martes, 10 de septiembre de 2013

Maduro contra los derechos humanos

Los ciudadanos venezolanos ya no tendrán donde acudir cuando se agoten los recursos judiciales internos de administración de justicia y sus derechos humanos sean violados.
Nicolás Maduro, fiel a la retórica del ex presidente Hugo Chávez que el 9 de setiembre de 2012 solicitó a su canciller renunciar a la Convención Americana de los Derechos Humanos y por ende a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó con el proceso y a partir de hoy Venezuela ya asumió no tener responsabilidad internacional en estas materias.
La estrategia solo confirma que el gobierno venezolano, bajo la excusa siempre del intervencionismo extranjero, deja de asumir su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos y a conveniencia deja los estándares de algunas organizaciones (CIDH/OEA) para estar bajo la tutela de otras que domina y donde no puede ser cuestionado (UNASUR).
Ayer, Maduro volvió a repetir y a reiterar los numerosos dichos de Chávez: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, y con ello dejó por sentado que Venezuela se une a Trinidad y Tobago y al Perú de Alberto Fujimori como los países que se retiraron de la Convención después de estar suscriptas y haber ratificado el Pacto de San José.
Aunque Chávez y Maduro se hayan esforzado en criticar y desconocer cada opinión y fallo de la Comisión y la Corte, al considerar que ambas instituciones están secuestradas por el poder político del imperio estadounidense, en realidad lo que están haciendo es dejar desprotegidos a todos los ciudadanos venezolanos que antes acudían a la jurisdicción internacional en busca de justicia, reparaciones y desahogo cuando se les negaban sus derechos en el país.
Nunca Chávez y menos Maduro aceptaron esa jurisdicción y con ello el Estado (no el gobierno) jamás reconoció los derechos violados de sus ciudadanos, desconociendo pagar indemnizaciones por reparación moral o excarcelar a presos políticos o reabrir causas judiciales.
El retiro de Venezuela (el mismo día que Henrique Capriles introduce ante la CIDH una denuncia para desconocer los resultados de las elecciones que perdió por estrecho margen ante Maduro) es congruente con la política de aislamiento en materia de derechos humanos que hace dos años busca también el presidente ecuatoriano Rafael Correa que ha llamado a desmantelar el sistema y, al menos, que la CIDH no tenga sede en EE.UU. un país que junto a Canadá no ha ratificado la Convención.

Este retiro deja por el aire varios temas incumplidos por Venezuela, entre ellas 16 sentencias condenatorias e indemnizaciones por 9.700 millones de dólares en reparación para unas 300 víctimas, según datos que se desprenden de fallos de la Corte Interamericana.