Un logro muy esperado

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió y consideró como un significativo avance para combatir la impunidad en México que rodea los crímenes contra periodistas, la aprobación en el Senado de la enmienda para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y el derecho a la información, al tiempo que exhortó a las autoridades pertinentes a agilizar los trámites para la inmediata entrada en vigor de la reforma constitucional. El Senado aprobó hoy por unanimidad de los 95 congresistas presentes, la reforma al Art. 73 de la Constitución que establece que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”. Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, quien estuvo presente en la sesión de aprobación en el Senado, expresó que "se trata de un avance fundamental, una muestra de sensibilidad del Congreso, que recoge un largo reclamo del gremio periodístico mexicano y de la SIP”. Ealy, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal de México, agregó que “se requieren nuevos pasos en esta línea de trabajo para combatir con eficacia la impunidad y evitar nuevos ataques contra los periodistas". Previo al inicio de la discusión, los congresistas guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo  Mohme, director de La República de Perú, añadió que “en momentos en que en varios países se agudizan los problemas de libertad de prensa, esta decisión del Congreso mexicano es una noticia muy alentadora para el periodismo de ese país”. Desde hace 15 años la SIP viene reclamando y enfatizando a diferentes niveles la importancia de impulsar legislación sobre la federalización de estos delitos para minimizar el impacto de los crímenes contra periodistas y la impunidad que los rodea. La SIP, a través de su Proyecto Contra la Impunidad, ha llevado adelante las iniciativas en materia de federalización con el auspicio desde 1993 de la Fundación John S. y James L. Knight. Las gestiones a favor de la federalización se remontan a 1997, fecha que dio inicio a la visita a México de más de 20 delegaciones internacionales de la institución que se reunieron en ocho ocasiones con los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ante los que se reiteró la urgencia de atender en la jurisdicción federal los asesinatos contra periodistas, la no prescripción de estos delitos y el aumento de las penas por los crímenes. La organización hemisférica envío desde entonces al Congreso mexicano y a otras autoridades sendas resoluciones, aprobadas en sus reuniones semestrales, en las que exhortó a la aprobación de reformas necesarias para evitar que los delitos contra libertad de expresión quedaran impunes.  La SIP también celebró en este país conferencias nacionales e internacionales, entre éstas el Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana en junio de 2008, del que emanó un anteproyecto de reformas legales presentada al Congreso por directivos de diarios, para promover la federalización y la penalización rigurosa de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y de prensa. Atenta además a los riesgos de los periodistas durante la cobertura periodística en México, donde desde 1987 según estadísticas de la SIP han sido asesinados 83 periodistas y otros 19 están desaparecidos, la organización ha organizado en diversos estados del país seminarios, talleres y cursos sobre violencia, sobrevivencia, crimen organizado, justicia y prensa en los que han participado unos 600 periodistas mexicanos.

Semana a la mexicana

De paso por México la semana pasada, experimenté una de esas semanas terroríficas que viven los mexicanos desde hace años, en la que la violencia y el clima de inseguridad dominan su existencia y la agenda pública.

Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.

Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.

Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.

El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.

Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.

El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.

Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.

En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.

En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.

Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.

