista Kirby Dick, denunciaba la inmovilidad de la cúpula del Ejército de EE.UU. para detener las más de tres mil agresiones sexuales que se cometen anualmente entre sus filas, entre casos de violaciones y acoso sexual. Chile tomó el toro por las astas para combatir el odio y la impunidad. El presidente Sebastián Piñera promulgó el 12 de julio una ley que sanciona y aumenta las penas contra todo tipo de discriminación, además de aplicar multas y medidas de reparación para las víctimas. La ley, demorada en el Congreso por siete años, vio la luz después del asesinato en marzo de Daniel Zamudio, un joven que fue atacado por un grupo neonazi por su condición de homosexual. También esta semana, Piñera creó la figura del “defensor de los niños”, para dar respuesta a las 21.000 denuncias de abuso sexual contra menores de 14 años en 2011 que, según el gobierno, aumentaron un 22% en lo que va de 2012. La discriminación no transluce solo en el orden sexual. Esta semana el banco estadounidense Wells Fargo acordó pagar 175 millones de dólares de reparación, por discriminar a negros y latinos en el otorgamiento de préstamos, en violación de leyes sobre equidad crediticia. En Miami, por ejemplo, por un préstamo de 300 mil dólares, el banco cobraba tasas de interés más altas y un promedio de 2.538 dólares más a un latino que a un blanco con la misma solvencia crediticia, lo que un juez consideró como un caso de "impuesto racial adicional". En momentos que los contenidos xenófobos, antisemitas, raciales, de género se extienden por las aulas, estadios de fútbol y por las redes sociales, no solo hacen falta enérgicas leyes como la chilena o la que buscan los dominicanos para reprimir y disuadir a los violentos. Para combatir la violencia que generan el odio y la discriminación, también es necesario poner énfasis en la educación. Las leyes, las denuncias y las campañas ayudan, sin dudas, pero cambiar el “ADN” de las generaciones futuras, y comenzar a crear una nueva mentalidad y cultura basada en la tolerancia y el respeto por la diversidad, solo será posible si se instrumenta una buena educación desde la escuela primaria.

Crímenes de odio en aumento

La ejecución de una joven afgana de 22 años con disparos a su espalda por haber cometido adulterio, cuyo video fue subido a internet por algunos de los pobladores que presenciaron el acto, conmocionó a la opinión pública internacional, ya que se trató de un simple asesinato.

En el video se observa a Najiba escuchar su sentencia mientras estaba arrodillada de espaldas, a la vez que un juez ocasional o tribal lee los versos del Corán donde se condena el adulterio de las mujeres. Supuestamente su marido es quien se paró detrás de ella para disparar 13 balazos, cuatro de ellos contra su cadáver.

Muchos enseguida condenaron a la religión musulmana de propiciar este tipo de asesinatos enmascarados de justicia divina. Pero pocos son los que admiten que en nuestro continente vienen en aumento acelerado los actos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de odio contra personas con orientaciones diferentes, ya sean políticas, de género u orientación sexual.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos en Guatemala, Estados Unidos y Jamaica, perpetrados contra personas por su orientación sexual, una tendencia creciente en las Américas.

La CIDH condenó los asesinatos de William Geovanni Aguilar Pérez y Alison, quienes se identificaban como mujeres trans, en la municipalidad de Villanueva, Guatemala, ocurridos el 17 de junio, estableciendo que “estos homicidios se enmarcan en una grave situación de violencia y de falta de investigación de la violencia contra las mujeres trans en Guatemala”.

También condenó el asesinato de dos hombres homosexuales en Kingston, Jamaica, hechos ocurridos el 13 de junio. Según la CIDH, sus cuerpos fueron “mutilados o cortados en trozos, cerca de rocas manchadas con sangre”. La CIDH denuncia que este crimen se dio en el contexto de una fuerte violencia contra la comunidad LGTB en Jamaica, “en donde ocho hombres gay fueron asesinados en los últimos tres meses”.

