La semana pasada con la Sociedad Interamericana de Prensa organizamos una conferencia en Washington en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las universidades estadounidenses American y Stanford.
El objetivo de la conferencia denominada “El sistema interamericano de derechos humanos y la libertad de expresión” fue educar a futuros líderes sobre los mecanismos supranacionales e intergubernamentales que pueden ser utilizados para defender y promover la libertad de expresión de los ciudadanos de las Américas. Participaron más de 70 estudiantes de Derecho y Periodismo de 15 universidades procedentes de 11 países de América Latina y las mencionadas de EE.UU.
Estas son algunas de las conclusiones más destacadas a las que arribaron los estudiantes, luego de debatir las temáticas presentadas por expertos internacionales.
• Tanto académicos como jueces y fiscales deben recibir mayor entrenamiento sobre el sistema internacional de derechos humanos.
• La CIDH debería tener criterios más rigurosos de admisibilidad de denuncias, motivar que más casos lleguen a instancias de “solución amistosa” y que junto con la Corte Interamericana, resuelva más casos sobre libertad de expresión y de prensa para generar mayor jurisprudencia.
• Para que el sistema opere con efectividad y equidad, todos los estados, incluidos Estados Unidos, Canadá y países caribeños, deben ratificar la Convención Americana sobre derechos Humanos.
• Las recomendaciones sobre presupuesto y operatividad que el Consejo Permanente de la OEA hizo a la CIDH sobre la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, ponen en peligro la autonomía y efectividad de esa oficina.
• Deben eliminarse las leyes de desacato así como despenalizarse los delitos de difamación cuando son las autoridades públicas son las afectadas, mientras tanto debe haber límites a las responsabilidades civiles.
• Los periodistas deben tener una protección especial debido a su función social, remarcándose la necesidad de la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas, así como la de crear sistemas de protección.
• Las normas de transparencia e información pública son de escaso y difícil cumplimiento, necesitándose crear organismos autónomos de control y educación capaces de generar una cultura de acceso en que los estados se vean menos renuentes a divulgar información y los ciudadanos a pedirla.
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