Exigen en México aclarar crimen

México, 25 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y veintidós universidades latinoamericanas exigieron hoy al Gobierno de México "la rápida investigación y el esclarecimiento" del asesinato de periodista Humberto Millán Salazar, hallado sin vida a las afueras de Culiacán, norte del país.
El pronunciamiento, antecedido por un minuto de silencio, lo hicieron en Puebla, centro de México, los participantes en la III Cumbre Hemisférica "Políticas públicas para combatir la impunidad", que precisamente analizan cómo frenar la alarmante falta de justicia en delitos contra periodistas en la región.
Horas después de que expertos de quince países comenzaran sus trabajos, Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado asesinado en una zona rural.
Millán había sido secuestrado ayer en Culiacán y fue hallado acribillado en un paraje ubicado a unos diez kilómetros de la urbe.
El hecho fue condenado por los especialistas latinoamericanos que asisten al encuentro de Puebla a través de un mensaje conjunto leído por el director de Libertad de Prensa y del Instituto de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti.
En él se mostraron "consternados por el secuestro y asesinato" del comunicador, presumiblemente a manos del crimen organizado, y exhortaron al presidente de México, Felipe Calderón, a realizar "una rápida investigación para deslindar responsabilidades" en el crimen.
Por su parte, la mexicana Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hizo público otro pronunciamiento donde alertó de que ese derecho fundamental "se está destruyendo de forma permanente y a pasos agigantados" en México.
Ello como consecuencia de que "el crimen organizado tiene la llave de la violencia para atemorizar y provocar la censura y autocensura en un marco donde la impunidad en los crímenes contra los comunicadores es una constante".
El académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Tomás Guevara Martínez, lamentó en declaraciones a Efe el crimen y recordó que en México los periodistas trabajan en "un estado de vulnerabilidad muy alto".
"En el caso de Sinaloa esta situación se viene recrudeciendo desde hace (...) años, como efecto que en particular ha tenido en el noroeste de México el combate al crimen organizado por la vía de las Fuerzas Armadas", añadió.
El también profesor del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia en la Facultad de Psicología de la UAS consideró que las autoridades mexicanas, en general, han "minimizado este tipo de situaciones", lo que ha agudizado la sensación de impunidad.
Para el periodista mexicano José Carreño, la muerte de Millán supone un "nuevo sacrificio" en este país, donde "es precisamente la impunidad la que está permitiendo la repetición de estos hechos".
"Creo que hay que tomar acciones en muchos territorios del país y, muy específicamente (...) para asegurar condiciones mínimas de protección al trabajo informativo", agregó en declaraciones a Radio Fórmula el también coordinador del observatorio que da seguimiento al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV).
Carreño tampoco se mostró optimista en relación al contexto general de violencia en México, que ha causado más de 40.000 muertes desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder.
"Me parece que estamos muy lejos de que lleguemos al final de esta pesadilla de la inseguridad y la violencia en el país (...) son decenas los caídos de la profesión, del periodismo, en estos años", añadió.
Ante la misma emisora el presidente de la ONG México S.O.S., Alejandro Martí, recordó hoy que el estado de Sinaloa ocupa el "quinto lugar" de los estados de alta delincuencia en México, y el tercer lugar en homicidios, según datos del centro México Evalúa.
La muerte de Millán, la 72 desde 2000 a la fecha según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sucede después de que fueran asesinados Yolanda Ordaz (julio) y Miguel Ángel López (junio) Velasco, ambos del diario Notiver, por lo que ya suman seis los crímenes registrados este año.

Carmen Aristegui, despido y rumor

La periodista mexicana Carmen Aristegui despierta cierta polarización en México y todo lo que ella hace y dice despierta polémicas o al menos reacciones. Es tan querida como criticada en los círculos periodísticos, intelectuales y políticos, pero más allá de eso se trata de una periodista cabal, preparada y con mucho respeto por la profesión a la que honra como buen profesional. Independiente, incisiva, rigurosa, balanceada y justa son algunos de los valores que de ella rescato, viéndola en su programa de actualidad y entrevistas que trasmite CNN en español.

Este 6 de febrero la opinión pública mexicana se sacudió cuando la cadena de radio en la que trabajaba, MVS, anunció que la despedía por transgredir el código de ética de la empresa por dar rumores como si fueran noticias ya que tiene prohibido la “presentación y difusión de rumores”.

Lo raro de todo esto es que un código de ética por lo general no es de aplicación obligatoria ni inmediata como sucedió con Aristegui, además que da la apariencia - de la forma que lo han interpretado los jefes de la periodista – que no tienen una buena definición sobre el rumor.

