Difícil saber la estrategia de Correa

El presidente ecuatoriano Rafael Correa es predecible sobre su actuación en contra de la prensa de su país a la que llama corrupta, nido de ratas y todo lo imaginable para desacreditarla y quitarle credibilidad. ¿Pero será que la odia con toda su alma como aparenta o solo se trata de una estrategia para estar en boca de ella todo el tiempo y así construir su popularidad como un hombre que no le tiene miedo a la confrontación y a hacer valer su gobierno de mano fuerte?

Todos los sábados sus alocuciones tienen que ver con la prensa. Este fin de semana dijo que están estudiando en su gobierno si los ministros deberían darle entrevistas e información a los medios, ya que como son empresas con fines de lucro, no deberían estar redituando con la información que emana desde el gobierno. Obviamente como economista ni él cree en sus propias palabras, solo que trata de conectarse con la gente, ganar popularidad, seguir justificando que el Estado compre medios de comunicación (ya tiene 19 bajo su cargo) y poner mayores condimentos para que se apruebe la Ley de Comunicación, un tiro de gracia que espera dar a los medios privados.

La semana pasada pidió a los ecuatorianos que no compren más los diarios porque son antros de corrupción y que solo adquieran El Telégrafo, haciendo publicidad del diario que su gobierno, que como muchos medios televisivos más, quedaron para su administración luego de la aplicación de leyes anti corrupción y sobre limitaciones a la propiedad de los medios por parte de particulares. A todos estos medios prometió devolverlos a la sociedad como parte de procesos de licitación, lo que nunca cumplió.

Correa sabe del inmenso poder de la prensa y por eso quiere monopolizarla para uso exclusivo del gobierno. Su estrategia hasta ahora se basa en la propaganda, aunque es difícil saber si seguirá arremetiendo en contra de ella hasta el final de su mandato o si sobre ella quiere construir su próximo período presidencial. 

Solidaridad con periodistas agredidos

Publico las conclusiones sobre el panel que participé ayer en Austin, Texas, el Décimo Foro de Austin de Periodismo en las Américas sobre Seguridad y Protección para Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos.

En el quinto panel, moderado por Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER) en Chile, se discutió sobre la "Violencia Endémica contra los Periodistas y Medios en América Latina" y la necesidad de que los periodistas realicen alianzas con ONGs, trabajando en compromisos a largo plazo. También se enfatizo en la necesidad de una mayor solidaridad entre los periodistas.

González inició haciendo un llamado a los periodista a que sean auto-críticos, honestos y a entenderse mutuamente, con el fin de salir de "la situación de emergencia que estamos viviendo en América Latina". De igual manera, manifestó que "los periodistas que son asesinados hoy en día están siendo silenciados de la manera más absoluta y solitaria de todas".

El director de la oficina para las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Benoît Hervieu, presentó cinco recomendaciones para superar la violencia contra los periodistas y la impunidad. La primera consiste en "prestar especial atención a los periodistas en zonas de conflicto", y "sobre todo a los periodistas más vulnerables que no cuentan con el apoyo medios formalmente establecidos". La segunda recomendación es crear un documento de referencia para enfatizar el mandato de que los periodistas están trabajando con el fin de aumentar la libertad de información. También dijo que, con el fin de evitar la infiltración perjudicial en los medios - incluyendo la infiltración gubernamental - los periodistas deben desarrollar un enfoque pluralístico para informar. La tercera recomendación es tener en cuenta las críticas contra los medios, incluido el apoyo y la financiación de los mismos, de modo que haya un "equilibrio real de un entorno más plural". La cuarta recomendación es ofrecer entrenamiento específico para la cobertura del conflicto armado o del tráfico de drogas. La última recomendación es promover un régimen jurídico para el derecho a informar, a través de una iniciativa de cooperación interamericana. "Necesitamos un mayor pacto de solidaridad en nuestra profesión", dijo Hervieu.

Zuliana Lainez, representante de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), también defendió la necesidad de cooperación entre los periodistas. Según estudios, dijo, los lugares donde la violencia contra los periodistas es más notoria también son lugares donde las organizaciones periodísticas son más débiles". "En el FIP, entendemos que nadie puede tener la libertad de un periodista si el periodista está trabajando en un ambiente de temor y corrupción". Laínez señaló que la concentración de la propiedad de los medios y de la opinión pública representan grandes amenazas para la libertad de expresión, tal como el exterminio del movimiento sindical.

