Círculo morboso contra Capriles

No puede haber sorpresas. Era lo esperado. En un nuevo apriete y ajuste de cuentas tal cual el régimen chavista lo viene perpetrando contra políticos de oposición, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, Henrique Capriles se encuentra entre la espada y la pared.

No solo que el Tribunal Supremo de Justicia desestimó absolutamente los recursos judiciales de Capriles y otros nueve interpuestos por la oposición y particulares que pedían la impugnación de los comicios del 14 de abril y solicitaban que se rehicieran en más de cinco mil mesas – con algo más de dos millones de electores – debido a las palpables irregularidades, sino que el Supremo le impuso multas y ordenó que se lo procese penalmente por haber incurrido en ofensas.

No se trata de una película de poca monta de Hollywood, sino de una actitud circular morbosa del chavismo. Se trata del gobierno de Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, de igual forma que su predecesor el estratégico militar Hugo Chávez, nunca utiliza la defensa como táctica, solo se agazapa para tomar fuerza y siempre estar a la ofensiva. Mantener al contrincante a la defensiva, en este caso contratacar a Capriles - quien con esta investigación penal fácilmente podría ir a la cárcel, perder la gobernación de Miranda y el liderato de la oposición en el país – es la mejor forma que el régimen ha tenido – sin vergüenza alguna – para doblegar a sus contrincantes y a la oposición.

Capriles ahora, a contrapelo del ordenamiento jurídico, pasa de acusador a acusado, teniendo él que demostrar que no es responsable de las manifestaciones posteriores a la elección que derivaron en una decena de muertos, y deberá retractarse y será investigado porque su recurso de contiene “conceptos ofensivos e irrespetuosos en contra de esta Sala y otros órganos del Poder Público”.

La sentencia judicial, aliada al Poder Ejecutivo y que fue vertida a destiempo y coincidentemente cuando Capriles dijo que el retraso lo obligaba a dirigirse a tribunales e instancias internacionales, es un claro ejemplo como se busca neutralizar a los opositores en el país, pero, sobre todo, enviar un mensaje a la ciudadanía de que todo díscolo debe pagar las consecuencias. En Venezuela, el gobierno quiere la sumisión y el conformismo.

Dice el fallo del TSJ: “En vista de la gravedad de las ofensas y términos irrespetuosos que el demandante vertió en su escrito, esta Sala Constitucional estima necesario remitir al Ministerio Público, como titular de la acción penal, copia certificada del presente fallo y del escrito presentado por la parte actora, con el objeto de que realice un análisis detallado de dichos documentos e inicie las investigaciones que estime necesarias a fin de determinar la responsabilidad penal a que haya lugar”.

Capriles tendrá ahora que ir cuesta arriba. No encontrará eco favorable en la OEA o la UNASUR a donde dijo que acudirá, y mucho menos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones y opiniones fueron totalmente ignoradas por el chavismo, en especial cuando la CIDH solicitó que se le devuelvan los derechos políticos al opositor Leopoldo López, exigió la restitución de jueces y pidió la protección de periodistas que eran vilipendiados por el régimen. Además, Chávez inició el retiro de Venezuela de la jurisdicción de organismos interamericanos de justicia, por lo que a partir del 10 de setiembre la CIDH no podrá trasladar los casos en contra del estado de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como prevé la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Se trata de un círculo político cerrado y morboso; y muy práctico para quienes detentan el poder y quieren eternizarse en él sin ningún tipo de contratiempos.