Aristegui lo que hizo fue dar una información y hacer una interpretación, ni siquiera dio su opinión. Simplemente, el 4 de febrero, reprodujo una protesta de legisladores del Partido del Trabajo, quienes en una manta o cartel público – en una tribuna de la Cámara de Diputados donde trabajan – expresaban: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y porque lo dejas conducir el país?” infiriendo los rumores sobre los problemas de alcoholismo que arrastraría el presidente Felipe Calderón.

Aristegui sin opinar, ni condenar la supuesta información o la supuesta enfermedad del Presidente, propuso que la Presidencia debía dar una respuesta para aclarar este asunto que no es la primera vez que sale a la luz y que en algunos círculos es un tema recurrente y que deviene en chistes y bromas.

Si bien el rumor puede ser considerado una noticia sin confirmar, algo de lo que habla la gente, Aristegui dio una noticia y la interpretó, no dio un rumor. Sería un rumor si ella hubiera dicho que el Presidente es alcohólico, pero ella lo que dio fue una noticia referida a la pancarta de los legisladores e interpretó que debería la Presidencia dar una explicación de algo que se hizo público, por quienes se supone asumen su responsabilidad como hacedores de opinión pública, es decir los legisladores.

Puede dudarse de que la intención de Aristegui haya sido la de calificar al Presidente de borracho y se aprovechara de los legisladores; pero ello sería medir la intención de la periodista y no su acción, lo que no debería medirse con la misma vara y por cierto por un código de ética.

En todo caso, debería ser la Cámara de Diputados la que debería aplicar su código de conducta interna para delimitar lo que los diputados pueden expresar contra la máxima autoridad o las responsabilidades éticas que tienen a pesar de su inmunidad legislativa.

Lo de Aristegui pareciera que va por otro terreno más allá de la ética. La emisora parece que combate los rumores, pero si no explica pronto su decisión abrupta, sus verdaderas razones serán presa de los rumores.

Medios USA y México: responsabilidades

Hay dos temas que me llamaron poderosamente la atención del foro que hicimos y acabamos de terminar ayer en la frontera mexicana-estadounidense en El Paso, Texas, sobre estrategias a seguir respecto a la violencia que envuelve a los medios de comunicación y periodistas de México víctimas del narcotráfico. (Al final de este post pueden leer el comunicado que emitimos hoy al respecto).

Primero: Los medios estadounidenses en general y los que estuvieron representados en El Paso creen que cubrir noticias sobre el narcotráfico o compartir espacios con sus pares mexicanos brindándoles espacio para hacer publicaciones en conjunto, es suficiente para proteger al periodismo. Están errados, eso ayuda para combatir la autocensura, pero no genera presión al gobierno para combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad.

Para lograr este último objetivo, los medios estadounidenses no solo deben enviar a sus corresponsales a cubrir noticias a México – lo que de por sí es una buena contribución – sino a cubrir y escribir sobre periodismo y libertad de prensa. Esta es la única forma que el gobierno mexicano se avergüence al ver el tema en la agenda pública internacional y haga algo al respecto, o cumpla con las promesas incumplidas. Así lo expresé en la conferencia.

Segundo, hasta que los medios mexicanos, sin distinción, no se unan y solidaricen entre sí y conformen una voz uniforme no serán escuchados por los políticos, el presidente Felipe Calderón o el Congreso. Las competencias e incompetencias y las diferencias de los medios en este sentido son irreconciliables lamentablemente.

Le pregunté a Alejandro Junco de la Vega al respecto, tras su presentación sobre la cultura del delito en México, y respondió con evasivas. Las mismas evasivas que obtuve de otros directores de medios importantes de México.

Posición lamentable y frustrante.

Texto del comunicado que emitimos hoy de parte de la SIP:

“El Paso, Texas (7 de diciembre de 2010).- Las conclusiones del Foro de Editores de Diarios de la Frontera que terminó ayer en esta ciudad dejó bien en claro que los peores enemigos a los que se enfrentan los medios y periodistas en la frontera norte de México es la impunidad y la violencia generada por el crimen organizado, fenómenos que no pueden dejarse librados solo a la acción gubernamental.