En EE.UU., la CIDH denunció el asesinato de Mollie Judith Olgin y el intento de asesinato de su pareja, Mary Christine Chapa, de 19 y 18 años de edad, en el estado de Texas, casos ocurridos el 22 de junio.  Las autoridades indicaron que no se trató de crímenes comunes, sino por razones de u orientación sexual.

La retórica sobre derechos humanos

El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político agresivo y de confrontación. Entre la arenga y la propaganda, su táctica consiste en imponer temas de discusión y situar a adversarios, periodistas, activistas o gobernantes extranjeros, a la defensiva.

Alcanzó su propósito una vez más en la recién finalizada 42ª. Asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, a la que asistió como único Presidente invitado entre los cancilleres de la región. Con su tono belicoso pero efectivo, logró que el tema principal de la reunión, el hambre que padecen 53 millones de personas en el hemisferio, quedara desplazado por su pretensión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe reformarse o desaparecer.

Su reclamo estaba anunciado. Desde hace meses Correa viene desafiando a la CIDH y a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, por defender y proteger a periodistas y escritores que él había demandado por cifras millonarias y castigos carcelarios. Con apoyo de sus colegas del ALBA, Correa forzó a la OEA a discutir recomendaciones, que de ser aprobadas, el sistema de defensa de derechos humanos perdería autonomía y razón de ser.

Aunque la asamblea pospuso la discusión hasta el 2013, Correa logró que su acusación al sistema fuera parte de la agenda; al estilo de otros temas trasnochados de imperialismo y guerra fría que Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Raúl Castro imponen ruidosamente en cada reunión de presidentes.
Correa, Morales y el canciller venezolano reclamaron a la OEA “renovarse o morir”, una evolución de la persistente amenaza de Chávez de retirarse del organismo, pero que nunca concreta. Estos gobiernos prefieren organizaciones como las del ALBA, CELAC y UNASUR, a las que ellos mismos forjaron sin los mecanismos internos de vigilancia de los derechos humanos que rechazan por injerencistas.
Correa cometió errores garrafales en su discurso, obligando a las ONGs y a la prensa regional a salir en defensa de un sistema que él consideró “aberrante” por tener su sede en Washington, mientras EE.UU. no ha revalidado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Tras la reunión, la defensa más concreta la asumió el titular de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, quien demostró con datos que la no ratificación de la Convención no fue obstáculo para que la CIDH otorgara en 2011 once medidas de protección a los derechos humanos en EE.UU., una menos que en Honduras. Agregó que de los cinco informes de fondo publicados el año pasado, uno fue sobre Canadá por un asunto de migración y dos sobre EE.UU., por casos de violencia doméstica y pena de muerte.

Las diferencias técnicas - no las políticas como sostuvo Correa - entre las legislaciones nacionales y los principios de la Convención en materia de pena de muerte y aborto, entre otros temas, fueron las trabas históricas de EE.UU., Canadá y algunos gobiernos caribeños para no ratificar la Convención. Sin embargo, la CIDH tanto reclama por detenciones arbitrarias en Cuba, que no es parte de la OEA, como por el cierre de la cárcel estadounidense de Guantánamo.

El discurso polarizador del presidente ecuatoriano terminó paralizando una serie de recomendaciones que hizo un Grupo de Trabajo intergubernamental, que el sistema interamericano sí necesita para ser más eficiente. Una de las más destacadas, propone más esfuerzos a tareas educativas y a que los estados hagan mayores aportes económicos para remendar un severo atraso procesal. Sólo en 2011, la CIDH recibió 1.600 reclamos y 400 pedidos por medidas de protección.

Lamentablemente, la retórica de Correa consiguió consensos – con la excepción de Costa Rica, Chile, México, EE.UU. y Canadá - para que a la CIDH se le impongan cambios de trabajo en lugar de recomendaciones. De aprobarse, la labor de estos organismos terminará siendo supervisada por los gobiernos, convirtiéndose éstos en juez y parte, desvirtuándose así un sistema de protección que se vino construyendo por 50 años.