Para Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la creación del índice de impunidad global, ha ayudado a disminuir los crímenes contra los periodistas en algunos casos, pero no en otros. Por ejemplo, en Rusia, la iniciativa ha ayudado a crear presión internacional de países amigos de Rusia y que tienen relaciones comerciales con ese ellos, lo que ha llevado a Rusia a disminuir su propia índice de impunidad. Por otro lado, mientras que en Brasil la impunidad ha disminuido y los crímenes están siendo resueltos y los culpables llevados ante la justicia, el asesinato de periodistas no ha disminuido. "Hemos tenido éxito en aumentar la conciencia internacional y llamar la atención de los gobiernos, pero no hemos logrado que los gobiernos en realidad trabajen para combatir la impunidad", dijo Simon.

Ricardo Trotti se enfocó en el papel de los medios en esta situación endémica. De acuerdo con el director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las organizaciones no gubernamentales deberían ayudar a los medios a generar una opinión general en la sociedad, en lugar de tener el papel principal. "Cuando algo le sucede a un periodista, tenemos que hablar de ello tal como hablamos de Whitney Houston, por ejemplo", porque entonces "empezaremos a romper la impunidad y a llamar a la justicia, en lugar de reformar instituciones formales dentro de los países".

El Foro de este año denominado, "Seguridad y Protección para los Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos", es organizado por el Centro Knight y los programas para América Latina y de medios de las Open Society Foundations. Más que una conferencia anual, el Foro de Austin es una red de organizaciones enfocadas en el desarrollo y formación de los medios en América Latina y el Caribe. Los Foros anteriores se han enfocado en temas como el Cubertura de la Migración en las Américas y el Cobertura del Tráfico de Drogas y Organizaciones Criminales en América Latina y el Caribe.

Derechos humanos en la óptica universitaria

La semana pasada con la Sociedad Interamericana de Prensa organizamos una conferencia en Washington en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las universidades estadounidenses American y Stanford.

El objetivo de la conferencia denominada “El sistema interamericano de derechos humanos y la libertad de expresión” fue educar a futuros líderes sobre los mecanismos supranacionales e intergubernamentales que pueden ser utilizados para defender y promover la libertad de expresión de los ciudadanos de las Américas. Participaron más de 70 estudiantes de Derecho y Periodismo de 15 universidades procedentes de 11 países de América Latina y las mencionadas de EE.UU.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas a las que arribaron los estudiantes, luego de debatir las temáticas presentadas por expertos internacionales.

•    Tanto académicos como jueces y fiscales deben recibir mayor entrenamiento sobre el sistema internacional de derechos humanos.
•    La CIDH debería tener criterios más rigurosos de admisibilidad de denuncias, motivar que más casos lleguen a instancias de “solución amistosa” y que junto con la Corte Interamericana, resuelva más casos sobre libertad de expresión y de prensa para generar mayor jurisprudencia.
•    Para que el sistema opere con efectividad y equidad, todos los estados, incluidos Estados Unidos, Canadá y países caribeños, deben ratificar la Convención Americana sobre derechos Humanos.
•    Las recomendaciones sobre presupuesto y operatividad que el Consejo Permanente de la OEA hizo a la CIDH sobre la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, ponen en peligro la autonomía y efectividad de esa oficina.
•    Deben eliminarse las leyes de desacato así como despenalizarse los delitos de difamación cuando son las autoridades públicas son las afectadas, mientras tanto debe haber límites a las responsabilidades civiles.
•    Los periodistas deben tener una protección especial debido a su función social, remarcándose la necesidad de la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas, así como la de crear sistemas de protección.
•    Las normas de transparencia e información pública son de escaso y difícil cumplimiento, necesitándose crear organismos autónomos de control y educación capaces de generar una cultura de acceso en que los estados se vean menos renuentes a divulgar información y los ciudadanos a pedirla.

Libertad de prensa en Congreso de EE.UU.

Dos importantes senadores federales estadounidenses de origen hispano, Marco Rubio y Robert Menéndez, por Florida y Nueva Jersey, respetivamente, expresaron su profunda preocupación por los restrictivos espacios a la libertad de prensa y de expresión en el gobierno de la presidente Cristina de Kirchner.

La semana pasada en una conferencia organizada por Freedom House, y de la que también fue parte el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Milton Coleman, los senadores criticaron la falta de libertad de prensa en Argentina, acusando al gobierno de varios desmanes en esta materia, en particular por la ley promulgada en diciembre pasado que permitió la nacionalización de la fabricación y distribución de papel para diarios.

Los senadores también calificaron de “inaceptable” que el gobierno mantenga una política de agresión sistemática contra los periodistas y medios de comunicación independientes.

Ambos senadores son representantes de sus partidos – Rubio del Republicano y Menéndez del Demócrata – en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Fue importante que el senador Rubio dijera que el tema de las agresiones a la libertad de prensa sea parte de la discusión de las relaciones bilaterales entre Argentina y EE.UU. Según Rubio, como se destaca en la edición del diario Clarín de Buenos Aires, “EE.UU. no le puede decir a la Argentina lo que tiene que hacer; pero cada vez que en Argentina se violen esos derechos básicos es nuestra obligación hablar en favor de la libertad de prensa en todos los medios y lugares posibles, en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en dos semanas, en la OEA, en la ONU y en nuestras relaciones bilaterales”.