Unos cien editores, periodistas y académicos convocados por la Asociación Americana de Editores de Noticias (ASNE, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el foro realizado por dos días en los predios de la Universidad de Texas de El Paso, no se limitaron a hacer un diagnóstico de la situación que enfrenta la prensa mexicana, que este año perdió a 11 periodistas a manos del crimen organizado y el narcotráfico, sino que buscaron alternativas para que su trabajo profesional sea cada vez más seguro y el gobierno lo garantice y proteja.

En la práctica hubo tres líneas de trabajo: lo que debe hacer el gobierno de México, lo que necesitan hacer los medios mexicanos y estadounidenses, y el papel que deben jugar las asociaciones dedicadas a la libertad de prensa y promoción del periodismo.

Los anfitriones, los presidentes de la SIP, Gonzalo Marroquín, y de la ASNE, Milton Coleman, coincidieron en que la principal misión de periodistas y asociaciones de prensa es perseverar para que la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a esos crímenes sea prioridad en la agenda pública y mantener presión para que las promesas del gobierno mexicano se conviertan en hechos. La referencia de Marroquín y Coleman se basa en el compromiso reciente que el presidente Felipe Calderón hizo a la SIP en materia de federalizar los crímenes contra periodistas, crear un sistema de protección y analizar formas de agravar los delitos contra la libertad de expresión y que éstos no prescriban.

 

En el diagnóstico de la peligrosa realidad que viven los periodistas mexicanos en los estados fronterizos más afectados por el narcotráfico, hubo coincidencias en la responsabilidad de los medios para crear mejores condiciones laborales y en programas de entrenamiento para neutralizar los efectos y tentaciones del crimen organizado. Asimismo, se buscan fortalecer alianzas con medios estadounidenses para proveer nuevos canales de información, sitios web y blogs, para  contrarrestar la autocensura; así como nuevas formas periodísticas y técnicas de colaboración.

En varios paneles de periodistas mexicanos se destacó un espacio de autocrítica y reflexión, en el sentido de que los medios necesitan mayor unidad y solidaridad para crear un frente común que tenga voz fuerte y uniforme ante el Gobierno.  Rondas de discusión de editores extranjeros aportaron ideas sobre cómo se combatió la impunidad y la violencia en países como Colombia, y los representantes de asociaciones de prensa valoraron estrategias internacionales comunes para seguir reclamando a México y otros gobiernos, donde la violencia contra la prensa también es común.

Entre varias ponencias individuales, se destacó la del ex presidente de la SIP, Alejandro Junco de la Vega, titular del Grupo Reforma, quien trazó un panorama oscuro de la cultura del delito que sacude a México; y la de la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, quien recordó una serie de reformas legales que hiciera al gobierno de Felipe Calderón para combatir la impunidad. También habló el fiscal Especial sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez.

Además Marroquín y Junco de la Vega, la SIP estuvo representada por Robert Rivard, del San Antonio Express-News; Coleman de The Washington Post y Anders Gyllenhaal de McClatchy Newspapers, en su calidad de autoridades de ASNE y SIP; José Santiago Healy, de El Diario, San Diego; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa; y María Idalia Gómez y Darío Fritz, investigadores de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

Esta actividad conjunta entre ASNE – SIP contó con el respaldo de la Fundación Ford, la agencia Associated Press y el diario El Paso Times. Ambas organizaciones continuarán su alianza estratégica en 2011 con la realización en conjunto de su reunión semestral en San Diego del 6 al 9 de abril próximo, mientras días previos, celebrarán la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, en la sede del Instituto de las Américas.

El foro se enmarca en la agenda de la SIP contra la impunidad y servirá para dar seguimiento a los compromisos del presidente Felipe Calderón, quien también participó hace unas semanas, junto a legisladores de su país, en la Asamblea General de la organización, realizada en Mérida, Yucatán”.

