Día Mundial contra la Impunidad

Hoy 2 de noviembre se conmemora uno de los días peores para el Periodismo, la falta de justicia que rodea a los crímenes contra los periodistas. 561 periodistas han sido asesinados en las últimas dos décadas en nuestras Américas y 30 en 2018. Detrás de esas estadísticas escalofriantes, se esconden nombres de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, reporteros, fotógrafos, editores, directores, columnistas, caricaturistas... todos asesinados por buscar la verdad y hacer valer el derecho del público a estar informado. Reclamar justicia en cada uno de esos casos es una forma de honrar su memoria y su legado.

Siguen los asesinatos contra periodistas

Este es evidentemente el año más trágico para los periodistas de la última década. Ya fueron asesinados 28 periodistas. El crimen reportado este fin de semana en Nuevo Laredo fue macabro. El cartel de los Zetas, con total saña e impunidad, secuestró, mató y desmembró a la periodista María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, jefa de Redacción del diario Primera Hora de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por la nota encontrada donde yacía su cuerpo cerca de un monumento a Cristóbal Colón en una plaza de Nuevo Laredo, junto a un teclado, un mouse y un mensaje de los Zetas, habría sido asesinada por reportar en Twitter sobre las actividades de los narcotraficantes bajo el seudónimo La Nena de Laredo.

La Sociedad Interamericana de Prensa de inmediato reaccionó contra el presidente Felipe Calderón que hace un año, en setiembre de 2010, prometió a la institución crear un sistema eficiente para defender a los periodistas, basado sobre la agenda pública de la SIP que incluye una reforma de política públicas tendiente a federalizar los crímenes contra periodistas, aumentar las penas para los responsables, que esos delitos no prescriban y a crear un sistema de protección para los comunicadores.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP expresó su frustración al recordar “el incumplimiento de las promesas del presidente Felipe Calderón, quien justo hace un año nos aseguró en una reunión que tuvimos con él que redoblaría esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsaría una reforma para que los crímenes contra periodistas fueran tratados como delito federal”.
“Es totalmente inaceptable”, remarcó Marroquín, presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, que “el gobierno no tenga la voluntad política necesaria para implementar las reformas”, y agregó que “la falta de acción y garantías ha generado una evidente cultura de autocensura que está carcomiendo a la actividad periodística y el derecho del público a ser informado”.
Además de Marroquín, en el comunicado oficial de la SIP, el presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, repudió “este nuevo asesinato de un periodista”, añadiendo que “aunque no tengamos certeza de los móviles en cada uno de los crímenes, no podemos dejar de denunciar y exigir acciones inmediatas de las autoridades para esclarecerlos, sobre todo cuando este año ya han sido asesinados nueve comunicadores y otro está desaparecido”.
Ealy Ortiz, presidente del diario El Universal de México, también reprochó al Congreso mexicano por su “lentitud y desidia” para aprobar un proyecto de ley para que se federalicen los crímenes contra la libertad de expresión, en referencia a la discusión entre legisladores para aprobar la iniciativa que se dio hace pocas semanas. “La violencia y los crímenes contra periodistas – dijo- no es tema que haya surgido en el 2011, venimos hace años observando cómo los delincuentes siguen ganando terreno y aplican la violencia para ajustar sus cuentas, mientras tanto, se sigue en México sin tomar decisiones ejemplares.”

En noviembre de 2010, en el marco de la asamblea general de la SIP en Mérida, legisladores mexicanos de la Comisión Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados prometieron trabajar en materia de federalización, agravamiento de penas y no prescripción. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances en ese sentido.
La SIP también hizo observaciones sobre estos temas a la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, durante su Conferencia Hemisférica Universitaria realizada a fines de agosto en Puebla, México, criticando la falta de acciones concretas para esclarecer una centena de crímenes ocurridos en las dos últimas décadas.
Además de Macías, también han sido asesinados en el 2011 Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, de Ciudad de México; Humberto Millán Salazar, de Sinaloa; Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Angel López Velasco y Noel López Olguín, de Veracruz; Luis Emmanuel Ruiz Carrillo y Rodolfo Ochoa Moreno, de Coahuila; y sigue desaparecido Marco Antonio López, de Guerrero.