Carta de periodistas al gobierno

Mientras en EE.UU. se daba esta conferencia, un nutrido grupo de periodistas argentinos enviaba una carta al jefe de Gabinete argentino, Juan Manuel Abal Medina, en respuesta a una declaración pública en la que el funcionario criticaba a los periodistas respondiendo que si el gobierno no daba conferencias de prensa “es porque estamos trabajando”.

Los periodistas recordaron que la Presidenta no da conferencias de prensa sino que habla por intermedio de actos públicos en los cuales a los periodistas no se les permite interactuar, a lo que calificaron de comunicación de “vía única”.

También aprovecharon para criticar al gobierno y a la Presidenta por un sinnúmero de agresiones verbales, físicas y simbólicas en contra de los periodistas, desde que son calificados de “nazis” hasta que se les hiciera un juicio público en plaza de Mayo, porque según organizaciones gubernamentales, fueron cómplices de la dictadura.

Mal año para la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa evaluó como negativo al 2011 en materia de libertad de prensa, en especial por el asesinato de 24 periodistas y también por nuemerosas acciones legales y disposiciones judiciales.

La SIP calificó al 2011 "como uno de los años más 'desafiantes y trágicos' de la última década". Su saldo negativo, entre varias razones que pueden leerse en el siguiente enlace: http://www.sipiapa.org/v4/comunicados_de_prensa.php?seccion=detalles&id=4662&idioma=sp deviene del asesinato de periodistas en  México, Honduras, Brasil, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

También destacó como negativo la posible Ley de Comunicación en Ecuador y la ley que en Argentina que declara al papel para periódicos de “interés público”, lo que "implica que la producción y venta de este insumo estará regulado por el Estado y, por ende, podrá ser utilizado como mecanismo de presión".

Más detalles en:www.sipiapa.org

Represalias a la libertad de prensa

Los gobiernos y legisladores oficialistas suelen aprovechar el mes de diciembre para apresurar leyes, tal vez porque es la época en la que sus oponentes y ciudadanos ofrecen menos resistencia o tienen las defensas bajas debido a las distracciones de las celebraciones navideñas.

Así ocurre en varios países de América Latina, donde gobiernos con actitudes revanchistas, se notan más motivados a legislar en beneficio de sus estrategias políticas que por el bien común, sin importar si afectan principios básicos como la libertad de expresión.

Este diciembre en Argentina, igual que hace dos años con la Ley de Servicios Audiovisuales, el oficialismo redobló sus esfuerzos para aprobar antes de fin de año una ley que tipifique de “interés público” la fabricación, comercialización y distribución de papel para periódico. El gobierno quiere que la fábrica Papel Prensa, de la que es socio minoritario junto a los diarios Clarín y La Nación, abastezca a todos los medios del país sin discriminar.

La excusa suena bien, pero es irreal, no hay desabastecimiento ni discriminación. La presidenta Cristina de Kirchner busca imponer trabas a los dos medios más críticos y, llegado el momento, confiscar la fábrica. Si bien algunos medios están a favor del apriete oficial por las prácticas monopólicas de Papel Prensa en el pasado, no advierten que se está afinando la maquinaria para controlar la información, que ya tiene entre sus armas a la publicidad oficial y a los permisos para operar medios electrónicos y servicios de internet.

 

En Ecuador la situación es más grave. El presidente Rafael Correa busca quórum este diciembre para apurar la sanción de su Ley de Comunicación, y así controlar los contenidos de la prensa mediante organismos oficiales de censura. Mientras tanto, en un frente internacional de batalla, juró no descansar hasta neutralizar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y destruir su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Su actitud no está motivada por una mejor visión sobre la protección de los derechos humanos, sino por la venganza. Surgió tras las denuncias sobre atropellos que periodistas de su país presentaron ante la CIDH y tras un informe de la Relatoría que cuestionó sus demandas judiciales contra medios, columnistas y escritores. En represalia, Correa, alérgico a las críticas, pidió que se elimine a la CIDH y esta semana  una reunión en la OEA, aglutinó consensos de varios países para que a la Relatoría se le restrinja su capacidad operativa y ni siquiera se le permita emitir comunicados ni publicar su habitual anuario sobre violaciones a la libertad de expresión, función vital de su existencia.

Por otra parte en Bolivia, el presidente Evo Morales, de capa caída por sus recientes fracasos políticos sobre el aumento del precio de la gasolina, la pérdida de las elecciones judiciales y las protestas indígenas, se las ingenió para convocar una “cumbre social” y “profundizar” sus estrategias de gobierno, entre las que propone una sorpresiva ley para democratizar a los medios de comunicación.