 

Escépticos periodistas mexicanos

Rabia, frustración, escepticismo y moderado optimismo conforman un coctel de sentimientos encontrados que tiene hoy la prensa en México, frente a la violencia del crimen organizado y la nueva reacción gubernamental para frenarla.
Rabia. Porque la prensa, particularmente la de las provincias, sigue siendo víctima del narcotráfico y de políticos o corruptos que contratan sicarios para matar y secuestrar periodistas, mientras los gobiernos federal y estatal juegan a enrostrarse responsabilidad, pero no actúan.
Frustración. Porque siente que la protección de las autoridades es inexistente y que el crimen sobrepasa la capacidad de las instituciones públicas y de seguridad. Publicar denuncias sobre el crimen organizado es, muchas veces, una acción suicida que ya se cobró la vida de 10 periodistas este 2010; o ser acusado por las autoridades de incentivar la violencia. Así, el periodismo opta por la autocensura y el silencio como mecanismos de autodefensa.
Escepticismo. Porque desconfía de las promesas que el presidente Felipe Calderón hizo esta semana para defender la libertad de prensa y proteger a los periodistas, ya que, pasados varios años de su mandato, no ha mostrado resultados y continúa la impunidad en más de 60 crímenes contra reporteros en el último lustro. Y porque no cree que el gobierno tendrá tiempo suficiente para impulsar reformas para que los delitos contra los informadores sean de orden federal, agravados y no prescriban.
Moderado optimismo. Porque la nueva fiscalía creada en julio para atender delitos contra la libertad de expresión y el sistema de evaluación de riesgos y seguridad para periodistas anunciado para octubre, a semejanza del modelo colombiano, son buenas iniciativas que demuestran mayor voluntad política, aunque se duda si darán buenos resultados sin recursos ni presupuesto adecuados.
El Diario, de Ciudad Juárez, la más violenta del país, puso en evidencia la rabia y la frustración esta semana con una editorial bajo el título “¿Qué quieren de nosotros?”, reclamándole al narcotráfico una tregua por el asesinato de otro de sus periodistas y reconociéndole como los únicos amos y señores de ese territorio. El reconocimiento al narco como autoridad de facto, fue un tiro de elevación y provocación al gobierno federal por la falta de justicia que garantiza y a su guerra contra el narcotráfico, que el diario considera ineficiente y perdida.
Muchos son los medios en el interior que piden más protección, que se aplique la ley, pero se sienten frustrados porque el crimen gana terreno. Ya no solo infiltra a las instituciones gubernamentales, sino al periodismo, como denunció Patricia Mercado, directora del periódico Imagen de Zacatecas, durante un foro que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) organizaron en Ciudad de México.
Mercado denunció frustración ante el aumento de las amenazas contra periodistas y medios, y que buscan alternativas al silencio. Ramón Cantú, director de El Mañana de Nuevo Laredo, ha optado por omitir noticias sobre balaceras y escaramuzas a preferencia de análisis sobre temas de narcotráfico que aporten al debate social. Javier Garza, director de El Siglo de Torreón, dice que publica en el extranjero lo que calla a nivel local, con lo que consigue protección, y a la vez mayor resonancia.
Muchos consideran exagerado ser optimista con los anuncios que Felipe Calderón le hizo a la SIP y al CPJ. Otros, en cambio, creen que llegan en el momento apropiado. Justo cuando la prensa nacional acaba de sufrir secuestros en carne propia, prestándole ahora más atención al fenómeno de la violencia contra los periodistas, más dispuesta a trabajar unida y así presionar editorialmente al gobierno para que cumpla con lo prometido.
Pero sería un error que la prensa ejerciera presión solo en la creación de fiscalías especiales y órganos de seguridad para su propio beneficio, ya que el mejor resguardo para la libertad de expresión deviene del funcionamiento pleno de las instituciones y de la seguridad democrática.
Si lo que se busca es imitar el caso de Colombia, debe recordarse que el sistema de protección para la prensa colombiana fue más eficaz, una vez que el ex presidente Alvaro Uribe logró mayor gobernabilidad en general, al haber combatido exitosamente a las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