Ante los abusos de Estado y la impunidad, más que nunca hoy se necesita un sistema internacional más fuerte, autónomo y eficiente a donde los ciudadanos puedan buscar la protección de sus derechos. Esta importante decisión no debería quedar solo en manos de la OEA y los gobiernos.
 

El golpe anunciado de Correa

Se sabía que el presidente Rafael Correa tenía la sangre en el ojo y lo venía anunciando desde hace meses. La 42 asamblea general de la OEA sería su escaparate de propaganda para vociferar en contra de la Comisión Interamericana de Derechos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Cuando Correa perdonó la sentencia que condenaba al diario El Universo, sus directivos y un ex columnista por el delito de difamación en su contra, dijo también que su perdón no incluía el olvido. Justamente eso quedó en evidencia hoy en la reunión de la OEA en Cochabamba, Bolivia.

El golpe de Correa contra estas dos instituciones es en represalia a las medidas cautelares que la CIDH dictó en apoyo a los demandados en aquella sentencia, que si se hubiese ejecutado, hubiera engrosado las arcas del presidente con 40 millones de dólares en indemnización.

Correa hoy volvió a los disparates que lanza durante sus alocuciones sabatinas haciéndose eco también de las posturas similares que ofrecieron los representantes de Venezuela y de Bolivia. Justamente el presidente Evo Morales, siguiendo con las amenazas de Hugo Chávez de que retiraría a su país del organismo interamericano, dijo que “para la OEA hay dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América".

Con la misma tónica de discurso propagandístico, lleno de frases hechas, Correa reclamó que existe descrédito de parte del sistema interamericano de derechos humanos debido a que se ha sometido a organizaciones no gubernamentales y a “los intereses del gran capital”. Agregó que ambos organismos están financiados por organizaciones de derecha neocolonialistas que boicotean a gobiernos con revoluciones sociales y que tienen doble moral, buscando criminalizar a los Estados.

Correa pidió que la Asamblea apruebe cambios – ver post anterior - que le quitarían independencia y autonomía a estos organismos, aspectos necesarios para que puedan hacer su labor de supervisión de los derechos humanos en cada país.

Aunque Correa no tiene muchas probabilidades de que los cambios se adopten, sabe muy bien por su sistema de propaganda, que debe desprestigiar a estos dos organismos para restarles credibilidad pública y así poner en entredicho lo que pueden actuar y decidir sobre su país y otros del Alba.

Cochabamba, DD.HH. y libertad de prensa

Este domingo comenzará la asamblea general de la OEA en Cochabamba, Bolivia, una reunión que tendrá amplia repercusión para los ciudadanos, ya que se abordará el tema de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Los Estados no lo harán en forma directa, sino mucho más sutil y peligrosa para estas dos disciplinas. En juego, está la independencia y funcionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ya que los gobiernos podrían aprobar una serie de recomendaciones hechas por un grupo de trabajo intergubernamental y por el secretario general, José Miguel Insulza, que buscan reformar los estatutos de la CIDH.

Las propuestas de reformas, muchas de las cuales son importantes para mejorar la eficiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tienen varios puntos recomendados por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que buscan neutralizar el trabajo de la CIDH y castigar la labor de la Relatoría.

Los cambios al estatuto y las recomendaciones sobre funcionalidad apuntan a darle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, elaboración de informes e, incluso, permitiendo que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos. También establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los gobiernos.

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que lo que está en juego en esta asamblea es la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría, organismos fundamentales para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

Debido a la intervención de los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes vienen criticando a la CIDH y a la Relatoría, es indudable que lograron que este tema legítimo de reforma se haya politizado. Debido a ello, sería importante que las reformas no fueran consideradas mientras perdure este clima de represalia, porque en juego están los derechos humanos y la libertad de expresión de cada ciudadano de las Américas, y no solo la de aquellos que simpatizan con los gobiernos del ALBA.