Como alumno de Hugo Chávez, Morales sabe que lo que no gana en las urnas o pierde en el Congreso, lo puede lograr con demagogia, invocando “el poder soberano del pueblo”. Así fabricó leyes, Constitución y decretos, y ahora perfila sus cañones contra los medios, a los que acusa hasta del pecado original.

Y este año, la época navideña trajo sorpresas hasta en el norte. El 15 de diciembre, en contradicción con el 220 aniversario de la Primera Enmienda, cláusula constitucional que prohíbe legislar sobre libertad de expresión, el Congreso de EE.UU. discutía sancionar una ley sobre piratería digital, que si bien tiene el fin loable de proteger los derechos de autor, también posee el potencial de convertirse en un instrumento para coartar la libertad en internet, lo que el gobierno dice aborrecer.

Posiblemente para el público, estas zancadillas decembrinas contra la libertad de expresión pasan más desapercibidas por tratarse de una disciplina abstracta, difícil de cuantificar, que por las fiestas navideñas. Por eso es vital que los afectados directos acudan a los tribunales no solo a defender esa libertad de todos, sino también para obligar a los gobiernos a respetar las garantías constitucionales.

Chávez recibe mensaje de Rousseff

Hacía falta que Brasil despierte y empiece a asumir su liderazgo en el mundo como realmente pretende. Y para ello es necesario que ponga los puntos sobre las íes, como lo hizo esta semana con Venezuela, alertando sobre las violaciones a los derechos humanos y, entre ellos, las transgresiones a la libertad de prensa y de expresión.
La embajadora brasileña ante las Naciones Unidas, Maria Nazareth Farani Azevedo, dijo que “la garantía de los derechos humanos exige la independencia del poder judicial y la plena libertad de expresión y de prensa”, durante el examen de los derechos humanos en Venezuela. Nadie pudo hacerse el distraído ante esta declaraciones, un claro mensaje de Dilma Rousseff a su colega Hugo Chávez.
Antes de las declaraciones, la embajadora se deshizo en expresar los profundos lazos de amistad que unen a los dos países y lo que ha hecho Chávez para derrotar a la pobreza. Sin embargo, al hablar de los desafíos a futuro (léase desde que asumió Chávez en 1999) se refirió al debido respeto que tiene que haber sobre libertad de prensa y de expresión e independencia del Poder Judicial, y agregó que era necesario que Venezuela deje entrar al país a supervisores de los derechos humanos y crear un plan nacional de derechos humanos como lo solicita la ONU.
Este martes habrá un informe final después del análisis que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 2006, creó el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) para examinar a los 192 países nucleados en la ONU.
Los funcionarios venezolanos, entre ellos el canciller Maduro, descargaron culpas sobre que hay plena libertad de prensa en el país, plena independencia de poderes y que cualquier recomendación del EPU no puede estar por arriba de lo que establece la Constitución. Es decir, para seguir obviando sus responsabilidades, Chávez quiere seguir ignorando los tratados internacionales de derechos humanos invocando los principios de soberanía y no intervención, lo que no es otra cosa que dejar a Venezuela postrada en el pasado. (Leer blog anterior sobre Brasil y su responsabilidad por Cuba, en el que analizo el principio de internacionalización de los derechos humanos)

Mordazas legales y corrupción

La libertad de prensa es tan relevante a la democracia como el equilibrio de poderes. Y la tarea fiscalizadora que ejercen los medios de comunicación, obliga a los gobiernos a rendir cuentas y ser transparentes.

Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes para regular a la prensa crítica e independiente, con el propósito de disciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América Latina, sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares para acabar con la corrupción.

Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades más importantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra las irregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) ordenó el domingo anterior crear un marco regulador para “democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario, sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.

No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de graves denuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff, apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando de alimañas tres ministerios nacionales socavados por las irregularidades.

Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el orden jurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo que crear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele a represalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió el Superior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucional la Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía a las autoridades.

Como en Brasil, la excusa de “mantener el orden público” o censurar las denuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano Hugo Chávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, que licencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuando considera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió para cerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hace semanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesar a dos de sus ejecutivos.

Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre el gobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley de Comunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva norma no solo busca “democratizar” a los medios a través de un nuevo orden con preeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a la prensa escrita. Para tal efecto, crea un órgano contralor de contenidos, con presencia mayoritaria de miembros del Poder Ejecutivo, el que podrá disciplinar a quienes no se ajusten a criterios informativos gubernamentales. La intención es clara: censurar y controlar.

En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época de la dictadura y con la concentración de medios. Pero en un país con una notable variedad y pluralidad de medios, el impulso de esa legislación tuvo visos de represalia, dándose luego de denuncias periodísticas sobre enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, valijas repletas de dinero que esquivaron aduanas para acompañar procesos electorales y tras el apoyo editorial de los medios al sector agropecuario en un conflicto con el gobierno.

