miércoles, 15 de agosto de 2012

Belo Monte y la voz indígena

Finalmente un juez federal ordenó al gobierno brasileño no proseguir con las obras y planes de la gigantesca represa de Belo Monte en el corazón del Amazonas, para algarabía de los indígenas que viven en los márgenes del río Xingú y para deleite de los activistas de los derechos humanos más allá de Brasil. Para los indígenas Xingú se trata de una larga batalla para que no se malogre el medioambiente en el que viven, una situación de protesta sostenible que han mantenido como los nativos bolivianos que siguen protestando (y paralizando) la construcción de una carretera que el presidente Evo Morales está empeñado en que pase por la amazonia boliviana. Digo que se trata del deleite de los activistas por los derechos humanos, porque fue justamente la proyectada hidroeléctrica de Belo Horizonte la que causó la más grande controversia dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), por la que varios gobiernos, encabezados por los de Ecuador y Venezuela, son los que quieren ahora destruirlo. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares contra esta represa y a favor de los indígenas, lo que motivó una airada protesta del gobierno liderado por Dilma Rousseff. Desde entonces, la presidente acusó al sistema de interferencia y clamó por su reforma. Ni lerdos ni perezosos, otros gobernantes con profundas diferencias sobre el SIDH aprovecharon la ocasión para despacharse en su contra y buscar mayores reformas que implican su neutralización. De esta forma, Brasil sin quererlo, incentivó a presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez que siempre reclaman que el SIDH se entromete en asuntos internos, cuando éste se hace eco de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en su territorio. Lo bueno del fallo de la justicia federal brasileña, es que le da la razón a la CIDH, diciendo que se deben paralizar los trabajos de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo a un costo de 11 mil millones de dólares para generar 11 mil megawatts, hasta tanto los indígenas sean escuchados, quienes no fueron ni siquiera consultados antes de que comiencen las obras, como estipulan las leyes. Norte Energía, la constructora, podrá apelar el fallo, mientras que el Congreso, una vez que escuche a los indígenas, podrá ordenar legalmente la continuación de las obras. La pelea seguirá, pero lo importante es que por ahora, la voz de los nativos se ha escuchado.