México: no es suficiente

En México la policía detuvo a tres narcos y sospechosos de haber sido quienes secuestraron a cuatro periodistas la semana pasada y tuvieron en vilo al periodismo del país.
Más allá de la buena noticia de que los cuatro periodistas reaparecieron con vida, este episodio no puede confundirse. La violencia contra el periodismo y la libertad de prensa debe erradicarse de raíz, y para ello es necesario un gobierno responsable que derrote la impunidad, fenómeno que genera un círculo vicioso de donde se nutre la violencia.
En México la impunidad entre los crímenes contra periodistas ronda más del 90 por ciento. Para ello, es necesario que el Estado adopte políticas coherentes y consistentes. La primera tiene que ver con la federalización de este tipo de crímenes, primero por el tipo de crimen que debe ser comparado a otros delitos como el narcotráfico o la portación de armas pesadas o la trata de personas, además porque los estados, y dentro de ellos los poderes públicos, son más vulnerables a la corrupción. La segunda con la no prescripción de los crímenes y la tercera con que este tipo de acciones no solo deben ser castigados con toda la fuerza de la ley, sino con imposiciones fuertes, sin beneficios, que no permitan, como dijo recientemente un el presidente chileno Sebastián Piñera, sobre el tema de beneficios penales en su país, que la cárcel no debe tener puerta giratoria.
En México se realizará mañana una marcha por la principal avenida de la ciudad, Reforma, para pedir para que el gobierno combata la violencia y la impunidad. Pero en el reclamo, para que sea efectivo, debiera involucrarse no solo a periodistas y políticos – muchos de ellos oportunistas – sino a la sociedad toda. Si el ciudadano común no entiende que cuando matan o atentan contra un periodista se pone en riesgo la libertad de expresión de todos, cualquier lucha caerá, tarde o temprano en el olvido.
La prensa mexicana se debe a sí misma de lo que careció estos años: solidaridad y unidad. Y debe verse en el espejo de cómo lo logró el periodismo de otros países como en Argentina, Brasil y Colombia, cuando armó campañas de acción y educación ciudadana detrás de los asesinatos de José Luis Cabezas, Tim Lopes y Guillermo Cano.
Solo así estará creando de esta desavenencia de los secuestros una verdadera oportunidad.

Pidiendo justicia

Me encuentro en la peligrosa ciudad de Tijuana en el norte de México a pasitos de San Diego, donde llegamos con un equipo de trabajo para reclamar justicia en los crímenes contra periodistas, un problema cada vez más agudo en el país, donde en los últimos 20 años 86 comunicadores fueron asesinados y 17 permanecen desaparecidos.

Ahora estamos en la sede del diario Frontera debatiendo con unos 25 periodistas de Tijuana y ciudades de los alrededores sobre cómo disminuir los riesgos cotidianos. Como siempre, aflora el tema de la corrupción de las instituciones y los carteles de la droga como elementos naturales de violencia en contra de los medios y periodistas.

El evento más importante de esta visita fue anoche cuando tuvimos la oportunidad de honrar la vida y memoria del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado hace seis años el 22 de junio de 2004, caso que todavía permanece en la impunidad.

Entregamos una placa de recordación a la viuda, Gabriela Ramírez y a sus hijos Francisco, Héctor y Andrea, tras lo cual dijo que “aún estamos esperando que se le haga justicia, que se castigue a los autores intelectuales y materiales de su muerte, esa justicia que solo sirve para adornar los discursos de los gobernantes pero que en la realidad no existe si la impunidad continua”.

A mi turno, anuncié que nuestra institución, la SIP, presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de un proceso judicial viciado, el hermético silencio de las autoridades federales sobre los procesos investigativos y la evidente violación de los plazos razonables para que el caso sea esclarecido.