En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes de prensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatales disfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar la corrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahí lo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer en campaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intento por regular a la prensa en su mandato.

En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PT sobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzada anticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguir limpiando y mejorar la democracia.

Índices de pobreza en EE.UU. y Argentina

Ayer la Oficina del Censo de EE.UU. dio a conocer los más recientes índices de pobreza, revelando que un 15.1 % de la población, es decir 46.2 millones de personas son pobres.

Las cifras son de por sí preocupantes, en especial, por tratarse de un país desarrollado, y siendo que la pobreza creció desde el 2009, cuando se registró un nivel de 14.3 %.

Es obvio que estas cifras repercutirán negativamente contra el presidente Barack Obama, quien por estos días apura al Congreso a sancionar la ley de empleo que pasó él mismo a los legisladores el jueves pasado.

Lo interesante es observar que la Oficina del Censo o tampoco el gobierno, han tratado de distorsionar esas cifras o evitaron darla justo cuando Obama tienen su popularidad a la baja o cuando la Bolsa de Valores está muy sensible y a merced de noticias y percepciones que la pueden hacer variar hacia abajo de inmediato.

Esto viene a colación de lo que sucede en Argentina, donde el gobierno manipula al INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que no ofrezca los índices reales de inflación y de pobreza. Las cifras oficiales son muy distintas y menores a las que ofrecen organismos privados y delatan los medios de comunicación.

Se trata de una metodología corrupta, que el gobierno de Cristina de Kirchner utiliza como mecanismo de propaganda en detrimento del derecho del público a la información y a la verdad que debe siempre emanar de organismos públicos.

La fuerza de la presión internacional

El humanismo que nació en la segunda parte del Siglo XX derribó las fronteras entre países y minimizó el concepto de “no intervención” tan venerado hasta la Segunda Guerra Mundial, para hacer posible la denuncia y la supervisión de las violaciones a los derechos humanos en cualquier territorio.

Este principio ha hecho que se fortalezcan asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, entre ellas de la libertad de prensa – Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa - para poder “intervenir” en cualquier país y tener así la fortaleza de denunciar actos que puedan estar degradando los derechos humanos o las libertades individuales.

Un ejemplo palpable fue lo que sucedió en estos días en Panamá. Tras una fuerte reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, el diputado oficialista Rubén Frías Ortega del partido Cambio Democrático, decidió retirar un anteproyecto presentado la semana pasada, en el que a expensas de que proponía una escala salarial más digna para los periodistas, volvía a reinstaurar en el país la colegiación obligatoria de periodistas, violando así preceptos sobre libertad de prensa establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que se busquen mecanismos para mejorar la libertad de prensa y la profesión periodística es bueno, pero que para ello se determine que los periodistas que trabajen en Panamá deban ser panameños o que podrían hacerlo solo aquellos que se gradúen de la universidad, es contrario a los principios de libertad de expresión que emanan de tratados internacionales que establecen que cualquier persona puede y tiene capacidad para buscar y difundir información.

Lo que molestó a la SIP es que se trate de imponer esos requisitos a los periodistas en forma obligatoria, una lucha que la organización viene dando desde hace décadas. Por eso calificó al proyecto del diputado de medida “retrógrada” y como “un retroceso para la libertad de prensa y la democracia en ese país”.

Según el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21, dijo que no es la primera vez que tenemos que “salir al cruce de medidas discriminatorias y anti libertad de prensa que parecían haber quedado en el pasado en Panamá”. Así, hizo referencia a otras épocas en que la SIP rechazó otro proyecto de ley que instauraba en 2002 un Consejo Superior de Periodismo, emulando a la Junta Técnica de Periodismo, derogada en diciembre de 1999, que establecía quien podía o no ejercer como periodista.

La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 8 que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”. Igual concepto se desprende de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.

Una vez más, con la retirada del proyecto, se demostró que “iluminar” y denunciar un hecho a escala internacional como lo hizo la SIP, suela atraer consecuencias positivas.

Universidades y periodistas unidos

Esta es una entrevista que me acaba de hacer la periodista Tania Lara y publicada en el Blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, con sede en la Universidad de Texas, en Austin.

Veintidós universidades debatieron y propusieron soluciones contra la impunidad que prevalece en los ataques a la prensa en América Latina durante la III Conferencia Hemisférica celebrada en Puebla, México.

La conferencia se realizó en México “porque es el país que más lo necesita en este momento”, señaló Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Pero en todo el mundo el avance del crimen organizado y la corrupción están aumentando la violencia contra periodistas como ocurría en otras épocas”, dijo Trotti al blog Periodismo en las Américas del Centro Knight.