Pidiendo justicia

Me encuentro en la peligrosa ciudad de Tijuana en el norte de México a pasitos de San Diego, donde llegamos con un equipo de trabajo para reclamar justicia en los crímenes contra periodistas, un problema cada vez más agudo en el país, donde en los últimos 20 años 86 comunicadores fueron asesinados y 17 permanecen desaparecidos.

Ahora estamos en la sede del diario Frontera debatiendo con unos 25 periodistas de Tijuana y ciudades de los alrededores sobre cómo disminuir los riesgos cotidianos. Como siempre, aflora el tema de la corrupción de las instituciones y los carteles de la droga como elementos naturales de violencia en contra de los medios y periodistas.

El evento más importante de esta visita fue anoche cuando tuvimos la oportunidad de honrar la vida y memoria del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado hace seis años el 22 de junio de 2004, caso que todavía permanece en la impunidad.

Entregamos una placa de recordación a la viuda, Gabriela Ramírez y a sus hijos Francisco, Héctor y Andrea, tras lo cual dijo que “aún estamos esperando que se le haga justicia, que se castigue a los autores intelectuales y materiales de su muerte, esa justicia que solo sirve para adornar los discursos de los gobernantes pero que en la realidad no existe si la impunidad continua”.

A mi turno, anuncié que nuestra institución, la SIP, presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de un proceso judicial viciado, el hermético silencio de las autoridades federales sobre los procesos investigativos y la evidente violación de los plazos razonables para que el caso sea esclarecido.

Luego presentamos el documental “El crujir de las palabras”, realizado por los colegas y amigos Idalia Gómez y Darío Fritz, en el que se narra la vida y muerte de Ortiz Franco, así como un llamado de atención en contra de la impunidad y la espiral de violencia que afecta a la prensa mexicana.
Ortiz Franco fue co editor y fundador del semanario Zeta de Tijuana, un periódico que sufrió otras muertes y atentados. Ortiz Franco fue asesinado frente a dos de sus hijos cuando se disponía a encender su automóvil. Un encapuchado, presumiblemente del cartel de los Arellano Félix, le disparó cuatro tiros a quemarropa. Desde entonces, a pesar de la movilización inicial de las autoridades judiciales y del ministerio público, el caso fue tropezando con innumerables irregularidades y hoy permanece en total impunidad.

Lobo y el ejemplo de Alan García

En los asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos meses en Honduras y sobre los que el presidente Porfirio Lobo pidió ayuda al gobierno español para que mande fiscales que pudieran investigar y esclarecer los casos, sería bueno que el presidente hondureño tuviera en cuenta lo que hace unos días nos prometió su colega peruano, Alan García, cuando lo visitamos este viernes en Lima con una misión internacional de la SIP.
García coincidió con lo que nos respondió el presidente de la Corte Suprema de Justicia peruana, Javier Villa Stein, después de que le dijimos que parte de la solución para resolver los crímenes contra periodistas sería crear una jurisdicción especial a nivel nacional para investigar los casos, de la misma forma que se tratan los casos de narcotráfico y terrorismo.
Si bien podría haber problemas de presupuesto dentro del Poder Judicial, el presidente Alan García, en una reunión posterior y justo en el día de su cumpleaños, el 21 de mayo, nos dijo que el Poder Ejecutivo apoyaría con el dinero adecuado el funcionamiento de una sala judicial especial nacional.
La idea de incorporar una sala especial judicial nacional es para atraer del interior del país, ya que donde el Poder Judicial, los jueces y tribunales son más vulnerables a las presiones del crimen organizado, y por ello los casos suelen quedar con más facilidad en la impunidad.
Lobo podría – además de los cinco puntos que relaté en post anterior – incorporar esta decisión política de la misma forma que la asumió Alan García.

