Siguen los asesinatos contra periodistas

Este es evidentemente el año más trágico para los periodistas de la última década. Ya fueron asesinados 28 periodistas. El crimen reportado este fin de semana en Nuevo Laredo fue macabro. El cartel de los Zetas, con total saña e impunidad, secuestró, mató y desmembró a la periodista María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, jefa de Redacción del diario Primera Hora de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por la nota encontrada donde yacía su cuerpo cerca de un monumento a Cristóbal Colón en una plaza de Nuevo Laredo, junto a un teclado, un mouse y un mensaje de los Zetas, habría sido asesinada por reportar en Twitter sobre las actividades de los narcotraficantes bajo el seudónimo La Nena de Laredo.

La Sociedad Interamericana de Prensa de inmediato reaccionó contra el presidente Felipe Calderón que hace un año, en setiembre de 2010, prometió a la institución crear un sistema eficiente para defender a los periodistas, basado sobre la agenda pública de la SIP que incluye una reforma de política públicas tendiente a federalizar los crímenes contra periodistas, aumentar las penas para los responsables, que esos delitos no prescriban y a crear un sistema de protección para los comunicadores.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP expresó su frustración al recordar “el incumplimiento de las promesas del presidente Felipe Calderón, quien justo hace un año nos aseguró en una reunión que tuvimos con él que redoblaría esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsaría una reforma para que los crímenes contra periodistas fueran tratados como delito federal”.
“Es totalmente inaceptable”, remarcó Marroquín, presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, que “el gobierno no tenga la voluntad política necesaria para implementar las reformas”, y agregó que “la falta de acción y garantías ha generado una evidente cultura de autocensura que está carcomiendo a la actividad periodística y el derecho del público a ser informado”.
Además de Marroquín, en el comunicado oficial de la SIP, el presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, repudió “este nuevo asesinato de un periodista”, añadiendo que “aunque no tengamos certeza de los móviles en cada uno de los crímenes, no podemos dejar de denunciar y exigir acciones inmediatas de las autoridades para esclarecerlos, sobre todo cuando este año ya han sido asesinados nueve comunicadores y otro está desaparecido”.
Ealy Ortiz, presidente del diario El Universal de México, también reprochó al Congreso mexicano por su “lentitud y desidia” para aprobar un proyecto de ley para que se federalicen los crímenes contra la libertad de expresión, en referencia a la discusión entre legisladores para aprobar la iniciativa que se dio hace pocas semanas. “La violencia y los crímenes contra periodistas – dijo- no es tema que haya surgido en el 2011, venimos hace años observando cómo los delincuentes siguen ganando terreno y aplican la violencia para ajustar sus cuentas, mientras tanto, se sigue en México sin tomar decisiones ejemplares.”

En noviembre de 2010, en el marco de la asamblea general de la SIP en Mérida, legisladores mexicanos de la Comisión Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados prometieron trabajar en materia de federalización, agravamiento de penas y no prescripción. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances en ese sentido.
La SIP también hizo observaciones sobre estos temas a la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, durante su Conferencia Hemisférica Universitaria realizada a fines de agosto en Puebla, México, criticando la falta de acciones concretas para esclarecer una centena de crímenes ocurridos en las dos últimas décadas.
Además de Macías, también han sido asesinados en el 2011 Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, de Ciudad de México; Humberto Millán Salazar, de Sinaloa; Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Angel López Velasco y Noel López Olguín, de Veracruz; Luis Emmanuel Ruiz Carrillo y Rodolfo Ochoa Moreno, de Coahuila; y sigue desaparecido Marco Antonio López, de Guerrero.

Sexto Poder en manos de Chávez

La prohibición del gobierno de Hugo Chávez para que no se publique el semanario Sexto Poder, demuestra que el régimen no retrocedió un ápice en su campaña por controlar a los periodistas y medios de comunicación independientes.

Aunque hoy haya liberado a la directora del semanario, Dinora Girón, después de dos días en prisión, el régimen ya ha hecho el daño censurando la circulación, distribución y publicación de cualquier otro número del semanario.