Al final del encuentro se redactó la Declaración de Puebla, la cual propone despenalizar los delitos de difamación en los países latinamericanos, que se persigan de oficio los ataques contra periodistas y se agraven las penas si los ataques son cometidos por funcionarios públicos así como crear una unidad especializada para investigar hechos que atenten contra la libertad de expresión.

Después de la Conferencia Hemisférica, el Centro Knight conversó con Ricardo Trotti, del Proyecto Impunidad, sobre los resultados de este encuentro universitario.

¿Por qué prevalece la impunidad en los delitos contra la prensa cometidos en América Latina?

Primero es una falta sustancial de voluntad política. Segundo que no existen las estructuras legales adecuadas para combatir la violencia contra los periodistas y tercero, porque no hay un reclamo público mayor sobre este tipo de delitos. Hay mayor comprensión que años atrás pero todavía no hay una conciencia básica.

¿Por qué los medios de comunicación no han usado su poder de informar al público sobre las amenazas a la prensa?

El público no tiene conciencia de este tema porque los medios están más pendientes de la información y la actualidad, y no han abusado de sus privilegios para establecer lo que les conviene o no. Les ha faltado comunicar que cuando se afecta la libertad de prensa, realmente se afecta al público en general.

¿Habrá financiamiento para implementar las propuestas que se generaron en la Conferencia Hemisférica?

Algunas iniciativas no necesitan financiamiento, sólo voluntad de las universidades para desarrollarlas. Se requiere adecuar lo que las universidades están haciendo ahora mismo y poner sus recursos en función de la promoción de la libertad de prensa.

Además de la Declaración de Puebla, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia Hemisférica?

Establecer un compromiso entre las universidades para crear un espacio común de universidades latinoamericanas para ayudar al combate a la violencia contra el periodismo a través de reformas legales, de concientización y el estudio de una reforma curricular donde se incluyan temas legales, jurídicos, así como temas de seguridad en la formación de futuros periodistas.

Compromiso académico contra la impunidad

Tras la Conferencia Hemisférica Universitaria que realizamos en Puebla la semana pasada, la SIP emitió esta mañana un comunicado de prensa sobre la valoración que se le dió al compromiso académico para continuar la lucha contra la violencia y la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas. A continuación, el comunicado emitido esta mañana.

La SIP valora el compromiso académico
para seguir lucha contra la impunidad

Miami (31 de agosto de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) valoró el compromiso académico asumido por universidades latinoamericanas durante su reciente Conferencia Hemisférica Universitaria realizada en México, en la que se pidieron reformas legales para combatir la violencia contra la prensa, así como cambios en los planes de estudios para adaptarlos a la realidad que actualmente atraviesa la actividad periodística.

Más de 60 representantes, entre estudiantes, docentes y decanos de 22 universidades de 13 países, asumieron la Declaración de Puebla, comprometiéndose a fomentar la creación de una red interuniversitaria que les permita intercambiar experiencias, información y promover foros, conferencias y campañas de educación pública en contra de la impunidad.

Entre los aspectos más relevantes discutidos en la conferencia auspiciada por la Fundación John S. y James L. Knight, realizada el 25 y 26 de agosto en la ciudad de Puebla, equipos interdisciplinarios de alumnos de cada universidad presentaron sus investigaciones y valoraron reformas de políticas públicas. Entre ellas, se destaca el pedido de que no prescriban los delitos contra la libertad de expresión; que se agraven las penas cuando éstos sean cometidos por funcionarios públicos; y que se creen o perfeccionen programas de protección y asistencia a víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, dijo que la organización está “complacida de haber abierto la discusión y compartido responsabilidades con las universidades y los futuros profesionales para buscar estrategias comunes de cómo derrotar a la violencia”. Agregó que “las investigaciones y las propuestas, mostraron el talento y la creatividad de las casas de estudio, y que éstas deben ser tomadas en cuenta para solucionar cualquier problema que afecta a nuestra comunidad periodística”.

Las universidades se comprometieron a reevaluar los planes de estudio para que “se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas” y se ofrezcan cursos de extensión sobre los peligros para la profesión. Respecto a los medios, reclamaron mejores condiciones laborales y salariales, así como protocolos de protección, sin descuidar la ética profesional.

El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del periódico mexicano El Universal, durante la inauguración del evento en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo un llamado “a los distintos sectores sociales a cuidar y preservar la libertad de prensa” y dijo que estos encuentros “permiten reflexionar sobre los desafíos y las acciones orientadas a conservar el ejercicio de las libertades”.

El orador invitado, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, expuso sobre propuestas de esa casa de estudios a políticas de seguridad nacional que se discuten actualmente en el país. En mensaje a los estudiantes y docentes subrayó que “el conocimiento no puede ser neutral, sino comprometido” y reclamó que los mayores desvalores que perjudican a la libertad de prensa son “el miedo, el autoritarismo y la ignorancia”.