Chávez anuncia lo esperado

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retomó su liderazgo de ser el crítico más acérrimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de haber relegado su postura al presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Chávez convocó a un Consejo de Estado para que lo asesore sobre si debería Venezuela renunciar a la CIDH, lo que implícitamente en su pregunta está la respuesta.
La amenaza de Chávez se da después de dos semanas, cuando el informe de la CIDH incluyó a Venezuela junto a Cuba y Honduras en una lista negra de países donde más se violan los derechos humanos con total impunidad.
La reacción de Chávez es totalmente contradictoria con lo que viene pidiendo y predicando a favor de Cuba, a la que quiere ver reintegrada a las cumbres presidenciales que forman parte de la Organización de Estados Americanos, aunque al mismo tiempo no quiere que ni Cuba ni su propio país sean supervisados por la CIDH.
Años atrás, Chávez hizo expulsar de Venezuela al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, así como al director de Americas Watch, Miguel Vivanco. También rechazó las decisiones de la CIDH que condenaban a su país por violaciones a los derechos humanos de periodistas y opositores a su régimen.
En realidad, este nuevo paso para renunciar a la CIDH no es más que una política coherente con la posición anti derechos humanos que viene asumiendo desde hace años.

Derechos humanos en la óptica universitaria

La semana pasada con la Sociedad Interamericana de Prensa organizamos una conferencia en Washington en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las universidades estadounidenses American y Stanford.

El objetivo de la conferencia denominada “El sistema interamericano de derechos humanos y la libertad de expresión” fue educar a futuros líderes sobre los mecanismos supranacionales e intergubernamentales que pueden ser utilizados para defender y promover la libertad de expresión de los ciudadanos de las Américas. Participaron más de 70 estudiantes de Derecho y Periodismo de 15 universidades procedentes de 11 países de América Latina y las mencionadas de EE.UU.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas a las que arribaron los estudiantes, luego de debatir las temáticas presentadas por expertos internacionales.

•    Tanto académicos como jueces y fiscales deben recibir mayor entrenamiento sobre el sistema internacional de derechos humanos.
•    La CIDH debería tener criterios más rigurosos de admisibilidad de denuncias, motivar que más casos lleguen a instancias de “solución amistosa” y que junto con la Corte Interamericana, resuelva más casos sobre libertad de expresión y de prensa para generar mayor jurisprudencia.
•    Para que el sistema opere con efectividad y equidad, todos los estados, incluidos Estados Unidos, Canadá y países caribeños, deben ratificar la Convención Americana sobre derechos Humanos.
•    Las recomendaciones sobre presupuesto y operatividad que el Consejo Permanente de la OEA hizo a la CIDH sobre la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, ponen en peligro la autonomía y efectividad de esa oficina.
•    Deben eliminarse las leyes de desacato así como despenalizarse los delitos de difamación cuando son las autoridades públicas son las afectadas, mientras tanto debe haber límites a las responsabilidades civiles.
•    Los periodistas deben tener una protección especial debido a su función social, remarcándose la necesidad de la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas, así como la de crear sistemas de protección.
•    Las normas de transparencia e información pública son de escaso y difícil cumplimiento, necesitándose crear organismos autónomos de control y educación capaces de generar una cultura de acceso en que los estados se vean menos renuentes a divulgar información y los ciudadanos a pedirla.

Correa y su soberbia arrogante

El presidente ecuatoriano Rafael Correa está cada día más arrogante. Anunció que este lunes dará a conocer su decisión de si irá o no a la Cumbre Iberoamericana de Cartagena a mediados de mes, aduciendo que su decisión está enmarcada al rechazo hemisférico de que Cuba, como país no democrático, no se le ha autorizado a participar.

Más allá de sus razones, lo importante es ver cómo Correa últimamente está usando este tipo de “anuncios oficiales” para comunicar sus decisiones de “peso internacional” como si se tratara de un ser que trasciende el Ecuador, como siempre lo han hecho otros personajes autocráticos – léase Fidel Castro y Hugo Chávez – a quienes les encanta adoptar causas que afecten intereses foráneos para ser escuchados por la gran prensa internacional.