Luego presentamos el documental “El crujir de las palabras”, realizado por los colegas y amigos Idalia Gómez y Darío Fritz, en el que se narra la vida y muerte de Ortiz Franco, así como un llamado de atención en contra de la impunidad y la espiral de violencia que afecta a la prensa mexicana.
Ortiz Franco fue co editor y fundador del semanario Zeta de Tijuana, un periódico que sufrió otras muertes y atentados. Ortiz Franco fue asesinado frente a dos de sus hijos cuando se disponía a encender su automóvil. Un encapuchado, presumiblemente del cartel de los Arellano Félix, le disparó cuatro tiros a quemarropa. Desde entonces, a pesar de la movilización inicial de las autoridades judiciales y del ministerio público, el caso fue tropezando con innumerables irregularidades y hoy permanece en total impunidad.

El silencio o la vida

En el adagio popular el ladrón da a escoger a su víctima entre "la bolsa o la vida", pero en México la disyuntiva a la que se expone el periodista es más cruel: el silencio o la vida.

La consecuencia de esta macabra alternativa es que en varias zonas de México los medios de comunicación han optado por la autocensura para evadir la violencia del crimen organizado, que en los últimos cinco años, según la Sociedad Interamericana de Prensa, cobró la vida de 49 periodistas y es responsable de la desaparición de otros 15, ocho de estos ocurridos hace semanas en el peligroso estado de Tamaulipas, encendiendo los reflectores de la prensa internacional.

El periodismo mexicano vive hoy lo que el colombiano sufrió con el sanguinario Pablo Escobar, aunque con el agravante de que en vez de los cárteles de Medellín y Cali, son nueve los grupos de narcotraficantes que se disputan la mafia en 22 de los 31 estados del país. Este tipo de terrorismo doméstico ha aniquilado a 17 mil personas en tres años.

Tanta violencia tiene gran impacto en los medios, especialmente en zonas limítrofes con Estados Unidos donde el narcotráfico está decidido a comprar silencio, ya sea con plata o con plomo. Periodistas, fiscales y policías son comprados y sobornados o asesinados y desaparecidos, cualquier método es eficiente para evitar la publicidad sobre el trasiego de drogas y sus crímenes conexos.

El silencio es inducido en forma directa o infundiendo terror mediante métodos funestos. A principios de año, junto al cadáver del periodista Valentín Espinosa, asesinado por represalia a su labor o para usarlo como pizarra para publicitar su violencia, los narcos dejaron un recado para los medios de la ciudad de Saltillo: “esto les va a pasar a los que no entienden que el mensaje es para todos".

El caso de Rodolfo Rincón del periódico Tabasco Hoy es más patético. Su cuerpo, según la fiscalía, fue disuelto en ácido por el brutal grupo Los Zetas, imitando a la Cosa Nostra o a filmes de horror. Según informes de prensa, a un sicario al que se le atribuye numerosos asesinatos en piscinas de ácido le llaman “El preparador de caldos”. Otros periodistas son usados como mensajeros, como a dos secuestrados del diario Milenio en la fronteriza Ciudad Reynosa, a quienes liberaron con la advertencia para todos: “no vengan a calentarnos la plaza”.

Ante la ineficiencia del gobierno por responder a esta violencia y la pérdida de confianza general en las instituciones, la autocensura se ha convertido en el refugio más seguro para los periodistas. Pero si bien este silencio inducido es una forma muy justificable de autoprotección en el corto plazo, se corre el riesgo que la desinformación cree un efecto boomerang a futuro.

En un clima de mutismo mediático, la omisión de información generará siempre mayor incertidumbre, indefensión y espacio propicio para rumores. El ejemplo más palpable ocurrió semanas atrás, cuando muchos pobladores – incluidos sicarios del narcotráfico – usaron mensajes en teléfonos móviles, Twitter y Facebook, para diseminar rumores y noticias falsas sobre hechos violentos, provocando más pánico e incertidumbre.