La Declaración de Puebla aprobada el viernes pasado solicita mayor esfuerzo y trabajo mancomunado para combatir la impunidad. En sus cuatro partes, compromete a los poderes públicos, a los medios de comunicación, a las universidades y a las organizaciones sociales.

Para leer el texto completo de la Declaración, por favor visite: http://www.impunidad.com/noticia.php?id=747&idioma=sp

Los textos de las investigaciones y recomendaciones de cada universidad pueden leerse en:

La Conferencia Hemisférica Universitaria culminó con un emotivo acto el viernes, con la lectura de la Declaración por parte de Gloria Tovar docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Perú; y los estudiantes Tony Arellano, de la Universidad de Ciencias Comerciales, de Nicaragua; Luciana Kraemer da Silva, del Centro Universitário Metodista (IPA-POA), de Brasil; Angel González, de la Universidad Iberoamericana, de República Dominicana; Alejandra González Barranco, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México y César Alberto Moreno Vargas, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la SIP Contra la Impunidad cuenta con el auspicio de la Fundación John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes. http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com

Sexto Poder en manos de Chávez

La prohibición del gobierno de Hugo Chávez para que no se publique el semanario Sexto Poder, demuestra que el régimen no retrocedió un ápice en su campaña por controlar a los periodistas y medios de comunicación independientes.

Aunque hoy haya liberado a la directora del semanario, Dinora Girón, después de dos días en prisión, el régimen ya ha hecho el daño censurando la circulación, distribución y publicación de cualquier otro número del semanario.

Puede ser que la foto en tapa de funcionarias de gobierno como la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entre otras, retratadas como bailarinas de varieté haya sido una ofensa para las damas, pero ello no se compadece con la represalia de apresar a la directora del medio y censurarlo de cuajo, acusándolos de “instigación al odio”, un delito tipificado en el Art. 285 del Código Penal.

Muy bien lo definió el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21 de Guatemala, quien condenó la censura impuesta contra Sexto Poder, considerando que es un abuso de poder trabar la distribución de un medio de comunicación y mucho más llevar a un periodista a la cárcel por el hecho de emitir una opinión crítica contra la autoridad pública.

Marroquín agregó que los delitos de desacato como se imponen todavía en Venezuela pertenecen al pasado y están alejados de principios internacionales establecidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que los funcionarios deben ser más tolerantes a las críticas y que los conflictos se deben resolver por la vía civil.

Duro panorama de SIP sobre libertad de prensa

Las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), determinaron que “se agravó este año la situación de la libertad de prensa en las Américas”, a raíz de la violencia provocada por el crimen organizado y el acoso judicial y legal al que están sometido periodistas y medios de comunicación independientes.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín del periódico guatemalteco Siglo 21, junto al titular del diario ecuatoriano El Universo, Carlos Pérez, reclamaron al gobierno del presidente Rafael Correa “cesar el acoso contra la prensa” y desistir de una demanda contra ese diario, cuyos directivos fueron sentenciados la semana pasada a tres años de cárcel y a pagar una indemnización por 40 millones de dólares a favor del primer mandatario.

Pérez, quien fue demandado junto a otros directivos del diario y un ex columnista, expresó que “…….”.

Durante una conferencia de prensa tras la reunión de Comité Ejecutivo realizada en su edificio sede, la SIP mostró “su máxima alerta y preocupación” por los asesinatos de 19 periodistas en los primeros siete meses de 2011”, lo que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News, calificó “como el año más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana”.

Rivard recordó que en los últimos días fueron asesinados Yolanda Ordaz de la Cruz en México y Auro Ida en Brasil. En total y por países suman cinco asesinados en México, cuatro en Brasil, cuatro en Honduras y uno en cada uno de los siguientes países: Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. (Ver detalles al final). También en este período, se mantiene desaparecido un reportero mexicano.

La SIP reclamó por la impunidad y la falta de “voluntad política” de los gobiernos para que se esclarezcan los crímenes y reclamó por la “gravedad de que muchos casos están prescribiendo”. Entre ellos, citó como ejemplos los casos de Víctor Manuel Oropeza, en México; Jorge Torres y Julio Daniel Chaparro, en Colombia y Santiago Leguizamón, en Paraguay.

En ese sentido, Marroquín recordó los compromisos incumplidos por el presidente de México, Felipe Calderón, quien ante una delegación de la SIP en setiembre pasado, prometió que impulsaría la federalización de los delitos contra los periodistas y la libertad de prensa. Marroquín aprovechó para hacer oficial la celebración de una Conferencia Hemisférica Universitaria que la SIP está organizando en Puebla, México, entre el 25 y 26 de agosto, a la que invitó a más de 20 universidades latinoamericanas para que recomienden reformas de políticas públicas para combatir la impunidad.