Puede ser que la foto en tapa de funcionarias de gobierno como la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entre otras, retratadas como bailarinas de varieté haya sido una ofensa para las damas, pero ello no se compadece con la represalia de apresar a la directora del medio y censurarlo de cuajo, acusándolos de “instigación al odio”, un delito tipificado en el Art. 285 del Código Penal.

Muy bien lo definió el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21 de Guatemala, quien condenó la censura impuesta contra Sexto Poder, considerando que es un abuso de poder trabar la distribución de un medio de comunicación y mucho más llevar a un periodista a la cárcel por el hecho de emitir una opinión crítica contra la autoridad pública.

Marroquín agregó que los delitos de desacato como se imponen todavía en Venezuela pertenecen al pasado y están alejados de principios internacionales establecidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que los funcionarios deben ser más tolerantes a las críticas y que los conflictos se deben resolver por la vía civil.

El 2010 y la libertad de prensa

El 2010 no fue un año bueno, estuvo marcado por muchos retrocesos en materia de libertad de prensa en el continente. El peor es, sin dudas, la violencia en contra de los periodistas. Fueron asesinados 23, once en México, nueve en Honduras, dos en Brasil y uno en Colombia. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido, el grado de impunidad de este año es tan alto como el de los anteriores.

Sin embargo, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, en su informe anual divulgado hoy, resalta que hay ciertas señales de esperanza. La más concreta se refiere a que cinco criminales fueron condenados y 16 más están siendo procesados por crímenes contra periodistas que fueron cometidos en años pasados. También señaló como buenas señales la “creación de jurisdicción especial en Perú para procesar a los asesinos de periodistas; la instauración de una fiscalía en México para atender este tipo de delitos o la promesa de alcanzar una ley de federalización y el aumento a 30 años del plazo de prescripción para estos crímenes en Colombia”.

Resaltó la campaña “Dona tu voz”, un concurso de canto al que se accede a la página de www.impunidad.com para crear conciencia sobre el fenómenos de la violencia en contra de los periodistas, que sirve de herramientas para reclamar justicia y un alto a la impunidad.

Fue severo en señalar que existen grandes preocupaciones, entre ellas, “las reformas legales que se hicieron en Venezuela para restringir a los medios y limitar la internet, así como por las intenciones de algunos legisladores estadounidenses de limitar la libertad de expresión en la red, en represalia por las filtraciones de Wikileaks sobre información diplomática confidencial”.

Entre los problemas más graves señaló: “Cuba siguió destacándose por su invariable censura, y por el destierro de 18 periodistas independientes liberados y ocho todavía encarcelados. En México el crimen organizado fue responsable por el asesinato de 11 periodistas y una docena de atentados contra sedes de medios; mientras la administración de Venezuela cerró cinco canales de cable y 34 emisoras y las de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, siguieron comprando y creando medios con dineros públicos, integrándolos a su sistema de propaganda”.

En Argentina, Ecuador y Nicaragua, los gobiernos idearon campañas públicas de desprestigio en contra de la prensa, discriminando la publicidad oficial, aplicando  sanciones económicas o interfiriendo sus operaciones con conflictos gremiales y laborales.

Varios periodistas fueron sancionados judicialmente y muchas publicaciones tuvieron que soportar censura y censura previa, tanto por denunciar corrupción pública en Brasil, mostrar fotos de jóvenes delincuentes en El Salvador o de morgues mal administradas en Venezuela, por escuchas telefónicas en Colombia y Perú, como por casos de supuesta difamación a funcionarios en casos en Panamá, Paraguay y Uruguay.

También hubo revuelo legal contra de la libertad de prensa. Así como en Venezuela años atrás se usó el principio de protección de la infancia para crear leyes anti prensa, hubo excusas similares en proyectos de ley que se discutieron en Colombia y Perú, así como en la aprobación en Bolivia de una norma para combatir el racismo y las malas costumbres.