Politización de los derechos humanos

Venezuela se retiró esta semana del sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro excusó el retiro acusando a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser mafias injerencistas e instrumentos del “imperio”, para perseguir a “los gobiernos progresistas de la región”.

La excusa no es más que una vieja argucia del régimen, que disimula una creciente y sofisticada tendencia de varios gobiernos latinoamericanos por politizar los derechos humanos y así evadir sus responsabilidades de Estado. La decisión deja desamparados a los ciudadanos sin posibilidad de acudir a instancias internacionales con la esperanza de encontrar la justicia que se le niega en sus países. Un duro golpe para los venezolanos, si se considera que solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos llegan a juicio en su país.

Esa politización incluye violencia y demandas judiciales contra activistas de los derechos humanos, restricciones a sus fuentes de financiación y un permanente ataque al sistema interamericano, desconociéndose sus fallos y decisiones. En el fondo, es una conveniencia de los gobiernos que así se blindan ante las críticas y denuncias y no permiten la supervisión de los derechos humanos en sus territorios.

De esa forma, el gobierno venezolano evita cumplir con 16 fallos condenatorias pendientes de la Corte interamericana y pagar unos 10 mil millones de dólares en indemnizaciones a casi 300 víctimas. Pero la decisión, aunque parezca económica, es política.

Deviene de aquella retórica propagandística del ex presidente Hugo Chávez que calificaba de mafia, golpista y fascista a quienquiera que se opusiera a su voluntad. Sin embargo, pese a la dialéctica, Venezuela, por ser parte de la OEA, no puede excusarse de todas sus responsabilidades. De ejemplo valen EE.UU. y Canadá, que aunque no están bajo jurisdicción de la Corte al no haber ratificado la Convención Americana, igualmente fueron responsables ante informes de fondo que denunciaban violaciones en casos de migración, violencia doméstica, pena de muerte y por la cárcel de Guatánamo.

Maduro, así como otros presidentes progresistas como Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, suelen engañar con una retórica que busca desnaturalizar el sistema interamericano, definido como el “último intento de defensa para los habitantes que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte de un Estado”. A menudo amenazan con renunciar a la Convención, a la OEA, ignoran los fallos y proponen reformas que buscan quitar independencia a la Comisión y hasta crear tribunales supranacionales en otros organismos más amigables, como UNASUR y el ALBA.

En ese ejercicio propagandístico, politizan todas las causas de violaciones en sus países para poder oponerse a ellas. Y cuando hablan de derechos humanos solo respaldan aquellas causas en el exterior contra dictaduras militares o de derecha como las de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pero se hacen los distraídos por reclamos en sus propios países o los que ocurren en tiranías de izquierda como la cubana.

Al politizar las denuncias en su contra y establecerse como víctimas, desvían la atención sobre denuncias y fallos de la CIDH que son parejas para todos los países, sin distinción de ideologías. En años recientes, Brasil, Colombia y México fueron los países que más condenas recibieron debido a la violencia consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales; pero también fue donde mayor cantidad de denuncias se registraron debido a una mejor cultura sobre la protección de los derechos humanos.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está lejos de ser perfecto; es lento, burocrático y necesita mayor eficiencia y más apoyo material por parte de los estados. Además, la Convención Americana debería ser ratificada por los 35 miembros de la OEA, y no solo estarlo por 25.

Pese a sus limitaciones y detractores, se debe reconocer que el sistema ha contribuido a crear una mejor cultura a favor de los derechos de indígenas, mujeres, niños, presos políticos, migrantes y en contra de la discriminación y el racismo, luchas todas que han enriquecido a América Latina y que no deberían ser mezquinamente politizadas.