La última vez que Correa tomó un escenario internacional fue hace un par de semanas, también un lunes, cuando él mismo leyó una carta en la que perdonaba a un columnista y a tres propietarios del diario El Universo sobre quienes pesaba una condena de tres años de cárcel y 40 millones de dólares por una demanda que él había interpuesto.

A raíz del lío en que se metió con esta decisión judicial manipulada, Correa ahora adoptó una nueva causa también de carácter internacional. Se trata de una crítica acérrima contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque este organismo dictó medidas cautelares a favor de los condenados y porque en octubre pasado permitió a otros procesados, autores del libro El Gran Hermano, participar de una audiencia en la que criticaron a su gobierno.

El sábado, Correa dijo que la sede de la CIDH no debería estar en Washington dentro de un país que no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que debería trasladar su sede a Panamá.

No existen motivos suficientes para este cambio de sede, ni estatutarias ni legales, además de que no habría consenso, pero el solo hecho de embanderarse detrás de su propia causa, le permiten a Correa estar en el candelero internacional, algo que está gustándole cada vez más.  

Cautelares: medida salomónica

Ayer, bien entrada la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los directivos y un ex columnista del diario El Universo – Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio – solicitando al gobierno de Ecuador a suspender la sentencia en su contra de 40 millones de dólares en indemnización a favor del presidente Rafael Correa y tres años de cárcel para los cuatro periodistas.

La noticia es muy buena, pero no tanto; es más bien salomónica. Las medidas cautelares piden al gobierno suspender la sentencia solo hasta que ambas partes en conflicto se sienten frente a frente en una audiencia el 28 de marzo en la sede de la CIDH. A partir de ahí, la CIDH decidirá si sostiene o elimina esas medidas.

Las medidas de la CIDH no son obligatorias, así que habrá que esperar que decidirá el gobierno hoy, si las acepta o las ignora. Lo más seguro y prudente es que las acepte, en el espíritu del presidente Rafael Correa que la semana pasada tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Nacional, dijo que podría perdonar a los infractores.

Creo que más allá de lo bueno que aparentan estas medidas no son del todo buenas como si lo hubiera sido que se otorguen sin condicionamiento de la reunión, condenando de pleno el serio atropello a la libertad de prensa que significó el fallo judicial.

Creo que la salida de la CIDH fue salomónica. Los comisionados no están todos muy de acuerdo con las medidas, algunos consideran que el proceso judicial todavía no ha terminado, alguno que otro simpatiza con el gobierno y por lo tanto buscar la reunión del 28 de marzo parecía destrabar el desencuentro entre los comisionados, algunos de los cuales no tiene duda de que se trata de un grosero atropello a la libertad de expresión de los condenados.

Salomónica es también porque la CIDH quiere enviar un mensaje todavía no muy fuerte a Correa, quien fue el autor de varias iniciativas en contra del cuerpo gubernamental, exigiendo a través del Consejo de la OEA, mayor eficiencia y transparencia de presupuestos y otros argumentos para limitar el accionar de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, en represalia por la sesión de octubre pasado donde los comisionados escucharon con atención las denuncias de los periodistas y escritores del libro El Gran Hermano, en el que se revelan actos de corrupción y nepotismo entre el gobierno y el hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa.

Hoy habrá que estar atentos no solo a la respuesta del gobierno ecuatoriano, sino también a qué sucederá con Carlos Pérez que después que el jueves pasado el gobierno de Panamá le otorgó asilo político, está todavía en la sede de la embajada panameña en Quito a la espera del salvoconducto que tiene que librar la Cancillería ecuatoriana para que se consuma el acto. En caso de que el gobierno acepte, es probable que los motivos del pedido de asilo no tengan tanta validez; aunque tampoco le será muy fácil a Carlos abrir la puerta para entrar a suelo ecuatoriano.