La prohibición del gobierno de Hugo Chávez para que no se publique el semanario Sexto Poder, demuestra que el régimen no retrocedió un ápice en su campaña por controlar a los periodistas y medios de comunicación independientes.
Aunque hoy haya liberado a la directora del semanario, Dinora Girón, después de dos días en prisión, el régimen ya ha hecho el daño censurando la circulación, distribución y publicación de cualquier otro número del semanario.
Puede ser que la foto en tapa de funcionarias de gobierno como la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entre otras, retratadas como bailarinas de varieté haya sido una ofensa para las damas, pero ello no se compadece con la represalia de apresar a la directora del medio y censurarlo de cuajo, acusándolos de “instigación al odio”, un delito tipificado en el Art. 285 del Código Penal.
Muy bien lo definió el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21 de Guatemala, quien condenó la censura impuesta contra Sexto Poder, considerando que es un abuso de poder trabar la distribución de un medio de comunicación y mucho más llevar a un periodista a la cárcel por el hecho de emitir una opinión crítica contra la autoridad pública.
Marroquín agregó que los delitos de desacato como se imponen todavía en Venezuela pertenecen al pasado y están alejados de principios internacionales establecidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que los funcionarios deben ser más tolerantes a las críticas y que los conflictos se deben resolver por la vía civil.