Solidaridad, unidad y símbolo

Presenté las siguientes palabras en la Cumbre Global contra la Impunidad 2010 celebrada en Nueva York este 20 y 21 de abril, reunión mundial sobre qué hacer sobre la cantidad de crímenes contra periodistas.
“No avanzaremos mucho en la lucha contra los crímenes contra periodistas y la impunidad que los rodea, si no se incentiva un sentido de unidad y solidaridad entre los medios de comunicación y los periodistas dentro de un país. Tampoco sin una estrategia entre organizaciones internacionales defensoras de libertad de prensa para apoyar esos dos valores.
Se hace imprescindible para esta lucha sobre los asesinatos contra periodistas y la impunidad, poseer una identidad de causa y de grupo que sirva de símbolo para aunar esfuerzos, así como lo tienen otras causas ciudadanas, como la lucha contra el Sida, el cáncer de mama o el calentamiento global, entre otras.
En mis 15 años de trabajo a través de la SIP y su proyecto Contra la Impunidad, que nació en 1995, he experimentado muchísima frustración y desesperanza. No solo por toda la violencia y los 385 asesinatos en las últimas dos décadas y el elevado índice de falta de justicia en esos casos; sino también por la falta de preparación, negligencia y profesionalismo de algunos medios y periodistas, por la indefensión y desprotección a la que están sometidos, así como la falta de solidaridad y unión que existe entre muchos periodistas y medios de un país, lo que debilita las defensas de la profesión.
Considero que los legisladores, los jueces y otras autoridades estatales son relativamente permeables a la influencia y presión de grupos internacionales. Sin embargo, es la opinión pública de un país la que puede ejercer la mayor presión sobre un gobierno, cuando es gobernada adecuadamente por medios de comunicación y asociaciones periodísticas fuertes capaces de “vender” una idea. En ese sentido, hay numerosos ejemplos de fortaleza y liderazgo institucional en nuestros países, por causas a favor de la libertad de prensa: FLIP y Andiarios en Colombia, ADEPA y FOPEA en Argentina, IPyS y Consejo de la Prensa Peruana en Perú, entre otros grupos.
Creo que en países donde falta esta unión, solidaridad y sentido corporativo, tal el caso de México, se puede observar que los resultados son escasos a pesar de los grandes esfuerzos y recursos invertidos. Es un país donde se puede hacer mucho, pero poco se logra al no haber instituciones de prensa fuerte o sentido corporativo de parte de los medios más importantes y de referencia, que puedan amalgamar las voluntades de todos.
Tampoco se trata de desvincular la influencia y apoyo internacionales. Siempre se necesitará la perspectiva diferente e independiente de asociaciones internacionales que contribuyan a través de monitoreo, investigaciones, entrenamiento, campañas de concientización, solidaridad y elevar los problemas a estándares supranacionales como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo es necesario y complementario.
Nuestra experiencia en México con la SIP, luego de más de una decena de encuentros regionales entre editores y periodistas, y decenas de foros y seminarios de entrenamiento, y monitoreo e investigaciones constantes, es que están dadas las condiciones para alcanzar metas importantes. En los medios y entre periodistas existe conciencia sobre las debilidades y fortalezas en la profesión, tanto de carácter laboral, salarial como ética; así como también sobre las fallas que tiene el Estado para administrar justicia, combatir el crimen y proteger la libertad de expresión. El diagnóstico está hecho.
Lo que ahora se necesita es más que un diagnóstico, sino una estrategia mancomunada de lealtad a la profesión y de concientización de la opinión pública sobre la necesidad de resguardar la libertad de expresión, buscando alternativas concretas ante la autocensura y el crimen organizado.
Más allá de los esfuerzos nacionales o regionales, tratando de redondear una idea en esta Cumbre Global contra la Impunidad 2010 organizada por el Comité de Protección de Periodistas en Nueva York, propongo buscar un consenso sobre la creación de un símbolo que nos ayude a todos a identificarnos tras la causa de esta lucha. Como idea y punto de partida, propongo considerar una cinta de solapa blanca con tipografía en negro que incluya letras de diferentes alfabetos, además de una arroba, connotando la universalidad y pluralidad de nuestra lucha”.