La autocensura y la desinformación si bien “protegen” al crimen organizado, también disfrazan la ineptitud del Estado, potenciando así un círculo vicioso en el que prosperan tanto el delito como la corrupción y la impunidad. Y lo único que puede destrabarlo es que el gobierno, más allá de la represión, le dé mejores garras a la Justicia para crear sistemas de castigo capaces de disuadir a los violentos, mejorando los estándares de prevención del crimen. Es que solo un puñado de criminales de los 98 asesinatos registrados desde 1987 a la fecha, está preso.

Pero el periodismo no puede esperar que el conflicto lo resuelva solamente el gobierno ni su autocensura. Los medios mexicanos tienen también responsabilidades. Capacitación, mejores condiciones laborales y mejores salarios, ayudarán a la profesionalización del gremio, hoy por hoy su mayor debilidad.

Todo esto, sin perder de vista que sin asociaciones fuertes de prensa ni solidaridad y unión de parte de los medios nacionales para con los más vulnerables en el interior del país, la única receta seguirá siendo el silencio. Y el silencio también mata.

Matando por silencio

El crimen organizado sigue empeñado en comprar silencio. En las últimas semanas secuestró a ocho periodistas mexicanos en una de las ciudades más violentas de México, Reynosa, estado de Tamaulipas, lindante con Estados Unidos, donde el narcotráfico reina, arrecia y mata.
La indignación y la frustración son mayúsculas. A pesar de todos los recursos invertidos contra el crimen organizado, el gobierno es ineficiente y la gente siente la indefensión. La violencia y la falta de justicia incentivan un círculo vicioso indetenible. La gente y los periodistas deben elegir entre el silencio, la muerte o irse.
Los medios no tienen otra opción para protegerse, deben autocensurarse. No les dejan otra opción. En los últimos meses, no solo se produjeron estos secuestros, sino que además se registraron cinco asesinatos, los de Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa, José Emilio González Galindo, José Alberto Velázquez López). De los secuestrados, cinco periodistas de Tamaulipas siguen todavía en cautiverio, así como permanece desaparecida Marí Esther Aguilar Cansimbe, del estado de Michoacán.
En charlas telefónicas que tuve con editores y periodistas del área, pude comprobar que el miedo es total, algo que ya había comprobado y reportado el mes pasado cuando con la SIP visitamos el estado de Durango, otro lugar afectado por el narcotráfico. Los editores con los que hablé se abstuvieron de dar detalles sobre los nombres de las víctimas, y hasta me comentaron que los familiares se abstuvieron de denunciar los hechos antes la justicia y la policía por temor a poner en peligro la vida de los secuestrados.
A dos periodistas del diario Milenio que estaban reportando en la zona de Tamaulipas los secuestraron por varios días y después de liberarlos, ellos relataron que el mensaje que les dieron fue muy claro: les amenazaron con que no les fueran “a calentar la plaza”.
Un periodista del diario estadounidenses Dallas Morning News, relató que cuando estaba reportando sobre los secuestros se le acercó un individuo que le dijo que se regrese a su país. Así de simple se compra el silencio con advertencias.
Los narcos no quieren que nadie hable de sus actividades. Compran el silencio a veces con plata, pero muchas más veces con plomo.
En un comunicado de hoy de la SIP, se establece que “el crimen organizado han intensificado los controles que impusieron a los comunicadores para no difundir noticias sobre enfrentamientos y operaciones vinculadas a la mafia. El miedo prevalece en los periodistas de los estados y en las ciudades vecinas, ante la posibilidad de que la ola de violencia se extienda e intensifique, por lo que no existen condiciones seguras para los informadores de la región”.
Según investigaciones de la SIP y por consultas a sus socios de México, en los últimos años es cada vez más notable el silencio informativo como método de protección ante la violencia y las represalias del crimen organizado, aspecto que se destaca en ciudades de Tamaulipas como Nueva Ciudad Guerrero, Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier y Laredo.