Contradicción mayor sobre los derechos humanos

Nunca como ahora en América Latina se habían denunciado las violaciones a los derechos humanos con tanta firmeza ni se habían reparado con tanta entereza.

Pero tampoco el sistema interamericano de derechos humanos había atravesado una crisis tan profunda como la presente, quedando casi al borde del colapso.

Nada sorprende en este continente tan predispuesto a las fuertes contradicciones. Por un lado, los gobiernos democráticos ponderan el sistema conformado por la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darle esperanzas a los más vulnerables de que podrán acceder a la justicia cuando sientan que esta les da la espalda en sus países.

Pero, por otro, casi como en las mejores épocas de dictaduras y autoritarismos, cuando las víctimas callaban por temor a sufrir mayores represalias, los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones financieras, negando los aportes necesarios para que el sistema subsista y sea eficiente.

Esta semana la CIDH hizo un duro cuestionamiento hacia futuro. Si no recibe los aportes necesarios de parte de los estados que están comprometidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, deberá despedir a 40 de sus 78 empleados. 

Aunque alguna magra partida aparezca, igualmente ya decidió suspender las visitas de investigación a países, además de sus audiencias de julio y octubre próximo, en detrimento de las víctimas que ahí presentan sus casos. También afectará casos en curso como a víctimas de feminicidios en Argentina, homicidios de estudiantes en México, crímenes de odio en Brasil, rechazo de aborígenes en Ecuador, asesinatos de homosexuales en EEUU, esclavitud de niños en Bolivia y desplazamiento de campesinos en Colombia.

Ninguna de las crisis que atravesó la CIDH fue tan seria como esta. No es solo un problema financiero, sino político. El debilitamiento actual de la organización es el mismo resultado que persiguieron sin éxito varios gobiernos populistas de la región, en especial el de Hugo Chávez y el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Las represalias de Correa y Chávez contra el sistema surgían cada vez se les denunciaba por abuso de poder, ya sea por tener presos políticos, ejercer fuerza bruta contra manifestantes o por no permitir que la CIDH visite sus países para confirmar violaciones. Ambos siempre usaron la excusa de que el sistema era un ariete del “imperio” para debilitar sus democracias. Propusieron que la CIDH no pudiera recibir donaciones privadas o de gobiernos europeos.

Correa pretendía una CIDH más dócil o, en su defecto, crear una nueva institución. No tuvo eco entre varios presidentes de la región, aunque envalentonó a algunos, como a Nicolás Maduro, quien cumplió con el objetivo de Chávez, retirando a Venezuela del sistema interamericano. Su salida, se supo luego, no fue política, sino económica> De esa forma, el gobierno abandonó la  responsabilidad de tener que indemnizar a las víctimas. Se ahorró 9.700 millones de dólares.

La crisis económica de la CIDH siempre obedeció a represalias de los gobiernos por opiniones y decisiones que les resultaban desfavorables. Desde Ecuador que cortó el apoyo porque la CIDH había opinado contrario a la Corte Suprema de ese país que benefició a Correa con una demanda millonaria que debían pagarle cuatro periodistas; hasta la ex presidenta Dilma Rousseff que cerró el grifo, cuando la CIDH se opuso a la construcción de una represa en el Amazonas que afectaría a tribus autóctonas.

América Latina es como el perro que gira sinfín para morderse la cola; es un círculo vicioso. Reconoce la necesidad de defender los derechos humanos porque así el continente se hace más justo y equitativo; pero, al mismo tiempo, se niega a ofrecerle los fondos y recursos necesarios para su labor.

Creo que el conflicto tampoco pasa por los aportes gubernamentales. Los gobiernos también tienen la obligación de incentivar a mecenas privados de Latinoamérica para que entiendan la importancia del sistema. El ejemplo más relevante es Ted Turner, el fundador de la CNN, que en su momento donó mil millones de dólares a la ONU, resolviéndole a la organización problemas que hasta entonces eran perpetuos.

Salvar el sistema interamericano de derechos humanos debería ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Trottiart@gmail.com