En otros asuntos importantes, las autoridades de la SIP mencionaron el acoso legal contra la libertad de expresión. En ese ámbito, el co presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, del semanario uruguayo, Búsqueda, se refirió al proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador,  que impone la creación de un Consejo de Comunicación con mayoría de miembros del gobierno que podrá censurar contenidos que se consideren violentos o discriminatorios, obliga a los medios a crear Códigos de Ética y aplica sanciones, que incluyen multas y cierre de medios, incluso contra periódicos.

En aspectos legales, la SIP lamentó que en Costa Rica los legisladores descartaran el 27 de junio un proyecto de ley que despenalizaría los delitos por difamación y se mostraron esperanzados de que una iniciativa similar en el Congreso del Perú, sea sancionado por el flamante presidente Ollanta Humala, para que los periodistas no sean castigados con cárcel en caso de que sean acusados de cometer delitos contra el honor.

También, la SIP apoyó un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte de Constitucionalidad de Ecuador, para que se elimine el delito de desacato o protección del Presidente y otros altos funcionarios ante las críticas.

Asimismo, la SIP evaluó numerosos proyectos de ley y decretos que involucran regulaciones excesivas para los medios y que “es indispensable mayor debate público”. Así, hizo referencia a un proyecto de ley en Nicaragua que prohibiría los mensajes publicitarios sobre bebidas alcohólicas, otro en Chile sobre el mismo tema además de otro que restringiría la publicidad sobre productos “altos en grasa y sal”, y un decreto Ejecutivo en Argentina que prohíbe la transmisión de mensajes de contenido sexual.

En materia judicial, y en concordancia con la sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo, la SIP criticó el acoso judicial, una práctica también extendida en Brasil, El Salvador, Paraguay y Venezuela, en donde los periodistas y medios de comunicación han sido censurados y multados. En ese orden, se destacaron las sanciones administrativas sufridas por Globovision en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador.

Como parte de su informe, la SIP también denunció el uso indiscriminado de la publicidad oficial y de la propaganda electoral para castigar a los medios independientes de comunicación, práctica común en países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

La SIP calificó de “hipócrita y nefasta” la política de gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación que usan como órganos de propaganda, alejándose de sus obligaciones constitucionales sobre la creación y manutención de medios públicos, de servicio social.

Como ejemplo, citaron el caso de Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa posee 19 medios de comunicación y la concentración de medios gubernamentales en Nicaragua, “donde la situación ha empeorado”. El gobierno de Daniel Ortega posee las emisoras Radio Ya, Sandino, Primerísima y Nicaragua; las televisoras 4, 8, 91 y 13, a la cual se sumaría el nuevo canal 47 en UHF; y varias páginas de noticias por internet. La SIP reclamó que estos gobiernos suelen utilizar estos medios para difamar a miembros de la oposición, así como a periodistas independientes y medios privados.

La SIP no pasó por alto las agresiones a la libertad de expresión que se cometen a través de intentos para restringir y controlar el internet. En ese sentido, señaló como restrictiva el proyecto de ley de Comunicación en Ecuador, las regulaciones Ejecutivas en Venezuela y la política oficial en Cuba.

Además de las restricciones al internet en Cuba, pese a la instalación de un cable de fibra óptica desde Venezuela que aumentó la penetración en la isla, la SIP recordó que ese país continúa siendo el más restrictivo de todo el hemisferio. La SIP denunció que más allá de la esperanza sobre las reformas económicas, en Cuba los periodistas independientes siguen siendo acosados y sufren arrestos y detenciones temporales como forma de hostigamiento.

Periodistas asesinados en el 2011:

Brasil: Auro Ida (22 de julio); Edinaldo Filgueira (15 de junio), Valério Nascimento (3 de mayo) y Luciano Leitão Pedrosa (9 de abril).

Colombia: Luis Eduardo Gómez (30 de junio).

El Salvador: Alfredo Hurtado (25 de abril).

Guatemala: Yansi Roberto Ordóñez Galdámez (19 de mayo).

Honduras: Nery Jeremías Orellana (14 de julio); Adán Benítez (4 de julio), Luis Mendoza (19 de mayo) y Héctor Francisco Medina Polanco (10 de mayo).

México: Yolanda Ordaz de la Cruz (26 de julio); Miguel Ángel López Velasco (20 de junio); Noel López Olguín (1 de junio); Luis Emmanuel Ruiz Carrillo (24 de marzo); y Rodolfo Ochoa Moreno (10 de febrero). Desaparecido: Marco Antonio López (7 de junio).

Paraguay: Medardo Moreno (3 de marzo).

Perú: Julio Castillo Narváez (3 de mayo).

Venezuela: Wilfred Ojeda (17 de mayo).